Publicado en American Association of University Professors - AAUP
https://www.aaup.org/news/new-report-extorted-compliance-charges-massive-extortion-racket-against-higher-ed
Nuevo informe denuncia una “red masiva de extorsión” contra la educación superior
Hoy publicamos un importante nuevo informe titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), en el que se expone cómo la administración de Donald Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de “pagar para obtener beneficios” (pay-to-play). Desde la Universidad de Columbia hasta la Universidad de Cornell y la Universidad de Brown, el informe muestra que los colegios y universidades están siendo obligados a pagar millones de dólares para recibir fondos federales destinados a investigación que, en realidad, ya les corresponden.
El informe constituye el primer análisis exhaustivo de cómo la administración ha aplicado a las universidades estadounidenses la misma estrategia que ha utilizado con despachos jurídicos y gobiernos extranjeros, presionando a las instituciones para que acepten los llamados acuerdos de cumplimiento (compliance agreements), los cuales las despojan del control sobre aspectos fundamentales como la admisión de estudiantes, la contratación de personal, los planes de estudio y la disciplina en los campus.
Asimismo, el informe destaca el denominado "Compact for Academic Excellence in Higher Education" (Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior), ofrecido inicialmente a nueve universidades seleccionadas y posteriormente al conjunto de las instituciones de educación superior del país. El documento sostiene que este pacto «puede considerarse un resumen del programa de Trump para la educación superior».
Las conclusiones del informe son contundentes:
«En la práctica, la educación superior estadounidense se ha convertido en el objetivo de una enorme red de extorsión.»
El informe fue elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia (Tenure) y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la American Association of University Professors (AAUP).
Además, concluye que, en decenas de casos, quienes debían impedir este tipo de extralimitación del gobierno federal —los consejos directivos universitarios y las administraciones institucionales— no lograron proteger la independencia académica.
Tras examinar la respuesta de instituciones como Columbia, Harvard, la Universidad de Virginia y Northwestern, el informe concluye que la mayoría de los fideicomisarios y administradores «en el mejor de los casos fueron tomados por sorpresa y reaccionaron sin preparación, y algunos incluso parecen haber recibido con agrado la intromisión del gobierno».
Como ilustran casos como el conflicto aún vigente entre las autoridades universitarias y estudiantes y profesores de Yale, la disposición de algunos administradores a aceptar estas exigencias de obediencia continúa siendo una pieza clave de la estrategia del gobierno federal para imponer sus condiciones a las universidades.
Henry Reichman, integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades y del subcomité conjunto responsable del informe, declaró:
«Estos hallazgos ponen de relieve la enorme amplitud con la que la administración Trump está intentando extorsionar a las instituciones de educación superior. Lo que este informe deja claro es que los esfuerzos de la administración Trump por transformar radicalmente las instituciones de educación superior se apoyan en una serie más amplia de ataques promovidos por comités del Congreso, gobiernos estatales, consejos directivos ineficaces y donantes privilegiados. La estrategia de la administración consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, estos diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida.»
El informe atribuye los únicos logros reales no a quienes dirigen las universidades, sino al profesorado.
Como señala el documento:
«Si ha existido algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»
Las acciones judiciales encabezadas por el capítulo de la AAUP en la Universidad de Harvard obligaron a la propia universidad a sumarse a una demanda que permitió restablecer miles de millones de dólares en fondos federales que habían sido congelados.
Paralelamente, una iniciativa impulsada por la AAUP, el Council of University of California Faculty Associations y diversos sindicatos universitarios llevó a un juez federal a prohibir que el gobierno condicionara la entrega de nuevos recursos federales a la realización de pagos adicionales.
Como concluye el informe:
«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»
El informe completo puede consultarse aquí.
…………………………………………………..
Publicado en ACADEME BLOG. The blog of Academe magazinehttps://academeblog.org/2026/07/22/read-the-aaups-report-on-extorted-compliance/
Lea el informe de la AAUP sobre el “Cumplimiento bajo extorsión”
Por Hank Reichman
Hoy la American Association of University Professors (AAUP) publicó un importante nuevo informe (major new report) titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades.
El informe expone cómo la administración Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de «pagar para obtener beneficios» (pay-to-play).
Con motivo de su presentación se celebró hoy una conferencia de prensa virtual en la que participaron el presidente de la AAUP, Todd Wolfson; la presidenta del Comité A, Rana Jaleel; y la presidenta del Comité sobre Gobernanza, Afshan Jafar. Como integrante tanto del Comité sobre Gobernanza como del subcomité responsable del informe, y además como uno de sus coautores, también intervine en la conferencia. Lo que sigue corresponde a mis comentarios iniciales durante dicha presentación, ligeramente editados.
Comenzaré explicando brevemente cómo el subcomité especial elaboró este informe.
Nuestro modelo inicial fue el informe publicado por la AAUP en 1956 sobre las violaciones a la libertad académica durante la Red Scare (la campaña anticomunista de la posguerra). Ese informe examinó la imposición de juramentos de lealtad, listas negras y el despido indebido de profesores en dieciocho colegios y universidades. En un principio pensamos realizar un trabajo similar: analizar cada institución por separado y, posteriormente, establecer paralelismos y extraer conclusiones generales.
Sin embargo, rápidamente quedó claro que la situación actual —la campaña de cumplimiento bajo extorsión impulsada por Trump— era diferente. Aunque en ocasiones pudiera parecer que avanzaba institución por institución, en realidad constituye un ataque gubernamental centralmente coordinado y sin precedentes, dirigido no solo contra las universidades seleccionadas como objetivo, sino contra el sistema de educación superior en su conjunto.
Por ello, necesitábamos ofrecer un relato mucho más amplio de cómo se ha desarrollado y continúa desarrollándose este ataque, uno que reconociera que solo puede comprenderse adecuadamente si, además de considerar las experiencias particulares de cada institución, se identifican y describen los elementos comunes que las atraviesan.
Asimismo, era necesario situar esta campaña dentro de un contexto más amplio de lo que el informe describe como «un ataque sin precedentes, destructivo y sostenido contra la educación superior y contra el profesorado, elemento central de su misión», procedente de múltiples frentes y que, a su vez, forma parte de una ofensiva más amplia contra la gobernanza democrática, la sociedad civil y el conocimiento mismo.
Por ello, el informe describe con cierto detalle cómo, para el momento en que Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia, «el sistema estadounidense de educación superior ya se encontraba profundamente afectado por una serie creciente de ataques externos, provenientes tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales». Posteriormente demuestra cómo la campaña de extorsión impulsada por Trump «consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, los diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida» que ya venían produciéndose.
Al considerar estos acontecimientos como una sola campaña de alcance nacional —creo que por primera vez— este informe ofrece un registro detallado y vívido de un momento crucial no solo en la historia de la educación superior estadounidense, sino también en la historia de la democracia en Estados Unidos.
Naturalmente, se trata de un momento que aún continúa, como lo demuestran, por ejemplo, los acontecimientos recientes ocurridos en Yale.
El informe relata los esfuerzos del gobierno, con demasiada frecuencia exitosos, por someter a prestigiosas instituciones académicas, prestando especial atención a Columbia, «el primer objetivo de la administración y la institución donde el acuerdo alcanzado resultó más gravoso».
También analiza los esfuerzos de Harvard y de la Universidad de California por resistir al gobierno en los tribunales, acciones que solo fueron posibles gracias a la movilización del profesorado y al liderazgo de la AAUP.
Asimismo, los acontecimientos ocurridos en universidades públicas de Virginia y en la Northwestern University ocupan un lugar destacado en el informe.
El documento examina igualmente el intento —hasta ahora infructuoso— de la administración por imponer su denominado «Compact for Academic Excellence» (Pacto para la Excelencia Académica).
El informe también formula importantes reflexiones acerca de las fortalezas y debilidades de la respuesta ofrecida por la educación superior frente a este ataque.
Tras examinar las acciones —y también las omisiones— de los consejos directivos y de las administraciones universitarias, el informe concluye que:
«La crisis planteada por la segunda administración Trump ha sido respondida con demasiada frecuencia mediante el silencio cuando era necesario alzar la voz, mediante la timidez cuando se requería valentía e incluso con entusiasmo por parte de quienes aprovecharon algunas de las exigencias gubernamentales como una oportunidad para imponer formas de gestión más autoritarias.»
Por otra parte, también constatamos que:
«Si existe algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»
Las organizaciones del profesorado han promovido todas las acciones judiciales emprendidas contra la campaña de extorsión de la administración Trump, con excepción de una sola.
Aunque el informe hace un llamado a «toda la comunidad de la educación superior —consejos directivos, administradores, profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados— para unirse frente al ataque actual», también concluye que:
«Esa unidad solo podrá alcanzarse si se abordan con mayor determinación los problemas reales que han surgido en las últimas décadas y —quiero subrayarlo— únicamente si el profesorado ocupa un lugar central en ese esfuerzo.»
De hecho, concluimos que:
«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»
Al concluir el informe retomamos aquel documento de la AAUP de 1956 sobre la Red Scare, en el que se reconocía:
«No podemos censurar el legítimo interés público por los colegios y universidades ni ignorar la enorme dificultad que enfrentan las administraciones académicas… Sin embargo, ceder un poco implica correr el riesgo de terminar sacrificándolo todo.»
A continuación, el informe de 1956 añadía:
«Consideramos que es deber de todos los integrantes de la comunidad académica mantenerse firmes en su posición, al mismo tiempo que procuran, con comprensión y paciencia, ampliar y profundizar el entendimiento público sobre la naturaleza de las instituciones académicas y sobre la dependencia de la sociedad respecto de una libertad intelectual plenamente preservada.»
Queda claro que una de las principales enseñanzas tanto del informe publicado hoy como del ataque burdo y descarado de la administración Trump contra la democracia y el conocimiento es que ese deber continúa vigente, aunque —como reconoce el propio informe—:
«El peligro actual es mucho mayor que en el pasado, porque el poder del Estado ha sido desplegado de manera implacable hasta un grado sin precedentes.»
Puede leer y descargar el informe completo Extorted Compliance aquí.
Hank Reichman es profesor emérito de Historia en la California State University, East Bay; exvicepresidente de la AAUP y expresidente de la AAUP Foundation; y fue presidente del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia de la AAUP entre 2012 y 2021. Su libro The Future of Academic Freedom, basado en parte en artículos publicados en este blog, apareció en 2019. Su obra Understanding Academic Freedom fue publicada en octubre de 2021, y una segunda edición apareció en marzo de 2025. Actualmente es integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la AAUP y presidente del At-Large Chapter de la asociación.
…………………………………………………..
New Report Charges “Massive Extortion Racket” Against Higher Ed
Today we are releasing a major new report—"Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance"—exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education. From Columbia University to Cornell University to Brown University, the report shows that colleges and universities are being forced to pay millions for federal research funding they are already owed.
The report is the first comprehensive account of how the administration has taken the same playbook it's used on law firms and foreign governments and turned it on American universities—pressuring institutions into so-called compliance agreements that strip them of control over admissions, hiring, curriculum, and campus discipline. It also highlights the administration's "Compact for Academic Excellence in Higher Education," offered first to nine hand-picked universities and then to every college in the country, which the report calls a document that "can be said to summarize the Trump program for higher education."
The findings are blunt: "US higher education has, in effect, become a target of a massive extortion racket."
Prepared by a joint subcommittee of the AAUP's Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance, the report also finds that in dozens of cases, the people who were supposed to stop this type of federal overreach—university boards and administrations—have failed to protect academic independence. Examining the response at Columbia, Harvard, the University of Virginia, and Northwestern, the report finds that most trustees and administrators "have at best been caught flat-footed, and some appear even to have welcomed governmental intrusion." As cases such as the continued fight between administrators and students and faculty at Yale illustrate, the compliance of administrators in these demands for obedience remains a key part of the federal administration’s strategy in forcing universities’ hands.
"These findings spotlight the enormous breadth with which the Trump administration is trying to shake down institutions of higher education," said Henry Reichman, member of the Committee on College and University Governance and the joint subcommittee who prepared the report. "What’s made clear in this report is that the Trump administration's efforts to upend higher education institutions builds upon a larger series of assaults on higher education by congressional committees, state governments, and feckless trustees and entitled donors. The administration’s effort consolidates and intensifies in a single coordinated campaign these disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom, and shared governance."
It's the faculty, not the people running these institutions, that the report credits with the only real wins. "If there has been a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign," the report emphasizes, "it has been the mobilization of the faculty." Litigation led by AAUP's own Harvard University chapter forced Harvard itself to join a suit that restored billions in frozen funding. A parallel effort by the AAUP, the Council of University of California Faculty Associations, and campus unions led a federal judge to bar the government from conditioning further support on new payments. As the report concludes, "Resistance has been, and will be, most effective—indeed, it may only be effective—when faculty members mobilize and take independent action."
…………………………
Read the AAUP’s Report on “Extorted Compliance”
BY HANK REICHMAN
Today the AAUP released a major new report—”Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance”—prepared by a joint subcommittee of Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education. An online press conference today featured AAUP President Todd Wolfson, Committee A chair Rana Jaleel, and governance committee chair Afshan Jafar. As a member of both the governance committee and the subcommittee and a co-author of the report, I also spoke. The following are my opening remarks at the presser, slightly edited.
I’ll begin by briefly describing how the special committee developed this report. Our initial model was the AAUP’s 1956 report on violations of academic freedom during the postwar Red Scare. That report examined the imposition of loyalty oaths and blacklists, and the improper dismissal of faculty members at 18 different colleges and universities. We at first thought we might do something similar: treat each institution separately and then draw a number of parallels and conclusions.
But it quickly became clear that the current situation, the Trump extorted compliance campaign, is different. The Trump campaign, while it may have appeared at times to proceed institution by institution, is in fact a centrally coordinated and unprecedented governmental assault not only on the universities directly targeted, but on higher education itself.
We therefore needed to provide a more comprehensive account of how this assault has been and is unfolding, one that recognized that it is best understood by acknowledging not only the specific experiences of individual institutions but by uncovering and recounting common threads.
Moreover, we needed to situate the campaign in a broader context of what the report calls “an unprecedented, destructive, and sustained attack on higher education and the faculty central to its mission” from multiple sources, which is in turn part of a broader assault on democratic governance, civil society, and knowledge itself. Hence the report describes in some detail how by the time Donald Trump took office for a second time “the US higher education system was already reeling from . . . an intensifying series of external assaults, including by both the federal and state governments.” The report then demonstrates how the Trump extortion campaign “consolidates and intensifies in a single coordinated campaign the disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom and shared governance” that preceded it.
By treating these events as a single national campaign – I believe for the first time – this report provides a vivid and detailed record of a crucial moment in the history not only of US higher education but of American democracy. It is, of course, a moment that continues, as recent developments at Yale, for one, illustrate. The report recounts the government’s too frequently successful efforts to bring prestigious institutions to heel, with special attention to Columbia, “the administration’s initial target and the institution where the agreement reached was most onerous.” We consider too efforts at Harvard and the University of California to resist the government in court, efforts led and made possible only by faculty action and AAUP leadership. Events at public universities in Virginia and at Northwestern University also play prominent roles. The report also examines the administration’s so far unsuccessful effort to impose its so-called “Compact for Academic Excellence.”
The report additionally makes important arguments about the strengths and weaknesses of higher ed’s response to this assault. Based on our examination of the actions – and inactions — of trustees and administrators, the report concludes that “the crisis posed by the second Trump administration has too often been met by silence when there is a need to speak out, by timidity when boldness is called for, and even by enthusiasm on the part of those who have seized on some of the government’s demands as an opportunity to impose more autocratic management.”
On the other hand, we also find that “if there is a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign, it has been the mobilization of the faculty.” Faculty organizations have initiated all but one of the legal actions against the Trump administration’s extortion. While the report calls on “the entire higher education community – trustees, administrators, faculty members, staff, students, and alumni – to unite against the current assault,” we also conclude that “such unity will be won only if the real problems that have emerged in recent decades are more resolutely addressed and” – here I must stress – “only if the faculty is central to that effort.” In fact, we conclude, “Resistance has been, and will be, most effective – indeed, it may only be effective – when faculty members mobilize and take independent action. “
In closing our report, we returned to that 1956 AAUP report on the Red Scare, which acknowledged, “We cannot censure the justified public interest in colleges and universities or be unmindful of the extremely difficult task confronting academic administrations . . . Yet, to yield a little is . . . to run the risk of sacrificing all.”
The 1956 report went on, “We deem it to be the duty of all elements in the academic community . . . to stand their ground firmly, even while they seek, with patient understanding, to enlarge and deepen popular comprehension of the nature of academic institutions and of society’s dependence upon unimpaired intellectual freedom.” Clearly, a lesson of the report released today and of the Trump administration’s crass and brazen assault on democracy and knowledge is that this duty endures, even if, as the report acknowledges, “the danger today is much greater than in the past because the power of the state has been ruthlessly unleashed to an unprecedented degree.”
Read and download the full “Extorted Compliance” report here.
Contributing editor Hank Reichman is professor emeritus of history at California State University, East Bay; former AAUP vice-president and chair of the AAUP Foundation; and from 2012-2021 Chair of AAUP’s Committee A on Academic Freedom and Tenure. His book, The Future of Academic Freedom, based in part on posts to this blog, was published in 2019. His Understanding Academic Freedom was published in October, 2021; a second edition came out in March 2025. He is a member of AAUP’s Committee on College and University Governance and President of the At-Large Chapter.
