PERÚ toma medidas contra los defraudadores científicos

Publicado en ScienceInsider
https://www.science.org/content/article/peru-moves-crack-down-scientific-fraudsters 

Perú toma medidas contra los defraudadores científicos

Legislación establece penas por compra de autoría y otras fechorías

21 DE DICIEMBRE DE 2023

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA

Una versión de este artículo apareció en Science, Vol 383, número 6678.

Los legisladores peruanos están a punto de aprobar una ley que facilitaría la investigación y el castigo de los investigadores que incurran en prácticas editoriales fraudulentas, como pagar para que se añada su nombre a un artículo científico.

La medida se produce en un momento en que la Agencia Nacional de Ciencia de Perú trata de tomar medidas enérgicas contra la compra de autorías y otras prácticas contrarias a la ética. Recientemente ha retirado a dos científicos acusados de infracciones de un registro nacional que es clave para recibir subvenciones del gobierno, ascensos laborales y bonificaciones salariales. Además, las autoridades están investigando a muchos más investigadores a raíz de un informe publicado en octubre en los medios de comunicación en el que se identificaba a 180 personas presuntamente implicadas en fraudes editoriales, entre ellas 72 inscritas en el registro nacional que trabajan en 14 universidades de Perú.

La nueva legislación facultará a las universidades y a los funcionarios del gobierno para disuadir y castigar este tipo de conductas, y dotará a Perú de algunas de las medidas más enérgicas contra el fraude editorial en América Latina. Las prácticas dudosas de publicación "trascienden las meras violaciones éticas" porque permiten a los investigadores obtener financiación pública y privada bajo falsos pretextos, afirma Edward Málaga Trillo, neurobiólogo y congresista, impulsor de los proyectos de ley, que se espera que los legisladores finalicen a principios del próximo año. "Estos individuos están perpetrando un fraude".

Como en muchas otras naciones, la comunidad académica peruana ha estado luchando con una creciente ola de falsos autores y problemas relacionados. Una de las causas, según algunos investigadores, es una ley de 2014 que pretendía estimular la investigación recompensando a los investigadores que aumentaran su producción editorial. Por ejemplo, según un sistema de puntuación utilizado por las universidades, los investigadores pueden ganar cinco puntos por la autoría en una revista de alto impacto, y dos puntos cuando la revista es de menor impacto. Acumular puntos puede reportar primas y ascensos profesionales.

Según los investigadores, la ley crea incentivos perversos. En su reportaje de octubre, los periodistas del programa de televisión Punto Final informaron de que investigadores peruanos pagaban a intermediarios de autoría hasta 500 dólares por añadir sus nombres a artículos que no habían contribuido a escribir. La recompensa puede ser considerable: Algunas universidades privadas con fines de lucro en Perú pagan bonos de publicación de 2,500 dólares, dice la bióloga Gisella Orjeda Fernández, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien dirigió la principal agencia científica de Perú, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), de 2017 a 2020. "Hay todo un ambiente que incuba esta [mala conducta]", dice Orjeda Fernández.

Según el presidente del Concytec, Benjamín Marticorena Castillo, los 72 investigadores presuntamente implicados en el fraude editorial constituyen un "alarmante" 1% de todos los científicos inscritos en el registro nacional de Perú, conocido como Renacyt.

Se descubrió que uno de los dos investigadores que el Concytec ya ha expulsado del registro se había apropiado del currículum vitae de un investigador español y había vuelto a publicar artículos de ese investigador con su propio nombre. El otro investigador expulsado había asumido la identidad de un científico venezolano.

Los responsables del Concytec han pedido a las universidades que aclaren sus relaciones con los 70 investigadores registrados restantes, muchos de los cuales parecen ser profesores no titulares o antiguos alumnos de otras naciones. Si se prueban las acusaciones, dice Marticorena Castillo, "estos individuos están orquestando esquemas criminales; son organizaciones criminales."

Las señales de alarma pueden ser obvias, señala Nahuel Monteblanco, presidente de Cientificos.pe, una asociación de científicos peruanos que investiga la mala conducta científica. Muchos de los trabajos citados por Punto Final tienen numerosos coautores afincados en distintos países y con pocas publicaciones previas sobre el mismo tema. "Si tu colega publica sistemáticamente 20 artículos al año con colaboradores de Nepal, Afganistán, Kuwait o Indonesia, eso es muy sospechoso", dice Monteblanco. "Para un investigador de carrera legítima eso es imposible".

Sin embargo, la legislación vigente otorga al Concytec y a las 93 universidades públicas y privadas de Perú una autoridad limitada para investigar y sancionar estas faltas. Los dos proyectos de ley presentados ahora al Congreso pretenden cambiar esta situación. Uno modificaría una ley que regula las universidades, mientras que el otro otorga nuevas competencias al Concytec. La legislación define el fraude como "plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, informes y cualquier otro producto académico relacionado con la investigación científica". Los investigadores que cometan infracciones menores podrían ser suspendidos del registro nacional de 2 a 5 años, y los que cometan infracciones más graves podrían ser suspendidos permanentemente y potencialmente enfrentarse a cargos penales que conlleven penas de prisión.

Málaga Trillo declaró a ScienceInsider que él mismo fue víctima de un fraude editorial cuando un antiguo colega universitario afirmó falsamente que él y Málaga Trillo habían colaborado en proyectos de investigación y eran coautores de artículos. El colega no fue sancionado formalmente, afirma Málaga Trillo, pero abandonó la universidad tras ser denunciado.

Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Perú, espera que la nueva legislación anime a los investigadores a "sancionar socialmente" y denunciar a los colegas que se desvíen de las normas éticas. "Necesitamos una comunidad científica mucho más fuerte para aislar" a los defraudadores, afirma.

Orjeda Fernández está de acuerdo. "No deberíamos dudar", dice, "en expulsar a los culpables".

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Peru moves to crack down on scientific fraudsters

Legislation sets penalties for buying authorship and other misdeeds

• 21 DEC 2023

• 
  

• BY MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA

A version of this story appeared in Science, Vol 383, Issue 6678.

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Lawmakers in Peru are poised to approve legislation that would make it easier to investigate and punish researchers who engage in fraudulent publishing practices, including paying to have their names added to a scientific paper.

The move comes as Peru’s national science agency seeks to crack down on authorship buying and other unethical practices. It recently removed two scientists accused of violations from a national registry that is key to receiving government grants, job promotions, and salary bonuses. And officials are investigating many more researchers in the wake of an October media report that identified 180 individuals allegedly involved in publishing fraud, including 72 listed on the national registry who work at 14 universities in Peru.

The new legislation will empower universities and government officials to deter and punish such behavior, and would give Peru some of the strongest measures against publishing fraud in Latin America. Shady publishing practices “transcend mere ethical violations” because they enable researchers to obtain government and private funding under false pretenses, says Edward Málaga Trillo, a neurobiologist and member of Congress who is the driving force behind the bills, which lawmakers are expected to finalize early next year. “These individuals are perpetrating fraud.” 

As in many other nations, Peru’s academic community has been struggling with a rising tide of fake authorship and related problems. One cause, some researchers say, is a 2014 law that aimed to stimulate research by rewarding researchers who boost their publishing output. For example, under a scoring system used by universities, researchers can earn five points for authorship in a high-impact journal, and two points when the journal is lower impact. Amassing points can bring bonus payments and career advancement.

The law creates perverse incentives, researchers say. In their October report, journalists with the TV program Punto Final reported that Peruvian researchers were paying authorship brokers up to $500 to add their names to papers that they did not help write. The reward can be substantial: Some private, for-profit universities in Peru pay publishing bonuses of $2500, says biologist Gisella Orjeda Fernandez of the National University of San Marcos, who led Peru’s lead science agency, the National Council of Science, Technology and Technological Innovation (Concytec), from 2017 to 2020. “There is a whole environment that incubates this [misconduct],” Orjeda Fernandez says.

The 72 researchers that Punto Final alleged were involved in publishing fraud comprise an “alarming” 1% of all scientists on Peru’s national registry, known as Renacyt, says Concytec President Benjamín Marticorena Castillo. 

One of the two researchers that Concytec has already removed from the registry was found to have appropriated the curriculum vitae of a Spanish researcher and republished articles by that researcher under their own name. The other expelled researcher had assumed the identity of a Venezuelan scientist.

Concytec officials have asked universities to clarify their relationships with the remaining 70 registered researchers, many of whom appear to be nontenured lecturers or former students from other nations. If the allegations are proved, Marticorena Castillo says, “These individuals are orchestrating criminal schemes; they are criminal organizations.”

The warning signs can be obvious, notes Nahuel Monteblanco, president of Cientificos.pe, an association of Peruvian scientists that investigates scientific misconduct. Many of the papers cited by Punto Final have numerous co-authors who are based in many different nations and have few prior publications on the same subject. “If your colleague consistently publishes 20 articles a year with collaborators from Nepal, Afghanistan, Kuwait, or Indonesia, that’s highly suspect,” Monteblanco says. “For a legitimate career researcher that is impossible.”  

Existing law, however, gives Concytec and Peru’s 93 public and private universities limited authority to investigate and punish such misconduct. The two bills now before Congress aim to change that. One would amend a law covering universities, whereas the other gives new powers to Concytec. The legislation defines fraud to include “plagiarism, fabrication or falsification of information in publications, projects, reports and any other academic product related to scientific research.” Researchers who commit lesser violations could be suspended from the national registry for 2 to 5 years, and those committing more serious infractions could be permanently suspended and potentially face criminal charges that carry prison sentences.

Málaga Trillo told ScienceInsider that he himself was a victim of publishing fraud when a former university colleague falsely claimed he and Málaga Trillo had collaborated on research projects and co-authored papers. The colleague was not formally sanctioned, Málaga Trillo says, but left the university after being reported.

Alberto Gago, president of the National Academy of Sciences of Peru, hopes the new legislation will embolden researchers to “socially sanction” and report colleagues who deviate from ethical norms. “We need a much stronger scientific community to isolate” fraudsters, he says.

Orjeda Fernandez agrees. “We should not hesitate,” she says, “to expel the guilty.”

El fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas

Publicado en El País
https://elpais.com/ciencia/2023-11-28/el-fraude-continuado-en-el-sistema-de-publicaciones-cientificas.html?outputType=amp    

ÉTICA CIENTÍFICA

El fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas

Las reglas de la Administración pública no permiten aplicar medidas disciplinarias para combatir la picaresca lamentable en la ciencia

Pere Puigdomènech

28 nov 2023

La ciencia es una actividad que tiene un gran impacto sobre la manera como pensamos y como vivimos. Es un universo muy diverso, ya que no es igual la manera como se trabaja en Matemáticas o Física que en Biomedicina, sin hablar de disciplinas que alguien denomina Ciencias Sociales, Económicas o Jurídicas. Pero, en su conjunto, aquellos que se identifican a sí mismos como científicos se adhieren a un método y a unas reglas que son la base de la credibilidad de sus resultados. Es lo que denominamos Buenas Prácticas Científicas que deberían ser válidas en cualquier tiempo y lugar. El crecimiento de la ciencia en España pone de relieve la importancia de tenerlas en cuenta.

 Ya sabemos qué cuestiones de este tipo aparecen en las noticias cuando algo no va bien. Por ejemplo, cuando hay algún caso de fraude científico o de conflictos entre investigadores. Recientemente, se ha hablado de problemas en las publicaciones científicas, un tema crucial en ciencia, ya que una investigación no existe hasta que se publica. En términos generales, podemos decir que los seis millones de científicos que la UNESCO ha contado existen en el mundo, publican anualmente unos dos millones de artículos en como mínimo unas 30.000 o 40.000 revistas internacionales, en inglés en su gran mayoría. Se ha calculado que estas revistas representan una industria editorial que maneja unos 19.000 millones de dólares anuales, lo que la sitúa entre las industrias del cine y de la música. No es un negocio trivial.

 Las publicaciones científicas han sufrido una revolución enorme con su digitalización y puesta en línea. Desde el ordenador de un investigador se puede acceder al contenido de cualquier revista científica sin necesidad de desplazarse a una biblioteca. Sin embargo, esta facilidad tiene un precio. Hay revistas a las que hay que suscribirse para tener acceso a ellas y las hay que son de acceso abierto, lo que muchos fondos públicos favorecen. Sin embargo, hay que pagar para publicar en ellas. Una revista de gran difusión puede exigir el pago de 3.000 o 5.000 euros para publicar un artículo, algo que algunos grupos de investigación no pueden permitirse. Este hecho no ha escapado a inversores que han visto una oportunidad de negocio en las revistas científicas y el número de estas ha ido creciendo, pero en algunos casos la exigencia de calidad es menor. Para aceptar un artículo para su publicación, las revistas usan el sistema de revisión por pares, que en algunos casos se simplifica significativamente.

Al mismo tiempo, desde hace unos años se ha desarrollado toda una industria que mide el impacto de las revistas basado en las veces que los artículos que publican son citados por otros investigadores. Ello ha dado lugar a la aparición de unos indicadores que se supone miden el impacto de investigadores, grupos de trabajo, centros de investigación y universidades. Indicadores y clasificaciones han dado lugar a una carrera hacia la publicación en revistas con los mayores índices posibles en la que todo parece que valga. Esto va desde un mercado de artículos que se compran y venden a autorías ficticias y, recientemente, se han visto universidades de algunos países que pagan a autores para que afirmen pertenecer a ellas. Todo ello pervierte el sistema de publicaciones y constituye un fraude continuado. Para remediarlo, ha habido declaraciones en las que se exige abandonar la evaluación a base de indicadores numéricos y llevar a cabo evaluaciones de forma cualitativa que permita examinar la validez y la calidad de los trabajos que se realizan. Esto implica más trabajo de revisión y una mayor confianza en quienes participan en ello.

En España esta situación conflictiva se produce en los momentos en que la investigación que se lleva a cabo en nuestro país va aumentando tanto en cantidad como en calidad. A ello ha contribuido el aumento de fondos que en su mayoría son competitivos y, por tanto, necesitan una evaluación. Esta también es necesaria para atribuir los llamados complementos de productividad a los salarios de docentes e investigadores. Para quienes gestionan el sistema de Ciencia y de Universidades lo más sencillo es utilizar indicadores y rankings basados en los índices de impacto de publicaciones. Si el dinero para trabajar o el que se recibe a fin de mes dependen de estos indicadores, no es de extrañar que se haya creado una idolatría hacia el impacto de las publicaciones y aparezca una picaresca lamentable.

Esto ocurre cuando sin que tengamos en España una cultura de la investigación científica en la que las Buenas Prácticas Científicas estén bien enraizadas, ni procedimientos de análisis de las desviaciones que se producen inevitablemente cuando hay una presión sobre el personal investigador y docente. Justo este año se ha constituido el primer Comité de Ética de la Investigación del Estado que ya estaba previsto en la Ley de la Ciencia de 2011. Es cierto que instituciones como el CSIC ya tienen un Comité de Ética desde el año 2009 que ha tratado docenas de casos. En Cataluña se creó hace cuatro años el Comité para la Integridad de la Investigación y poco a poco centros de investigación y universidades se dotan de instancias similares. Pero a las instituciones les cuesta analizar posibles casos de malas prácticas y llegar a medidas disciplinarias, en parte por tradición corporativista, pero también porque las reglas de la Función Pública impiden aplicarlas. Los procedimientos de la Administración pública en nuestro país no están adaptados para una gestión eficiente de la ciencia y contribuyen a pervertir el sistema. Sería necesario llegar a cabo acciones para asegurarse que los investigadores conocen y se adhieren a las normas que dotan a su trabajo de credibilidad, ya que todos debemos estar convencidos de que solo tiene sentido una ciencia honesta y de calidad. Y debemos estar vigilantes para que cuando algo ocurre tenemos procedimientos para analizar los casos y se toman las medidas apropiadas de forma transparente y diligente.

Pere Puigdomènech es profesor de investigación ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) y expresidente del Comité de ética del CSIC

La caída de revistas fraudulentas destapa las vergüenzas de la ciencia ¿española... o mundial?

Publicado en El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2023-04-10/caida-revistas-fraudulentas-ciencia-espanola_3606764/

¿CÓMO LO ARREGLAMOS?

La caída de revistas fraudulentas destapa las vergüenzas de la ciencia española

Muchos investigadores, sobre todo de pequeñas universidades privadas, publican trabajos de escasa calidad en revistas que ahora son señaladas por sus malas prácticas

Por José Pichel
10/04/2023 

  Los científicos obtienen financiación, tanto pública como privada, para realizar investigaciones que amplían nuestros conocimientos y contribuyen a solucionar problemas. Los resultados, examinados por otros expertos, se comparten en revistas especializadas. Estas publicaciones sirven, a su vez, para evaluar la calidad del trabajo realizado por los investigadores y concederles nuevos proyectos que les permitan continuar con su carrera científica y aumentar sus contribuciones a la sociedad. Sobre el papel, no parece un mal procedimiento, pero como cualquier sistema, es susceptible de llegar a pervertirse y corromperse. Los ejemplos abundan.

Las revistas cobran barbaridades por la publicación de artículos y por las suscripciones de las universidades y los centros de investigación que los producen, lucrándose con dinero público y alimentándose del trabajo gratis de los científicos que revisan los artículos. Al mismo tiempo, los investigadores se ven presionados para publicar a toda costa, especialmente al inicio de sus carreras, ahogados por sistemas burocráticos tan absurdos como inflexibles que exigen resultados inmediatos en medio de una competencia feroz; y no falta quienes se aprovechan de su situación para vender servicios fraudulentos, como la publicación de estudios falsos que engordan los currículos. El lío es monumental y parece poner en cuestión la forma de crear y compartir conocimiento más sólida y fiable que ha inventado el ser humano. Un caso reciente ilustra muy bien la situación y, además, pone el foco en la ciencia española. 

El pasado 20 de marzo, la Web of Science expulsó a un gran número de revistas de sus listados. Este servicio online de información científica, que pertenece a la empresa Clarivate Analytics, es una colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas. Además, incluye herramientas destinadas a analizar la relevancia de las revistas científicas, como el Journal Citation Report (JCR). A día de hoy, en la mayor parte de los procesos de evaluación científica en todo el mundo se utiliza otro de sus indicadores más destacados, el factor de impacto, que es el patrón oro para la evaluación de la investigación y los investigadores. No es una novedad que alguna publicación se caiga cada año por distintos motivos, pero esta vez llama la atención que hayan sido 82. Por eso, dos expertos han querido analizar cómo afecta este fenómeno a la ciencia producida en España y han sacado conclusiones realmente jugosas que ya han colgado en internet. 

Los expertos en documentación científica Ángel Delgado Vázquez, investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Rafael Repiso, de la Universidad de Málaga, destacan en su análisis que una de las revistas expulsadas es International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), que aglutina el mayor número de trabajos españoles de los dos últimos años y que, además, es la segunda revista del mundo en producción total en el año 2022. Es probable que su amplia temática, que abarca casi cualquier aspecto relacionado con la salud y el medio ambiente, ayude mucho a tener esos resultados. Esta publicación pertenece a la editorial MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), que ya ha sido cuestionada por la calidad de la revisión por pares y criticada por impulsar la cantidad frente a la calidad como una forma de hacer dinero. Un dato llama especialmente la atención y deja en mal lugar a la ciencia española: mientras que en el conjunto de las revistas científicas los artículos firmados por autores españoles no llegan al 3,5%, en el caso de la cuestionada editorial MDPI casi llegan al 11%. 

El coste de publicar un artículo ronda los 1.800 euros, según calculan estos autores, ya que esa información no es pública. De esta manera, el presupuesto que ha destinado España a difundir resultados científicos en las revistas que han sido expulsadas ahora de la Web of Science supera ampliamente los 12 millones de euros en los últimos cinco años, ya que suman más de 7.000 artículos (la inmensa mayoría, en una sola publicación, IJERPH, con 5.437). Todo ese dinero sale de los fondos destinados a proyectos de investigación españoles, tanto de planes nacionales como europeos.

Los responsables de Clarivate han explicado que están usando un sistema de inteligencia artificial para detectar conductas fraudulentas y que han identificado en torno a 500 posibles casos. Por el momento, no han aclarado los motivos por los que han sido expulsadas las 82 revistas de este año, pero el intercambio de citas y el exceso de autocitas, conductas que inflan de manera artificial los indicadores, han sido los más importantes en otras ocasiones. Con el sistema creado para las revistas tradicionales, a más citas promedio, los autores mejoran su reputación. "Por eso, algunas revistas, editoriales y a veces los propios autores deciden tirar por la calle de en medio y generar citas artificiales para posicionarse mejor, principalmente autocitas", explican Delgado y Repiso en declaraciones a El Confidencial. 

En el documento que han compartido en internet, Delgado y Repiso recuerdan que las malas prácticas, en algunos casos, son bien conocidas y denunciadas, pero van a más en los últimos años. Uno de los párrafos de su análisis resulta especialmente demoledor, cuando resumen la situación asegurando que las revistas fraudulentas como IJERPH "atraen a una legión de investigadores, oportunistas, que bajo la promesa de una revisión fácil y rápida, no dudan en gastar dinero, casi siempre ajeno y público, en blanquear como artículos de impacto trabajos que difícilmente tendrían cabida en las tradicionales revistas de prestigio". 

¿Qué pasa con las pequeñas universidades privadas? 

Pero ¿quiénes recurren a esta vía? Probablemente, esta es la parte que más va a dar que hablar de todo el trabajo. Los autores elaboran una clasificación con las universidades que tienen un mayor porcentaje de producción científica en las revistas expulsadas y todas siguen un patrón: las cinco primeras son pequeñas y privadas, "con poco músculo científico", aclaran, "las que suelen ocupar las últimas posiciones en los rankings", si es que aparecen: la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Europea del Atlántico, la Loyola de Andalucía y la Europea de Madrid.

Si vamos al número total de artículos publicados, ya aparecen universidades públicas (Granada, Valencia, Extremadura, Sevilla y Almería), aunque en alguno de estos casos el dato es poco significativo, debido a que se trata de instituciones que publican mucho y el porcentaje de su producción en IJERPH es realmente pequeño con respecto al total. En cualquier caso, las que salen mejor paradas porque casi no publican en esta revista son las tres grandes universidades de Cataluña (Politécnica, Autónoma y Barcelona) junto con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Navarra. 

¿Qué nos revelan estos datos? Según los autores, ha habido universidades privadas que han comenzado a investigar y publicar masivamente de manera muy reciente. El motivo es que están presionadas por la legislación más nueva (sobre todo, por el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios). "Establece condiciones muy estrictas en cuanto a resultados de investigación para poder conceder o retirar autorizaciones para poder expedir títulos universitarios", comentan. Por eso, no investigar y no demostrar que lo están haciendo amenaza su negocio. El problema es que "una estructura científica productiva no se crea de la noche a la mañana, por lo que hay una gran tentación de utilizar atajos para tener resultados rápidos", opinan Delgado y Repiso. En todo caso, tanto estas como algunas de las públicas que señala su estudio "son centros pequeños donde quizá la producción en determinadas revistas se diluye menos entre el total de la producción", recuerdan. 

La clave del problema y las soluciones 

Al margen de este caso puntual que afecta a ciertas instituciones, lo cierto es que se ha establecido un círculo perverso: los investigadores consiguen fondos públicos, invierten gran parte de ellos en publicar trabajos de escasa calidad con los que financian revistas fraudulentas, lo que a su vez les permite avanzar en su carrera. Sin embargo, no realizan aportaciones relevantes a la ciencia. ¿Dónde está el punto clave? Los expertos creen que en la evaluación. Los investigadores sufren una gran presión por publicar y una alta competitividad para conseguir puestos estables. A partir de ahí, "algunos buscan su particular dieta milagro en ciertas revistas". Para ello usan tanto fondos públicos como fondos propios (no todos los investigadores tienen financiación adicional, sobre todo aquellos que están comenzando). Siguiendo con la metáfora, "algunas publicaciones prometen perder peso sin pasar por el gimnasio", es decir, que tienen "una baja tasa de rechazo, tiempos de revisión y publicación muy por debajo de la media, entre otros factores". Para alguien que tiene prisa "es una oferta excelente", aseguran. Por otra parte, "en España apenas se persiguen los deméritos científicos, y al no tipificarse y penalizarse se están incentivando". Publicar es parte esencial del trabajo científico. (Reuters) 

El llamado publish or perish (publicar o perecer) es un problema mundial, "aunque en España la presión es más por publicar en determinadas revistas que por publicar mucho", destacan los autores del análisis. En ese sentido, tanto IJERPH como otras revistas abren una puerta a publicar en el grupo de revistas "escogidas", con "tiempos de revisión más rápidos y con una tasa de aceptación más alta, lo que las hace muy atractivas". 

¿Qué pasará con los artículos expulsados de la base de datos de la Web of Science? "Con la normativa actual española, seguirán siendo valorados, puesto que esta revista permanece en posiciones destacadas de Scopus", otro producto análogo que también se usa como referente en la evaluación. En cualquier caso, los autores del análisis se felicitan de que hace pocos días la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) se ha adherido a las declaraciones de DORA y CoARA, que "priorizan evaluaciones más profundas, relativizadas a los trabajos científicos". ¿Será esta la solución? En realidad, aún no se sabe qué cambios prácticos va a tener esto en las actuales evaluaciones. 

Más allá del problema de la evaluación de los investigadores, Delgado y Repiso hacen otra propuesta: recuperar las riendas en los canales de publicación de resultados, esto es, "dotarse de plataformas que permitan comunicar la ciencia con un menor coste para todo". En ese sentido, "tenemos que ser proactivos e invertir en nuestras revistas, y no solo en la edición, sino también en el control de la calidad de las mismas". Las revistas españolas "deben ser una alternativa a los grandes monopolios editoriales", aseguran, una tarea para la que "tenemos los equipos humanos, pero nos faltan los recursos". 

En cualquier caso, a pesar de todos los problemas, el sistema de publicaciones que sustenta la actividad científica sigue más vivo que nunca. "Vivimos, si acaso, tiempos de ajuste", admiten. "Se están produciendo y se van a producir cambios significativos, pero tienen más que ver con adaptar el sistema para que siga cumpliendo su verdadero fin, el de diseminar el conocimiento científico y permitir la conversación entre investigadores y el avance de la ciencia". De hecho, las revistas científicas tradicionales salen reforzadas de ciertas polémicas. "La inmensa mayoría de editoriales y publicaciones aplican procesos editoriales exquisitos y no hay que olvidar que son los propios científicos, mediante la evaluación por partes, los verdaderos garantes de la calidad de lo publicado. El prestigio es un intangible muy preciado para las revistas científicas, en algunos casos han tardado décadas en adquirirlo, por eso es mucho más difícil que lo pierdan", añaden.