Publicado en El País
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Gabriela Warkentin conversa con Carlos del Río, profesor de la Universidad de Emory, sobre las implicaciones de los recortes a los fondos destinados a la investigación científica
15 ABR 2025
Estados Unidos se ha convertido en un centro de investigación a nivel mundial, en donde el dinero público es fundamental, por decisión ejecutiva, desde hace varias décadas. En ese país, cuyas investigaciones han servido a la humanidad, hoy sus universidades están bajo un ataque brutal por parte del Gobierno de Donald Trump, con castigos por haber permitido protestas propalestinas y no haber “controlado” el antisemitismo, por ser lugares predominantemente —aunque no solo— liberales y progresistas, por ser espacios en donde la diversidad y la inclusión se convirtieron en bandera.
En este episodio de Al habla…, Gabriela Warkentin conversa sobre el tema con Carlos del Río, profesor de Medicina en la Universidad de Emory, en Atlanta, sobre las implicaciones de los recortes a los fondos destinados a la investigación científica. El académico asegura que el presidente Trump se ha dado cuenta que los recursos que van a las universidades también puede ser una manera de controlarlas.
“Es decir, puede decirle a las universidades: no me gusta lo que estás haciendo, lo que estás enseñando, cómo admites estudiantes; no me gusta la manera en que críticas al Gobierno y, por tanto, voy a quitarte ese dinero”, explica Del Río.
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Publicado en El País
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Estados Unidos congela fondos a otras dos universidades con el argumento de luchar contra el antisemitismo
Cornell y Northwestern se suman a cinco instituciones de élite a las que el Gobierno ha retirado subvenciones y contratos federales como medida de presión
La ofensiva de la Administración que dirige el presidente Donald Trump contra las universidades ha dado un paso más este martes, tras anunciarse la congelación de fondos federales a la de Cornell, por más de 1.000 millones de dólares (unos 908 millones de euros), y a la de Northwestern (790 millones de dólares). La pausa en la financiación afecta principalmente a subvenciones y contratos con los departamentos de Agricultura, Defensa, Educación y Salud y Servicios Humanos, informaron dos funcionarios amparados en el anonimato al diario The New York Times.
Estas medidas son las últimas de una campaña cada vez más intensa contra las universidades de élite del país, que se ha saldado con la suspensión o cancelación de fondos federales por valor de más de 3.300 millones de dólares. Las subvenciones y contratos del Gobierno federal suponen la vía de financiación más importante para las instituciones de élite, y su pausa, debida a investigaciones sobre la respuesta de los rectorados a supuestas manifestaciones de antisemitismo en sus campus, un eficaz modo de presión para lograr concesiones y controlar la difusión de opiniones críticas o contrarias a Israel.
Hasta este martes, cinco universidades habían sido objeto del castigo de la Administración republicana. La primera fue, el pasado 7 de marzo, Columbia, que ha visto comprometidos fondos por valor de 400 millones; luego siguieron Pensilvania (150 millones, el castigo por un programa de deporte que incluía a estudiantes transgénero), Harvard (9.000 millones), Princeton (becas para programas de investigación valoradas en total en 210 millones) y Brown, que el pasado viernes vio pausada la entrega de 510 millones. Este mismo martes, el Departamento de Comercio ha anunciado la retirada de casi cuatro millones de dólares adicionales a Princeton para financiar programas sobre el cambio climático, otra de las bestias negras DEI (siglas inglesas de los programas de diversidad, equidad e inclusión) de la Casa Blanca. La medida obedece, según el comunicado de Comercio, a “racionalizará y reducir el coste y el tamaño del Gobierno federal, en consonancia con la promesa del presidente Trump para su Administración”.
Las universidades se enfrentan a dos duras opciones: doblegarse ante la Administración de Trump, como en teoría ha hecho Columbia, o contratacar, arriesgándose a perder esos fondos. El Gobierno federal aún tiene que restaurar los 400 millones de dólares a la universidad de Nueva York, incluso después de que aceptara endurecer sus políticas disciplinarias —en especial las que regulan la celebración de protestas— y poner algunos departamentos bajo administración académica especial, como el de Estudios de Oriente Próximo y el Centro de Estudios Palestinos. Las concesiones de Columbia son solo un “primer paso”, según la Administración de Trump, para restaurar la financiación federal, pero no ha especificado qué más espera de la institución, de ahí que el resto aguarden conocer ulteriores exigencias a modo de hoja de ruta para navegar la ofensiva.
La ofensiva del Gobierno contra las universidades de élite ha provocado la dimisión de cuatro rectoras, las de Harvard y Pensilvania a finales de 2023, y las de la responsable de Columbia, en agosto pasado, y su sustituta en funciones, hace dos semanas. Prueba de que el contencioso de la Administración republicana con Columbia está lejos de solucionarse, a los pocos días de asumir el cargo de rectora en funciones, Claire Shipman está en el punto de mira de la representante republicana del norte del estado de Nueva York, Elise Stefanik, que cuestionó el compromiso de Shipman con la protección de los estudiantes judíos en el campus. Stefanik llevó la voz cantante en el comité del Congreso que investigó en diciembre de 2023 la respuesta de tres universidades (Harvard, Pensilvania y MIT) a las entonces incipientes protestas estudiantes contra la guerra de Gaza. Cuatro meses después, la movilización recorría todos los campus del país.
Además de la detención de una docena larga de estudiantes e investigadores por su participación en las protestas propalestinas de la pasada primavera, centenares de alumnos extranjeros han visto revocado su visado en virtud de una ley de 1952, que faculta al Departamento de Estado para expulsar del país a todo aquel que suponga un riesgo para su seguridad interior. Es la misma ley que el Gobierno arguyó para justificar la detención del activista de origen palestino Mahmud Khalil en Columbia, a quien la Casa Blanca acusó, sin pruebas, de alinearse “con los terroristas de Hamás”. Desde el 8 de marzo, casi 300 estudiantes han visto revocados sus visados y podrían ser deportados. Decenas de universidades, incluidas la de California y Harvard, han confirmado que la Administración de Trump canceló las visas de sus estudiantes en los últimos días, en muchos casos sin dar razones claras.
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Trump amenaza a Harvard con revocar su estatus libre de impuestos tras el plante de la universidad ante sus demandas
El Gobierno ha congelado 2.200 millones en subvenciones después de que la dirección acusara a la Casa Blanca de interferencias ilegales en su libertad académica
El presidente Donald Trump ha amenazado este martes con suspender la exención de impuestos de la Universidad de Harvard después de que la víspera la institución rechazara las demandas de su Administración a cambio de mantener la financiación federal. “¿Quizás Harvard debería perder su estatus exento de impuestos y pagar impuestos como entidad política si sigue impulsando la enfermedad inspirada o apoyada por motivos políticos, ideológicos y terroristas?”, ha publicado Trump en Truth Social, en alusión al supuesto antisemitismo en su campus. “¡Recuerden, el estatus libre de impuestos depende totalmente de que se actúe para el interés público!”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en la rueda de prensa diaria que la universidad, que ha recibido el apoyo de sus pares de Yale y Stanford, debería disculparse.
El grupo de trabajo contra el antisemitismo del Gobierno, fuerza de choque de la Administración republicana en los campus, anunció en la noche del lunes que congelará al menos 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales después de que Harvard rechazara una serie de demandas de la Administración. El presidente de Harvard, Alan Garber, argumentó en un mensaje a los miembros de la comunidad universitaria que las demandas de Washington cruzaban líneas rojas de la libertad académica y la interferencia política, que tildó de ilegales e inadmisibles. El 1 de abril, la Administración había amenazado a la institución con retirar 9.000 millones de dólares en fondos federales.
“[La Administración] Deja claro que la intención no es trabajar con nosotros para abordar el antisemitismo de manera cooperativa y constructiva”, escribió Garber en la web de Harvard. “Aunque algunas de las demandas esbozadas por el Gobierno tienen como objetivo combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”, es decir, la orientación académica, la elección de profesorado y temarios y, en suma, la restricción de la libertad de opinión cuando no obedece a sus intereses. En el marco de su ofensiva contra las protestas contra la guerra de Gaza ―y que califica de antisemitas―, Washington había pedido también que la universidad señalara a los estudiantes extranjeros sospechosos de criticar a Israel y su ofensiva militar en Gaza. Las supuestas manifestaciones de antisemitismo que la Casa Blanca, y muchos estudiantes y donantes judíos de las universidades, refieren como prueba de carga han sido la mayoría de las veces protestas en favor del alto el fuego en la guerra y a favor de la población civil palestina.
El expresidente Barack Obama elogió el plante de Harvard, calificando las amenazas de la Administración contra las universidades como “un intento ilegal y torpe de sofocar la libertad académica”. Mediante una publicación en X, Obama dijo que Harvard, la universidad más rica de EE UU, había “dado un ejemplo” para la educación superior y que esperaba que otras instituciones siguieran su ejemplo (al menos siete han sido apercibidas por su insuficiente respuesta a las supuestas manifestaciones antisemitas o por sus programas de diversidad).
Tras lanzar su ofensiva generalizada contra las universidades de élite hace un mes, con la amenaza de recortar fondos a Columbia y la detención, al día siguiente, del activista palestino Mahmud Khalil, la tensión ha ido en aumento, y los hechos se precipitaron este lunes cuando la Casa Blanca castigó el rechazo de Harvard, que horas antes se había convertido en la primera universidad que plantaba cara a la Administración republicana. El enfrentamiento entre el Gobierno federal y la universidad más rica del país concluyó con el anuncio, por parte del grupo de trabajo que investiga el supuesto antisemitismo en los campus ―cuya creación se deriva de una orden ejecutiva de Trump de finales de enero―, de que 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales, y un contrato ya firmado de 60 millones, quedaban en suspenso como represalia por la rebeldía de la institución.
Otras universidades han rechazado la injerencia de la Administración en la educación superior. Pero la respuesta de Harvard ha abierto un capítulo desconocido en la guerra de Trump contra lo que considera viveros de las élites demócratas. Se trata del último frente, y ahora mismo el más grave, de la guerra cultural republicana contra la libertad de pensamiento y opinión. No es nuevo, viene de muchos años atrás, pero ha encontrado en el combate del supuesto antisemitismo ―y de la ideología woke, de diversidad, equidad e inclusión de las minorías― su expresión perfecta
A diferencia de Harvard, Columbia capituló a finales de marzo a idénticas demandas de Washington, entre ellas endurecer las normas que regulan las protestas, prohibir las mascarillas en las mismas, permitir a los guardias de seguridad privados que detengan estudiantes y, lo más grave, imponer un supervisor externo a departamentos sensibles como el de Oriente Próximo y el Centro de Estudios Palestinos. La cesión de Columbia no la blindado sin embargo ante ulteriores sanciones, como la posibilidad de ponerla bajo tutela federal si no implementa las demandas, lo que supondría una escalada en el control y la supervisión que el Gobierno pretende ejercer sobre las universidades investigadas.
La Administración republicana se había dirigido a las autoridades de Harvard el viernes pasado mediante una carta que, vistos los acontecimientos posteriores, cobra ahora carácter de ultimátum. La Casa Blanca exigía que la universidad limitara la presencia y la voz de estudiantes y profesores en la gestión de la universidad; la denuncia inmediata a las autoridades federales de los estudiantes extranjeros que violen el código de conducta del campus, y la imposición de terceras partes ―como el supervisor especial de Columbia― para garantizar que cada departamento académico tenga “puntos de vista diversos”, excluidos en teoría los del ideario woke o la más mínima crítica a Israel. La Administración no definía en la carta lo que entiende por diversidad de puntos de vista, solo una amplia variedad de puntos de vista políticos, incluidas perspectivas conservadoras.
En paralelo al chantaje financiero sobre las universidades, la ofensiva contra los estudiantes extranjeros que, según la ley de 1952 que blande la Administración republicana, perjudiquen los intereses de la política exterior de EE UU, prosigue con nuevas detenciones. Este lunes fue arrestado en Vermont un activista palestino que participó en las protestas contra la guerra de Gaza que se desarrollaron en Columbia en la primavera pasada. Con la detención de Mohsen Mahdawi, originario de Cisjordania y con residencia legal en EE UU, la lista de estudiantes extranjeros víctimas de la caza de brujas desatada por Washington supera la quincena. El viernes, el primero de ellos, Mahmud Khalil, fue considerado “candidato a la deportación” por un juez de inmigración de Luisiana.
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