La cara oculta de la ciencia: el incontrolado poder de las grandes editoriales científicas

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La cara oculta de la ciencia: el incontrolado poder de las grandes editoriales científicas

Julio Rozas Daniel Raventós 17/09/2026

Ya comentamos en un artículo anterior que las publicaciones científicas constituyen el principal medio para difundir y validar el conocimiento científico. A través de ellas se difunden resultados, se someten hipótesis al escrutinio de otros investigadores y se construye, paso a paso, el edificio del conocimiento científico. También vimos algunas de las malas prácticas asociadas al sistema, así como sus mecanismos de autocorrección. Pero hay un aspecto fundamental que conviene destacar: publicar constituye hoy uno de los principales criterios para evaluar y promocionar al profesorado universitario y al personal investigador de los centros públicos. Como ha señalado Philippe Huneman (investigador del Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología del CNRS, Francia), la función del artículo de investigación ha cambiado: ya no es únicamente una unidad de conocimiento, sino que se ha convertido también en una unidad de evaluación. Ya no es simplemente, como lo fue durante mucho tiempo, la culminación de una tarea: se ha convertido también en el objetivo que orienta buena parte de la actividad investigadora, en el medio para medir su productividad, en el referente que distingue a los buenos investigadores de los menos buenos y en una pieza clave para el ascenso profesional. El célebre «publicar o perecer» (publish or perish) condiciona buena parte de las reglas del juego académico y genera efectos indeseados: se publican cada vez más artículos, a menudo a un coste elevado, y no siempre con la calidad necesaria. Al mismo tiempo, esta presión por publicar crea incentivos que pueden contribuir a explicar algunas de las malas prácticas que encontramos en la investigación científica, desde comportamientos muy sutiles hasta casos de fraude abierto. Algunos de estos casos trascienden el ámbito académico, aunque son muy pocos. Un ejemplo es el del actual rector de la Universidad de Salamanca. Decía un editorial de El País: “Se trata de otra variante de una práctica clásica que la universidad española haría bien en desterrar: el nefasto ‘hoy por ti, mañana por mí’”. Toda una fábrica de autocitas y de colegas que lo citan; pero no pasa nada: sigue siendo el rector de la Universidad de Salamanca. Otro ejemplo es el del grupo CREA de la Universidad de Barcelona, que se autodisolvió en 2025 y que, además de otras acusaciones mucho más graves que están en trámite legal, también fue objeto de denuncias relacionadas con el uso sistemático de autocitas, todo un ejemplo del autobombo. “La mayor parte de referencias que reciben los artículos, los libros, los proyectos del CREA proceden del propio CREA. Siempre más de la mitad y a veces llega al 80%”, en palabras de un buen conocedor de este grupo. 

En este artículo nos centramos en una dimensión mucho más desconocida del sistema: la económica. ¿Cuánto cobra el investigador por publicar? ¿Cuál es el coste real de publicar un artículo científico? ¿Cuánto dinero mueve el negocio editorial? Y sobre todo ¿qué implicaciones tiene para la ciencia la influencia de las grandes editoriales desde dentro del sistema científico?

Modelo de negocio y dimensión económica

Empezaremos haciendo un pequeño spoiler: los investigadores no solo no cobran por publicar sus trabajos, sino que, en muchos casos, tienen que pagar, y no poco, por hacerlo. De hecho, el negocio editorial científico es muy rentable. Cada año se publican algo más de tres millones de artículos científicos en el mundo, en unas 40.000 revistas, que suponen un negocio para las editoriales de decenas de miles de millones de dólares. La paradoja puede resultar sorprendente para quienes no están familiarizados con el mundo académico: cuando un escritor publica una novela, un ensayo o un libro de divulgación, lo habitual es que la editorial pague al autor por su obra, normalmente mediante un porcentaje de las ventas. En cambio, en la publicación científica, suele ocurrir justo lo contrario, es el investigador, a través de los fondos de sus proyectos de investigación, o de su institución, quien acaba pagando a las editoriales por publicar. ¿Cómo se ha llegado a este modelo? ¿Por qué las grandes editoriales científicas se han convertido en uno de los negocios más rentables del ámbito del conocimiento? Para responder a estas preguntas es necesario adentrarse en la compleja economía de la publicación científica moderna.

Detrás de cada publicación científica existe una compleja cadena de procesos, actores y flujos económicos, donde las editoriales científicas desempeñan un papel central. Su actividad consiste en gestionar la publicación y el acceso a los resultados de la investigación, lo que incluye la recepción de los manuscritos, la coordinación de la revisión por pares (peer review), la edición y preparación de los textos para su publicación, y el mantenimiento de las plataformas digitales que permiten consultar, distribuir y archivar los contenidos. Aunque la distribución impresa aún existe en algunos casos, la mayor parte de la actividad se desarrolla actualmente en entornos digitales.

Tradicionalmente, el negocio consistía en cobrar suscripciones a bibliotecas, universidades y centros de investigación para que sus investigadores pudieran acceder a las revistas y sus contenidos. Sin embargo, en las últimas décadas ha cobrado fuerza el modelo de publicación de acceso abierto (open access), en el que los autores o sus financiadores pagan una tarifa de publicación denominada APC (article processing charge), para que el artículo quede disponible gratuitamente para cualquier lector a través de internet. Esto ha provocado un cambio importante en el modelo de negocio. Antes, quienes financiaban el acceso al conocimiento eran fundamentalmente las instituciones suscriptoras; ahora, en el modelo basado en APC, son los propios autores o sus financiadores quienes pagan por publicar. El nuevo modelo introduce así un incentivo para aumentar el número de publicaciones: cuantos más artículos se publican, mayores son los ingresos de las editoriales y, para los investigadores, aumentan también las posibilidades de progresar profesionalmente.

Se estima que el precio de una APC en muchas de las grandes editoriales científicas se sitúa, de media, en torno a los 3.000 dólares por artículo, aunque las diferencias entre revistas son muy importantes y en determinados casos pueden superar los 10.000 dólares. Estas cantidades resultan especialmente llamativas cuando se tiene en cuenta quién realiza buena parte del trabajo que hay detrás de cada publicación científica. Los manuscritos de los artículos científicos son redactados por los propios investigadores, que, además han generado los datos y resultados que posteriormente serán publicados. Antes de su publicación, los trabajos pasan por el proceso de peer review, en el que otros especialistas del mismo campo, independientes de la editorial, examinan críticamente la calidad del trabajo, la solidez metodológica, la relevancia de sus resultados y su reproducibilidad. Este proceso constituye uno de los pilares fundamentales del sistema científico. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, los autores no solo deben pagar por publicar sus trabajos, sino que los investigadores que participan en su revisión tampoco reciben una compensación económica directa de las editoriales.

El negocio editorial constituye una industria que mueve miles de millones de dólares al año. En sentido estricto la edición científica representa alrededor de 15.000 millones de dólares, mientras que si ampliamos la mirada al conjunto de los servicios asociados que pueden proporcionar las editoriales (bases de datos; herramientas de acceso; servicios para las universidades, etc.), el mercado alcanza aproximadamente los 30.000 millones. Y es un negocio que no deja de crecer: el número de publicaciones científicas ha aumentado a un ritmo del 5,6% anual, una tasa muy superior a la del crecimiento del número de investigadores. Además, se trata de un sector altamente concentrado en unas pocas editoriales. Cinco grupos, Elsevier (del grupo RELX, editor de The Lancet y Cell, entre otras), Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis y SAGE, concentran más de la mitad del mercado editorial académico. Elsevier, líder del sector, edita unas 3.000 revistas científicas. En 2025 publicó casi 800.000 artículos, generó unos ingresos de casi 4.000 millones de dólares, y obtuvo una rentabilidad operativa ajustada (margen de beneficio) cercana al 38%. Y no es un caso aislado: las grandes editoriales científicas presentan también márgenes de rentabilidad extraordinariamente elevados, en varios casos por encima del 30%. Para poner estas cifras en contexto, los dos grandes grupos editoriales españoles, Planeta y PRISA, presentan volúmenes de negocio de alrededor de 2.000 y 900 millones de euros, respectivamente, pero sus márgenes operativos son más reducidos, en torno a un 10% en el caso de PRISA. Aunque la comparación no es estrictamente homogénea, porque se trata de grupos con actividades y estructuras empresariales muy diferentes y no siempre publican las mismas magnitudes financieras, estas cifras permiten hacerse una idea de la elevada rentabilidad que puede alcanzar el negocio de la edición científica.

¿Cuál es el coste real de publicar un artículo científico?

Algunos estudios sitúan el coste de publicar un artículo científico aproximadamente entre 200 y 1.000 dólares. Sin embargo, los APC que pagan los autores pueden ser muy superiores, llegando a alcanzar los 12.850 dólares en revistas de máximo prestigio, como Nature, editada por Springer Nature. ¿A qué se debe esta enorme diferencia? ¿Es justificable un abanico de precios tan amplio? Las editoriales argumentan que los APC cubren, además de la producción y edición del artículo, las inversiones en tecnología e innovación, las medidas para garantizar la integridad científica, las mejoras en la experiencia del usuario y otros esfuerzos destinados a mantener unos elevados estándares de calidad. Todos estos servicios tienen un coste, pero difícilmente pueden explicar por sí solos las diferencias de varios miles de dólares entre unas revistas y otras.

La pregunta es entonces por qué un investigador está dispuesto a pagar una cantidad tan elevada por publicar un artículo en open access en Nature La respuesta tiene poco que ver con el coste técnico de producir el artículo y mucho más con el valor que tiene para el autor publicar precisamente en esa revista. Publicar en una revista como Nature supone mucho más que poner un artículo científico a disposición de los lectores. Su extraordinario prestigio y altísima selectividad le proporcionan una enorme visibilidad dentro de la comunidad científica. Y, sobre todo, publicar en ella puede tener un impacto muy considerable en la carrera profesional del investigador, ya que estas publicaciones pueden resultar decisivas en procesos de contratación, promoción, financiación o evaluación. Desde el punto de vista económico, estamos ante una lógica similar a la de un bien posicional: su valor no depende únicamente de sus características intrínsecas o de su coste de producción, sino también de la posición, el reconocimiento y el prestigio que confiere. Un cuadro original de Wassily Kandinsky puede servirnos como analogía: su precio no guarda una relación directa con el coste de los materiales utilizados para pintarlo. Una parte esencial de su valor procede de su rareza, su autoría, la reputación del artista y el reconocimiento de su obra. Algo similar ocurre con una publicación en Nature o en otras revistas de alto impacto: su valor para el investigador no reside únicamente en el contenido del artículo, sino también en el reconocimiento y el prestigio que aporta haber sido publicado en ellas. Si publicar en una determinada revista tiene un elevado valor dentro del sistema de evaluación científica, los autores pueden estar dispuestos a pagar mucho más por publicar en ella.

Y esto no afecta únicamente a los investigadores. También las instituciones científicas tienen fuertes incentivos para acumular publicaciones de sus investigadores en revistas de alto impacto. Algunos rankings universitarios internacionales, como el Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking), incorporan indicadores relacionados con la producción científica y, entre ellos, las publicaciones en revistas de muy alto impacto. De este modo, el prestigio de determinadas revistas se convierte también en un activo para universidades y centros de investigación. El mecanismo funciona, por tanto, en dos direcciones: los investigadores necesitan publicaciones de prestigio para avanzar en sus carreras, y las instituciones necesitan esas publicaciones para reforzar su posición y reputación. En este contexto, el precio que puede alcanzar una APC deja de estar determinado exclusivamente por el coste de publicar el artículo. Si publicar en una determinada revista tiene un elevado valor dentro del sistema de evaluación científica, los autores pueden estar dispuestos a pagar mucho más por publicar en ella.

El volumen de publicaciones y los incentivos perversos

Pero existe también el fenómeno contrario. Hay editoriales y revistas mucho menos selectivas que cobran APC relativamente modestas, pero que pueden generar importantes ingresos gracias a la publicación de un volumen muy elevado de artículos. Si el sistema de evaluación premia el número de artículos publicados, más que su calidad, el incentivo es claro, publicar más, tanto para el investigador como para la editorial. El resultado es un crecimiento extraordinario de la producción científica, y con él, una pregunta inevitable: ¿estamos produciendo más conocimiento o simplemente más artículos? Cuando publicar se convierte en una condición cada vez más importante para progresar profesionalmente, el sistema puede generar incentivos perversos: fragmentación de resultados, proliferación de trabajos de escasa relevancia y estrategias para aumentar artificialmente el número de publicaciones. En los casos más extremos, estos incentivos pueden contribuir a malas prácticas e incluso al fraude científico, como ya hemos comentado en SP. Las publicaciones científicas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales no están expuestas necesariamente a los mismos tipos de prácticas dudosas o fraudulentas. Algunas pueden ser comunes a ambos campos, como el uso excesivo de autocitas, mientras que otras dependen de las características de cada disciplina y de sus métodos de investigación. En las ciencias naturales, algunas formas de mala conducta científica pueden manifestarse en la manipulación o fabricación de datos experimentales y en la falsificación de resultados. En las ciencias sociales también pueden darse estas prácticas, pero existen además problemas relacionados con la selección de resultados, la falta de transparencia metodológica o la interpretación sesgada de los datos. La naturaleza de determinadas investigaciones sociales, que a menudo incluye métodos cualitativos y enfoques interpretativos, puede dificultar la verificación de los resultados. Esto hace que la detección del fraude sea más complicada, ya que las conclusiones pueden depender en gran medida de la interpretación del investigador y no siempre pueden ser replicadas de la misma manera que en las ciencias naturales. A destacar:  las ciencias naturales tienen, en general, una tradición más acumulativa, en la que los nuevos trabajos suelen apoyarse explícitamente en un cuerpo de conocimiento anterior. Las ciencias sociales no tanto o mucho menos, algún autor o autora de moda no tiene por qué basarse en el conocimiento anterior para estar muy presente en las revistas académicas. Pero esta es una liebre que hemos soltado y no vamos a perseguir.

El cuarto poder

Con esto llegamos a la cuestión más importante. Como hemos visto, la publicación científica constituye un negocio de enormes dimensiones. Pero lo verdaderamente relevante no es cuánto dinero se mueve, sino el poder que puede generar el hecho de ocupar una posición tan central dentro del sistema científico. Porque quien controla los principales canales de publicación no solo participa en la difusión del conocimiento: también puede influir en las decisiones de los propios investigadores sobre qué y cómo investigar.

Aquí encontramos un desequilibrio importante. Los científicos producen el conocimiento; otros investigadores lo evalúan, a menudo de forma gratuita; las instituciones públicas financian buena parte de la investigación y, sin embargo, unas pocas grandes empresas controlan una parte sustancial de los canales a través de los cuales ese conocimiento adquiere visibilidad, prestigio y valor. Las grandes editoriales científicas, y en particular aquellas que publican las revistas más prestigiosas, podrían considerarse, en cierto sentido, una suerte de “cuarto poder” dentro del sistema científico. En realidad, si queremos ser más precisos, no estaríamos ante un cuarto poder, sino ante un poder oligopólico de enormes dimensiones. No porque decidan qué conocimiento es verdadero, ni porque determinen directamente qué deben investigar los científicos, sino porque ocupan una posición privilegiada en el proceso mediante el cual determinados resultados alcanzan reconocimiento y visibilidad, mientras otros quedan en segundo plano.

El problema surge cuando los criterios editoriales que hacen que un trabajo sea atractivo para una revista de alto impacto, como la novedad, la relevancia, la capacidad de generar atención o el interés para una audiencia amplia, empiezan a convertirse también en los criterios que los propios investigadores necesitan satisfacer para progresar en sus carreras profesionales. El sistema de publicación puede entonces favorecer determinados temas, metodologías o resultados frente a otros. Y eso tiene consecuencias. Puede perjudicar investigaciones menos espectaculares, como las que confirman un conocimiento establecido, las que reportan resultados negativos o los estudios descriptivos, todos ellos científicamente valiosos, pero menos llamativos que un descubrimiento novedoso o inesperado.

Además, publicar en una revista de alto impacto puede condicionar el tipo de investigación que resulta más beneficiosa para la carrera del investigador. La publicación en revistas prestigiosas puede aumentar sus posibilidades de conseguir financiación, una plaza de profesor o de investigador, o una promoción en su centro de trabajo. De esta manera, lo que aparece como un criterio editorial acaba convirtiéndose en un incentivo profesional. Si para avanzar en su carrera los investigadores necesitan publicar en determinadas revistas, tendrán razones para orientar su investigación hacia aquello que estas revistas consideran publicable. 

Las editoriales científicas, por lo tanto, no necesitan decidir qué temas deben investigarse. Su poder deriva de su posición central en el sistema de publicación científica, desde la que pueden influir en buena medida en qué resultados llegan a las revistas más prestigiosas y, por tanto, en la propia actividad investigadora. De este modo, un sistema creado para validar y comunicar el conocimiento puede terminar influyendo, de hecho influyen como venimos afirmando, también en qué tipo de conocimiento recibe mayor reconocimiento. No necesariamente porque exista una decisión consciente de favorecer unos temas sobre otros, sino porque los incentivos del sistema pueden llevar a investigadores, instituciones y revistas a adaptarse progresivamente a aquello que el propio sistema recompensa.

Hacia otro modelo de publicación científica

Existen distintas vías para transformar el sistema actual de publicación científica. Algunas proponen cambios en los sistemas de evaluación, otras buscan que la propia comunidad científica recupere parte de las funciones que hoy desempeñan las editoriales, y otras proponen nuevas formas de financiar, publicar o gobernar las revistas. Son propuestas de distinto alcance y grado de implantación, pero no necesariamente excluyentes entre sí.

La primera de estas vías afecta a los sistemas de evaluación del profesorado y del personal investigador, es decir, a la forma en que se valoran y bareman sus publicaciones y demás méritos científicos, especialmente en los procesos de contratación, acreditación y promoción profesional. Como ya vimos en nuestro artículo anterior, desde la propia comunidad académica se están impulsando cambios en la forma de valorar la actividad investigadora. Un ejemplo es la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA). Esta iniciativa plantea dejar de utilizar métricas simplistas, como el número de publicaciones, y avanzar hacia una evaluación más rica, contextualizada y cualitativa. El objetivo es valorar la investigación por su rigor, su relevancia y su contribución real al avance del conocimiento. En la medida en que se reduzca el peso de la cantidad de publicaciones en la evaluación, podría favorecer que se publicaran menos artículos, pero más relevantes, y desincentivar tanto la práctica de publicar por publicar, como la proliferación de las revistas depredadoras.

Un segundo nivel afecta a la propia comunidad investigadora y a su capacidad para organizar directamente la evaluación y comunicación de los trabajos científicos. Desde hace unos años, han aparecido iniciativas como la Peer Community In (PCI), que separa la actividad de publicación de la revisión por pares. En este modelo, es la propia comunidad científica la que asume buena parte de las funciones que tradicionalmente desempeñan las editoriales: selecciona a los especialistas que realizan las evaluaciones, coordina el proceso de revisión y emite las recomendaciones sobre los trabajos. Los informes y las recomendaciones están disponibles para el lector.  Si el artículo es recomendado, los autores pueden mantenerlo disponible públicamente como manuscrito evaluado, publicarlo en Peer Community Journal, que no cobra APC, o enviarlo a alguna de las revistas PCI-friendly, que han acordado tener en cuenta la evaluación de PCI, aunque pueden aplicar sus propias tasas de publicación. Además, PCI permite realizar la revisión por pares de un protocolo incluso antes de llevar a cabo la investigación; con ello, se busca reducir los sesgos y mejorar la reproducibilidad de los resultados. No obstante, este modelo tiene una implantación mucho menor que el sistema tradicional y requiere una considerable dedicación por parte de los investigadores.

Un tercer nivel lo encontramos en modelos que no trasladan directamente el coste ni a los autores ni a los lectores. Uno de ellos es Subscribe to Open (S2O), que utiliza los presupuestos que las bibliotecas destinan a suscripciones para hacer accesibles los contenidos de una revista a todo el mundo, siempre que se alcance un determinado nivel de suscripciones por parte de las instituciones científicas. Otro es el Diamond Open Access, en el que tampoco pagan los investigadores por publicar ni los lectores por acceder a los contenidos: los costes se sostienen mediante una combinación de financiación institucional, procedente de universidades, bibliotecas, organismos públicos, sociedades científicas, entre otros agentes. En principio, S2O parece más fácil de introducir en el sistema actual, ya que aprovecha una fuente de financiación que ya existe: las suscripciones de las bibliotecas. En todo caso, ambos modelos podrían reducir la dependencia de los pagos por artículo y, eventualmente, el volumen económico del mercado editorial, pero no necesariamente la influencia y el poder de las grandes editoriales que controlan las revistas de mayor impacto. Aunque cambiara quién paga por publicar, estas editoriales seguirían ocupando una posición central en la selección de los trabajos, su visibilidad y reconocimiento y, a través de ellos, en los procesos de evaluación y promoción de los investigadores.

Un cuarto nivel lo encontramos en las revistas propiedad de sociedades científicas. En estos casos, la editorial comercial puede encargarse de las tareas técnicas y de publicación, pero el control de la revista permanece en la propia comunidad científica. Un ejemplo es Molecular Biology and Evolution (MBE), propiedad de la Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE) y publicada por Oxford University Press (OUP). El Consejo (Council) de la sociedad es quien nombra al editor jefe, de modo que la sociedad científica mantiene el control sobre las decisiones editoriales, mientras que OUP se encarga de las funciones técnicas de publicación y producción. La revista cobra APC, pero la mayor parte de los ingresos revierte en la propia sociedad y se destina a financiar sus actividades, como congresos, ayudas de viaje, premios y otros programas para sus miembros. En este modelo, la editorial que presta los servicios de publicación no ocupa la misma posición de influencia y poder que una editorial comercial propietaria de la revista. Este caso muestra que es posible combinar una revista de alto impacto y acceso abierto con un modelo en el que la propiedad, las decisiones científicas y buena parte de los ingresos permanecen dentro de la comunidad investigadora.

Estos cuatro niveles forman parte de una transformación más amplia de la comunicación científica que conecta con la Declaración de Barcelona sobre Información Abierta de Investigación, lanzada en 2024. La Declaración es un compromiso para promover que la información sobre la investigación, como los metadatos de las publicaciones, las referencias, las afiliaciones o la financiación, sea más abierta, accesible, reutilizable y transparente, y para promover infraestructuras gobernadas por la propia comunidad científica. En este sentido, DORA, PCI, S2O, Diamond Open Access y los modelos de revistas controladas por sociedades científicas apuntan en distintas direcciones hacia un mismo objetivo. En conjunto, estas iniciativas pueden contribuir a reducir los incentivos para publicar por publicar, favorecer una investigación de mayor calidad y disminuir la dependencia del sistema científico respecto de los mecanismos comerciales de publicación. No se trata únicamente de eliminar el pago por leer o por publicar, sino de avanzar hacia un ecosistema de comunicación científica en el que las publicaciones, la información que generan y las infraestructuras que las sustentan estén al servicio de la comunidad investigadora. Una tarea difícil pero indispensable: separar los negocios académicos, los incentivos perversos y las dinámicas de prestigio artificial de la honrada investigación científica.

Julio Rozas

Catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona. Director del grupo de investigación Genómica Evolutiva & Bioinformática. Premio Nacional de Genética (2023). Ha participado en la secuenciación y análisis de varios proyectos genómicos en animales y plantas, y ha desarrollado herramientas bioinformáticas para el análisis de la variabilidad del ADN. Es uno de los científicos más citados de las universidades del Reino de España con más de 57.000 citaciones en Google Scholar.  

Daniel Raventós

Doctor en Economía. Profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Red Renta Básica y editor de Sin Permiso.    

Fuente:

www.sinpermiso.info, 20-9-2026  

 

SciELObservatorio México III: nuevas evidencias sobre Ciencia Abierta en las revistas mexicanas

 

SciELObservatorio México presenta su tercera edición, una investigación que examina cómo las revistas de la colección SciELO México han incorporado públicamente políticas y características editoriales vinculadas con la Ciencia Abierta entre 2023 y 2025. El estudio amplía las mediciones realizadas en las ediciones anteriores y las sitúa dentro de la trayectoria institucional de la Ciencia Abierta en México y de las condiciones de financiamiento de la publicación científica. El preprint, titulado “SciELObservatorio México III: trayectoria histórica, formalización de políticas y financiamiento editorial de las revistas científicas mexicanas hacia la Ciencia Abierta (2023–2025)”, ha sido publicado en agosto de 2026. Tres años de observación de las políticas editoriales El SciELObservatorio México analiza la formalización pública observable de prácticas vinculadas con la Ciencia Abierta. Esto significa que identifica políticas, instrucciones y características que las revistas hacen explícitas y que pueden comprobarse documentalmente en sus sitios oficiales y, para determinados indicadores, mediante fuentes externas. La tercera edición integra tres levantamientos sucesivos: 161 revistas en 2023, 256 en 2024 y 263 en 2025. Debido a que la composición de la colección y los criterios de inclusión cambiaron durante este periodo, los resultados representan cortes censales sucesivos y no el seguimiento de un conjunto idéntico de revistas. Esta distinción permite observar cambios en la configuración general de la colección sin atribuir automáticamente las diferencias a transformaciones realizadas por las mismas publicaciones. La batería utilizada en 2025 comprende siete indicadores: aceptación de preprints, políticas sobre datos de investigación, apertura de la identidad de las personas evaluadoras, declaración de contribuciones autorales, licenciamiento abierto permisivo, publicación continua e inclusión vigente en el Directory of Open Access Journals (DOAJ). Los tres primeros integran el núcleo inicial del Monitor, mientras que los cuatro restantes permiten ampliar la observación hacia otras dimensiones de la apertura y de la organización editorial. Una incorporación creciente, pero todavía fragmentada El panorama de 2025 muestra que las prácticas estudiadas han alcanzado una parte considerable de la colección, aunque su incorporación continúa siendo desigual. De las 263 revistas examinadas, 184, equivalentes al 70,0%, presentaron al menos uno de los siete indicadores. Sin embargo, la proporción disminuye conforme aumenta el número de componentes presentes: 81 revistas —30,8%— reunieron dos o más y 28 —10,6%— alcanzaron tres o más. Ninguna revista reunió seis o los siete indicadores. Estos resultados no describen una transición uniforme hacia un único modelo de Ciencia Abierta. Los distintos componentes presentan niveles de incorporación muy diferentes. En 2025, la inclusión en DOAJ fue la condición más extendida, con 59,7% de las revistas, seguida por la publicación continua, con 26,2%, y las declaraciones de contribuciones autorales mediante CRediT o esquemas equivalentes, con 13,3%. Las políticas sobre datos alcanzaron 6,8%; el licenciamiento abierto permisivo, 6,5%; la aceptación de preprints, 3,8%; y la apertura de la identidad de las personas evaluadoras, 0,4%. La distribución muestra que las revistas no incorporan necesariamente estas prácticas de manera conjunta. Cada una supone decisiones editoriales y, en algunos casos, requerimientos específicos de infraestructura, conocimientos especializados, recursos, regulación y organización del trabajo. Por ello, el número de indicadores presentes se utiliza en la investigación para describir su amplitud y coexistencia, pero no constituye una escala de calidad, madurez institucional o grado de apertura de las revistas.   La sostenibilidad también forma parte del análisis Esta tercera edición incorpora además una dimensión que no forma parte de la batería principal, pero que se considera de interés para su documentación: las cuotas de publicación. El propósito fue observar su presencia como uno de los mecanismos mediante los cuales algunas revistas afrontan los costos asociados con la edición y publicación. La mayoría de las revistas estudiadas —227 de 263, equivalentes al 86,3%— declaró no realizar cobros. En 23 revistas —8,7%— se identificó al menos un pago asociado con alguna etapa del proceso editorial o de publicación, mientras que en 13 —4,9%— la información disponible no permitió determinar con claridad la existencia de una cuota. Los casos identificados muestran una considerable diversidad de montos, modalidades y justificaciones. Además, el cobro no estuvo restringido a un único tipo de institución: de las 23 revistas, doce pertenecían a instituciones públicas de educación superior o investigación y ocho eran editadas por asociaciones, academias o sociedades científicas. Esta composición permite examinar las cuotas no sólo en relación con los modelos comerciales de publicación, sino también como parte del problema más amplio de la sostenibilidad económica de las revistas científicas de acceso abierto. Datos abiertos para consultar y reutilizar los resultados Además del preprint, los datos utilizados para la investigación fueron depositados en SciELO Data como Datos de réplica: SciELObservatorio México III: trayectoria histórica, formalización de políticas y financiamiento editorial de las revistas científicas mexicanas hacia la Ciencia Abierta (2023–2025). El conjunto permite consultar los registros que sustentan el análisis y reconocer las políticas y características identificadas para las revistas estudiadas. La publicación conjunta del manuscrito y sus datos permite, además, distinguir entre los resultados agregados presentados en la investigación y la evidencia utilizada para construirlos. El preprint se encuentra disponible con el DOI 10.1590/SciELOPreprints.17621, mientras que los datos de réplica pueden consultarse en SciELO Data mediante el DOI 10.48331/SCIELODATA.8NPSIL. Los resultados de esta tercera edición serán abordados en próximas entregas de SciELO INFORMA, dedicadas a la trayectoria mexicana de la Ciencia Abierta, la evolución de las políticas sobre preprints, datos y evaluación abierta, los nuevos indicadores incorporados al Monitor, las condiciones de sostenibilidad editorial y las diferencias entre la formalización de una política y las capacidades necesarias para llevarla a la práctica.

INDIA se replantea su soberanía en materia de publicación científica: por la infraestructura nacional y la superación del modelo de APC

Publicado en The Hindu
https://www.thehindu.com/sci-tech/science/the-world-is-moving-on-from-paying-publishers-india-should-too/article71131706.ece/amp//

El mundo está dejando de pagar a las editoriales: India también debería hacerlo

Moumita Koley
Publicado: 23 de junio de 2026

La geopolítica de la publicación científica ha cambiado más en los últimos dieciocho meses que en las dos décadas anteriores. China está construyendo soberanía. Estados Unidos está examinando los costos. Australia está priorizando el acceso abierto inmediato. Europa y África están desarrollando infraestructura pública. América Latina sigue siendo el referente mundial en autosuficiencia. ¿Dónde queda la India?

En el ámbito de las políticas de publicación científica internacional se están produciendo numerosos cambios. En apenas dieciocho meses, entre finales de 2024 y mediados de 2026, Estados Unidos ha sometido a escrutinio congresional la economía de la publicación académica; Australia ha establecido el acceso abierto inmediato como requisito para toda investigación revisada por pares financiada con fondos públicos; Europa ha creado una plataforma pública de publicación denominada Open Research Europe; y China ha comenzado a construir un ecosistema nacional integrado de publicación científica diseñado explícitamente para redirigir el prestigio académico y los ingresos derivados de la publicación, alejándolos de las editoriales extranjeras.

Mientras tanto, la India comprometió 6.000 crores de rupias durante tres años para pagar a esas mismas editoriales el acceso al conocimiento, una parte considerable del cual fue generado por sus propios investigadores.

Este contraste no es casual. Refleja una diferencia fundamental en la forma en que las principales naciones productoras de investigación conciben la soberanía del conocimiento. Y plantea una pregunta que la comunidad de políticas científicas de la India aún no ha respondido con suficiente seriedad: ¿qué vendrá después del programa «One Nation One Subscription» y realmente estamos construyendo ese futuro?

Construir soberanía

Como señalaron Ashutosh Ghildiyal, Ning Zhang, Gareth Dyke y Yanli Wang en The Scholarly Kitchen, la estrategia china es amplia y cuidadosamente diseñada. En su visión, China ya no pretende ser únicamente un gran productor de investigación científica, sino convertirse en un actor central capaz de definir el futuro de la publicación académica.

Para lograrlo, el país está modificando sus sistemas de evaluación científica, desalentando el uso de indicadores como el factor de impacto, invirtiendo en infraestructura editorial, fortaleciendo sistemas confiables de revisión por pares y aumentando la visibilidad internacional de sus revistas. Como resultado, busca posicionar sus publicaciones nacionales para competir directamente con las principales revistas internacionales.

China también ha adoptado políticas destinadas a incentivar que sus investigadores publiquen en revistas nacionales. Entre ellas figuran la evaluación de la investigación por su calidad y por su contribución a las necesidades nacionales, más que por la revista en la que aparece publicada.

Como parte de la segunda fase de su Journal Excellence Action Plan, China está construyendo un ecosistema integrado de publicación científica en el que el financiamiento, las revistas, los sistemas de evaluación, las redes editoriales y los incentivos de política científica se refuercen mutuamente. Su objetivo es crear más de 400 revistas científicas chinas de nivel mundial, recuperar los ingresos editoriales que actualmente fluyen hacia editoriales extranjeras y consolidar plataformas nacionales capaces de competir con revistas como Nature, Science y Cell.

La Academia China de Ciencias, que reúne a más de 50.000 investigadores distribuidos en un centenar de institutos, anunció además a comienzos de 2026 que dejaría de pagar los cargos por procesamiento de artículos (APC) en más de treinta revistas internacionales de alto costo, entre ellas Nature Communications, Science Advances y Cell Reports. Estos APC son las tarifas que cobran las revistas de acceso abierto para publicar artículos y que pretenden compensar los ingresos que dejarían de percibir por suscripciones. Cada una de estas revistas cobra más de 5.000 dólares estadounidenses por artículo.

El mensaje dirigido a las editoriales es inequívoco: China no seguirá subvencionando la economía del prestigio de las editoriales extranjeras mientras desarrolla su propio sistema editorial. El mensaje para sus investigadores también es claro: publicar en revistas nacionales contará para la promoción académica y no deberá considerarse una opción de segunda categoría.

Examinando los gastos

La situación en Estados Unidos es más volátil y, desde el punto de vista ideológico, más compleja. En abril, una audiencia del Congreso reunió a legisladores, investigadores y representantes de la industria editorial para analizar el auge de las fábricas de artículos científicos (paper mills) y los costos de la publicación en acceso abierto. Entre las cuestiones planteadas figuraban si el gobierno estadounidense obtiene un valor suficiente por los miles de millones de dólares que gasta anualmente en suscripciones a revistas y en APC, y si el sistema actual realmente sirve al interés público.

La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) propuso reducir los gastos en suscripciones y publicación de artículos, incluidos los APC y otras tarifas, e incluso sugirió que estos costos dejaran de ser elegibles como gastos financiables con recursos federales. Aunque esta propuesta aún no se ha convertido en política oficial, el hecho es que el gobierno estadounidense ha comenzado a considerar las ganancias de las editoriales científicas —cuyos márgenes de beneficio rivalizan con los de las grandes empresas tecnológicas— como un problema de política fiscal y de transparencia, y no únicamente como una cuestión relacionada con el acceso abierto.

Este escrutinio representa al mismo tiempo una oportunidad de política pública y una advertencia para la India. Si los dos mayores financiadores de investigación del mundo están reconsiderando cuánto y por qué pagan por la publicación científica, el entorno de negociación que durante décadas permitió a las editoriales mantener confidenciales y prácticamente innegociables sus precios está empezando a cambiar.

Un nuevo mandato claro

Australia, por su parte, ha actuado con una claridad que pocos grandes sistemas científicos han mostrado. La Política de Acceso Abierto del Australian Research Council (ARC), especialmente su actualización v2026.1, entró en vigor el 1 de julio de 2026 y exige que todos los artículos científicos y ponencias de congresos derivados de investigaciones financiadas por el ARC sean de acceso abierto inmediato desde el momento mismo de su publicación, sin excepciones.

Un aspecto fundamental es que la responsabilidad de cumplir esta política recae en las instituciones que administran las subvenciones, es decir, las universidades y centros de investigación. La política está armonizada con las exigencias de grandes organismos financiadores internacionales, como los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y el Wellcome Trust del Reino Unido. Esto significa que cuando investigadores australianos colaboran con colegas estadounidenses o británicos, un único mecanismo de retención de derechos satisface simultáneamente los requisitos de todos los financiadores, reduciendo los costos administrativos que anteriormente permitían a las editoriales aprovechar la fragmentación de las políticas entre distintos países.

El ARC introdujo por primera vez esta política en 2013, y la versión de 2026 representa la culminación de una década de evolución, pasando de simples recomendaciones a un mandato obligatorio. Asimismo, hace una referencia explícita al acceso abierto verde (green open access): una vez publicado el artículo, deberá depositarse una copia en un repositorio de acceso abierto. Además de garantizar el acceso público, este procedimiento permite que los autores conserven los derechos sobre sus trabajos.

Infraestructura de propiedad pública

El enfoque europeo es igualmente ambicioso y ofrece una referencia importante para el futuro que la India debería plantearse. En lugar de limitarse a negociar con las editoriales existentes —como ocurre con el programa One Nation One Subscription (ONOS)— o de exigir que los investigadores publiquen en acceso abierto pagando APC, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la solución de largo plazo consiste en crear una infraestructura pública de publicación científica que elimine por completo la dependencia de las editoriales comerciales.

Open Research Europe, la plataforma editorial de la propia Comisión Europea, inicia una nueva etapa respaldada por un presupuesto cercano a 17 millones de euros para el periodo 2026-2031, de los cuales hasta 10 millones de euros serán financiados directamente por la Comisión Europea. La infraestructura tecnológica será operada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Está previsto que la plataforma comience a funcionar como un servicio editorial compartido durante este mismo año. Una vez operativa, los investigadores pertenecientes a once sistemas nacionales de investigación —Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Suiza— podrán publicar sus trabajos sin pagar ningún cargo.

Esto constituye acceso abierto, pero también representa la recuperación, por parte del sistema europeo de investigación, de una función editorial que había sido externalizada a editoriales comerciales durante las últimas cuatro décadas.

Paralelamente a Open Research Europe, Europa ha desarrollado a gran escala el modelo de acceso abierto diamante (diamond open access). En este modelo, las revistas publican artículos de acceso abierto sin cobrar APC a los autores, ya que los costos son asumidos por los organismos financiadores y las instituciones de investigación. Con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación de Francia, el European Diamond Capacity Hub busca fortalecer la infraestructura de publicación en acceso abierto diamante en toda Europa.

Lo que hace —y lo que no hace— ONOS

El programa indio One Nation One Subscription (ONOS), en funcionamiento desde enero de 2025, representó un avance real para resolver un problema urgente. Proporciona acceso a más de 13.000 revistas pertenecientes a 30 editoriales, beneficiando aproximadamente a 6.300 instituciones gubernamentales, académicas y de investigación, mediante un presupuesto comprometido de 6.000 crores de rupias para el periodo 2025-2027. Para los investigadores de instituciones de segundo y tercer nivel que anteriormente no tenían acceso a las revistas esenciales de sus disciplinas, este programa ha supuesto una transformación significativa.

Sin embargo, aunque ONOS resuelve el problema del acceso a la lectura, no resuelve el problema de la publicación. El programa incluye un fondo anual de 150 crores de rupias destinado al pago de APC, financiado con recursos asignados a la investigación, cuyo presupuesto ya muestra signos de reducción. Además, dado que más de la mitad de la producción científica mundial ya está disponible gratuitamente, una parte considerable del contenido al que ONOS paga por acceder ya puede consultarse sin costo alguno. En otras palabras, la India está destinando parte de esos 6.000 crores de rupias a acceder a contenidos que ya son gratuitos y, al mismo tiempo, a subvencionar un modelo de suscripción cuyos fundamentos están siendo abandonados en muchas otras partes del mundo.

El problema estructural es aún más profundo. ONOS carece de transparencia respecto a los precios negociados con las editoriales, las garantías frente a futuros aumentos de costos, las inversiones destinadas a fortalecer las revistas científicas indias y la estrategia que seguirá una vez concluido el programa en 2027. En consecuencia, cada futura negociación se llevará a cabo desde una posición de dependencia demostrada, sabiendo las editoriales que la India no dispone de una alternativa creíble y que el costo político de suspender el acceso mediante ONOS sería demasiado elevado para cualquier gobierno.

En este sentido, ONOS debe entenderse como un puente y no como un destino final.

La aspiración declarada de la India de alcanzar una mayor autosuficiencia resulta incompatible con seguir subvencionando indefinidamente a un reducido grupo de editoriales comerciales extranjeras para acceder a conocimientos producidos por investigadores indios con recursos públicos de la propia India. Una estrategia más adecuada combinaría mandatos inmediatos de acceso abierto verde para la investigación financiada con fondos públicos, políticas de retención de derechos para los investigadores, mayores inversiones en revistas y plataformas editoriales nacionales, transparencia en los gastos destinados a APC y la participación en iniciativas internacionales orientadas al desarrollo de infraestructuras de publicación gobernadas por la propia comunidad científica.

La oportunidad es ahora

La geopolítica de la publicación científica ha cambiado más en los últimos dieciocho meses que en las dos décadas anteriores. China está construyendo soberanía científica. Estados Unidos está examinando críticamente los costos. Australia ha priorizado el acceso abierto inmediato. Europa está construyendo infraestructura pública. África también avanza en el desarrollo de infraestructuras locales, mientras que América Latina continúa siendo el referente mundial en infraestructura editorial autosuficiente y gobernada por la comunidad académica.

La dirección del cambio en todos los grandes sistemas de investigación es la misma: alejarse de la dependencia de las editoriales comerciales y avanzar hacia la propiedad pública, el acceso público y los beneficios públicos del conocimiento.

En este contexto, la India dispone tanto de una oportunidad como de una limitación temporal. ONOS ha demostrado que el Gobierno de la India reconoce el acceso al conocimiento como un bien público digno de una financiación sustancial. Asimismo, la Anusandhan National Research Foundation posee el mandato de reformar las condiciones en que la ciencia india comunica sus resultados. Por ello, la India cuenta hoy con la legitimidad política necesaria para cuestionar las políticas de precios de las grandes editoriales científicas de una forma que habría parecido radical hace apenas cinco años.

Moumita Koley es analista principal de investigación en el Indian Institute of Science, en Bengaluru.

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The world is moving on from paying publishers — India should too The geopolitics of scholarly publishing has shifted more in the last 18 months than in the last two decades. China is building sovereignty. The U.S. is scrutinising costs. Australia is prioritising immediate access. Europe and Africa are building public infrastructure. Latin America remains the leader in self-reliance. Where is India?

Published - June 23, 2026 

Moumita Koley

A number of activities are underway in the global scholarly publishing policy space. Within a span of 18 months, from late 2024 to mid-2026: the United States has placed the economics of academic publishing under Congressional scrutiny, Australia has mandated immediate open access to all publicly funded peer reviewed research, Europe has launched a publicly owned publishing platform called Open Research Europe, and China has begun building an integrated domestic scholarly publishing ecosystem explicitly designed to redirect research prestige and publishing revenue away from foreign publishers. 

India, meanwhile, committed ₹6,000 crore over three years to pay those same publishers for access to knowledge — a considerable part of which was generated by its own researchers.

The contrast is not incidental. It reflects an essential divergence in how the world’s major research-producing nations are thinking about knowledge sovereignty. And it raises a question India’s science policy community has not yet answered with sufficient seriousness: what comes after ‘One Nation One Subscription’ — and are we really building towards it?

Building sovereignty

As Ashutosh Ghildiyal, Ning Zhang, Gareth Dyke, and Yanli Wang wrote in The Scholarly Kitchen, China’s strategy is elaborate. In its vision, the country is no longer simply a major contributor to global research output but is increasingly a central actor shaping the future of scholarly publishing.

To that end, China is changing research evaluation practices by discouraging metrics like the ‘impact factor’, investing in journal infrastructure, instituting a credible peer-review system, and increasing international visibility. (A journal’s impact factor is meant to show its impact on the field based on how much the papers it publishes are cited.) As a result, China wishes to position its domestic journals to compete globally.

The country has also made policy choices to encourage Chinese researchers to publish in domestic journals. They include evaluating research by its quality rather than by the journal it appeared in and paying attention to whether research is addressing national needs.

As part of this upgrade, the second phase of its Journal Excellence Action Plan, China is building an integrated scholarly publishing ecosystem in which funding, publication venues, evaluation systems, editorial networks, and policy incentives reinforce one another. As a result, it plans to create more than 400 world-class Chinese-owned journals, capture publishing revenues currently flowing to foreign publishers, and establish Chinese platforms as credible alternatives to the likes of Nature, Science, and Cell.

The Chinese Academy of Sciences, which has more than 50,000 researchers across 100 institutes, also announced in early 2026 that it would stop paying article processing charges (APCs) for more than 30 high-cost international journals, explicitly including Nature Communications, Science Advances, and Cell Reports. The APC is a fee levied by journals to publish open-access papers; the fee is supposed to ‘compensate’ the revenue the journal will lose since others won’t have to buy the paper to read it. Each of these three journals charges over $5,000 per paper in APCs.

The message to publishers is clear: China will not subsidise the prestige economy of foreign publishers while building its own. The message to its researchers is equally clear: publishing in domestic journals will count for career progression and should not be treated as a second-class choice.

Checking expenses

The situation in the U.S. is more volatile and ideologically complex. A congressional hearing in April brought together lawmakers, researchers, and publishing industry representatives to examine the rise of paper mills and the costs of open-access publishing. The questions included whether the U.S. government is getting enough value for the billions it spends annually on journal subscriptions and APCs, and whether the current system serves the public interest.

The Office of Management and Budget proposed curtailing the subscription and journal publication costs, including APCs and other fees, and suggested disallowing them under federal awards. While policy has yet to be changed, the fact remains that the U.S. government is viewing journal publishers’ profits — and whose margins rival those of Big Tech — as a fiscal and transparency concern rather than solely as an open-access one.

This scrutiny offers both a policy opportunity and a cautionary tale for India. If the world’s two most powerful research-funders are reconsidering what they are paying for scholarly publishing, the negotiating environment that has kept publisher pricing confidential and non-negotiable is beginning to shift.

A clear new mandate

As it happens, Australia has moved with the least ambiguity of any major research system. The Australian Research Council (ARC) Open Access Policy, especially the v2026.1 update, takes effect on July 1, 2026, and requires journal articles and conference papers arising from ARC-funded research to be made openly accessible immediately upon publication, with no exceptions.

Crucially, the compliance burden falls on the organisations administering the grants — i.e. the universities and research institutions. The policy is aligned with large international funding bodies such as the U.S. National Institutes of Health and the Wellcome Trust in the U.K. This matters because it means that when Australian researchers co-author with U.S. or U.K. colleagues, a single rights-retention approach serves all funder requirements simultaneously, reducing the transaction costs that have previously allowed publishers to exploit policy fragmentation across borders.

The ARC first introduced its policy in 2013, and the 2026 version represents the culmination of a decade-long trajectory from encouragement to hard mandate. It is also careful to mention green open access: once ready, a copy of the paper will be archived in an openly accessible repository. Aside from guaranteeing access, doing so will also allow the paper’s authors to retain the rights to it.

Publicly owned infrastructure

Europe’s approach is also ambitious and relevant to what India should be building towards. Instead of negotiating with existing publishers — including the ‘One Nation One Subscription’ scheme — or requiring researchers to publish their papers to be open access by paying an APC, the European Commission has concluded that the long-term solution is to create publicly owned publishing infrastructure that removes commercial publishers from the equation entirely.

Open Research Europe, which is the European Commission’s own publishing platform, is entering a new phase backed by a nearly €17 million budget for 2026-2031, co-funded by the European Commission by up to €10 million. The operating platform will be provided by the European Organisation for Nuclear Research (better known as CERN). The platform is expected to begin operating as a collectively supported publishing service later this year. Once it is live, researchers from 11 participating national research systems — Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland — will be able to publish without paying.

This is open access but it is also the European research ecosystem taking back the publishing function that it had outsourced to commercial publishers over the last four decades.

In parallel with Open Research Europe, Europe has operationalised the diamond open access model at scale. In this paradigm, a journal publishes open access papers without levying an APC; the costs are instead borne by the funders and the research institutions. With some support from the French National Research Agency, the European Diamond Capacity Hub needs to strengthen diamond open-access publishing infrastructure across Europe.

What ONOS does and does not do

India’s ‘One Nation One Subscription’ (ONOS) scheme, which has been operational since January 2025, was a genuine step forward in addressing a real and urgent problem. ONOS provides access to more than 13,000 journals from 30 publishers to approximately 6,300 government, academic, and research institutions at a total committed budget of ₹6,000 crore over three years (2025-2027). For researchers at tier-2 and tier-3 institutions who have never had access to the journals their fields require, this is transformative.

However, while ONOS solves the reading problem, it does not address the publishing problem. ONOS comes with an APC fund of ₹150 crore per year, replenished from what India allocates for research, which is already dwindling. Further, with more than half of research worldwide already being freely accessible, a significant proportion of what ONOS is paying to access is already available at zero cost. That is, India is partly paying ₹6,000 crore to access content that is already free and partly to subsidise a subscription model whose foundations are being dismantled everywhere else in the world.

The structural problem runs deeper. ONOS is opaque on publisher pricing, protection against future cost inflation, investment in Indian journals, and a post-2027 strategy. Every future negotiation is to be conducted from a position of demonstrated dependence, with journal publishers aware that India has no credible alternative — and that the political cost of losing ONOS access is too high for any government to bear.

In this sense, ONOS should be seen as a bridge, not a destination.

India’s stated ambition to become more self-sufficient is inconsistent with indefinitely subsidising a small group of foreign commercial publishers to access knowledge produced by Indian researchers with Indian public funds. A better strategy would be to combine immediate green open-access mandates for publicly funded research, rights retention policies for researchers, more investments in Indian journals and publishing platforms, transparent APC expenses, and participating in international efforts to develop community-governed publishing infrastructure.

Window is now

The geopolitics of scholarly publishing has shifted more in the last 18 months than in the last two decades. China is building sovereignty. The U.S. is scrutinising costs. Australia is prioritising immediate access. Europe is building public infrastructure. Africa is also moving forward with local infrastructure, and Latin America was and still is the leader in self-reliant, community-governed local publishing infrastructure.

The direction of change across every major research system is the same: away from commercial dependencies and towards public ownership, public access, and public benefits.

In this context, India has both an opportunity and a time constraint. ONOS has established that the Government of India recognises knowledge access as a public good worth funding at scale. The Anusandhan National Research Foundation also has a mandate to reform the conditions in which Indian science reports its findings. Thus, India has the political legitimacy to push back against publishers’ pricing in ways that would have seemed radical five years ago.

Moumita Koley is a senior research analyst at the Indian Institute of Science, Bengaluru.