Publicado en Inside Higher Ed
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7 de octubre de 2026
Alabama obliga a los empleados estatales a decir «Golfo de América». Las universidades no están exentasLos legisladores republicanos afirman que el profesorado solo puede llamarlo Golfo de México «con fines históricos» en los cursos académicos. Los periodistas también están sujetos a esta restricción.
Por Ryan Quinn
La Ley 2 de la Cámara de Representantes de Alabama, que entró en vigor la semana pasada, exige que «todas las entidades estatales y locales y sus empleados» llamen al Golfo de México «Golfo de América». Las universidades no están exentas.
Fotomontaje de Justin Morrison/Inside Higher Ed | Library of Congress/Chicago: Rand McNally
La Ley del Golfo de América de Alabama entró en vigor la semana pasada, estableciendo como política estatal utilizar el término preferido por el presidente Trump para referirse al Golfo de México.
La Ley 2 de la Cámara de Representantes (House Bill 2) exige que «todas las entidades estatales y locales y sus empleados» «se refieran al cuerpo de agua que limita con la costa de Alabama como el “Golfo de América”» y que incorporen esta «terminología en todos los mapas, documentos, materiales educativos, sitios web, comunicaciones oficiales y demás recursos de nueva creación».
La ley, de apenas página y media de extensión, establece una excepción para las escuelas públicas, institutos de educación superior y universidades a los que afecta: pueden utilizar Golfo de México «con fines históricos» durante la enseñanza. Fuera de esta excepción, la ley no exime al profesorado de Alabama ni a otros empleados universitarios, incluidos los periodistas, de la restricción relativa a la manera en que pueden denominar este cuerpo de agua.
La Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) ha ordenado a los periodistas de WBHM, la emisora afiliada a NPR patrocinada por la universidad, que cumplan con la disposición, según correos electrónicos obtenidos por Inside Higher Ed. En junio, Steve Murray, director ejecutivo de operaciones empresariales de la UAB, dijo al entonces director ejecutivo de WBHM, Will Dahlberg:
«Nos referiremos al Golfo como “Golfo de América” en los contenidos escritos o hablados por el personal de WBHM a partir del 1 de octubre».
Esa fue la fecha en que entró en vigor la ley.
Los correos electrónicos relatan posteriormente una serie de preguntas y confusiones acerca de cómo cumplir con la ley. Murray, quien supervisa WBHM, pidió a la emisora que llevara un registro del cumplimiento y contabilizara las referencias al «Golfo de América» frente a las referencias al Golfo de México «durante nuestros noticiarios y en las historias publicadas/compartidas en nuestro sitio web, redes sociales, pódcasts, etc.».
Citó un análisis jurídico procedente de «Cam», que, según explicó Dahlberg a Inside Higher Ed, se refería a Cam Earnhardt, el principal asesor jurídico de la universidad.
Earnhardt evaluó además el riesgo que suponía para WBHM utilizar contenidos de terceros que pudieran mencionar el Golfo de México, incluidos los de NPR y Associated Press, que proporcionan contenidos a WBHM y utilizan habitualmente la denominación «Golfo de México».
«Dado ese riesgo, tendría sentido que WBHM evaluara con qué frecuencia aparecen referencias a este cuerpo de agua en sus contenidos, así como el grado de dificultad y el costo que podría implicar modificar los contenidos de terceros antes de mostrarlos o transmitirlos en una emisión o sitio web de WBHM», escribió Earnhardt. «Posteriormente, la UAB debería utilizar esa información para evaluar el riesgo que supone para la institución mostrar y transmitir estos contenidos sin modificarlos».
La ley también exige que los empleados públicos «realicen esfuerzos razonables para actualizar todos los recursos preexistentes propiedad de entidades estatales y locales» que se encuentren bajo su jurisdicción —incluidos mapas, materiales educativos y comunicaciones— para reflejar el cambio de nombre «cuando sea factible», estableciendo una excepción cuando hacerlo «impusiera una carga operativa o financiera».
En agosto, Andrew Yeager, editor gerente de WBHM, expresó su desconcierto respecto de la solicitud de llevar un registro y escribió:
«¿Está sugiriendo que cataloguemos cada referencia que salga al aire?».
Dahlberg solicitó mayores orientaciones, a lo que Murray inicialmente respondió simplemente:
«¿En serio?».
Yeager terminó escribiendo que «no es posible catalogar cada una de las menciones al Golfo de México en todos nuestros canales». Murray también dijo a Dahlberg que los miembros del personal debían firmar un documento en el que declararan que conocían la ley y sus obligaciones como empleados estatales.
Portavoces de la UAB dijeron el martes a Inside Higher Ed que «hubo un malentendido respecto de una solicitud de datos que ya se resolvió. No existen planes de exigir declaraciones de conformidad ni de realizar un seguimiento». Sin embargo, no proporcionaron ninguna orientación escrita que la universidad hubiera entregado a sus empleados, incluidos profesores y periodistas de WBHM, acerca de cómo deben cumplir la ley.
Las universidades de todo el estado proporcionaron poca información sobre cómo están aplicando la legislación.
El Sur silenciosoLa Constitución de Alabama concede al sistema de la Universidad de Auburn y al sistema de la Universidad de Alabama, que incluye a la UAB, una mayor autonomía que a otras instituciones públicas de educación superior, lo que significa que posiblemente podrían negarse legalmente a cumplir la ley si así lo desearan. La Ley del Golfo de América no establece que estén exentas. Los sistemas universitarios no respondieron esta semana a las solicitudes de comentarios.
Jason Senkbeil, profesor titular del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, dijo que se le informó que el profesorado debía cumplir con la ley.
«Imparto una clase de nivel introductorio y durante años lo he llamado simplemente “el Golfo”, sin especificar cuál, porque no sabía hacia dónde iba todo esto», dijo Senkbeil. «Así que les dije a mis estudiantes que ahora tengo que llamarlo de esa manera».
«Es una ley estatal», afirmó. «Cumpliré con la ley estatal».
Beth Davis-Sramek, presidenta del capítulo de Auburn de la American Association of University Professors (AAUP), señaló:
«No he oído absolutamente nada. No ha habido ningún pronunciamiento oficial [ni] comunicación formal por parte de las autoridades de Auburn acerca de esta ley».
Dijo que el correo electrónico de Inside Higher Ed relacionado con este artículo fue la primera noticia que tuvo sobre ella.
Un portavoz de la Universidad del Sur de Alabama se limitó a señalar en un correo electrónico:
«Como institución estatal, cumpliremos con la legislación del estado de Alabama».
Otras universidades no respondieron en absoluto.
Jim Purcell, director ejecutivo de la Comisión de Educación Superior de Alabama, dijo a Inside Higher Ed por correo electrónico que, dado que «los requisitos están establecidos directamente en la legislación estatal», su organismo «no emitió orientaciones independientes a las instituciones sobre la aplicación de esta ley».
David Standridge, representante estatal republicano que presentó la iniciativa legislativa, respondió a su teléfono el viernes, pero después de que este periodista se identificara, dijo que estaba en una reunión y pidió hablar más tarde. No devolvió la llamada ni respondió esta semana a posteriores solicitudes de comentarios.
Un portavoz de la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, quien promulgó la legislación, sí proporcionó una declaración:
«El estado de Alabama se refiere al Golfo como el Golfo de América, punto», escribió el portavoz en un correo electrónico. «No es difícil darse cuenta de que estas supuestas quejas sobre la “libertad de expresión” son simplemente una excusa para encubrir un sesgo manifiesto contra la Administración Trump».
(El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretendía cambiar el nombre del Golfo).
Preocupaciones sobre la libertad académicaDavis-Sramek dijo que tiene inquietudes acerca de la ley que van más allá de la denominación específica del cuerpo de agua.
«Si pueden decir, mediante un mandato legislativo, “vamos a obligar a los empleados a referirse al Golfo de América”, entonces ¿qué otras cosas podrían obligarnos a decir —o impedirnos decir— en nuestra docencia e investigación?», señaló. «Esto, en particular, parece absurdo a primera vista. Pero creo que plantea una cuestión más amplia: si pueden hacer esto, ¿qué otras cosas pueden hacer y podrían llegar a hacer?».
La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) ha expresado su preocupación por considerar que la ley viola la Primera Enmienda. Michael Hurley, asesor de asuntos gubernamentales de FIRE, señaló que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad académica del profesorado de las universidades públicas.
«No es lo mismo que un cartógrafo estatal que está elaborando un mapa», dijo Hurley a Inside Higher Ed.
«Los profesores tienen derecho, en términos generales, a expresarse libremente sobre [...] temas relevantes desde el punto de vista educativo dentro del aula y en sus investigaciones», afirmó. «Y el Estado, desde luego, no puede imponer una ortodoxia a esos profesores».
Las restricciones de la ley sobre los periodistas empleados por universidades plantean un conjunto diferente, aunque relacionado, de preocupaciones. Aaron Terr, director de defensa pública de FIRE, dijo a Inside Higher Ed que existen pocos precedentes sobre cómo se aplica una ley de este tipo a las emisoras públicas de radio.
«En términos generales, el gobierno dispone de una amplia autoridad para regular lo que dicen sus empleados como parte de sus funciones», escribió Terr en un correo electrónico. «Por ejemplo, una agencia estatal puede, naturalmente, controlar lo que un empleado incluye en un comunicado de prensa de la institución. Pero esa regla no es absoluta».
Terr citó una resolución de 2020 en un caso relacionado con la presunta interferencia de la primera Administración Trump en la cobertura informativa de Voice of America, que estableció que las «funciones editoriales o periodísticas esenciales de los periodistas empleados por el gobierno» están, al igual que la docencia y la investigación del profesorado, exentas de las normas ordinarias relativas a la expresión de los empleados públicos.
«Ese razonamiento tiene sentido», afirmó Terr. «La función de los periodistas de las emisoras públicas de radio consiste en ejercer un criterio editorial independiente, no en actuar como portavoces del gobierno».
Dahlberg renunció a su cargo de director ejecutivo de WBHM, donde había comenzado como becario no remunerado más de una década atrás. La ley no fue la única razón: afirmó que tanto él como otros empleados tenían problemas con Murray y, de manera más general, con el trato que la universidad dispensaba a la emisora; sin embargo, la ley fue para él «un límite que no estaba dispuesto a cruzar en términos de la ética periodística que defiendo».
«También comuniqué a nuestro equipo que, como responsable de la organización, no veía ninguna manera de seguir adelante en la que pudiera hacer cumplir esto de forma ética», dijo Dahlberg.
Señaló que, aunque los abogados del sistema de la Universidad de Alabama no lo expresaron por escrito, esencialmente se le indicó que el incumplimiento podría dar lugar a medidas disciplinarias, hasta llegar al despido.
«Al igual que otros colegas de los medios públicos, cada vez me preocupan más [las] emisoras cuyas licencias pertenecen a universidades y los crecientes problemas que esto está generando», afirmó. «Particularmente en los estados republicanos y en lugares donde no existen protecciones para los periodistas».
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October 07, 2026
Alabama Makes State Workers Say ‘Gulf of America.’ Colleges Aren’t Spared.Republican lawmakers say faculty can only call it the Gulf of Mexico for “historical purposes” in academic courses. Journalists are constrained by the restriction, too.
By Ryan Quinn
Alabama’s House Bill 2, which took effect last week, requires “all state and local entities and their employees” to call the Gulf of Mexico the “Gulf of America.” Universities aren’t exempt.
Photo illustration by Justin Morrison/Inside Higher Ed | Library of Congress/Chicago:Rand McNally
Alabama’s Gulf of America Act took effect last week, making it state policy to use President Trump’s preferred term for the Gulf of Mexico.
House Bill 2 requires “all state and local entities and their employees” to “refer to the body of water that borders the coast of Alabama as the ‘Gulf of America,’” and to reflect this “terminology in all newly created maps, documents, educational materials, websites, official communications, and other resources.”
The page-and-a-half-long law has one exception for the public schools, colleges and universities it impacts: They can use Gulf of Mexico “for historical purposes” during instruction. Otherwise, the law doesn’t exempt Alabama faculty or other university employees, including reporters, from its restriction on what they can call this body of water.
The University of Alabama at Birmingham has ordered journalists at WBHM, the university-sponsored NPR affiliate, to comply, according to emails obtained by Inside Higher Ed. Back in June, Steve Murray, UAB’s executive director of business operations, told then-WBHM Executive Director Will Dahlberg, “We will be referring to the Gulf as ‘Gulf of America’ in content written or spoken by WBHM staff beginning on Oct. 1.” That’s when the law took effect.
The emails then recount a string of questions and confusion over how to follow the law. Murray, who oversees WBHM, asked the station to track compliance and count references to the “Gulf of America” versus the Gulf of Mexico “during our newscasts and stories published/shared on our website, social media, podcasts, etc.” He cited a legal analysis that came from “Cam,” which Dahlberg told Inside Higher Ed meant Cam Earnhardt, the top university lawyer.
Earnhardt further assessed the risk of WBHM using content from third parties that might mention the Gulf of Mexico, including NPR and the Associated Press, which both provide content to WBHM and regularly use “Gulf of Mexico.”
“Given that risk, it would make sense for WBHM to evaluate how often there are references in its content to this body of water and also how difficult and costly it might be to revise third-party content before displaying it or broadcasting it on a WBHM broadcast or website,” Earnhardt wrote. “UAB should then use that information to evaluate the risk of displaying and broadcasting this content without modification as an institution.”
The law also requires public employees to “make reasonable efforts to update all pre-existing resources owned by state and local entities” under their jurisdiction—including maps, educational materials and communications—to reflect the name change “where practicable,” making an exception if doing so “would impose an operational or financial burden.”
In August, WBHM Managing Editor Andrew Yeager expressed confusion over the tracking request, writing, “Are you suggesting we catalogue every reference on air?” Dahlberg asked for more guidance, to which Murray initially simply replied, “Seriously?” Yeager eventually wrote that it’s “not possible to catalogue ever[y] instance of Gulf of Mexico across all our channels.” Murray also told Dahlberg that staff needed to sign a document saying they were aware of the law and their obligations as state workers.
UAB spokespeople told Inside Higher Ed Tuesday that “there was a disconnect regarding a request for data that was previously resolved. There are no plans for attestation or tracking.” But they didn’t provide any written guidance that the university has given to employees, including faculty and WBHM journalists, regarding how they must follow the law.
Universities across the state didn’t respond with much information about how they’re implementing the law.
The Silent SouthThe Alabama Constitution gives the University of Auburn system and University of Alabama system, which includes UAB, greater autonomy than other public higher ed institutions, meaning they might be able legally to refuse to follow the law if they desired to. The Gulf of America Act doesn’t say they’re exempt. The systems didn’t respond to requests for comment this week.
Jason Senkbeil, a tenured professor in the University of Alabama at Tuscaloosa’s Department of Geography and the Environment, said he was told faculty have to follow the law.
“I teach a 100-level class and I’ve been calling it ‘the Gulf’ and not saying which one for years because I didn’t know where this was going,” Senkbeil said. “So I told my class I have to say it now.”
“It’s state law,” he said. “I will comply with state law.”
Beth Davis-Sramek, president of the Auburn chapter of the American Association of University Professors, said, “I have not heard a thing. There has been no official word [or] formal communication from Auburn leadership about this law.” She said Inside Higher Ed’s email regarding this story was the first she’d heard of it.
A spokesperson for the University of South Alabama said in an email simply, “As a state institution, we are going to comply with Alabama state law.” Other universities didn’t respond at all.
Jim Purcell, executive director of the Alabama Commission on Higher Education, told Inside Higher Ed in an email that because “the requirements are established directly in state law,” his agency “did not issue separate guidance to institutions regarding implementation of this Act.”
David Standridge, the Republican state representative who introduced the legislation, picked up his phone Friday, but after this reporter introduced himself, he said he was in a meeting and asked to talk later. He didn’t call back or respond to follow-up requests for comment this week.
A spokesperson for Republican Alabama Gov. Kay Ivey, who signed the legislation into law, did provide comment.
“The state of Alabama refers to the Gulf as the Gulf of America, period,” the spokesperson wrote in an email. “It is not hard to see that these so-called ‘free-speech’ complaints are just a cover up for blatant bias against the Trump Administration.” (On the first day of his second term, Trump signed an executive order attempting to rename the Gulf.)
Academic Freedom ConcernsDavis-Sramek said she has worries about the law that don’t specifically relate to the body of water.
“If they can say, by legislative mandate, ‘We’re going to force employees to reference Gulf of America,’ then what else might they force us to say—or restrict us from saying—in terms of our teaching and research?” she said. “This, in particular, seems silly on the surface. But I think it begs a bigger question: If they can do this, what else can and might they do?”
The Foundation for Individual Rights and Expression has expressed concern that the law violates the First Amendment. Michael Hurley, a government affairs counsel at FIRE, noted that the U.S. Constitution protects faculty academic freedom at public universities.
“It’s not the same as the state cartographer who’s making a map,” Hurley told Inside Higher Ed.
“Professors have the right to generally speak freely about … educationally relevant subjects in the classroom, in their research,” he said. “And the state certainly cannot impose an orthodoxy on those professors.”
The law’s constraints on university-employed journalists raise a different, though related, set of concerns. Aaron Terr, FIRE’s public advocacy director, told Inside Higher Ed there isn’t much precedent for how such a law applies to public radio stations.
“The government generally has broad authority to regulate what its employees say as part of their jobs,” Terr wrote in an email. “For example, a state agency naturally can control what an employee puts in an agency press release. But that rule isn’t absolute.”
He cited a 2020 ruling in a case regarding the first Trump administration’s alleged interference in Voice of America’s reporting, that said the “core editorial or journalistic functions of government-employed journalists” are, like faculty teaching and research, exempt from ordinary rules regarding public employee speech.
“That reasoning makes sense,” Terr said. “The role of journalists at public radio stations is to exercise independent editorial judgment, not to serve as a government mouthpiece.”
Dahlberg has resigned from his executive director position at WBHM, where he started as an unpaid intern more than a decade ago. The law wasn’t the only reason why—he said he and other employees had issues with Murray and the university’s treatment of the station more broadly—but the law was “a bridge too far for me in terms of the journalistic ethics that I uphold.”
“I also conveyed to our team I did not see a path forward as a leader that I could ethically enforce this,” Dahlberg said. He said that while University of Alabama system lawyers didn’t put it in writing, he was essentially told noncompliance could result in discipline, up to dismissal.
“I increasingly, like other public media colleagues, [am] concerned about stations that are licensed to universities and the escalating problems that is presenting,” he said. “Particularly in red states and areas where there are not protections for journalists.”
