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miércoles, 25 de junio de 2025

MÉXICO: ¿Ciencia para publicar en revistas prestigiadas o para reindustrializar el país?

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/06/18/opinion/ciencia-sin-industria-talento-sin-destino




Ciencia sin industria, talento sin destino

Cuatro décadas después, la paradoja es evidente: México genera conocimiento que su economía no puede aprovechar. 

18 de junio de 2025 

Con la apertura económica y la adopción del modelo neoliberal en los años 80, México dejó de concebir el conocimiento como herramienta del desarrollo productivo. La nueva planta industrial se configuró bajo control extranjero, con empresas trasnacionales que conservaron sus centros de investigación en los países de origen. No necesitaron del conocimiento generado localmente. En ese contexto, contar con un aparato científico nacional vinculado al aparato productivo dejó de ser necesario. 

Desde entonces, ciencia, tecnología, industria y pensamiento social siguieron caminos separados. Mientras la estructura productiva se subordinaba a cadenas globales de bajo valor agregado, el sistema científico se replegó hacia la academia. El Conacyt concentró sus esfuerzos en formar doctores, financiar posgrados y evaluar artículos indexados. Y las ciencias sociales, atrapadas en circuitos teóricos importados, abandonaron toda aspiración de orientar un proyecto nacional. Cuatro décadas después, la paradoja es evidente: México genera conocimiento que su economía no puede aprovechar.  

Desde la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, la política científica giró en torno al reconocimiento externo. La ciencia se volvió una carrera individualista, enfocada en publicaciones especializadas, no en resolver problemas públicos. Al mismo tiempo, las universidades y centros de investigación se cerraron sobre sí mismos, amparados en una noción de autonomía desvinculada del interés nacional. La “excelencia” funcionó como escudo contra cualquier transformación. Emergió así una élite académica dorada, financiada por el Estado, pero alejada de las necesidades del país. 

Muchas disciplinas, especialmente en las ciencias básicas, operan hoy sin conexión alguna con el aparato productivo. En las ciencias sociales, el panorama es aún más grave: domina un colonialismo intelectual que impide la construcción de agendas propias, subordinando la colaboración internacional a intereses ajenos al desarrollo nacional. No se trata sólo de enfoques teóricos: en cuatro décadas, las ciencias sociales mexicanas han sido incapaces de proponer una política de planificación, un modelo de reindustrialización o una alternativa coherente de proyecto nacional. Sin pensamiento social articulado al interés público, la política científica corre el riesgo de volverse tecnocrática o vacía de sentido nacional. 

El SNI ha crecido de forma vertiginosa –de mil 396 miembros en 1984 a más de 46 mil en 2025–, pero sin reflejarse en el desarrollo humano o la innovación tecnológica. Aunque hay aportes relevantes, el sistema funciona como una maquinaria simbólica que legitima privilegios. Basta con publicar en revistas de circulación restringida –aunque nadie las lea en el país– para mantener los estímulos. En esta lógica, el SNI opera como un programa de transferencias sin evaluación colectiva. 

La formación científica se ha vuelto un ciclo cerrado: produce doctores que no tienen dónde insertarse, más allá de universidades públicas ya saturadas. En lugar de integrarse al aparato productivo, el talento circula dentro del propio sistema, sin romper su inercia. El riesgo es evidente: convertir la ciencia en simulacro de legitimidad, sin impacto real. 

Si esta tendencia continúa, podríamos enfrentar una paradoja mayor: más investigadores compitiendo por estímulos que ingenieros resolviendo problemas industriales. No se trata de un exceso de científicos, sino de la ausencia de un proyecto de nación que los articule al desarrollo. Mientras, la industria manufacturera –controlada por capital extranjero– opera sin relación con el conocimiento local, profundizando la desconexión entre ciencia, educación y producción. 

México no necesita simplemente más doctores o más ingenieros. Necesita un proyecto de desarrollo que los requiera, los articule y los valore. Sin una política industrial soberana que impulse la innovación local, cualquier esfuerzo por formar talento seguirá cayendo en el vacío. 

Frente a este escenario, el gobierno de la Cuarta Transformación representó un parteaguas. Por primera vez en décadas, se impulsó un esfuerzo serio por reorientar la política científica hacia el bienestar colectivo. El Conahcyt –con una intención renovadora y objetivos ambiciosos, aunque sin una estrategia plenamente consolidada– buscó restructurar los centros públicos de investigación, reformar el SNI, reordenar las prioridades del sistema y corregir prácticas discrecionales en el uso de recursos públicos. 

Este intento por vincular el conocimiento con el interés nacional y cerrar espacios a los abusos presupuestales enfrentó resistencias significativas: desde estructuras burocráticas consolidadas y sectores académicos reacios al cambio, hasta decisiones del Poder Judicial que impidieron establecer responsabilidades por el uso indebido de fondos públicos. En algunos casos, quienes fueron señalados por estas prácticas regresaron a ocupar posiciones de influencia dentro del sistema. Estas resistencias limitaron el alcance del proyecto e impidieron una transformación más profunda y sostenida. 

La transformación del Conahcyt en Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) puso en evidencia el conflicto entre dos proyectos de desarrollo científico: uno con vocación popular, orientado al bienestar colectivo; y otro aferrado a beneficios corporativos y a criterios autorreferenciales. Aunque el discurso reformador se ha sostenido, el impulso original ha enfrentado los límites de una institucionalidad marcada por inercias profundas. La lógica de la administración pública, con sus tiempos, resistencias y mecanismos de operación, ha terminado por influir en la implementación del nuevo modelo científico. En lugar de consolidar una ruptura estructural, se observa una tendencia a normalizar los cambios dentro de los marcos existentes, lo que ha debilitado el horizonte transformador planteado inicialmente. 

Mientras, México sigue formando generaciones de especialistas sin destino. Urge reconstruir el vínculo entre ciencia, Estado e industria. Pero debe quedar claro: la Secretaría de Ciencia no basta. Su función es reorganizar el sistema y desmontar los privilegios de las élites académicas, pero si el Estado no interviene para reindustrializar el país, el talento seguirá siendo irrelevante. 

El conocimiento no se traduce en bienestar si no hay un aparato productivo nacional que lo demande. Sólo una política científica soberana, respaldada por una política industrial firme, podrá poner el conocimiento al servicio del país y consolidar el horizonte transformador que la Cuarta Transformación apenas comenzó a trazar, pero que sigue esperando ser profundizado. 

*Director del CIDE

domingo, 22 de junio de 2025

ARGENTINA: la Univ. de Buenos Aires es la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo, según el ranking QS

Publicado en infobae
https://www.infobae.com/educacion/2025/06/18/la-uba-es-la-unica-universidad-de-america-latina-entre-las-100-mejores-del-mundo-segun-el-ranking-qs/




La UBA es la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo, según el ranking QS

Aunque cayó 13 lugares, se mantuvo como la primera del país y de la región. Desde la casa de estudios atribuyeron el descenso al impacto de los recortes presupuestarios en los indicadores de investigación. La UNLP quedó segunda de Argentina y la UCA, tercera
18 Jun, 2025

 La Universidad de Buenos Aires es la única universidad de América Latina que figura entre las 100 mejores del mundo, según los resultados del ranking internacional de Quacquarelli Symonds (QS), publicado este miércoles. La UBA ocupa el puesto 84° a nivel global: cayó 13 lugares con respecto al año pasado. Desde la universidad atribuyeron ese descenso a los problemas de financiamiento, y particularmente al impacto de los recortes en investigación.

 Entre las argentinas, detrás de la UBA quedó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que subió 76 posiciones y quedó en el puesto 458. El tercer lugar fue para la Universidad Católica Argentina (UCA), que se posicionó como la mejor universidad privada del país y quedó en el puesto 517 (cayó 36 posiciones).

El top 5 nacional en el ranking QS se completa con la Universidad Austral (puesto 519) y la Universidad de Palermo (en el rango 771-780). Entre las primeras 1000 universidades del mundo también figuran la Nacional de Córdoba (UNC), en el rango 851-900; la de Belgrano (UB) y la Torcuato Di Tella (UTDT), ambas en los puestos 951-1000.

Luego aparece la UADE, que este año ingresó por primera vez a la lista en el rango 1001-1200, donde también se ubican las universidades de San Andrés (UdeSA) y Rosario (UNR). La marca distintiva del ranking QS es que el 45% de la clasificación se basa en encuestas de reputación entre académicos y empleadores.





Otras tres universidades latinoamericanas solían figurar en el top 100 global, pero quedaron afuera en esta edición: son la Universidade de São Paulo (USP), la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   

“La Universidad de Buenos Aires se ha convertido en la única representante de América Latina entre las 100 mejores universidades del mundo. Esto subraya la duradera reputación de la UBA como la principal institución de Argentina, altamente valorada tanto por los empleadores internacionales como por los académicos”, señaló el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter.

En el comunicado oficial, el responsable de QS señaló algunos desafíos críticos: “Las universidades públicas argentinas se enfrentan a crecientes presiones en materia de financiación, cambios en las necesidades de la sociedad y resultados desiguales de los estudiantes, lo que suscita un debate sobre el futuro de su sistema de enseñanza superior”.

“La resistencia de la UBA en las clasificaciones mundiales demuestra la capacidad de Argentina para competir al más alto nivel, pero para que el sector de la enseñanza superior revierta su tendencia a la baja será necesario abordar las deficiencias estructurales”, consideró Sowter. 

En total hay 18 instituciones argentinas –11 públicas y 7 privadas– en el ranking QS, que evaluó a más de 1500 universidades de 106 países. En la región, el país con más universidades clasificadas es Brasil (24), seguido de México (22) y Chile (20). Por debajo de Argentina figura Colombia, con 13 instituciones en el ranking. A nivel global, el país más representado es Estados Unidos, con 192 instituciones, seguido del Reino Unido, con 90.

A nivel global, el primer puesto lo ocupa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que lleva 14 años consecutivos en la cima. Luego sigue el Imperial College de Londres y, en tercer lugar, la Universidad de Stanford. En 4° lugar queda Oxford, seguida por Harvard (5°). El top 10 mundial se completa con Cambridge (6°), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (7°), la Universidad Nacional de Singapur (8°), el University College de Londres (9°) y el Instituto Tecnológico de California (10°).

Los indicadores clave

A diferencia de otros rankings universitarios, el QS pondera en primer lugar la reputación académica (30%) y la reputación entre empleadores (15%), junto con el impacto de la investigación medido por citas por profesor (20%). También valora la proporción de profesores por alumno (10%) y el grado de internacionalización de la matrícula de estudiantes (5%), de los profesores (5%) y de la investigación (5%). El índice se completa con la empleabilidad (5%) y la sostenibilidad (5%).

En Argentina, la UBA lidera en 6 de los 9 indicadores. Se destacó por la reputación entre académicos y empleadores, pero sobre todo por los “resultados de empleo”: en ese indicador ocupó el puesto 12 global, “lo que sugiere que produce graduados altamente cualificados y preparados para el trabajo”, indicó el comunicado de QS.

Aunque se mantiene en la cima a nivel nacional y regional, desde la universidad atribuyeron la caída en el ranking QS –del puesto 71 al 84– a los recortes en el presupuesto educativo nacional. “Las universidades públicas, y en particular la Universidad de Buenos Aires, atraviesan una crítica situación de desfinanciamiento, que afecta especialmente al área de investigación científica y que impacta directamente en el resultado obtenido”, señaló la institución en un comunicado.

Desde la UBA explicaron que las universidades argentinas “experimentaron la caída más pronunciada en la categoría citas por profesor, consecuencia directa de la falta de publicación de trabajos en el exterior”, y denunciaron una vez más “la política de desfinanciamiento de la ciencia en el ámbito universitario”.

La UCA volvió a posicionarse como la mejor universidad privada del país y se ubicó primera en el indicador de ratio de profesores por alumno. “Nuestra propuesta se basa en poner al alumno en el centro de la escena para brindarle una formación inspirada en el humanismo cristiano que abarca todas las dimensiones de la persona: pensar, sentir y hacer para el bien común de la sociedad”, sostuvo el rector, Miguel Ángel Schiavone.

La Universidad de San Andrés se destacó en el indicador de citas por profesor. La Universidad Austral, en tanto, fue una de las pocas que mejoró su posición con respecto a la edición anterior: subió 5 puestos, del 524 al 519. “Que nuestra universidad sea ubicada de forma constante desde hace años entre las instituciones más destacadas de la región es un gran reconocimiento por parte de los empleadores y la comunidad académica”, señaló Julián Rodríguez, rector de la institución. Y resaltó la necesidad de “consolidar un ecosistema competitivo junto con las empresas y la sociedad en su conjunto”.

La Universidad de Palermo (UP) encabezó el indicador referido a la proporción de estudiantes internacionales, algo muy valorado por la mayoría de los rankings. “La educación superior atraviesa un cambio de paradigma. La inteligencia artificial, la evolución del trabajo y las nuevas demandas generacionales están reformulando nuestras prácticas. Ya no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de revisar el rol de la universidad y la experiencia que proponemos a nuestros estudiantes”, consideró Matías Popovsky, vicerrector de la UP.

Resultados dispares

Esta semana, el ranking de Times Higher Education (THE) había arrojado resultados muy diferentes para las universidades argentinas. Esa medición evaluó a las universidades en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a partir de indicadores referidos a cuatro áreas principales: investigación, gestión responsable, divulgación y docencia. 


 

En este ranking, la institución argentina mejor posicionada fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el rango 301-400. Luego figuran las universidades nacionales del Litoral (UNL), de Rosario (UNR) y de Cuyo (UNCuyo). Estas cuatro universidades públicas son las únicas que figuran en los tres rankings universitarios difundidos este mes: el QS, el THE y el CWUR.

Hay varias instituciones argentinas –entre ellas, la UBA– que no participan de la medición de Times Higher Education. Según explicaron desde THE, el ranking “opera de forma voluntaria”. Para figurar en la lista, “cada universidad clasificada tiene que registrarse activamente para compartir y aprobar datos institucionales básicos”, dijeron desde THE a Infobae.

Este mes también se conocieron los resultados del ranking global CWUR, que se diferencia de QS porque les otorga más peso a los indicadores referidos a investigación (40%), complementados con la calidad de la educación (25%), la empleabilidad (25%) y la calidad de los profesores (10%). En este ranking, la UBA también figura como la mejor del país, pero queda en el puesto 409 a nivel global y quinta en América Latina. Aquí solo clasificaron 7 universidades argentinas, todas públicas, y no hubo instituciones de América Latina en el top 100.

El otro ranking global de referencia es el Academic Ranking of World Universities (ARWU), también conocido como el ranking de Shanghái. Aquí también tiene un peso fundamental la investigación, medida a partir del número de exalumnos y docentes que ganaron premios Nobel, la cantidad de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate y el número de artículos publicados en revistas como Nature y Science, entre otros factores. En la última edición, de 2024, solo había dos instituciones argentinas entre las 1000 mejores: la UBA (en el rango 201-300) y la Universidad Nacional de Córdoba (801-900).

“Para hacer investigación se necesita contar con un gran presupuesto, y no solo para las ciencias duras o médicas, en las que es fundamental contar con buenos laboratorios y tecnología de punta. Parte del presupuesto para hacer investigación se invierte en recursos humanos de dedicación exclusiva. Pero son caros, por eso en las universidades argentinas predominan los docentes de dedicación simple”, señaló Marcelo Rabossi, doctor en Educación, profesor e investigador en la Universidad Di Tella, a Infobae.

Según explicó Rabossi, las universidades que encabezan los rankings suelen tener entre el 75% y el 90% de docentes de dedicación exclusiva. En la Argentina, en promedio es solo el 10%. Otra diferencia significativa que impacta en los indicadores de “calidad docente” es que las universidades de Estados Unidos y el Reino Unido tienen un promedio de 50% de profesores con doctorado, mientras que para el sistema argentino esa proporción es inferior al 15%.

Si se toma el caso de Harvard, que encabeza los rankings CWUR y ARWU y figura en el puesto 5 en Q

S, la diferencia de financiamiento con respecto a las instituciones argentinas es monumental. “Anualmente Harvard invierte unos 6.000 millones de dólares: un monto equivalente al total del presupuesto de las 56 universidades nacionales argentinas, incluidos los fondos que ellas mismas generan. El tipo de investigación que valoran estos rankings es realmente muy caro y de allí nuestro problema”, sostuvo Rabossi. Y subrayó: “Cuanto menos se invierta, menor será nuestra relevancia, sobre todo si comparamos el esfuerzo y los fondos que invierten los países desarrollados”.


viernes, 20 de junio de 2025

PALESTINA: Académicos israelíes publican una carta abierta condenando el genocidio de Gaza

Publicado en World Socialist Web Site https://www.wsws.org/en/articles/2025/06/02/cwpz-j02.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Académicos israelíes publican una carta abierta condenando el genocidio de Gaza


Andre Damon, David North

1 de junio de 2025


El miércoles, 1.200 académicos y administradores de universidades israelíes publicaron una carta abierta en protesta por los «crímenes de guerra e incluso crímenes contra la humanidad» cometidos por el ejército israelí en Gaza.


La carta -dirigida a la Asociación de Directores de Universidades de Israel, la Junta de Colegios Públicos Académicos, la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades y Académicos por la Democracia Israelí- es una reacción al lanzamiento en marzo de la «Operación Carros de Gedeón», que emplea la inanición masiva de la población palestina en pos de lo que ahora es la política abierta del gobierno israelí: la limpieza étnica de Gaza.


La declaración declara:


Desde que Israel violó el alto el fuego el 18 de marzo, casi 3.000 personas han muerto en Gaza. La gran mayoría de ellas eran civiles. Desde el comienzo de la guerra, al menos 53.000 personas han muerto en Gaza, entre ellas al menos 15.000 niños y al menos 41 rehenes israelíes. Al mismo tiempo, muchos organismos internacionales advierten de la hambruna aguda -resultado de la política gubernamental israelí intencionada y abiertamente declarada-, así como de la conversión de Gaza en una zona no apta para la habitación humana. Israel sigue bombardeando hospitales, escuelas y otras instituciones. Entre los objetivos declarados de la guerra, tal y como se definen en las órdenes de la actual operación militar «Carros de Gedeón», está la «concentración y desplazamiento de la población». Se trata de una horripilante letanía de crímenes de guerra e incluso de crímenes contra la humanidad, todos obra nuestra.


Sin embargo, dado el incesante bombardeo de mentiras al que están sometidos los israelíes, el hecho de que más de 1.000 académicos hayan denunciado las políticas del gobierno como criminales es un avance significativo.


La carta es una acusación devastadora no sólo contra el gobierno de Netanyahu, sino también contra sus patrocinadores internacionales en Washington, Londres, Berlín y otras capitales, que han denunciado las críticas al genocidio de Israel en Gaza como una forma de «antisemitismo». El New York Times y otros grandes medios de comunicación imperialistas no han informado sobre la carta, a pesar de la destacada cobertura de Haaretz y Al Jazeera.


La carta contrasta el papel vocal que desempeñaron las universidades israelíes en las protestas masivas de 2023 contra el intento del gobierno de Netanyahu de suprimir el poder judicial con su relativo silencio sobre el genocidio en curso. Declara:


Las instituciones de enseñanza superior israelíes desempeñan un papel central en la lucha contra la supresión del poder judicial. Es precisamente en este contexto en el que su silencio ante la matanza, el hambre y la destrucción en Gaza, y ante la completa eliminación del sistema educativo allí, de su gente y de sus estructuras, es tan sorprendente.


Hay otros signos de creciente oposición en Israel al genocidio de Gaza. La publicación de la carta se produjo tras las manifestaciones celebradas el martes en universidades de todo Israel, en las que estudiantes y profesores protestaron por el genocidio que se está cometiendo en Gaza. «Esta es la primera acción contra la negación en curso y el apoyo silencioso a los crímenes que se cometen en nuestro nombre», dijeron los organizadores a Haaretz. En la Universidad de Tel Aviv, estudiantes y profesores que protestaban contra el genocidio fueron agredidos por agentes de policía del campus.


Una de las organizadoras de la protesta dijo a Haaretz: «Hay una sensación de avance, de que a partir de ahora no será posible contenerse». Y añadió: "Hay toda una comunidad que vive bajo una especie de censura, que se siente sofocada, con un grito alojado en la garganta. El mensaje que recibimos de los estudiantes es claro: necesitan que dejemos de callar".


Ayelet Ben-Yishai, profesora de la Universidad de Haifa, declaró a Al Jazeera que, para algunos participantes, la decisión de oponerse públicamente al genocidio fue una respuesta a "la ruptura del alto el fuego en marzo. Ese fue un momento decisivo para muchos, además de presenciar la hambruna a la que hemos estado obligando a Gaza desde entonces".


El grupo que organiza la publicación de la carta se llama «Red de Acción Bandera Negra». El profesor On Barak, de la Universidad de Tel Aviv, dijo a Haaretz que el nombre del grupo es una referencia al término «acuñado por [el entonces juez del Tribunal de Magistrados de Jerusalén] Benjamin Halevy tras la masacre de Kafr Qasim de 1956, en la que 48 palestinos inocentes fueron asesinados por la Policía de Fronteras israelí». El juez Halevy escribió en su sentencia: "El sello distintivo de la ilegalidad manifiesta es que debe ondear como una bandera negra sobre la orden dada, una advertencia que diga: '¡prohibido! No la ilegalidad formal... sino la violación clara y evidente de la ley".


Barak añadió: «La indiferencia generalizada [hacia los gazatíes] entre muchos israelíes es el resultado de una intensa campaña de deshumanización a la que hay que oponerse activamente.»


La profesora Yael Hashiloni-Dolev, de la Universidad Ben-Gurion del Néguev, declaró a Haaretz: "Cualquier persona con un mínimo de responsabilidad o humanidad no puede seguir creyendo en la propaganda. Debemos reconocer que en Gaza se están cometiendo abiertamente crímenes de guerra y contra la humanidad. Estamos en medio de un colapso moral".


Al Jazeera señaló que «la carta de los académicos es única en el sentido de que sitúa el sufrimiento palestino en el centro de sus objeciones a la guerra».


El profesor Ben-Yishai declaró a Al Jazeera que "queríamos situar el sufrimiento palestino en el centro. Queríamos decir que estamos al lado y en solidaridad con los palestinos. También se trataba de asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo en Gaza y abrir los ojos a la gente".


La carta hace un llamamiento a «toda la gente de esta tierra, palestinos y judíos». Declara: «Por la vida de los inocentes y la seguridad de toda la gente de esta tierra, palestinos y judíos; por el retorno de los rehenes; si no llamamos a detener la guerra inmediatamente, la historia no nos perdonará».


La carta tiene el carácter de un llamamiento moral. Sus autores no abordan las cuestiones históricas y políticas fundamentales que subyacen al genocidio. Pero por muy profunda que sea la indignación contra la guerra, el desarrollo de una oposición efectiva al régimen exige una ruptura con la ideología y las políticas del sionismo. El carácter genocida de esta guerra es la culminación de las políticas basadas en los fundamentos políticos reaccionarios sobre los que se erigió el «Estado judío» en 1948.


La oposición de los socialistas judíos y árabes, y de la IV Internacional trotskista, a la formación del Estado sionista en 1948 ha sido reivindicada.


Los autores de la carta afirman que «es nuestro deber salvar lo que aún puede salvarse del futuro de esta tierra». La redacción lleva a esperar que la referencia a «esta tierra» en lugar de a Israel indique una creciente conciencia de que la existencia del Estado israelí, basada en la expropiación y aniquilación del pueblo palestino, excluye cualquier futuro que no sea el de perpetuar el asesinato en masa.


El único futuro viable es el que logre la disolución revolucionaria del Estado sionista existente y la unificación de la clase obrera palestina y judía en una república socialista.



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Israeli academics issue open letter condemning Gaza genocide

Andre Damon, David North
1 June 2025

On Wednesday, 1,200 Israeli university academics and administrators issued an open letter protesting the “war crimes and even crimes against humanity” committed by the Israeli military in Gaza.

The letter—addressed to the Association of University Heads in Israel, the Board of Academic Public Colleges, the Israel Academy of Sciences and Humanities, and Academics for Israeli Democracy—is a reaction to the launching of “Operation Gideon’s Chariots” in March, which is employing the mass starvation of the Palestinian population in pursuit of what is now the open policy of the Israeli government: the ethnic cleansing of Gaza.  

The statement declares:

Since Israel violated the ceasefire on March 18, almost 3,000 people have been killed in Gaza. The vast majority of them were civilians. Since the start of the war, at least 53,000 people have been killed in Gaza, including at least 15,000 children and at least 41 Israeli hostages. At the same time, many international bodies are warning of acute starvation—the result of intentional and openly declared Israeli government policy —as well as of the rendering of Gaza into an area unfit for human habitation. Israel continues to bomb hospitals, schools, and other institutions. Among the war’s declared goals, as defined in the orders for the current military operation “Gideon’s Chariots,” is the “concentration and displacement of the population.” This is a horrifying litany of war crimes and even crimes against humanity, all of our own doing.  

As academics, we recognize our own role in these crimes. It is human societies, not governments alone, that commit crimes against humanity. Some do so by means of direct violence. Others do so by sanctioning the crimes and justifying them, before and after the fact, and by keeping quiet and silencing voices in the halls of learning. It is this bond of silence that allows clearly evident crimes to continue unabated without penetrating the barriers of recognition.

The letter signifies the emergence of public opposition within Israel to the war. It is not yet clear how broadbased this opposition is. Recently published polls indicated that there still remains widespread support for the regime’s onslaught against the Palestinians, which—if the polls are accurate—reflects the deep social disorientation produced by decades of reactionary Zionist policies and propaganda.   

However, given the relentless barrage of lies to which Israelis are subjected, the fact that more than 1,000 academics have denounced the policies of the government as criminal is a significant development.

The letter is a devastating indictment not only of Netanyahu’s government but of its international backers in Washington, London, Berlin and other capitals, who have denounced criticisms of Israel’s genocide in Gaza as a form of “antisemitism.” The New York Times and other major imperialist media outlets have not reported on the letter, despite prominent coverage in Haaretz and Al Jazeera

The letter contrasts the vocal role that Israeli universities played in the 2023 mass protests against the Netanyahu government’s attempt to suppress the judiciary with their relative silence on the ongoing genocide. It declares:

Israeli higher education institutions play a central role in the struggle against the judicial overhaul. It is precisely against this backdrop that their silence in the face of the killing, starvation, and destruction in Gaza, and in the face of the complete elimination of the educational system there, its people, and its structures, is so striking.   

There are other signs of growing opposition in Israel to the Gaza genocide. The publication of the letter followed demonstrations Tuesday at universities throughout Israel, where students and lecturers protested the ongoing genocide in Gaza. “This is the first action against the ongoing denial and the silent support for crimes being committed in our name,” the organizers told Haaretz. At Tel Aviv University, students and lecturers protesting the genocide were assaulted by campus police officers.

One of the organizers of the protest told Haaretz, “There’s a sense of a breakthrough, that from now on, it won’t be possible to hold back.” She added, “There’s a whole community living under a kind of censorship, feeling stifled, with a scream lodged in their throats. The message we got from the students is clear: they need us to stop staying silent.”  

Ayelet Ben-Yishai, a professor at the University of Haifa, told Al Jazeera that for some participants, the decision to publicly oppose the genocide was in response to “the breaking of the ceasefire in March. That was a watershed moment for many, plus witnessing the starvation we’ve been forcing on Gaza ever since then.”

The group organizing the publication of the letter is known as the “Black Flag Action Network.” Professor On Barak of Tel Aviv University told Haaretz that the group’s name is a reference to the term “coined by [then Jerusalem Magistrate Court] Judge Benjamin Halevy following the 1956 Kafr Qasim massacre, in which 48 innocent Palestinians were killed by the Israeli Border Police.” Judge Halevy wrote in his ruling, “The hallmark of manifest illegality is that it must wave like a black flag over the given order, a warning that says: ‘forbidden!’ Not formal illegality … but rather, the clear and obvious violation of law.”  

Barak added, “The widespread indifference [toward Gazans] among many Israelis is the result of an intensive dehumanization campaign that must be actively resisted.”

Professor Yael Hashiloni-Dolev of Ben-Gurion University of the Negev told Haaretz, “Anyone with even a shred of responsibility or humanity can no longer buy into the propaganda. We must recognize that war crimes and crimes against humanity are openly being committed in Gaza. We’re in the midst of a moral collapse.”  

Al Jazeera noted that “the academics’ letter is unique in that it places Palestinian suffering at the heart of its objections to the war.”

Professor Ben-Yishai told Al Jazeera, “we wanted to make Palestinian suffering central. We wanted to say that we stand alongside and in solidarity with Palestinians. This was also about taking responsibility for what we are doing in Gaza and opening people’s eyes to it.”

The letter appeals to “all the people of this land, Palestinians and Jews.” It declares, “For the sake of the lives of innocents and the safety of all the people of this land, Palestinians and Jews; for the sake of the return of the hostages; if we do not call to halt the war immediately, history will not forgive us.”   

The letter has the character of a moral appeal. Its authors do not address the fundamental historical and political issues that underlie the genocide. But however deeply felt the outrage against the war, the development of an effective opposition to the regime requires a break with the ideology and policies of Zionism. The genocidal character of this war is the culmination of the policies based on the reactionary political foundations upon which the “Jewish state” was erected in 1948. 

The opposition of Jewish and Arab socialists, and the Trotskyist Fourth International, to the formation of the Zionist state in 1948 has been vindicated.

The authors of the letter state that “It is our duty to save what can still be saved of this land’s future.” The phrasing leads one to hope that the reference to “this land” rather than to Israel indicates a growing awareness that the existence of the Israeli state, based on the expropriation and annihilation of the Palestinian people, forecloses any future other than one that perpetuates mass murder.

The only viable future is one that achieves the revolutionary dissolution of the existing Zionist state and the unification of the Palestinian and Jewish working class in a socialist republic.




COAR lanza el Directorio Internacional de Repositorios (IRD)

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