MÉXICO: Conahcyt/4T vs Conacyt/Academia Mexicana de la Ciencia

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/03/01/sociedad/renuncia-alvarez-buylla-a-la-academia-mexicana-de-la-ciencia-2305

Renuncia Álvarez-Buylla a la Academia Mexicana de la Ciencia

01 de marzo de 2024

 
Ciudad de México. La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, hizo pública su renuncia a la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC), organismo privado que, considera, “fue capturado por grupos de poder conservadores y usada para golpear al actual gobierno con el propósito de defender intereses particulares so pretexto de la promoción de la ciencia, anulando el interés público”.

A través de las redes sociales, y en una extensa carta pública, donde da cuenta de los avances en la política pública del sector, entre ellas la aprobación de una Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la funcionaria federal expone que dichos grupos se han opuestos a la construcción del nuevo Conahcyt, que “requirió la transformación radical del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del periodo neoliberal”.

Entre otras causas, afirma, porque el extinto Conacyt “transfirió durante el régimen neoliberal recursos millonarios del erario público a empresas privadas, cerró la puerta a miles de jóvenes que bien pudieron estudiar un posgrado, privilegió los posgrados privados sobre los públicos, excluyendo a cerca de dos mil posgrados del acceso a becas”.

Álvarez-Buylla, recuerda que es del dominio público que la construcción del Conahcyt “ha sido combatida rabiosamente por sectores que se vieron beneficiados de manera ilegítima por el Conacyt neoliberal. Esto incluye tanto a sectores mediáticos y políticos conservadores que se oponen a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, como a personeros de intereses cupulares adscritos a las instituciones de educación superior públicas”.

Destaca que la AMC, pese a tener entre sus principales objetivos orientar al Estado mexicano y a la sociedad civil en el campo de la ciencia y la tecnología, durante este sexenio, en la práctica, “se dedicó a actuar como caja de resonancia de los posicionamientos políticos de los adversarios de la Cuarta Transformación, llegando a extremos vergonzosos con posicionamientos públicos y recientes”, en referencia al documento “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México”, cuyos coordinadores son el ex director del Conacyt, durante el sexenio peñista, Enrique Cabrero Mendoza, y el actual presidente de la AMC, José Antonio Seade Kuri.

Asegura que en dicho texto “reaccionario, se da voz de manera exclusiva a personas adversarias que comulgan con la visión neoliberal” del sector, que promueven la “desmemoria e insisten en regresar a ese triste y nefasto pasado neoliberal”.

MÉXICO: nueva Ley Conacyt, el debate

Publicado en Proceso
https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/12/22/nueva-ley-conacyt-el-debate-299095.html

Nueva Ley Conacyt, el debate

El presidente ha enviado una iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a la Cámara de Diputados que reglamentaría la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Opinión

Por Ernesto Villanueva

jueves, 22 de diciembre de 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Después de una amplia labor de retroalimentación, discusión y revisión de los más distintos puntos de vista sobre las reformas posibles al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, organizados por diversas instituciones, además del Conacyt, el presidente de la República ha enviado una iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a la Cámara de Diputados que reglamentaría la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que ha empezado a ser tema de la agenda de discusión pública. De ahí la oportunidad y pertinencia de hacer algunas reflexiones sobre esta iniciativa para que cada uno forme su propio juicio.

Primero. La iniciativa ha sido objeto de una acre crítica con señalamientos muy similares para buscar generar la percepción de que se trata de un proyecto que limita o acota la labor científica y tecnológica. Y es entendible que las críticas tengan abundante cabida en los medios si se considera que el Conacyt hasta el 2018 tenía prácticamente una estructura paralela en áreas significativas, entre ellas la relativa a comunicación social. Había- y sigue habiendo- un área de comunicación institucional y simultáneamente empresas que hacían exactamente las mismas labores. En efecto, entre 2015 y 2018 la empresa “agencia Conacyt” recibió pagos por 76.4 millones de pesos y entre el 2013 y 2018 las empresas privadas que duplicaban las atribuciones de Conacyt obtuvieron 386.5 millones de pesos. Se entiende ahora por qué la campaña de desprestigio contra Conacyt y, en especial, contra su directora, María Elena Álvarez-Bulla Roces exista por la negativa a seguir ese “modelo de negocios”. Además, ha sido público y notorio cómo desde Conacyt se financiaron proyectos de innovación para empresas privadas para optimizar sus ganancias. Recuérdese que hasta la elaboración de pizzas se financió con recursos públicos. Esta transferencia de los que menos tienen hacia los que más poseen para mejorar sus márgenes de utilidad ahora con la iniciativa de Ley tendrá candados adecuados para que nunca vuelva a pasar semejante despropósito.

Segundo. Hasta el 2021, 4 de cada 10 estudiantes de los Centros Públicos de Investigación de Conacyt pagaban colegiatura, hoy se ha eliminado esa barrera económica y se fortalece en la propia legislación. De igual modo, se establece una reingeniería a los posgrados de calidad para que sean apoyados especialmente aquellos que tengan como finalidad el interés público. Lo mismo puede decirse en varios rubros más. Los detractores de la iniciativa de Ley sostienen medias verdades que acaban por convertirse en mentiras completas. Habría que aclarar: a) No se establecen medidas que aseguren la transparencia en el uso de recursos del organismo que sustituirá a Conacyt. Falso. No sólo se introducen salvaguardas en ese rubro, sino que hay que decir que la iniciativa no es un árbol en un desierto, sino en un bosque donde hay interdependencia con otras disposiciones, entre ellas la Ley de Responsabilidad Hacendaria, las leyes general, federal y estatales de transparencia, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control, las atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, entre otras más; b) Se limita la investigación científica y tecnológica. Falso. Sería inconstitucional y absurdo que la iniciativa de ley comentada introdujera en su artículo qué se puede investigar y qué no; c) Se limita la progresividad e indivisibilidad de los derechos humanos. Falso. No sólo se incluye y desarrolla, sino que el principio pro-persona y la interpretación conforme están previstos en el artículo 1º, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se deben aplicar de manera directa al interpretar la aplicación de una ley en casos concretos; d) Los Centros Públicos de Investigación se convertirán en centro al “servicio del gobierno”. Falso. Se trata de Centros estatales pagados con recursos del erario y no hay disposición alguna que establezca un pensamiento único o cualquier cosa semejante. Sería un despropósito sostener esa premisa, pues cualquier juzgador federal protegería a quien estuviera en esa circunstancia a través de la figura del amparo indirecto; e) Se discrimina las labores de investigación entre universidades públicas y privadas. Sí y no. En principio, los recursos de los contribuyentes deben ir a las instituciones cuyo objetivo es esencialmente público; no obstante, debe atenderse y financiarse aquella investigación que atienda los grandes problemas nacionales sea hecha al margen de si se trata de una institución pública o privada, por lo que se puede mejorar la redacción de aquellas contenidos que requieran mayor claridad en este sentido.

Tercero. No hay duda de que, en los primeros meses de año, la iniciativa de ley puede ser enriquecida en diversos foros para mejorar lo que sea mejorable y eliminar o reformular aquellas partes que pudieran generar confusión. Pero de ahí que a todo está mal hay un amplio trecho. Por supuesto, hay que conceder que ciertamente hay dos definiciones políticas de fondo, la de quienes- como yo- sostienen que los recursos del pueblo deben destinarse a fines que mejoren el bienestar colectivo y la de quienes, por el contrario, consideran que el erario debe financiar proyectos de interés personal o grupal. La iniciativa trabajada por el Conacyt se inscribe evidentemente en la primera postura, que debe ser acompañada críticamente (donde deben ser bienvenidos todos aquellos cambios que mejoren esa pieza jurídica a la luz de ese principio rector de la primacía de interés público, bajo cuyo paraguas todo está sujeto a ser mejorado, si es necesario) quienes coincidimos con que en la aprobación de una ley debe primar el interés colectivo, por encima de cualquier otro.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

MÉXICO: iniciativa para cambiar al CONACYT en CONAHCTI...

Consulte la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria: Iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/dic/20221213-XII.pdf

De 2013 a 2018, el gasto en investigación científica y el desarrollo experimental (GIDE) disminuyó de 0.43% a 0.31% del PIB:

Y la proporción de la inversión privada respecto del PIB en investigación e innovación tecnológica se redujo paulatinamente a partir de 2010 hasta llegar a alcanzar en 2018 el 0.05% del PIB:

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"De 2002 a 2018, bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, el Conacyt transfirió a empresas privadas más de 45,000 millones de pesos (42% del total de recursos destinados al financiamiento de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en ese período). En su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado, en tanto que, por sí mismas, tenían capacidad para invertir en actividades de ciencia, tecnología e innovación. En muchos casos, incluso, fueron empresas que no tenían base de ciencia y tecnología alguna, pero fueron beneficiadas con recursos públicos a fondo perdido.

En contraste, durante el mismo período, el apoyo a la investigación en ciencia básica fue de poco más de 7,000 millones de pesos, apenas una quinta parte de lo transferido al sector público, y en 2017 y 2018 no se dio un solo peso a la investigación en ciencia básica". 

"De igual manera, a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), el Conacyt promovió la comercialización del conocimiento mediante el pago a empresas editoriales internacionales para acceder a recursos digitales de información, entre los que se encuentran los artículos científicos de las personas investigadoras de universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación derivados de investigaciones financiadas con recursos públicos. Es decir, el Estado no sólo financiaba investigaciones, sino que transfería recursos a empresas privadas para acceder a la información generada con recursos públicos.

Bajo este esquema, entre 2010 y 2018 se transfirieron más de 3,500 millones de pesos a empresas editoriales transnacionales. En 2017, mientras dejaba de apoyar la investigación en ciencia básica, el Conacyt realizó una aportación histórica de más de 700 millones de pesos al referido Conricyt. Cabe señalar que la administración de los recursos de este consorcio se realizaba a través de uno de los fideicomisos del Conacyt, y que, aunque se trató de una actividad sustantiva, su gestión y administración se delegó por completo a una estructura alterna de personal, excesiva e ineficiente, pagada con recursos del fideicomiso". 

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Publicado en El Economista

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Consumarian-giro-radical-con-nueva-ley-de-ciencia-y-tecnologia-20221214-0116.html

Consumarían “giro radical” con nueva ley de ciencia y tecnología

Por Nelly Toche

Miércoles 14 de Diciembre de 2022 - 21:25

El Ejecutivo federal envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para sustituir el ordenamiento vigente por la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y transformar el actual Conacyt en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La propuesta incorpora el concepto de Humanidades al sector científico y al organismo que lo encabeza; redirecciona los recursos a la ciencia básica y de frontera; y reforma el sistema de becas y el Sistema Nacional de Investigadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expediría la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Con este documento se pretende sustituir a la cabeza de sector, que hasta este momento es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en su lugar se crearía el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti). Además, la iniciativa supone reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El documento ya fue turnado a las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para ser dictaminada y a las comisiones de Gobernación, Población y Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.

De acuerdo con la exposición de motivos y las evaluaciones de impacto presupuestario emitidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de las dependencias de la Administración Pública Federal implicadas, el anteproyecto no implicaría impacto presupuestario adicional para el presente año fiscal ni subsecuentes, pero tampoco se autorizarían recursos adicionales para la transición.

El fundamento para estos cambios surge a partir de las reformas constitucionales aprobadas en mayo de 2019, para reconocer a través del Artículo 3° Constitucional fracción V, el derecho humano a la ciencia, entendido como el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, a partir de ahí se ordenó a la Cámara de Diputados emitir una ley en la materia.

La propuesta “radical”

El documento asegura que los tres sexenios de gobierno anteriores a este, crearon una política que favorecía a la industria privada. El documento hace una fuerte crítica asegurando que de 2001 a 2018, los acuerdos de investigación con la iniciativa privada permitieron la transferencia a empresas nacionales y trasnacionales de más de 45,000 millones de pesos, es decir, 42% del total destinado a ese rubro, monto que se entregó “bajo el supuesto de fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.

También señala como una mala práctica la operación de 91 fideicomisos en el sector, 26 constituidos por los Centros Públicos de Investigación y 65 directamente por los Fondos Conacyt de los cuales 35 se constituyeron en la modalidad de “mixtos”, 25 “sectoriales”, cuatro “institucionales” y uno de “cooperación internacional”.

La iniciativa hace además una crítica a la forma en que se distribuían las becas, al Sistema Nacional de Investigadores, considerándolo “desarticulado, con criterios elitistas y de evaluación productivista”; y habla de un “abandono” a la investigación en ciencia básica y de frontera, y del registro de propiedad intelectual pública.

 La actual administración federal se congratula de haber dado un “giro radical” a la política en materia de investigación científica, tecnológica, innovación y humanística. Asegura que es un logro la extinción de fideicomisos y transferir los recursos a la tesorería de la federación, además de haber implementado los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) para apoyar “esfuerzos organizados” de investigación.

La propuesta ahora es integrar un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sería integrado por el Conahcti, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

El anteproyecto explica también que se asignarían de forma universal becas a los estudiantes de las universidades públicas, sin embargo cuenta con llaves como garantizar este derecho sólo conforme a la disponibilidad de presupuesto, al no quedar como obligatorio un mínimo de presupuesto, ni tener asignaciones especiales en la Ley, esto queda en el aire.

Además se precisa que todos los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, y hacen hincapié en que “se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto”.

 El documento incluye formular una “agenda nacional” en la materia, que “busque atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos de la sociedad”. Para ello marca temáticas específicas dentro del Sistema Nacional de Posgrados como la salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, contaminación, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía, cambio climático, y transición energética, entre otros, pero dejaría fuera a un número importante de investigaciones que no se encuentran en las prioridades gubernamentales.  

En este sentido se establecería que cada gobierno estatal y municipal elaboraría sus respectivos programas y tendría que prevenir que los esfuerzos del sector científico se enfoquen en fortalecer la “soberanía nacional, a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica del país”.

La nueva Ley también contempla incorporar las bases generales del Sistema Nacional de Centros Públicos, que tendrían como objetivo principal “contribuir a la construcción de una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera”. Se habla de concebirlos como instituciones fundamentales para consolidar la “independencia científica y tecnológica del país”, para ello serían entidades paraestatales de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión.

El sustituto del Conacyt 

 La nueva Ley pretende convertir al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti), sin embargo se establece que seguiría siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normativa y que actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal, especializada en articular las políticas públicas del Estado en la materia.  

Para ello contaría con una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y Salud. A la sesión de esta junta podrían ser invitados los especialistas en la materia pero sin voto.

La dirección general sería designada como hasta ahora por el presidente de la República y contaría con un órgano de vigilancia integrado por una persona Comisaria Pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, así como un órgano interno de control y otro consultivo.

La propuesta incorpora el concepto de Humanidades al sector científico y al organismo que lo encabeza; redirecciona los recursos a la ciencia básica y de frontera; y reforma el sistema de becas y el Sistema Nacional de Investigadores.

nelly.toche@eleconomista.mx