La adquisición de nuevas licencias de espectro radioeléctrico por parte de SpaceX en Estados Unidos marca un punto de inflexión en la estrategia de Starlink: la compañía de Elon Musk no quiere limitarse a llevar conectividad complementaria a los lugares donde no llegan las redes terrestres, sino convertirse en un actor capaz de competir directamente con los operadores móviles.
Su reciente acuerdo para adquirir una cartera de frecuencias de banda baja, de hasta 14 MHz en la banda de 800 MHz, apunta a resolver una de las limitaciones técnicas de su servicio de conectividad directa al celular: ofrecer cobertura dentro de edificios.
La operación confirma que SpaceX está construyendo algo más que una constelación de satélites. Está reuniendo las piezas para disputar el negocio de las telecomunicaciones móviles.
El movimiento debería encender una señal de alerta entre los reguladores —y los operadores— de América Latina.
Mientras gobiernos y proveedores de servicios móviles celebran los acuerdos con Starlink como una oportunidad para extender la conectividad, la compañía avanza hacia una posición de poder global que ningún competidor regional está en condiciones de replicar.
La fascinación por una tecnología capaz de conectar territorios históricamente desatendidos puede estar ocultando una transformación mucho más profunda: la consolidación de un actor con una infraestructura espacial propia que le otorga una ventaja competitiva estructural, creciente control sobre el espectro radioeléctrico y capacidad financiera para integrar servicios que hasta ahora dependían de redes y empresas diferentes, en una integración vertical extrema.
El problema no es Starlink. Su tecnología ofrece una solución valiosa para comunidades rurales, escuelas aisladas, embarcaciones, rutas y zonas donde desplegar fibra óptica o construir torres resulta demasiado costoso.
El problema aparece cuando esa contribución se confunde con una razón para otorgarle condiciones regulatorias más favorables que las que enfrentan los operadores tradicionales.
La política pública debe tener como prioridad el bienestar de los usuarios, la competencia sostenible y la expansión de la conectividad, no elegir anticipadamente ganadores y perdedores en el mercado. En medio de la fascinación por los satélites, América Latina corre el riesgo de subestimar el valor de la infraestructura terrestre que sostiene su economía digital
Alfombra roja regulatoria para Starlink
En América Latina comienzan a acumularse decisiones sobre esta cuestión. En Argentina, se destinan recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU) a Starlink, a través de un esquema de financiamiento para un proyecto de conectividad satelital en establecimientos educativos públicos.
En Paraguay, la estatal Copaco participa en el despliegue de kits de Starlink para conectar escuelas y centros de salud. En Bolivia, el gobierno anunció la instalación de más de 5,000 antenas satelitales en instituciones educativas, con Entel a cargo de la implementación.
Lo que genera cuestionamientos por el uso de fondos sectoriales —originalmente pensados para el desarrollo local— en subsidiar el despliegue de un gigante corporativo global, mientras soluciones regionales carecieron de semejante respaldo en el pasado, por ejemplo, con la falta de implementación de soluciones play or pay para servicios móviles, o el escaso desarrollo del subsidio a la demanda en aquellos lugares con cobertura donde los hogares no acceden por falta de recursos.
Prácticamente en toda América Latina la multinacional recibió licencia para operar. El más reciente caso fue en Venezuela.
Uruguay ofrece otra dimensión del debate. La habilitación de Starlink para prestar servicios de Internet de banda ancha al hogar —mientras se le sigue negando la licencia a los operadores privados establecidos en el país que ofrecen servicios móviles o de televisión satelital— plantea interrogantes sobre la consistencia de las reglas de competencia, especialmente en un mercado donde estos operadores tradicionales han invertido durante años mayores y han reclamado posibilidades para extender su oferta de servicios en distintos segmentos.
La asimetría regulatoria es el hilo conductor de estos casos. Los operadores tradicionales deben afrontar altos costos de espectro, obligaciones de cobertura, calidad de servicio, aportes sectoriales, trabas al despliegue de infraestructura, protección al consumidor y, según el país, exigencias tributarias y laborales.
Mientras tanto, estos servicios satelitales de órbita baja (LEO) —no fue el caso de los tradicionales servicios GEO— pueden recibir autorizaciones específicas, mecanismos de acceso a recursos públicos y flexibilidad para desplegar nuevas arquitecturas de red.
Algunas diferencias regulatorias pueden estar justificadas por la naturaleza de cada tecnología, pero no deberían traducirse automáticamente en ventajas competitivas sin evaluar sus consecuencias. La neutralidad tecnológica no significa ignorar las diferencias, sino exigir que estén justificadas por objetivos de interés público.
Brasil ofrece un ejemplo de las tensiones que genera la expansión de Starlink. El 9 de octubre, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) autorizó parcialmente a la compañía a utilizar espectro de la banda S, en torno a los 2 GHz, para ampliar sus servicios de D2D (Direct-to-Device). La decisión le concedió las subbandas de 1,980 a 1,990 MHz y de 2,170 a 2,180 MHz hasta febrero de 2038, además de autorizar temporalmente otros bloques de frecuencias hasta junio de 2029.
Aunque el regulador no le entregó la totalidad de los 30+30 MHz solicitados originalmente, la aprobación representa un avance estratégico para SpaceX en su objetivo de integrar conectividad satelital y móvil.
La resolución cobra especial relevancia porque, durante la consulta pública, Claro, Telefónica Brasil, Unifique Telecomunicações y la empresa satelital Omnispace habían advertido sobre los riesgos de concentrar la banda S en un solo operador y cuestionado las asimetrías entre los costos regulatorios de las empresas satelitales y las obligaciones de inversión y cobertura de los operadores móviles.
La autorización, cuyo título está sujeto al pago de una tarifa de 102,677 reales, demuestra que el debate sobre la competencia no impidió que Starlink obtuviera nuevas frecuencias. En paralelo, Anatel también aprobó la ampliación del uso de bandas Ku, Ka y Q/V para los satélites de próxima generación V3 que, según la documentación presentada, podrán superar 1 Tbps de capacidad de bajada.
La discusión brasileña deja una advertencia para el resto de América Latina: la innovación satelital puede ampliar la conectividad, pero no debería justificar reglas que permitan a una empresa competir en el mercado móvil con ventajas regulatorias que sus rivales no tienen.
Incluso, en este país, Starlink ya tiene más clientes en zonas urbanas que en regiones rurales, contradiciendo la percepción de que el Internet satelital atiende principalmente a localidades remotas.
El abrazo de oso de la conectividad satelital
La fascinación tampoco se limita a los gobiernos. Operadores como Entel en Chile, Liberty en Costa Rica, CNT en Ecuador y +Móvil en Panamá han explorado o establecido acuerdos con Starlink para ofrecer servicios de conectividad directa al dispositivo.
Telefónica también ha anunciado colaboraciones comerciales con la compañía en varios mercados. Estas alianzas pueden ampliar la cobertura y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en zonas donde las redes móviles no llegan.
Sin embargo, también pueden encerrar una paradoja estratégica: las empresas que hoy incorporan a Starlink como complemento podrían estar contribuyendo a fortalecer a un futuro competidor con potencial para terminar de convertir en irresoluble la ecuación de la sostenibilidad de la inversión en redes terrestres de telecomunicaciones, sobre todo en regiones de bajo ARPU donde ya viene cayendo el ingreso de las empresas.
Es el riesgo de un abrazo de oso: una alianza que comienza con beneficios mutuos, pero que termina reduciendo el margen de maniobra de una de las partes. En la primera etapa, el operador aporta espectro, clientes y una relación comercial establecida, mientras Starlink suma cobertura satelital y una tecnología difícil de desarrollar internamente.
Pero si SpaceX adquiere suficiente espectro propio, desarrolla satélites de nueva generación y amplía su capacidad para ofrecer servicios móviles de forma directa, las condiciones de negociación pueden cambiar.
El socio dejaría de ser indispensable y pasaría a competir con una empresa que conoce su mercado, sus necesidades y parte de su estructura comercial, pero con la cual no puede competir ante una infraestructura espacial no replicable que ha construido SpaceX gracias a su ecosistema cerrado.
Esta reflexión no significa que todos estos acuerdos vayan a desembocar en una confrontación ni que Starlink esté decidido a desplazar a cada socio. La conectividad satelital y las redes terrestres pueden complementarse durante muchos años.
La pregunta es qué capacidad estratégica conserva cada operador si el proveedor satelital controla progresivamente más componentes de la cadena de valor. Pero, sobre todo, ¿qué cambios necesita la regulación actual de los servicios de telecomunicaciones para aggiornarse a este nuevo momento tecnológico?
Del satélite al espectro, hacia un poder global
La evolución de SpaceX permite comprender por qué el riesgo va más allá de la expansión del Internet satelital. En sus primeras etapas de conectividad directa al celular, Starlink dependía principalmente del espectro de operadores móviles asociados, como T-Mobile en Estados Unidos.
Ese modelo le permitía conectar teléfonos convencionales sin construir una red móvil terrestre propia, pero también la subordinaba a las condiciones comerciales y técnicas de sus socios.
La adquisición de espectro de EchoStar representa un cambio estratégico. En 2026, SpaceX acordó comprar licencias en las bandas AWS-4 y H-block, además de frecuencias AWS-3 no emparejadas, en una operación anunciada por unos 17,000 millones de dólares y sujeta a las condiciones regulatorias correspondientes.
El acceso a este conjunto de frecuencias le abre nuevas posibilidades para desarrollar servicios móviles directos al dispositivo y arquitecturas híbridas que combinen satélites y redes terrestres. La compañía deja de depender exclusivamente de la infraestructura espectral de terceros y comienza a controlar un recurso esencial para competir en el mercado móvil.
La historia de esas frecuencias revela, además, una ironía del mercado estadounidense. Parte del espectro de 800 MHz que ahora interesa a SpaceX está relacionado con activos de la antigua Sprint y con el proceso de reordenamiento de frecuencias que acompañó la fusión de Sprint con T-Mobile.
Tras las desinversiones y transferencias posteriores, una cartera de licencias terminó en manos de Grain Management, firma que ahora acordó vendérsela a SpaceX. Un recurso cuyo valor y utilidad cambiaron a lo largo de distintas etapas del mercado podría convertirse en una pieza fundamental para integrar conectividad satelital y móvil.
La nueva operación complementa esa estrategia. Mientras las frecuencias de bandas medias pueden aportar capacidad, la banda baja de 800 MHz ofrece mejores condiciones de propagación y penetración en interiores. La combinación, valuada en unos 8,000 millones de dólares según fuentes citadas por The Wall Street Journal, puede ampliar los escenarios de uso de Starlink Mobile y acercarlo a la experiencia de una red móvil convencional.
No obstante, adquirir espectro no equivale a disponer automáticamente de una red móvil nacional completa: siguen existiendo desafíos de capacidad, compatibilidad, interferencias, obligaciones de despliegue y regulación.
Lo importante es la dirección estratégica. SpaceX está acumulando activos que le permiten reducir su dependencia de los operadores y aumentar sus opciones para competir, negociar o establecer nuevas alianzas.
El proceso tampoco termina en EchoStar. La participación de SpaceX en las subastas estadounidenses y su interés por nuevas bandas muestran que el espectro se está convirtiendo en una prioridad estratégica.
La decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de avanzar con la subasta de 160 MHz de la banda C superior, prevista para 2027, abre otro frente de competencia.
Esta acumulación plantea un problema de concentración que trasciende las fronteras estadounidenses. Ningún operador latinoamericano puede replicar por sí solo la infraestructura espacial, la escala de lanzamientos y la capacidad de inversión que está desarrollando SpaceX.
La ventaja no reside únicamente en tener miles de satélites, sino en integrar fabricación, lanzamientos, operación orbital, software, terminales y servicios de conectividad dentro de un mismo ecosistema.
Si esa plataforma se combina con espectro propio y acuerdos con operadores locales, la compañía puede adquirir una posición privilegiada para definir las condiciones de acceso a una parte creciente de las comunicaciones.
La infraestructura de Starlink es prácticamente irreproducible por la combinación de escala, integración vertical y capacidad de despliegue que ha conseguido SpaceX. Con más de 11,100 satélites activos en órbita, la compañía construyó una constelación difícil de igualar no solo por la cantidad de dispositivos, sino también por la inversión, la capacidad tecnológica y el ritmo de renovación que exige mantenerla operativa.
A diferencia de otros proveedores, SpaceX controla también los cohetes Falcon 9 y Starship, lo que le permite integrar la fabricación y el lanzamiento de satélites, reducir costos y desplegar capacidad a una escala que sus competidores difícilmente pueden replicar. A esto se suma el desarrollo de satélites de nueva generación, como los V3, diseñados para multiplicar la capacidad de transmisión e impulsar servicios de conexión D2D.
Aunque Starlink no enfrenta todavía un rival de escala equivalente, tres competidores buscan disputar el mercado de conectividad satelital de órbita baja. Eutelsat OneWeb, con una constelación de alrededor de 648 satélites, es su principal competidor entre las redes comerciales ya desplegadas, con foco en empresas, gobiernos, aviación y servicios marítimos.
Amazon Leo apuesta por una constelación de más de 5,000 satélites y por su integración con Amazon Web Services (AWS), mientras que la china SpaceSail (Qianfan) busca expandirse con el respaldo de su estrategia de infraestructura espacial y soberanía tecnológica. Sin embargo, la escala de sus constelaciones y su capacidad de despliegue todavía están lejos de igualar la integración industrial de SpaceX.
Hablar de un poder monopólico global consolidado sería prematuro: existen otros sistemas satelitales, empresas que desarrollan soluciones D2D y operadores terrestres con recursos relevantes.
Pero sí hay motivos para advertir sobre el riesgo de que Starlink se convierta en un actor dominante difícil de sustituir en la conectividad móvil satelital. La cuestión regulatoria es impedir que una ventaja legítima derivada de la innovación se transforme en un poder de mercado capaz de cerrar alternativas.
Redes terrestres siguen siendo indispensables
En medio de la fascinación por los satélites, América Latina corre el riesgo de subestimar el valor de la infraestructura terrestre que sostiene su economía digital. Torres, estaciones base, fibra óptica, Centros de Datos, cables submarinos, sistemas de energía y redes de transporte constituyen la base sobre la que funcionan las comunicaciones modernas.
No son activos del pasado que una constelación de satélites pueda volver innecesarios. Son infraestructuras complementarias, con capacidades diferentes y funciones esenciales para responder a la demanda de conectividad.
La diferencia resulta decisiva cuando se habla de Inteligencia Artificial, automatización industrial, servicios empresariales y aplicaciones que requieren transmitir grandes volúmenes de información con baja latencia y alta disponibilidad. Starlink puede ofrecer una solución valiosa en lugares remotos y ampliar la cobertura de los servicios móviles, pero su capacidad compartida y las condiciones de propagación de las comunicaciones satelitales imponen límites frente a determinadas necesidades de densidad, capacidad y tráfico.
El desempeño de sus futuras generaciones y el uso de espectro móvil pueden modificar esa ecuación, pero no justifican asumir que una red espacial reemplazará la infraestructura terrestre necesaria para sostener la economía digital.
El crecimiento de Starlink tampoco elimina la importancia económica y social de los operadores tradicionales. La industria genera empleo directo e indirecto, impulsa inversiones de largo plazo, desarrolla proveedores, demanda servicios de ingeniería y construcción, y permite que otras actividades productivas incorporen herramientas digitales.
Su contribución no se limita a vender planes de telefonía o Internet: habilita el comercio electrónico, la educación, la telemedicina, los servicios financieros, la industria conectada y el desarrollo de nuevos negocios. Debilitar la sostenibilidad financiera de las redes terrestres puede afectar mucho más que los balances de unas pocas empresas.
La discusión ya no es sólo la brecha digital
América Latina necesita aprovechar las ventajas de Starlink para conectar a quienes todavía no tienen acceso a servicios adecuados. Prohibir su operación, frenar sus innovaciones o excluirla de las políticas públicas sería una respuesta equivocada.
La conectividad satelital debe formar parte de una estrategia que combine tecnologías y permita elegir la solución más eficiente según la geografía, la demanda y las necesidades de cada comunidad. Pero esa apertura debe ir acompañada de reglas transparentes, obligaciones proporcionales, competencia efectiva y evaluaciones periódicas del impacto de las decisiones regulatorias.
La pregunta de fondo es si los gobiernos están considerando todas las consecuencias de sus decisiones. Entregar licencias, facilitar el acceso a fondos públicos o flexibilizar condiciones puede parecer una solución inmediata para conectar escuelas y comunidades aisladas.
Sin embargo, si esas medidas favorecen una dependencia estructural de un proveedor global, sin desarrollar capacidades locales ni preservar alternativas, los beneficios iniciales podrían tener un costo estratégico en el futuro.
La política de conectividad no puede reducirse a contar antenas instaladas o localidades cubiertas: también debe evaluar quién controla la infraestructura, cuánto poder de negociación conserva cada país y qué condiciones tendrá la industria para seguir invirtiendo.
Durante años, el debate latinoamericano sobre telecomunicaciones estuvo dominado por el cierre de la brecha digital. Starlink está contribuyendo a modificar esa conversación. El desafío que emerge ahora es diferente y más complejo: cómo garantizar que la expansión de la conectividad no se traduzca en una concentración excesiva del mercado y cómo sostener una industria capaz de invertir, innovar y competir en el largo plazo.
La fascinación por una nueva tecnología no debería impedir que los reguladores vean el sistema completo.
La discusión ya no es solamente cómo cerrar la brecha digital: es cómo garantizar la sostenibilidad de la industria que hará posible la próxima etapa de la transformación digital para garantizar el desarrollo económico propio de América Latina.
