Publicado en THE Times Higher Education
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El gran debate sobre la deuda estudiantil
¿Provocará el renovado debate sobre los préstamos estudiantiles en el Reino Unido otro “youthquake”?Los debates sobre la deuda de los graduados han explotado en las últimas semanas en medio de la preocupación por saldos que continúan aumentando incluso cuando los egresados intentan pagarlos. ¿Se ha convertido el sistema en un “monstruo de Frankenstein” que los políticos se apresurarán a destruir? Juliette Rowsell informa.
Publicado el 19 de febrero de 2026
Última actualización: 19 de febrero de 2026
Juliette Rowsell
Twitter: @JulietteRowsell
Cuando Lydia Royce tomó su licencia de maternidad el año pasado, su deuda estudiantil era la menor de sus preocupaciones. Pero después de que el mes pasado estallaran conversaciones nacionales sobre el sistema de préstamos estudiantiles en Inglaterra y Gales, Royce decidió revisar su saldo. Quedó horrorizada al descubrir que, a pesar de haber aceptado una baja voluntaria durante su licencia de maternidad —y, por lo tanto, haber ganado menos durante el año que el umbral de reembolso—, la deuda de su préstamo había aumentado en 1,900 libras esterlinas, incluso mientras luchaba por llegar a fin de mes con pagos de maternidad legales que ni siquiera cubrían su hipoteca, mucho menos sus gastos de vida.
“Simplemente pone de relieve lo ridículo que es el interés que se le añade, ¿no?”, declaró a Times Higher Education.
Las columnas de los periódicos británicos, las ondas radiales y las redes sociales se han inundado en las últimas semanas con políticos, periodistas y activistas debatiendo los méritos del llamado sistema de matrícula Plan 2, introducido en 2012, cuando el límite de las tasas de matrícula en Inglaterra casi se triplicó, pasando de 3,225 a 9,000 libras esterlinas por año. Ese mismo año, en Gales aumentó de 1,175 a 3,465 libras para estudiantes domiciliados en Gales —o a 9,000 libras para aquellos provenientes de otras partes del Reino Unido; en 2018, las tasas para estudiantes domiciliados en Gales también aumentaron hasta un máximo de 9,000 libras, aunque se ofrecieron subvenciones para compensar el costo a estudiantes de bajos ingresos.
Un diputado laborista, Luke Charters, dijo el mes pasado en el Parlamento que el sistema de tasas universitarias se ha convertido en un “monstruo de Frankenstein”. Señaló que las condiciones de reembolso de los préstamos Plan 2 —que exigen a los estudiantes pagar el 9 % de sus ingresos por encima de un umbral de 28,470 libras— son “innecesariamente complejas”.
Añadió que están “llenas de características absurdas, como cobrar tasas de interés más altas a quienes podrían llegar a ganar más”, en referencia a la tasa de interés de 3 % más el índice RPI (Retail Price Index) aplicada a graduados que ganan más de 51,245 libras (quienes ganan menos solo pagan el RPI después de dejar la universidad).
“A los prestatarios del Plan 2, incluyéndome a mí, nunca se nos explicó claramente que mayores ingresos de los graduados significaban mayores intereses del préstamo”, afirmó Charters.
“Como exregulador de la FCA [Financial Conduct Authority], aunque las regulaciones de la FCA no se aplican a los préstamos estudiantiles, déjenme decirles que, en mi sincera opinión, la comunicación sobre los reembolsos de préstamos estudiantiles, donde los ingresos están vinculados a las tasas de interés, parece una especie de escándalo de venta engañosa esperando a estallar”.
Charters forma parte de una generación emergente de políticos millennials que están pagando préstamos Plan 2. Con la ayuda de colegas de edad similar en los medios de comunicación, están devolviendo a la agenda política un tema que muchos observadores consideraban resuelto.
La decisión de la canciller Rachel Reeves en el presupuesto de otoño de 2025 de congelar el umbral de reembolso de préstamos estudiantiles durante los próximos tres años en Inglaterra parece haber sido la chispa para reconsiderar todo el concepto de préstamos estudiantiles en el Reino Unido, aunque el gobierno galés ha dicho que no congelará el umbral de reembolso y los estudiantes de Irlanda del Norte todavía solicitan préstamos “Plan 1”, cuya tasa de interés es la menor entre el RPI o la tasa base del Banco de Inglaterra más 1 %.
En medio de una crisis de financiamiento y de un creciente escepticismo sobre el valor de un título universitario, muchas universidades británicas seguramente estarán nerviosas por el efecto que este debate pueda tener en las solicitudes de ingreso universitario en los próximos meses y años.
Con las cuotas anuales de matrícula situadas ahora en 9,535 libras esterlinas, los estudiantes en Inglaterra se gradúan actualmente con una deuda promedio de 53,000 libras. Los intereses se cobran desde el momento en que se adquiere el préstamo y, como pone de manifiesto la historia de Royce, continúan acumulándose incluso si los graduados pierden su empleo, toman una baja por enfermedad o disfrutan de licencia de maternidad. Como resultado, dos tercios de los graduados británicos acumularon más intereses de los que lograron pagar durante el año fiscal 2024-2025, según una investigación de The Times. En total, el año pasado se añadieron 15,200 millones de libras en intereses a los préstamos estudiantiles, mientras que solo se reembolsaron 5,000 millones.
Los graduados con préstamos Plan 2 que ganan 100,000 libras tienen una tasa marginal de impuestos de aproximadamente el 69 %. Esta cifra es aún mayor si también tienen un préstamo de posgrado, el cual se cobra al 6 % de los ingresos superiores a 21,000 libras, un umbral que no ha aumentado en una década a pesar de la elevada inflación y del estancamiento salarial durante ese periodo.
Pero los arquitectos del sistema continúan insistiendo en que es justo. Hablando en 2010, David Willetts, entonces ministro de Universidades y Ciencia, afirmó que el sistema de educación superior del Reino Unido tenía “muchas fortalezas”, pero necesitaba un mayor enfoque en la experiencia estudiantil, la ampliación del acceso y una financiación sostenible.
En una declaración ante la Cámara de los Comunes, señaló que reemplazar casi por completo las subvenciones para enseñanza con préstamos estudiantiles ofrecía “un futuro próspero para las universidades, con mayores libertades y menos burocracia”, y garantizaba “una buena relación calidad-precio y una verdadera capacidad de elección para los estudiantes”.
Willetts declinó ser entrevistado para este artículo, pero ha defendido consistentemente el sistema de préstamos estudiantiles como la única forma realista de financiar un sistema de educación superior masificado. Y en una reciente publicación de blog, Nick Hillman, entonces asesor especial de Willetts, argumentó que la tasa de interés por encima de la inflación aplicada a los graduados con mayores ingresos en los préstamos Plan 2 era “su característica más progresiva”, ya que “garantiza que los graduados con mejores ingresos no liquiden rápidamente su deuda y, en cambio, continúen pagando durante más tiempo”.
Hillman, quien actualmente es director del Higher Education Policy Institute, añadió:
“Mientras continúan las discusiones, no pretendamos que esta nueva campaña sea otra cosa distinta a lo que realmente es: un ataque contra la característica más progresiva del (antiguo) sistema de préstamos estudiantiles de Inglaterra por parte de quienes han logrado salarios superiores al promedio gracias a sus títulos universitarios”.
La aclaración entre paréntesis —“antiguo”— se refiere al hecho de que los préstamos Plan 2 fueron reemplazados para los nuevos prestatarios en Inglaterra en 2023 por los préstamos Plan 5, los cuales solo cobran intereses en línea con el índice RPI (Retail Price Index).
Hillman afirmó que la cobertura mediática sobre el tema ha parecido irresponsable porque transmite a las personas que actualmente tienen ofertas universitarias la idea de que la educación superior no vale la pena, ignorando además la prima salarial que normalmente ofrece un título universitario.
Sin embargo, Aaron Porter, quien fue presidente de la National Union of Students (NUS) en 2010, cuando se anunció la triplicación de las tasas universitarias, declaró a Times Higher Education que los préstamos Plan 2 han sido “una bomba de tiempo” desde el momento en que fueron introducidos, en medio de protestas masivas estudiantiles.
“Francamente, me sorprende que haya tardado tanto tiempo en existir tanto reconocimiento público como político sobre la magnitud del problema del sistema de préstamos estudiantiles”, dijo Porter, quien posteriormente ha ocupado diversos cargos en consejos universitarios y funciones de asesoría.
En su opinión, las universidades renunciaron a sus subvenciones para la enseñanza “demasiado fácilmente” y “cerraron los ojos” ante el impacto que esto tendría sobre los estudiantes: “nunca apreciaron plenamente que las propias universidades serían cuestionadas sobre la relación calidad-precio de una manera mucho más enérgica de lo que había ocurrido anteriormente”.
La mayor preocupación de Porter en ese momento era que las reformas “alteraron fundamentalmente el pacto entre el Estado, el individuo y las universidades” respecto a cómo debía financiarse la educación superior:
“Asistí a reuniones en las que los vicecancilleres entregaban las subvenciones para enseñanza a cambio de mayores tasas de matrícula, y fueron muy cortoplacistas al no ver cómo eso terminaría perjudicándolos.”
El actual vicepresidente de educación superior de la National Union of Students (NUS), Alex Stanley, también considera “nada sorprendente” que el tema haya regresado al centro de la agenda política quince años después, dado que actualmente hay 4.1 millones de graduados con préstamos Plan 2, muchos de los cuales tienen dificultades para acceder a una vivienda y formar una familia debido a la crisis del costo de vida.
Además, la decisión de Inglaterra de congelar durante tres años, a partir de abril, los umbrales de reembolso de los préstamos Plan 2 en 29,385 libras significa que un sistema ya “absolutamente brutal” “solo está empeorando”, afirmó Stanley:
“Creo que ha llegado el punto en que la gente está harta.”
Incluso Martin Lewis, el conocido experto en finanzas personales que generalmente se muestra favorable a la idea de los préstamos estudiantiles contingentes al ingreso, ha criticado duramente la congelación de los umbrales, calificándola como “una violación de la justicia natural” y un “impuesto encubierto”.
Añadió que los graduados que asistieron a la universidad entre 2012 y 2015 deberían sentirse especialmente agraviados por la política gubernamental, ya que durante ese periodo el gobierno había prometido explícitamente aumentar el umbral de acuerdo con los ingresos promedio, algo que finalmente no ocurrió.
Hablando en el programa Newsnight de la BBC, señaló que “cambiar unilateralmente las condiciones” del préstamo de esta manera “no estaría permitido para ningún prestamista comercial: iría en contra de todas las formas de legislación de protección al consumidor. Es una violación del contrato y una violación de la promesa”.
En su blog más reciente sobre el tema, Hillman se quejó de que el debate sobre los préstamos estudiantiles continúa indefinidamente a pesar de que nadie parece ponerse de acuerdo sobre cuál es exactamente el problema —ni sobre su solución—.
“Creo que la conversación actual revela algo importante: la gente sabe que no le gusta el sistema que tenemos, pero aparentemente no tiene una idea real de cómo sería una gran reforma del mismo”, escribió.
“Quizá la ira generalizada entre los graduados más jóvenes realmente provenga de una sensación más amplia de desigualdad intergeneracional.”
Y Hillman y Willetts no son los únicos arquitectos del sistema actual que continúan insistiendo en que cualquier problema del mismo se debe a los detalles de las condiciones de reembolso, más que al concepto general de préstamos estudiantiles contingentes al ingreso.
Bruce Chapman, quien diseñó el primer sistema de este tipo, implementado en Australia en 1989, declaró a Times Higher Education que los préstamos contingentes al ingreso siguen siendo la forma más justa de financiar la educación universitaria.
Bajo estos sistemas, utilizados también en Nueva Zelanda y Hungría, “todo el mundo puede matricularse y no pagar nada por adelantado”, afirmó, sin crear barreras de acceso para los estudiantes más pobres, mientras que los reembolsos solo comienzan una vez superado un umbral de ingresos, representan la misma cantidad mensual independientemente del nivel de deuda y se cancelan después de un periodo fijo.
En contraste, bajo el sistema estadounidense de préstamos estudiantiles “tipo hipoteca”, es posible incumplir con los pagos de los préstamos, y esto “arruina el historial crediticio de las personas”.
Además, la tasa de incumplimiento es “extraordinaria”, dijo Chapman, alcanzando el 60 % en Tailandia, el 50 % en Colombia y “al menos” el 20 % en Estados Unidos, donde aproximadamente 12 millones de personas en incumplimiento no pueden obtener préstamos para otros fines porque los bancos las consideran “demasiado riesgosas”.
“Aunque, en mi opinión, las deudas en Inglaterra son demasiado altas y las tasas de interés son incorrectas, ustedes aún conservan la esencia correcta”, afirmó Chapman.
“La mayoría de la gente no llega a esa conclusión porque no entiende cuál es la alternativa.”
Sin embargo, Stanley, de la NUS, argumentó que sería “un verdadero error” que el gobierno británico “ignorara” la deuda estudiantil, y criticó a la canciller Rachel Reeves por describir recientemente el sistema actual como “justo y razonable”.
“Es increíblemente frustrante escuchar eso de un grupo de políticos que pagaron tasas universitarias muy bajas o ninguna tasa en absoluto y [de] políticos que además tuvieron acceso a subvenciones de manutención, lo que significaba que su carga de deuda era aún menor”, afirmó.
Un diputado laborista, que pidió no ser identificado, cree que el descontento con los préstamos estudiantiles es un tema sobre el cual el gobierno laborista podría liderar, siempre y cuando actúe con decisión. Señaló que el gobierno “puede aprender lecciones internacionales”, describiendo como “transformadora” la exitosa promesa electoral del Partido Laborista australiano el año pasado de reducir en un 20 % la deuda estudiantil de los graduados.
Chapman, quien es profesor emérito de economía en la Universidad Nacional Australiana, también dijo que “no tiene ninguna duda de que esto influyó en el comportamiento electoral”, a pesar de que la medida no ofrecía por sí misma alivio inmediato a los graduados durante “muchísimos años”, ya que la reducción disminuirá los periodos de reembolso en lugar de reducir las cuotas mensuales (aunque el umbral de reembolso también fue elevado de 54,000 dólares australianos —28,000 libras esterlinas— a 67,000 dólares australianos, lo que se espera que ahorre al deudor promedio unos 680 dólares australianos al año).
Esto sugiere, dijo Chapman, que existe un impacto “psicológico” asociado al discurso sobre la deuda estudiantil que los economistas, incluido él mismo, asumían que no existiría si los pagos estuvieran condicionados al ingreso, condiciones que muchos sostienen hacen que el sistema se parezca más a un impuesto que a un préstamo comercial.
“A la gente no le gusta tener deudas”, señaló.
En ese sentido, vale la pena señalar que el líder laborista australiano Anthony Albanese está lejos de ser el único político que ha obtenido aparentes beneficios electorales gracias a promesas de reducir la deuda estudiantil. Una promesa similar fue un componente central de la exitosa candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en 2020. Jacinda Ardern llegó al poder en Nueva Zelanda en 2017 con la promesa de abolir las tasas universitarias —promesa que, una vez en el gobierno, fue reducida a cubrir únicamente el primer año de matrícula y recientemente trasladada al último año.
Y en ese mismo año, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn obtuvo el 61.5 % del voto de los menores de cuarenta años en las elecciones generales del Reino Unido tras prometer la abolición de las tasas universitarias. Ese resultado, popularmente descrito como un “youthquake” (“terremoto juvenil”), estuvo cerca de darle una victoria inesperada y asustó a la entonces primera ministra Theresa May, quien lanzó una revisión de las tasas universitarias que finalmente recomendó un tope de 7,500 libras en 2019, aunque nunca fue implementado por su sucesor, Boris Johnson.
El compromiso de Corbyn ha sido retomado recientemente por el líder del Partido Verde, Zack Polanski, quien considera que debería abrirse una conversación nacional sobre la condonación de la deuda estudiantil. Según las encuestas, su partido es actualmente el más popular entre los menores de cincuenta años.
Sin embargo, muchos comentaristas sostienen que el enorme costo para las finanzas públicas de cancelar la deuda estudiantil y reemplazar las tasas universitarias por subvenciones a la enseñanza no está justificado por los beneficios en términos de equidad, especialmente considerando el costo de oportunidad que supone negar financiación a otras áreas del gasto público, como las escuelas y los hospitales.
Actualmente, se prestan casi 21,000 millones de libras anuales a alrededor de 1.5 millones de estudiantes en Inglaterra. Los saldos pendientes de préstamos estudiantiles en Inglaterra alcanzaban los 267,000 millones de libras a finales de marzo de 2025, y se prevé que lleguen a unos 500,000 millones hacia finales de la década de 2040.
Las preocupaciones sobre las bajas tasas de reembolso impulsaron el reemplazo de los préstamos Plan 2 en Inglaterra. Así, aunque los préstamos Plan 5 solo cobran intereses alineados con el índice RPI (Retail Price Index), el periodo de reembolso se amplió de 30 a 40 años y el umbral de pago se redujo de las actuales 28,470 libras de los préstamos Plan 2 a 25,000 libras.
La conveniencia política de cubrir toda esa deuda mediante impuestos generales resulta aún más problemática en un momento en que el valor de un título universitario, en términos de preparar a los graduados para tener éxito en el mercado laboral, está siendo cada vez más cuestionado, sugieren algunos analistas.
Uno de esos escépticos es Paul Wiltshire, un estadístico retirado que ha calculado que, para muchos estudiantes con menor rendimiento académico previo, la prima salarial de ser graduado es, en el mejor de los casos, insignificante. Él sostiene que la educación superior “masificada” es “explotadora”, ya que ha creado un sistema donde los empleadores “discriminan” a quienes no poseen títulos universitarios, mientras que muchos graduados quedan atrapados con grandes deudas que no pueden pagar, creando una “trampa de deuda estudiantil” que está “desmoralizando a la nación”.
Wiltshire propone retroceder en el tiempo, limitar la asistencia universitaria al 15-20 % de la población y solo entonces reintroducir subsidios públicos para cubrir los costos de matrícula.
Como era de esperar, la NUS no respalda una reducción del tamaño del sistema de educación superior. En cambio, el sindicato estudiantil pide al gobierno abolir la congelación del umbral de reembolso (que también se aplica a los préstamos Plan 5), reducir la tasa de interés e introducir un límite vitalicio sobre el total de intereses que los graduados deben pagar.
Según Stanley, también debería reconsiderarse la indexación de los intereses al RPI, dado que este suele ser más alto que otras medidas de inflación, como el índice de precios al consumidor (CPI).
A pesar de los esfuerzos de Willetts y Hillman por asegurar que los estudiantes con mayores ingresos paguen más mediante la tasa de interés real aplicada a los préstamos Plan 2, Stanley señala que los estudiantes más ricos todavía pueden evitar completamente el pago de intereses abonando el monto total de la matrícula por adelantado. Por esa razón, Porter considera que debería contemplarse un gravamen para los estudiantes que lo hagan: “probablemente menor” que el total de intereses pagados durante el periodo de reembolso de 30 años, pero mucho mayor que cero.
La tasa de interés de los préstamos Plan 2 es “simultáneamente el principal motor y el principal obstáculo para… un sistema más progresivo”, afirmó Porter.
Sin embargo, argumentó que aunque esos cambios “fragmentarios” a los préstamos Plan 2 podrían generar “mejoras modestas en los márgenes”, no “harán realmente justicia a la magnitud del problema”. Considera que es necesario debatir la reintroducción de subvenciones para la enseñanza y abordar el “alto grado de volatilidad” del sistema de financiamiento universitario causado por la eliminación de los límites en el número de estudiantes.
“El actual sistema de préstamos estudiantiles es uno que estudiantes, graduados y el Tesoro consideran un mal sistema. Eso me dice claramente que es un sistema que ya superó su fecha de caducidad y necesita ser reconsiderado de manera fundamental”, dijo Porter.
La conversación sobre la deuda del Plan 2 no es solo abstracta: tiene una influencia real en las decisiones de los jóvenes y, por extensión, en la salud económica del país.
Stanley argumentó, por ejemplo, que algunos graduados podrían rechazar ascensos para evitar pasar a una tasa marginal de impuestos más alta de, actualmente, 6.2 %, lo que equivale a imponer un costo a la “aspiración”.
Y algunos graduados podrían incluso decidir mantenerse fuera del mercado laboral por completo.
Royce, quien originalmente debía regresar de su licencia de maternidad en marzo antes de aceptar una baja voluntaria, ha estado evaluando si vale la pena regresar al trabajo y de qué manera hacerlo. Concluyó que no le compensaba volver a tiempo completo debido a los costos de guardería para sus dos hijos pequeños, la hipoteca y, además, los pagos mensuales de 200 libras correspondientes a sus deudas universitarias y de posgrado. Por ello, decidió trabajar únicamente a tiempo parcial para mantener bajos los costos de cuidado infantil.
“Para algunas personas, 200 libras no es mucho dinero”, dijo, pero si no hubiera tenido que pagarlas, “las deducciones de mi préstamo estudiantil habrían cubierto aproximadamente la mitad de mi factura de guardería” para una semana laboral de cuatro días.
¿El consejo de Stanley para los graduados que experimentan este malestar?
“Sigan haciendo ruido”, dijo.
“Nunca había visto una conversación sobre deuda de graduados tan grande como esta, y todo surge del hecho de que realmente nos está afectando. Quienes estamos bajo el Plan 2 estamos viendo cómo nuestra deuda se dispara. Estamos sintiendo la presión. No podemos invertir en nuestro futuro. Y si seguimos manteniendo esta presión, puedo ver al gobierno cambiando de opinión sobre esto.”
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The great student debt debate
Will the UK’s revived student loans debate spark another ‘youthquake’?
Debates around graduate debt have exploded in recent weeks amid concern about balances that continue to inflate even as graduates seek to pay them down. Has the system become a ‘Frankenstein’s monster’ that politicians will rush to slay? Juliette Rowsell reportsPublished on February 19, 2026
Last updated February 19, 2026
Juliette Rowsell
Twitter: @JulietteRowsell
When Lydia Royce went on maternity leave last year, her student debt was the least of her concerns. But after national conversations suddenly erupted last month over England and Wales’ student loan system, Royce decided to check her balance. She was horrified to discover that despite having taken voluntary redundancy during her maternity leave – and, therefore, earning less over the course of the year than the repayment threshold – her loan debt had risen by £1,900, even as she struggled to make ends meet on statutory maternity payments that didn’t even cover her mortgage, let alone her living costs.
“It just highlights how ridiculous the interest being added to it is, doesn’t it?,” she told Times Higher Education.
The UK’s newspaper columns, airwaves and social media have been flooded in recent weeks by politicians, journalists and campaigners debating the merits of the so-called Plan 2 tuition fee system introduced in 2012, when the tuition fee cap nearly trebled in England from £3,225 to £9,000 per year. In the same year, it rose in Wales from £1,175 to £3,465 for Welsh-domiciled students – or £9,000 for those from elsewhere in the UK; in 2018, fees for Welsh-domiciled students were also raised to a maximum of £9,000, but with grants offered to offset the cost for students from a lower-income background.
One Labour MP, Luke Charters, told Parliament last month that the tuition fee system has become a “Frankenstein’s monster”. He said the repayment terms for Plan 2 loans – which see students repay 9 per cent of their earnings above a £28,470 threshold – are “needlessly complex”. He added that they are “riddled with ludicrous features, like charging higher interest rates to those who could go on to earn more” – referring to the interest rate of 3 per cent plus RPI charged to graduates earning more than £51,245 (those earning less than that are only charged RPI after they leave university).
“Plan 2 borrowers, including me, were actually never clearly told that the higher graduate earnings mean higher loan interest,” Charters said. “As a former FCA [Financial Conduct Authority] regulator, even though the [FCA] regulations don’t apply to student loans, let me tell you that in my honest view, the communication around student loan repayments, where income is linked to interest rates, feels like a sort of mis-selling scandal waiting to unfold,” he said.
Charters is one of an emerging cohort of millennial politicians who are repaying Plan 2 loans. With the help of similarly aged colleagues in the media, they are forcing back on to the political agenda an issue that many observers assumed had been settled. Chancellor Rachel Reeves’ decision in her 2025 autumn budget to freeze the student loan repayment threshold for the next three years in England appears to have been the spark for a reconsideration of the whole concept of student loans in the UK – even though the Welsh government has said it will not freeze the repayment threshold and students in Northern Ireland still take out “Plan 1” loans, whose interest rate is the lower of RPI or the Bank of England base rate plus 1 per cent.
Amid a funding crisis and increasing scepticism about the value of a degree, many UK universities will no doubt be nervous about the effect the debate may have on university applications in the months and years to come.
With annual tuition fees now at £9,535, students in England now graduate on average with £53,000 of debt. Interest is charged the moment the loan is taken out and, as Royce’s story highlights, continues to accrue even if graduates lose their job, take sick leave or go on maternity leave. As a result, two-thirds of British graduates accrued more interest than they repaid in the 2024-25 tax year, according to an investigation by The Times. Overall, £15.2 billion of interest was added to student loans last year, while only £5 billion was repaid.
Graduates with Plan 2 loans earning £100,000 have a marginal tax rate of about 69 per cent. This is even higher if they have a postgraduate loan, which is charged at 6 per cent of earnings above £21,000 – a threshold that has not increased in a decade despite high inflation and stagnating wages during that period.
But the architects of the system continue to insist that it is fair. Speaking in 2010, David Willetts, the minister for universities and science at the time, said the UK’s higher education system had “many strengths” but needed a greater focus on the student experience, widening access and sustained funding. In a statement to the House of Commons, he said that replacing teaching grants almost entirely with student loans offered a “thriving future for universities, with extra freedoms and less bureaucracy, and they ensure value for money and real choice for learners”.
Willetts declined to be interviewed for this article but he has consistently defended the student loans system as the only realistic way to fund a massified higher education system. And in a recent blog post, Willetts’ then special adviser, Nick Hillman, argued that Plan 2 loans’ above-inflation interest rate for the highest earners was their “single most progressive feature” since it “ensures better-off graduates do not extinguish their loan swiftly and instead go on paying back for longer”.
Hillman, who is now director of the Higher Education Policy Institute, added: “As the arguments rage, let’s not pretend the new campaign is anything other than what it is: an attack on the most progressive feature of England’s (old) student loan system by those whose degrees have helped them on to higher-than-average wages,” he wrote.
The parenthetical “old” refers to the fact that Plan 2 loans were replaced for new borrowers in England in 2023 by Plan 5 loans, which only charge interest in line with RPI. Hillman said that the media coverage of the issue has seemed irresponsible because it implies to people currently holding offers from universities that higher education is not worth it – also ignoring the earnings premium that a degree typically offers.
But Aaron Porter, who was the president of the National Union of Students (NUS) in 2010, when the tripling of tuition fees was announced, told Times Higher Education that the Plan 2 loans have been a “ticking time bomb” ever since they were introduced – amid mass protests from students.
“Frankly, I’m surprised it’s taken this long for there to be both public and political recognition of the scale of the problem of the student loan system,” said Porter, who has subsequently held a range of university board and advisory roles.
In his view, universities gave up their teaching grants “too easily” and “turned a blind eye” to the impact this would have on students: they “never fully appreciated that universities themselves would be questioned about value for money in a much more vociferous way than they had been previously”.
Porter’s biggest concern at the time was that the reforms “fundamentally altered the compact between the state, the individual and universities” about how higher education should be funded: “I sat in meetings where vice-chancellors offered up the teaching grant in exchange for higher tuition fees, and they were so short-sighted in not seeing how that would eventually come back to bite them.”
The NUS’ current vice-president for higher education, Alex Stanley, also considers it “not surprising” that the issue has shot back to the top of the political agenda 15 years on given that there are now 4.1 million graduates on Plan 2 loans, many of whom are struggling to get on the housing ladder and start a family because of the cost-of-living crisis. Moreover, England’s freezing of the repayment thresholds for Plan 2 loans at £29,385 for three years from April means that an already “absolutely brutal system” is “only getting worse”, Stanley said: “I think it’s got to the point where people are fed up.”
Even Martin Lewis, the high-profile consumer finance expert who is generally positive about the wisdom of taking out income-contingent student loans, has lambasted the threshold freeze as a “breach of natural justice” and a “stealth tax”. He added that graduates who attended university between 2012 and 2015 should feel especially aggrieved by government policy, as, during that period, the government had explicitly promised to increase the threshold in line with average earnings, which has not happened. Speaking on the BBC’s Newsnight programme, he said that “unilaterally changing the terms” of the loan in this way “would not be allowed for any commercial lender: it would go against all forms of consumer law. It’s a breach of contract, and it’s a breach of promise.”
In his most recent blog on the topic, Hillman complained that the debate of student loans drags on despite no one being able to agree on the precise problem – or its solution. “I think the current conversation reveals something important: people know they don’t like the system we have but seemingly have no real idea of what a big reform to it would look like,” he wrote. “Perhaps the widespread anger among younger graduates really stems from a wider sense of intergenerational inequity.
Nor are Hillman and Willetts the only architects of the current system to continue to insist that any problems with it come down to the details of repayment terms, rather than with the wider concept of income-contingent student loans. Bruce Chapman, who designed the first such system, implemented in Australia in 1989, told Times Higher Education that income-contingent loans remain the fairest form of university funding.
Under these systems, also used in New Zealand and Hungary, “everyone can enrol and pay nothing upfront”, he said, erecting no participation barriers for poorer students, while repayments only begin above an earnings threshold, account for the same amount per month regardless of debt levels, and are written off after a fixed period. By contrast, under the US’ “mortgage-style” student lending system, defaulting on loans is possible, and this “ruins people’s credit reputations”.
Moreover, the default rate is “extraordinary”, Chapman said, reaching 60 per cent in Thailand, 50 per cent in Colombia and “at least” 20 per cent in the US, where roughly 12 million defaulters can’t get a loan for other purposes because they’re seen by the bank as “too risky”.
“Even though, in my view, English debts are too high, and the interest rates are wrong, you’ve still got the essence right,” Chapman said. “Most people don’t come to that conclusion because they don’t understand the alternative.”
But the NUS’ Stanley argued that it would be “a real mistake” for the UK government to “ignore” student loan debt, and he criticised chancellor Rachel Reeves for recently describing the current system as “fair and reasonable”.
“It’s incredibly frustrating hearing that from a set of politicians who either paid very low tuition fees or no tuition fees and [from] politicians who had access to maintenance grants alongside that, meaning their debt burden was even lower,” he said.
One Labour MP, who asked not to be named, believes student loan dissatisfaction is an issue the Labour government could lead on – provided that it takes decisive action. They said the government “can draw lessons internationally”, describing as “transformative” Australian Labor’s successful election pledge last year to cut 20 per cent from graduates’ loan debt.
Chapman, who is emeritus professor of economics at the Australian National University, also had “no doubt that this affected voting behaviour” despite not itself offering any relief to graduates for “many, many years” because the cut will shorten repayment periods rather than lower monthly repayment levels (although the repayment threshold has also been raised from A$54,000 (£28,000) to A$67,000, which is expected to save the average debt holder about A$680 a year).
This suggests, Chapman said, that there is a “psychological” impact of talk of loan debt that economists, including himself, assumed would not apply if repayment was income-contingent – terms that many argue make it resemble a tax more than a commercial loan. “People don’t like debt,” he noted.
On that score, it is worth noting that Labor leader Anthony Albanese is far from the only politician to derive apparent electoral mileage from pledges to reduce student debt. Such a promise was a big plank of Joe Biden’s successful bid for the US presidency in 2020. Jacinda Arden swept into power in New Zealand in 2017 on a pledge to abolish tuition fees – scaled back, once she attained office, to only the first year of fees, recently switched to the final year. And in the same year, Jeremy Corbyn’s Labour Party received 61.5 per cent of the vote from the under-forties in the UK’s general election after promising to abolish tuition fees – a result, popularly described as a “youthquake”, that nearly saw him score an unlikely victory and spooked then prime minister Theresa May into launching a review of fees that ultimately recommended a cap of £7,500 in 2019 – but which was never implemented by her successor, Boris Johnson.
Corbyn’s commitment has recently been echoed by Green Party leader Zack Polanski, who believes there should be a national conversation around student debt forgiveness. His party is currently the most popular with the under-fifties, according to polls.
However, many commentators argue that the vast cost to the public purse of writing off student debt and replacing tuition fees with teaching grants is not justified by the equity gains, particularly given the opportunity cost of denying funding to other areas of public spending, such as schools and hospitals.
Currently, almost £21 billion per year is loaned to about 1.5 million students in England. Outstanding loan balances in England at the end of March 2025 totalled £267 billion, forecast to reach around £500 billion by the late 2040s. Concerns about low repayment rates drove the replacement of Plan 2 loans in England, so while Plan 5 loans only charge interest in line with RPI, the repayment period has been extended from 30 to 40 years and the repayment threshold lowered from the current £28,470 for Plan 2 loans to £25,000.
The political wisdom of covering all that debt out of general taxation is all the more fraught at a time when the value of a degree, in terms of preparing graduates for success in the job market, is increasingly being questioned, commentators suggest. One such sceptic is Paul Wiltshire, a retired statistician who has calculated that for many students with lower prior academic attainment, the graduate premium is negligible at best. He argues that “mass” higher education is “exploitative” as it has created a system where employers “discriminate“ against non-graduates, while many graduates are left with large debts that they can’t pay off – creating a “student debt trap” that is “demoralising the nation”. He advocates turning back the clock, capping university attendance at 15-20 per cent of the population and only then reintroducing public subsidies for tuition costs.
Unsurprisingly, the NUS does not endorse a downsizing of higher education. Rather, the union is calling on the government to abolish the freeze to repayment threshold (which also applies to Plan 5 loans), cut the rate of interest and introduce a lifetime cap on the total interest graduates pay. Indexing interest to RPI should also be re-examined, according to Stanley; given that this is typically higher than other measures of inflation, such as the consumer price index (CPI).
Despite Willetts’ and Hillman’s efforts to ensure that wealthy students pay more via the Plan 2 loans’ real rate of interest, Stanley notes that the wealthiest students are still able to bypass interest payments entirely by paying the full fee amount upfront. For that reason, Porter believes a levy should be considered for students who do so – “probably less” than the total interest paid over the 30-year repayment period, but a lot more than zero. The Plan 2 interest rate is “simultaneously the biggest driver [of] and barrier to…a more progressive system”, Porter said.
However, he argued that while such “piecemeal” changes to Plan 2 loans may make “modest improvements around the edges”, they won’t “really do justice to the scale of the problem”. He believes there needs to be conversations around reintroducing teaching grants and addressing the “high degree of volatility” in the university funding system caused by the removal of student number caps.
The current student loan system is one that “students, graduates and the Treasury all think is a bad system. That screams to me that it is a system that has singularly met its expiry date and needs to be fundamentally re-examined,” said Porter.
The conversation around Plan 2 debt is not just abstract – it has real influence on young people’s decisions – and, by extension, the country’s economic health. Stanley argued, for instance, that some graduates might turn down promotions rather than tip themselves into the higher marginal tax bracket of, currently, 6.2 per cent, amounting to a price on “aspiration”.
And some graduates may decide to stay out of the employment market entirely. Royce, who was originally due to be returning from maternity leave in March before she took voluntary redundancy, has been weighing up whether and how to return to the workplace. She concluded that it was not worth it to return full-time given the childcare costs for two young children, a mortgage and, on top of that, £200 monthly repayments on her undergraduate and postgraduate debt. Instead, therefore, she has chosen to work only part-time to keep childcare costs down.
“For some people, £200 is not a lot of money,” she said, but if she hadn’t had to pay them, “The deductions in my student loan would have covered around half of my childcare bill” for a four-day week.
Stanley’s advice to graduates experiencing the malaise? “Keep kicking up a fuss,” he said.
“I have not seen any conversation about graduate debt as large as this, and it all comes as a result of the fact that we are really being impacted. Those of us on Plan 2 are seeing our debt spiralling. We’re feeling the pinch. We’re not able to invest in our futures. And if we continue to put this pressure on, I can see the government changing their mind on this.”
