Publicado en University World News
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ESTADOS UNIDOS
John Aubrey Douglass
19 de septiembre de 2026
Está surgiendo una nueva Guerra Fría y, a su vez, una Guerra Fría neoacadémica que refleja las rivalidades geopolíticas.
En un artículo reciente publicado en Higher Education Policy, analicé la evolución de este fenómeno como una historia vinculada a una serie de traumas globales, entre ellos el 11 de septiembre, una diáspora de refugiados de guerra y económicos, el auge del neonacionalismo y de las democracias iliberales, el retorno de Rusia y China como adversarios geopolíticos de Estados Unidos y la Unión Europea, el impacto del Brexit, la pandemia de COVID-19 y, finalmente, los efectos perjudiciales del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Casi a diario, los acontecimientos mundiales ofrecen nuevas evidencias de una deriva hacia un mundo multipolar impulsado por las rivalidades y constituido por silos semiautónomos de cooperación científica transnacional y diplomacia científica.
Tendencias del neonacionalismoEn el lado positivo del balance, después de haberse desplazado hacia una democracia iliberal y prorrusa, Polonia ha avanzado hacia un gobierno más centrista y favorable a la Unión Europea, aunque la presidencia continúa en manos de Karol Nawrocki, un independiente respaldado por el nacionalista partido Ley y Justicia, actualmente en la oposición y recientemente dividido en facciones rivales.
Más recientemente, la derrota electoral de Viktor Orbán ha dado lugar a un nuevo gobierno en Hungría, comprometido con los valores europeos, incluido el apoyo a la libertad académica. Esto ya ha permitido reabrir el acceso a la financiación científica y a los acuerdos de cooperación de la Unión Europea.
Las elecciones celebradas en Suecia el 13 de septiembre también apuntaron hacia un giro modesto pero significativo hacia la centroizquierda: el bloque encabezado por los socialdemócratas superó por un estrecho margen en votos a la coalición derechista gobernante, reflejo de un electorado cansado de los ataques contra los inmigrantes y que desea una mayor atención a la calidad de vida de sus ciudadanos: las escuelas, la atención sanitaria, la inflación y el medio ambiente.
Sin embargo, las negociaciones para formar una coalición siguen siendo complicadas debido a las divisiones entre los posibles socios de gobierno.
Estos acontecimientos alimentan las esperanzas de un retroceso de los movimientos populistas y divisivos en Europa, a menudo impulsados por el fervor antiinmigrante. No obstante, persiste la pregunta de hasta qué punto la derrota de Orbán refleja una reacción más general contra el neonacionalismo en Europa, dada la creciente popularidad de los partidos de extrema derecha en Francia, Alemania y el Reino Unido.
Esto incluye la reciente victoria de la AfD en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque no alcanzó la mayoría absoluta.
Mientras tanto, la comunidad de educación superior estadounidense ha encontrado cierto consuelo en el sólido historial que hasta ahora ha acumulado al enfrentarse a Trump y a su administración en los tribunales.
Y dado que ninguna universidad importante ha suscrito el «Pacto por la Excelencia Académica en la Educación Superior» (Compact for Academic Excellence in Higher Education) propuesto por la administración estadounidense, que exige una serie de concesiones a cambio de un trato preferente en la financiación federal, parece existir una creciente resistencia frente a los intentos federales sin precedentes de socavar la autonomía de los colegios y universidades estadounidenses.
Tras una exitosa labor de cabildeo en el Congreso que evitó los planes de Trump de recortar drásticamente la financiación de la ciencia para el ejercicio fiscal de 2026, algunos dirigentes de la educación superior y comentaristas de los medios han expresado cierto optimismo ante la posibilidad de que quizá lo peor haya quedado atrás.
¿Podrían Trump y su administración verse distraídos por el deterioro de la economía estadounidense, la preocupación de los votantes por el costo de vida y la inflación, su desastrosa guerra de elección contra Irán, la caída de sus cifras en las encuestas y sus crecientes esfuerzos por degradar y manipular las próximas elecciones de mitad de mandato? ¿Qué ocurriría si los demócratas obtuvieran el control de la Cámara de Representantes y del Senado?
Señales de más problemas para TrumpSin embargo, persisten indicadores preocupantes de que la agenda de Trump para la educación superior y la ciencia no disminuirá.
La administración Trump está ampliando creativamente su conjunto de herramientas para atacar a las instituciones académicas mediante controvertidas reivindicaciones de poder ejecutivo, entre ellas, más recientemente, la utilización del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) para retirar a las universidades su estatus jurídico de entidades sin fines de lucro si no satisfacen determinadas exigencias programáticas.
Cabe señalar que las victorias judiciales de la comunidad de educación superior se han producido mediante litigios civiles, que no imponen sanciones a la administración por sus afirmaciones falsas. Las subvenciones canceladas suelen permanecer bloqueadas durante largos periodos debido a las apelaciones, y estas acciones judiciales se aplican únicamente a las subvenciones existentes.
¿Y qué ocurre con las nuevas subvenciones? Durante los primeros siete meses de 2026, organismos como los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) y la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation, NSF) concedieron únicamente una fracción de las subvenciones para investigación que normalmente se otorgaban durante el mismo periodo en años anteriores.
Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) de Trump, continúa afirmando que, aunque el Congreso tiene la facultad de legislar el presupuesto del gobierno federal, el poder ejecutivo tiene autoridad para gastar los fondos como considere conveniente.
Una cosa es que las universidades, sus investigadores y asociaciones como la Association of American Universities demanden al gobierno federal por subvenciones existentes sujetas a obligaciones contractuales, y otra muy distinta recurrir a los tribunales por subvenciones que nunca llegaron a concederse.
Pero incluso si finalmente se entrega a los organismos científicos federales la totalidad de los fondos aprobados por el Congreso, una orden ejecutiva de Trump de agosto de 2025 otorga a sus funcionarios designados políticamente la facultad de examinar y aprobar todas las subvenciones, así como de rechazar la renovación de las subvenciones existentes y las futuras subvenciones que no se ajusten al «interés nacional» o a las «prioridades de la agencia».
Se están elaborando nuevas normas —que nuevamente están siendo impugnadas ante los tribunales— para otorgar a estos funcionarios la facultad de detener la financiación de proyectos que se considere que promueven «valores antiestadounidenses», «diversidad de género», «iniciativas de equidad racial» o «inmigración ilegal». Las mismas normas también desviarían parte de la financiación académica hacia investigación para el desarrollo orientada específicamente a determinadas industrias.
Si los demócratas obtienen el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, esto abrirá una vía para realizar investigaciones y ejercer presión sobre los funcionarios de Trump con el fin de que ejecuten las leyes que la administración ha ignorado de manera tan flagrante. (Cabe señalar que la acusación formal en un proceso de impeachment requiere únicamente una mayoría simple en la Cámara de Representantes; la condena y destitución del cargo requieren dos tercios de los votos del Senado, un margen que no existirá después de las elecciones de mitad de mandato).
Pero esto no frenará las crecientes reivindicaciones de autoridad ejecutiva por parte de la administración, reivindicaciones que la Corte Suprema de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, ha confirmado o simplemente ha dejado atrapadas en un laberinto de apelaciones ante tribunales inferiores.
Una salvedad importante a esta tendencia se produjo el pasado lunes, cuando la Corte Suprema rechazó el intento de la administración Trump de imponer en todo el país nuevas normas del Servicio Postal de Estados Unidos para las papeletas de voto enviadas por correo, al concluir los magistrados que los funcionarios electorales estatales no disponían de tiempo suficiente para aplicar las normas antes de las elecciones de mitad de mandato.
Hasta ahora, sin embargo, han sido pocos los casos en los que el tribunal ha limitado la autoridad ejecutiva en materia de financiación científica y de intervenciones en la autonomía de las universidades y colleges estadounidenses.
Un resultado de ello es que áreas de investigación como el cambio climático, las vacunas de ARNm, el tejido fetal humano y las disparidades de salud entre grupos raciales sencillamente no están recibiendo financiación del gobierno federal. El proceso de revisión por pares, que ha sido una característica distintiva de la ciencia estadounidense, ya se ha visto gravemente comprometido.
Otro resultado es una caída ya considerable de la matrícula de estudiantes internacionales y la aparición de obstáculos a las colaboraciones internacionales de investigación. Países que van desde los integrantes de la Unión Europea hasta Brasil están cuestionando los costos y beneficios de relacionarse con las universidades y los académicos estadounidenses.
Metatendencias alentadorasSin embargo, más allá de esta desalentadora situación en Estados Unidos, existen fuerzas compensatorias más amplias a escala mundial que ofrecen resistencia al nacionalismo académico.
La primera es la esperanzadora resiliencia del movimiento de ciencia abierta. La proliferación de servidores de preprints, los mandatos de publicación en acceso abierto y los conjuntos de datos con licencias abiertas han hecho que resulte cada vez más difícil confinar el conocimiento dentro de las fronteras nacionales.
Las normas de la ciencia abierta —revisión por pares, reproducibilidad e intercambio de datos— son intrínsecamente transnacionales y encarnan una visión del conocimiento como un bien común que se opone directamente al impulso de securitización que está alimentando el nuevo paradigma de la Guerra Fría.
Otra fuerza compensatoria es la perdurabilidad de las redes transnacionales de investigación y de las instituciones colaborativas. Décadas de vínculos de coautoría, formación compartida de estudiantes de posgrado y una cultura común de participación en congresos han creado redes de lealtad académica.
A escala mundial, la autoría conjunta está pasando de las asociaciones bilaterales a las asociaciones multilaterales. Organismos como el CERN, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y una amplia variedad de fundaciones bilaterales de investigación continúan funcionando como espacios de auténtica cooperación precisamente porque su mandato consiste en producir conocimientos que ninguna nación puede generar por sí sola.
Estas redes también crean canales informales de intercambio científico capaces de sobrevivir al desacoplamiento formal: el científico de la diáspora que mantiene colaboradores a ambos lados de una división geopolítica y el editor de una revista que discretamente conserva consejos editoriales integrados por personas pertenecientes a bloques enfrentados. El capital social acumulado durante generaciones no desaparece por decreto ministerial.
La movilidad de los investigadores y la diáspora científica también han fomentado, durante décadas, una integración persistente entre investigadores de distintos países. Un gran número de los investigadores más productivos del mundo se formaron en países distintos de aquellos en los que trabajan actualmente. Muchos mantienen relaciones profesionales activas a través de las fronteras pese a las disposiciones gubernamentales.
Esta diáspora actúa como un puente, transportando conocimiento tácito, normas metodológicas y confianza personal a través de divisiones que las políticas oficiales han tratado de endurecer. Los esfuerzos por restringir esta movilidad mediante la denegación de visas, las autorizaciones de seguridad y las listas negras de programas de captación de talento han tenido efectos reales, pero también han provocado una reacción de universidades y sociedades científicas que dependen del talento internacional para mantener su competitividad.
Estas fuerzas compensatorias, junto con la posibilidad de reconstruir las normas diplomáticas internacionales y un renovado deseo de colaboración en la ciencia y otros ámbitos, ofrecen cierto grado de esperanza respecto de la resiliencia de la ciencia abierta.
¿Y en el futuro inmediato?Pero, en el futuro inmediato, las tensiones y rivalidades geopolíticas están aumentando, no disminuyendo, con implicaciones para la economía mundial, los conflictos militares y la competencia por las esferas de influencia internacional y, como sostengo en el artículo más extenso publicado en Higher Education Policy, para la configuración de distintas redes de cooperación científica y de investigación.
Se trata de un fenómeno complejo y lleno de matices, reflejado en parte en la disminución del número de Estados nacionales democráticos que generalmente valoran las sociedades abiertas y la ciencia abierta, y en el aumento de los movimientos neonacionalistas y las democracias iliberales, así como en el resurgimiento de regímenes autocráticos.
Incluso entre democracias sólidas, los riesgos percibidos para la seguridad nacional, así como las sanciones económicas contra Estados considerados hostiles, están configurando los contornos de la Guerra Fría neoacadémica.
El estrechamiento de las vías para la cooperación científica implica una mayor autosuficiencia, pero también una menor capacidad para desarrollar los conocimientos científicos especializados que dependen de la interacción entre científicos y académicos.
Los silos de interacción económica y de investigación también pueden producir un mundo todavía más disfuncional, con mayores desigualdades de riqueza y conflictos políticos, incapacidad para hacer frente a la próxima pandemia y una diáspora aún mayor relacionada con el cambio climático, la degradación ambiental y la represión política.
Esto incluye una diáspora de académicos que huyen de regímenes autocráticos o de políticas represivas que ahora están surgiendo incluso en países que en otro tiempo fueron firmes defensores de la libertad académica, como Estados Unidos.
En este contexto, la inteligencia artificial se perfila como una vía hacia alguna nueva forma de modernidad que incluye extraordinarios descubrimientos médicos y una revolución de la ciencia, pero también alguna forma de grave perturbación de los mercados laborales, la expansión de preocupantes herramientas para los Estados de seguridad nacional y, si se creen las actuales advertencias procedentes de la industria de la IA, una posible destrucción de la propia humanidad.
Mitigar el cambio climático y regular la IA plantean desafíos monumentales que requieren cooperación internacional y los valores de la ciencia abierta.
Los escenarios catastrofistas sobre la IA podrían servir como catalizador para revertir el alejamiento de la ciencia abierta y de la diplomacia científica, pero las tendencias geopolíticas más amplias no son prometedoras.
John Aubrey Douglass es investigador sénior del Center for Studies in Higher Education y forma parte del profesorado de la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es el autor principal de Neo-nationalism and Universities (Johns Hopkins University Press) y actualmente está concluyendo el libro Turning Points in American Higher Education: From the Rise of the Publics to the Age of Trump (De Gruyter/Brill). Este artículo forma parte de una serie de adaptaciones de su reciente trabajo «The neo-academic Cold War: Political traumas and transnational paranoia», publicado en Higher Education Policy.
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UNITED STATES
Signs of hope amid the emerging neo-academic Cold War
John Aubrey Douglass 19 September 2026
A new Cold War is emerging and, in turn, a neo-academic Cold War that reflects geopolitical rivalries.
In a recent article in Higher Education Policy, I explored the evolution of this phenomenon as a story tied to a series of global traumas, including 9/11, a diaspora of war and economic refugees, the rise of neo-nationalism and illiberal democracies, the return of Russia and China as geopolitical adversaries of the United States and the European Union, the impact of Brexit, the COVID-19 pandemic and finally the deleterious effects of Donald Trump’s return to the US presidency.
Almost daily, world events offer further evidence of a drift toward a multipolar, rivalry-driven world of semi-autonomous silos of transnational science cooperation and science diplomacy.
Trends in neo-nationalism
On the positive side of the ledger, after shifting towards a pro-Russia, illiberal democracy, Poland has made inroads toward a more centrist, pro-EU government – although the presidency remains in the hands of Karol Nawrocki, an independent backed by the nationalist Law and Justice party, which is now in opposition and has recently split into rival factions.
More recently, Viktor Orbán’s election defeat brings a new government in Hungary – one committed to European values, including support for academic freedom. This has already reopened access to EU science funding and cooperation agreements.
Sweden’s September 13 election also pointed to a modest but meaningful shift toward centre-left politics – the Social Democrat-led bloc narrowly outpolled the incumbent right-wing coalition – reflecting a voter base tired of immigrant bashing and wanting a greater focus on the quality of life of its citizens: schools, healthcare, inflation and the environment.
Coalition talks remain complicated, however, given divisions among the prospective governing partners.
These developments raise hopes of a decline in divisive, populist movements in Europe, often driven by anti-immigrant fervour. A question remains, however, as to how reflective Orbán’s loss is of a general backlash against neo-nationalism in Europe, given the growing popularity of extreme right-wing parties in France, Germany and the United Kingdom.
This includes the recent win of the AfD in the German state of Saxony-Anhalt, though it fell short of an outright majority.
Meanwhile, America’s higher education community has found solace in a strong track record thus far in battling Trump and his administration in the courts.
And with no major universities signing onto the US administration’s proposed ‘Compact for Academic Excellence in Higher Education’, which demands an array of concessions in return for favoured status in federal funding, there appears to be growing resistance to unprecedented federal attempts to undermine the autonomy of American colleges and universities.
Fresh from a successful lobbying effort in Congress that avoided Trump’s plans to drastically cut science funding for fiscal year 2026, some higher education leaders and media commentators have voiced a sense of optimism that perhaps the worst is over.
Might Trump and his administration be distracted by a declining US economy, voter concerns over affordability and inflation, his disastrous war of choice against Iran, his falling poll numbers and his intensifying efforts to degrade and manipulate the approaching midterm elections? What if Democrats gain control of the House and the Senate?
Signs of more Trump trouble
There remain worrisome indicators, however, that Trump’s agenda for higher education and science will not ebb.
The Trump administration is creatively expanding its toolkit to attack academic institutions under contested claims of executive power, including most recently harnessing the Internal Revenue Service to remove the non-profit legal status of universities if they don’t satisfy programmatic demands.
It is worth noting that the higher education community’s legal victories have come through civil litigation, which imposes no penalties on the administration for its false claims. Terminated grants are usually tied up for lengthy periods due to appeals, and these legal actions apply only to existing grants.
What about new grants? In the first seven months of 2026, agencies like the National Institutes of Health and National Science Foundation issued only a fraction of the research grants typically awarded over the same period in previous years.
Trump’s Office of Management and Budget (OMB) director, Russell Vought, continues to claim that, while Congress has the power to legislate a budget for the federal government, the executive branch has the authority to spend as it sees fit.
It is one thing for universities, their researchers and associations like the Association of American Universities to sue the federal government for existing grants with contractual obligations, and quite another to pursue legal recourse for grants that were never made.
But even if Congress’s full funding is ultimately provided to federal science agencies, an August 2025 Trump executive order grants his political appointees the power to vet and approve all grants and to reject the renewal of existing grants as well as future grants that do not align with the “national interest” or “agency priorities”.
New rules are being developed and contested once again in the courts to give these appointees the power to stop funding for projects deemed to promote “anti-American values”, “gender diversity”, “racial equity initiatives” or “illegal immigration”. The same rules would also divert some academic funding toward industry-specific developmental research.
If Democrats gain control of both houses of Congress in the November midterm elections, it will provide an avenue for investigations and pressure on Trump officials to execute laws so blatantly ignored by the administration. (Note that impeachment requires only a simple majority in the House; conviction and removal from office require a two-thirds vote in the Senate, a margin that will not exist after the midterms.)
But it will not check the administration’s expanding claims of executive authority – claims that the US Supreme Court has, in most instances, either affirmed or simply left to a labyrinth of lower-court appeals.
An important caveat to this trend came this past Monday, when the Supreme Court rejected the Trump administration’s bid to impose new US Postal Service mail-ballot rules nationwide, with the justices concluding that state election officials lacked sufficient time to implement the rules before the midterms.
So far, however, there have been few instances of the court limiting executive authority in science funding and interventions into the autonomy of America’s universities and colleges.
One outcome: Research areas such as climate change, mRNA vaccines, human foetal tissue and health disparities among racial groups are simply not being funded by the federal government. The peer review process that has been the hallmark of American science has already been severely compromised.
Another outcome is an already large decline in international student enrolment and obstructions to international research collaborations. Nations from those in the European Union to Brazil are questioning the costs and benefits of interacting with American universities and academics.
Encouraging meta-trends
Yet beyond this discouraging story in the US, broader global countervailing forces offer resistance to academic nationalism. First is the hopeful resilience of the open science movement. The proliferation of preprint servers, open-access publishing mandates and openly licensed datasets have made knowledge increasingly difficult to wall off within national boundaries.
The norms of open science – peer review, reproducibility, data sharing – are inherently transnational and encode a vision of knowledge as a commons that runs directly counter to the securitisation impulse driving the new Cold War paradigm.
Another countervailing force is the durability of transnational research networks and collaborative institutions. Decades of co-authorship ties, shared graduate training and joint conference culture have created webs of scholarly loyalty.
Globally, joint authorship is shifting from bilateral partnerships to multilateral associations. Bodies like CERN, the Intergovernmental Panel on Climate Change and a wide array of bilateral research foundations continue to function as sites of genuine cooperation precisely because their mandate is to produce knowledge that no single nation can generate alone.
These networks also create informal channels of scientific exchange that can survive formal decoupling – the diaspora scientist with collaborators on both sides of a geopolitical divide and the journal editor who quietly maintains editorial boards across adversarial blocs. Social capital accumulated over generations does not dissolve with a ministerial decree.
Researcher mobility and the scientific diaspora have also, for decades, fostered persistent integration among researchers internationally. Large numbers of the world’s most productive researchers have been trained in countries other than those where they now work. Many maintain active professional relationships across borders despite government edicts.
This diaspora acts as a bridge, carrying tacit knowledge, methodological norms and personal trust across divides that official policy has tried to harden. Efforts to restrict this mobility through visa denials, security clearances and talent programme blacklists have had real effects, but they have also generated a backlash from universities and scientific societies that depend on international talent for their competitiveness.
These countervailing forces, together with the possibility of rebuilding international diplomatic norms and a renewed desire for collaboration in science and other realms, provide a measure of hope for the resilience of open science.
The immediate term?
But in the immediate term, geopolitical tensions and rivalries are rising, not ebbing, with implications for the global economy, military conflict and competition for spheres of international influence – and, as I argue in the longer Higher Education Policy article, for the shape of distinct networks of scientific cooperation and research.
It is a complex and nuanced phenomenon, captured in part by the decline in democratic nation-states that generally value open societies and open science, and the increase in neo-national movements and illiberal democracies, as well as a resurgence of autocratic regimes.
Even among robust democracies, perceived national security risks as well as economic sanctions against rogue states are shaping the contours of the neo-academic Cold War.
Narrowing paths for science cooperation means greater self-reliance but also a declining ability to build the scientific expertise that depends on interaction among scientists and scholars.
Silos of economic and research engagement may also result in an even more dysfunctional world with greater wealth disparities and political conflict, an inability to deal with the next pandemic, and an even larger diaspora related to climate change, environmental degradation and political repression.
This includes a diaspora of academics fleeing autocratic regimes or repressive policies now emerging even in once-stalwart defenders of academic freedom like the United States.
Within this milieu, AI lurks as a path to some new modernity that includes remarkable medical discoveries and a revolution in science as well as some form of severe disruption to labour markets, expanding worrisome tools for national security states and, if you believe the current alarms from the AI industry, a possible destruction of humanity itself.
Mitigating climate change and regulating AI pose monumental challenges that require international cooperation and the values of open science.
AI doom scenarios might serve as a catalyst for reversing the drift away from open science and science diplomacy, but the larger geopolitical trends are not promising.
John Aubrey Douglass is a senior research fellow at the Center for Studies in Higher Education and is on the faculty of the Goldman School of Public Policy at the University of California, Berkeley, USA. He is the lead author of Neo-nationalism and Universities (Johns Hopkins University Press) and is currently completing work on the book Turning Points in American Higher Education: From the rise of the publics to the age of Trump (De Gruyter/Brill). This piece is part of a series of adaptations from his recent article “The neo-academic Cold War: Political traumas and transnational paranoia” published in Higher Education Policy.
This article is a commentary. Commentary articles are the opinions of the author and do not necessarily reflect the views of University World News.
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