MÉXICO: Conahcyt/4T vs Conacyt/Academia Mexicana de la Ciencia

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/03/01/sociedad/renuncia-alvarez-buylla-a-la-academia-mexicana-de-la-ciencia-2305

Renuncia Álvarez-Buylla a la Academia Mexicana de la Ciencia

01 de marzo de 2024

 
Ciudad de México. La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, hizo pública su renuncia a la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC), organismo privado que, considera, “fue capturado por grupos de poder conservadores y usada para golpear al actual gobierno con el propósito de defender intereses particulares so pretexto de la promoción de la ciencia, anulando el interés público”.

A través de las redes sociales, y en una extensa carta pública, donde da cuenta de los avances en la política pública del sector, entre ellas la aprobación de una Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la funcionaria federal expone que dichos grupos se han opuestos a la construcción del nuevo Conahcyt, que “requirió la transformación radical del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del periodo neoliberal”.

Entre otras causas, afirma, porque el extinto Conacyt “transfirió durante el régimen neoliberal recursos millonarios del erario público a empresas privadas, cerró la puerta a miles de jóvenes que bien pudieron estudiar un posgrado, privilegió los posgrados privados sobre los públicos, excluyendo a cerca de dos mil posgrados del acceso a becas”.

Álvarez-Buylla, recuerda que es del dominio público que la construcción del Conahcyt “ha sido combatida rabiosamente por sectores que se vieron beneficiados de manera ilegítima por el Conacyt neoliberal. Esto incluye tanto a sectores mediáticos y políticos conservadores que se oponen a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, como a personeros de intereses cupulares adscritos a las instituciones de educación superior públicas”.

Destaca que la AMC, pese a tener entre sus principales objetivos orientar al Estado mexicano y a la sociedad civil en el campo de la ciencia y la tecnología, durante este sexenio, en la práctica, “se dedicó a actuar como caja de resonancia de los posicionamientos políticos de los adversarios de la Cuarta Transformación, llegando a extremos vergonzosos con posicionamientos públicos y recientes”, en referencia al documento “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México”, cuyos coordinadores son el ex director del Conacyt, durante el sexenio peñista, Enrique Cabrero Mendoza, y el actual presidente de la AMC, José Antonio Seade Kuri.

Asegura que en dicho texto “reaccionario, se da voz de manera exclusiva a personas adversarias que comulgan con la visión neoliberal” del sector, que promueven la “desmemoria e insisten en regresar a ese triste y nefasto pasado neoliberal”.

MÉXICO [debate nueva ley de CyT 5] Nueva ley de ciencia en México confronta a científicos y gobierno

 Publicado en SciDevNet

https://www.scidev.net/america-latina/news/nueva-ley-de-ciencia-en-mexico-confronta-a-cientificos-y-gobierno/?utm_source=SciDev.Net&utm_medium=email&utm_campaign=13916097_2023-05-08%20Weekly%20Email%20Digest%20-%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20Template.%20For%20no%20topic%20preferences&dm_i=1SCG,8A9Q9,665LFG,Y26CN,1

08/05/23

Nueva ley de ciencia en México confronta a científicos y gobierno

De un vistazo

• Según científicos, la ley resta participación de académicos en el órgano de gobierno del Conacyt
• Pero una de sus ventajas es priorizar el compromiso social de la ciencia
• Sin embargo, irregularidades en el proceso legislativo opacan los contenidos de la ley

Por: Roberto González

[CIUDAD DE MÉXICO] La primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) ha aumentado la confrontación entre el gobierno y la comunidad científica en México.

Aprobada de manera intempestiva el pasado 29 de abril, la ley convertirá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Pese al cambio de nombre, en lo fundamental seguirá siendo la institución de gobierno encargada de diseñar las estrategias para el desarrollo científico en México, además de establecer las agendas de investigación prioritaria.

Pero lo que ha sido fuente de críticas es que la agenda en HCTI estará dictada por el Conahcyt a través de una Junta de Gobierno con más funcionarios que científicos: de los 23 representantes que formarán parte de este órgano, solo ocho serán representantes de la comunidad científica mientras que 14 serán representantes del gobierno.

“La Junta de Gobierno pasará a ser el organismo más importante que defina el futuro del sector de ciencia, tecnología e innovación”, explica a SciDev.Net la economista Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México.

Dada la importancia de esa Junta de Gobierno, se vuelve crucial saber cómo estará integrada. Y lo que ha causado inquietud en algunos sectores de la comunidad científica es que la ley no menciona a las principales universidades o centros públicos de investigación del país ni a academias o asociaciones científicas como parte de ese órgano, pero sí a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

En un contexto donde el presidente ha incrementado la presencia de la Sedena en distintos ámbitos, este hecho ha provocado acusaciones de militarización del sector científico.

En respuesta a este tipo de críticas que se venían dando antes de la aprobación de la ley, el Conacyt publicó un comunicado del 11 de abril en el que afirma que la ley “no contempla ningún particular como representante de la comunidad científica” para facilitar que la comunidad participe sin mediaciones.

La participación sin mediaciones “implica poner las instituciones públicas al alcance de la población en general y no sólo de unas cuantas personas u organismos que se arroguen representaciones ficticias”, dice el comunicado.

Además, prosigue el documento, “es falso que se militarice la política pública de HTCI” y aclara que si incluye a la Sedena y la Semar en la Junta de Gobierno es porque “ambas dependencias ejercen recursos del presupuesto federal destinado a actividades de HCTI. Además, existe una estrecha colaboración institucional con el Conacyt orientada a la atención de problemáticas nacionales, como el arribo masivo de sargazo a las playas mexicanas, entre otras”.

Para Dutrénit, no hay razones para hablar de militarización, pero sí de ausencia de voces diversas, específicamente de representantes de las entidades federativas del país. “La ley atenta contra el federalismo” ya que carece de vías para integrar las necesidades particulares de las entidades, señala.

Pero el Conacyt afirma en el comunicado que “ni las entidades federativas ni los municipios han estado representados en la Junta de Gobierno del Conacyt, así como el Conacyt tampoco lo está en los órganos de gobierno de las entidades federativas, en pleno respeto a los respectivos ámbitos de competencia”.

Distintos grupos de científicos han rechazado la ley porque al no mencionar explícitamente la meta de llegar al 1 por ciento del PIB para la ciencia y tecnología, disminuyen las posibilidades de que éste y futuros gobiernos lo cumplan.

Otra parte de la ley que ha provocado controversia es la referente a los temas que serán prioritarios para el nuevo Conahcyt, y que forman parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Estos incluyen temas que promuevan una ciencia con un mayor compromiso social, como la investigación en inmunoterapias o problemas como la vivienda o migración.

Algunos ven en estos temas una mayor democratización del conocimiento. La investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Liliana López, dice a SciDev.Net que la nueva ley visibiliza el derecho humano a la ciencia, el cual implica “la participación, goce y beneficio de las personas que no son parte de la comunidad científica”.

Pero, otros, como la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), dicen que puede limitar el apoyo a otras áreas de investigación. “Esto limita la libertad de cátedra y a la ciencia básica, al canalizar recursos, becas y demás apoyos solo a aquellos temas considerados como parte de los PRONACES. Además, la ley obliga a las universidades a realizar ciencia básica y de frontera, pero sin claridad en la ley ni garantizando que la autonomía universitaria será respetada”, dice la ACMor en un pronunciamiento.

“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”.
Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México

Dutrénit celebra que la legislación hable de una ciencia más comprometida con la sociedad, pero advierte que puede afectar a la ciencia básica.

“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”, asevera.

En contraste, Liliana López observa varios aspectos beneficiosos de la ley, por ejemplo, que contempla el acceso abierto de las publicaciones científicas realizadas con apoyo del Estado o que se garantice el acceso a becas para estudiantes de posgrado en universidades del sector público.

El hecho de que no se mencione a los estudiantes de las universidades privadas ha sido criticado como “discriminatorio”. Liliana López argumenta que es necesario promover la igualdad en términos de “acciones para evitar que se constituyan grupos sometidos”. Es decir, apoyar a personas en posición de desventaja para que estén en igualdad de condiciones.

A pesar de que difieren en su visión de la ley, Liliana López coincide con Dutrénit en que el proceso legislativo por el cual se aprobó fue desafortunado.

La discusión de una ley para el sector data de hace cinco años, lapso en el que legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos presentaron diversas propuestas de ley. Sin embargo, la aprobada se basa en una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2022 y para su aprobación se omitieron los espacios de debate que se tenían programados. El 25 de abril la iniciativa fue sometida a votación en la Cámara de Diputados sin haber cumplido los siete parlamentos abiertos en los que se iban a discutir sus contenidos.

Cuatro días después, sin haberse revisado por las comisiones correspondientes, la Cámara de Senadores aprobó la ley tras 14 minutos de debate y en una sesión de 10 horas en la que se aprobaron más de una decena de leyes promovidas por el presidente, sin la presencia de los legisladores de oposición.

Para el diputado del Partido Acción Nacional, agrupación política opuesta al gobierno, Juan Carlos Romero Hicks, quien promovió una ley distinta en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación desde el 2018, el resultado de las irregularidades en el proceso legislativo “es una redacción que va a ser muy vulnerable a litigios por violaciones de proceso, por violaciones de constitucionalidad”.

Para que sea efectiva, la nueva ley debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación*, cosa que aún no ha sucedido. Romero Hicks dice que se están gestando intenciones de impugnación en tribunales: “Lo iremos conociendo en las próximas semanas. Todavía no se promulga. Seguramente habrá una gran cantidad de amparos, posibles acciones de inconstitucionalidad y otras”, asegura.

*Actualización: La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net

MÉXICO [debate nueva ley de CyT 3] Amable, pero severa respuesta a algunos colegas universitarios

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2023/05/14/opinion/015a1pol

Amable, pero severa respuesta a algunos colegas universitarios

José Raúl García Barrios*

Un grupo de investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde laboro desde hace más de 25 años, me invitaron a firmar una carta pública de desacuerdo con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Son parte de un grupo mayor de académicos que lamentan su aprobación. Respeto a estos apreciados compañeros pumas y comparto con ellos dos valores: el necesario avance del conocimiento y la autonomía del proceso. Aún así, difiero de ellos en los cuatro puntos que desaprueban, y aquí les doy una respuesta. Su oposición se debe a:

1. La forma en que fue aprobada, incumpliendo el compromiso de realizar siete foros consultivos en la materia, llevándose a cabo solo dos.

Mi opinión: Hubo más de 100 foros legislativos previos y en los dos foros consultivos sólo se reciclaron los argumentos expuestos. De hecho, todo lo señalado por mis colegas ya fue discutido en esos foros. La mayoría de los legisladores, con la legitimidad que les da una elección realmente democrática, aprobaron la Ley después de considerar que el tema estaba suficientemente discutido. Tras ello, la carta es de facto una petición de último recurso a la corte de la magistrada Piña, quien no representa el sentir popular y juega un papel reaccionario. ¡Un triste papel para los universitarios!

2. La inclusión de representantes de las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que crea la nueva ley en sustitución del Conacyt, y la reducción en el mismo órgano de la representación de los académicos.

Mi opinión: La Ley fortalece las humanidades y la pluralidad de ciencias y tecnologías, refuerza el interés público y también la representación académica auténtica, a la par que deja en plena libertad al sector académico privado y público autónomo para desarrollarse según sus principios e intereses. Más a fondo, libera al Estado de su captura y elimina muchas fuentes de corrupción sistémica en las instituciones académicas (intenta separar el poder político del económico, como se separó el Estado de la Iglesia). Así, la Ley enmarca la política de Estado dedicada a proveer el derecho humano a la ciencia, avanzar la frontera del conocimiento y resolver los grandes problemas nacionales y, en el ámbito estricto que corresponde a esta política, no está mal que: a) se incluya a las fuerzas armadas para formular la agenda nacional, por su interés directo en el desarrollo científico y tecnológico en materia de seguridad nacional y pública, y porque hoy es posible una relación entre el sector militar y el académico que fortalezca el diálogo de saberes y la confianza mutua, y b) se democratice la decisión del sector académico, plural y diverso por naturaleza, frente al predominio de los sectores científicos ligados con el interés privado. La Ley establece, para quienes deban o decidan participar en el ámbito de competencia del Consejo Nacional, la obligación de reconocer, respetar y proteger el derecho humano a la ciencia y motivar el avance del conocimiento humanístico y científico al servicio de la humanidad y el pueblo de México.

3. La pérdida del objetivo de escalar el financiamiento a la investigación científica y humanística a un porcentaje concreto del producto interno bruto (PIB).

Mi opinión: El objetivo es demagogia. En realidad, el Estado no controla al PIB ni cuenta con los instrumentos para perseguirlo. El financiamiento a la investigación tiene un componente público y uno privado, y se espera que la contribución del segundo sea casi tres veces mayor que la del primero. En México la relación está invertida y corresponde al sector privado ponerse al día. A él debería ser enviada la demanda. En cuanto a la contribución pública, la Ley General establece que el Estado debe asignar recursos progresivos para lograr los tres objetivos mencionados. Incluye por primera vez mecanismos que impiden suspender el presupuesto para la investigación de frontera y obligan a becar a todos los estudiantes de posgrado de las entidades públicas. La Ley también establece que el gobierno federal fomentará la corresponsabilidad del sector académico privado y público autónomo en términos de la agenda nacional, pero respeta su libertad inherente o conquistada para decidir su participación. Si estos sectores toman las decisiones incorrectas, serán el mercado o la nación, según corresponda, quien juzgue y condene.

4. La posibilidad de exclusión, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los académicos de universidades privadas que realizan investigación científica y humanística, ya que también contribuyen al avance del conocimiento.

Mi opinión: Contribuir al avance del conocimiento es necesario, pero no suficiente para recibir una beca del Estado. El SNI es ahora una entidad de un gobierno elegido por el pueblo, y es legítimo que sus incentivos se dirijan a fortalecer la nueva política de investigación-incidencia del Consejo Nacional. La pregunta es si las entidades privadas están dispuestas a participar con recursos abundantes o, por el contrario, su intención es aprovechar las becas del Estado para reducir el salario que pagan a sus investigadores. Con excepciones importantes, lo segundo parece ser el caso, y no se dan señales claras de desear contribuir a lo primero.

Reitero mi total respeto a mis colegas y sus valores, pero sé que estos mismos valores han sido violentados en nuestra universidad desde hace décadas, sin demasiada resistencia. Dejando en nuestras garras pumas nuestro propio destino, el ahora (felizmente) Conahcyt hace todo lo que puede para construir instituciones plenamente comprometidas con el avance del conocimiento de frontera humanístico y científico y la solución de los grandes problemas nacionales, entre los que está la captura de las instituciones académicas públicas, que ha sido apoyada y aprovechada por una élite.

Dedicado al movimiento estudiantil consciente: ayer, hoy y siempre

* Integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.