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domingo, 30 de noviembre de 2025

Agenda 2030/ODS: Nadie puede servir a dos señores. Dinero para alinearse con la moda o investigación crítica e independiente

Publicado en Univerdad. Una conversación pública sobre la universidad
https://www.universidadsi.es/nadie-puede-servir-a-dos-senores/




Nadie puede servir a dos señores


Tania Alonso Sainz


Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid

16/10/2025


La investigación educativa, como tantos otros campos, es especialmente vulnerable a las modas. En este caso, la sostenibilidad —aunque no es la única— se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo universidades y centros de investigación pueden transformarse en fashion victims de las propuestas de los Organismos Internacionales y de las financiaciones que estos movilizan.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no solo protagonizan informes y declaraciones supranacionales, sino que impregnan la vida universitaria cotidiana: concursos de vídeos sobre movilidad sostenible, gincanas “verdes”, congresos que combinan educación y sostenibilidad… El discurso está presente en todas partes.

Esta omnipresencia abre preguntas incómodas: si el desarrollo sostenible es un objetivo tan esencial para la humanidad, ¿cómo es posible que la investigación educativa apenas lo hubiera considerado antes de 2015? ¿Son realmente los ODS una brújula pedagógica o se han convertido en una agenda externa que la universidad asume sin discusión?

La investigación y los ODS: entusiasmo sin crítica

Desde su aprobación, la mayoría de publicaciones sobre educación en España han abrazado los ODS con entusiasmo. Casi todos los artículos se concentran en dos áreas: la formación de docentes en sostenibilidad y la implementación de experiencias ligadas a los ODS en escuelas y universidades. Obviamente, aquí no vamos a cuestionar la bondad evidente de tales objetivos. ¿Quién no querría erradicar el hambre, la pobreza o asegurar una educación de calidad? Pero a diferencia de los Derechos Humanos, los ODS no sólo no protegen a nadie, sino que además cierran el debate. Se hace casi imposible cuestionar el marco en sí. Al venir de organismos internacionales y estar ya cerrados en forma de objetivos, estándares e indicadores de logro, los ODS ofrecen poco espacio para el debate ciudadano.

La investigación se limita entonces a pensar cómo aplicarlos mejor, no si deberían aplicarse. En este escenario, abundan los estudios descriptivos y técnicos, mientras que escasean las perspectivas críticas.

El poder de la financiación

Para entender este fenómeno hay que seguir el rastro del dinero. La educación no es un campo especialmente dotado de recursos, y la financiación internacional se ha convertido en un factor decisivo. A diferencia de los antiguos Objetivos del Milenio, los ODS cuentan con partidas presupuestarias concretas que llegan directamente a las universidades. Así lo reconoce la propia Guía para el Desarrollo Sostenible en las Universidades: comprometerse con los ODS no solo mejora la imagen institucional, sino que abre puertas a nuevas fuentes de financiación.

Esto explica por qué proliferan proyectos con enfoque sostenible. Las convocatorias nacionales e internacionales están alineadas con la Agenda 2030 y, como ya ocurre con el programa europeo Horizon 2021-2027, se priorizan iniciativas que prometen un futuro “sostenible, fuerte y competitivo”. La consecuencia es clara: los proyectos con más posibilidades de financiación son los que mejor encajan en esta agenda global.

La metáfora de los dos señores

La investigación universitaria se parece, en muchos aspectos, a un barco en alta mar. Su timón debería estar guiado por la búsqueda del conocimiento y por el compromiso de aportar reflexión crítica a la sociedad. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, ese timón parece moverse al ritmo de los vientos de la financiación.

De ahí la metáfora: no se puede servir a dos señores, al dinero y a la investigación. La investigación es un amo exigente: pide tiempo, paciencia, rigor, capacidad de cuestionar lo establecido. El dinero, en cambio, es un amo impaciente: exige resultados rápidos, indicadores medibles, impacto visible en rankings y memorias institucionales. Servir a ambos al mismo tiempo genera una tensión que acaba inclinando la balanza hacia el más poderoso: el dinero.

Cuando eso ocurre, la investigación pierde su independencia. Ya no se pregunta qué problemas merecen ser estudiados, sino qué temas tienen más posibilidades de conseguir financiación. La brújula deja de señalar el norte del pensamiento crítico y se convierte en un GPS programado por los organismos internacionales, que marcan de antemano la ruta con objetivos e indicadores cerrados.

La dignidad de la investigación

Así, el investigador se convierte en un equilibrista: con una mano trata de mantener la dignidad de la investigación y, con la otra, sostiene la presión de proyectos que deben “encajar” en las modas globales. Es como intentar remar en dos direcciones a la vez: hacia el puerto del conocimiento y hacia el muelle del financiamiento. El resultado suele ser un movimiento circular, que desgasta mucho y avanza poco.

El riesgo es claro: cuando la academia se habitúa a obedecer al señor del dinero, deja de tener voz propia. En vez de producir conocimiento transformador, se limita a confirmar lo que ya estaba decidido en las agendas internacionales. Y en lugar de ser un laboratorio de ideas nuevas, la universidad se convierte en un escaparate que expone, con obediencia, aquello que otros han diseñado.

Por eso la advertencia es tan contundente: no se puede servir a dos señores. O la investigación se pone al servicio del dinero, aceptando modas pasajeras y discursos preconfigurados, o se mantiene fiel a su vocación crítica, aunque eso signifique remar contra la corriente y avanzar más despacio. 

CUBA: Libertad académica: Carta abierta al presidente de la República de Cuba

Libertad académica: Carta abierta al presidente de la República de Cuba


Alexander Hall Lujardo
30/11/2025

Para solidarizarte con el caso de Alexander, puedes firmar esta petición.

La Habana, Cuba, 28 de noviembre de 2025

Carta abierta al presidente de la República de Cuba y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez:

Presidente del Tribunal Supremo Popular Rubén Remigio Ferro:

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández:

Desde mi condición de ciudadano cubano, en uso de las garantías constitucionales y políticas recogidas en la carta magna de la República de Cuba, me dirijo a las autoridades anteriormente enunciadas, ante la gravedad en materia de vulneración de derechos, patrón de persecución política e impunidad en el actuar arbitrario del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) adscrito al Ministerio del Interior, debido a la permanencia de procedimientos al margen de la legalidad que resultan violatorios de derechos humanos, civiles y políticos.

Soy Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana desde el año 2022; sin embargo, desde antes de graduarme, suelo publicar en medios de prensa alternativos, revistas académicas y blogs digitales de diverso espectro ideológico sobre la realidad nacional, regional y global, acorde a mis valores políticos, formación educacional e instrucción científico-disciplinaria en el campo de las ciencias sociales y humanísticas.

He realizado tales actividades en correspondencia con el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba, el cual expresa que: «El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Además, el artículo 55 del documento rector de la nación, proclama que: «Se reconoce a las personas la libertad de prensa», para agregar más adelante que «este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad», a cuyas normativas me he acogido en el uso de mis garantías constitucionales.

No obstante, desde mi etapa de estudiante universitario padezco el proceder discrecional, arbitrario y coercitivo de las autoridades policiales, debido al sostenimiento de posturas de izquierda críticas en tales ámbitos de socialización del pensamiento, afiliado a posicionamientos republicanos, socialista democráticos y nacionales. En consonancia con dicho imaginario, sostuve y aún mantengo en la praxis de mi cotidianidad, un corpus heterodoxo de ideales progresistas, cuyo contenido es preciso verter en espacios alternativos más allá de las fronteras institucionales, debido a la ausencia de pluralismo político e insuficiente apertura en los medios de comunicación estatales.

La firmeza de esas convicciones fungieron como inspiración para el lanzamiento del libro Cuba 11J. Perspectivas contra-hegemónicas de las protestas sociales, publicado por la editorial española Marx21, en cuyo proceso de coordinación estuve inmerso. Este trabajo que agrupó a una treintena de autoras/es, dedicados al análisis de las históricas jornadas como parte de la crisis estructural que padece la Isla, cobró un valor meritorio en disímiles sectores académicos e intelectuales, al enriquecer el debate científico sobre la crisis democrática, económica y política que enfrenta el modelo e ideal socialista en Cuba.

La respuesta de las instancias policiales ante dicha labor se manifestó en la criminalización del pensamiento, la persecución del disenso y la judicialización del periodismo no partidista, lo cual contraviene las garantías constitucionales, los valores democráticos y los derechos humanos. Si bien no pueden resultar ajenos a todo análisis politológico honesto las complejidades del escenario geopolítico mundial, marcado por las asimetrías que definen el orden de relaciones internacionales en el que Cuba se encuentra inmerso; asumo de manera convincente que la defensa de la soberanía nacional no puede realizarse en menoscabo de los derechos civiles, las libertades humanas y las garantías democráticas, menos aún en franco desconocimiento de la soberanía popular. Esa alternativa lejos de promover soluciones viables al sostenimiento de la independencia, contribuye a la ruptura del pacto social, al quebrantamiento del Estado de Derecho y a la ausencia realmente funcional de mecanismos de participación ciudadanas en la fiscalización de las instancias de gobierno, tal como establecen los mandamientos republicanos.

Debido al mantenimiento de mis posturas políticas y negativas de ceder a las imposiciones extorsivas de la oficialidad, en medio de un pretendido proceso penal caracterizado por la opacidad jurídica y la discrecionalidad de los agentes involucrados, actualmente enfrento el arbitrario dispositivo de regulación/control impuesto por los órganos de la Seguridad del Estado, que impiden mi viaje al exterior para la realización de estudios de posgrado como parte de mi superación profesional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), específicamente ante su sede en Quito, Ecuador.

Esta decisión autoritaria al margen de la legalidad, contraviene los compromisos jurídicos internacionales del Estado cubano como garante del derecho a la educación de sus ciudadanos, plasmado en su legislación interna en los artículos 46 y 73 de la Constitución de la República de Cuba. La ley suprema es enfática además en su artículo 94, inciso e), al plantear que «toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y en consecuencia, no puede ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme del tribunal». Ante la ausencia de las formalidades requeridas en la implementación de tales procedimientos, es posible afirmar de manera inequívoca, que los derechos constitucionales concernientes a mi condición de ciudadano cubano (jurídicamente libre), resultan gravemente violentados por funcionarios revestidos de poder estatal. 

En el artículo 94 de la Constitución de la República de Cuba, correspondiente a su inciso f), se consagra «el derecho que le asiste a toda persona de interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que correspondan». Por ende, la presente reclamación se encuentra amparada en el artículo 98 de la carta magna, cuyo acápite proclama que «toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley».

El artículo 99 del documento constitucional reafirma igualmente la autoridad que le asiste a todo ciudadano de reclamar «ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización». De igual modo, vale señalar que el procedimiento arbitrario perpetrado por los funcionarios del Ministerio del Interior, vulnera la libre movilidad de las personas, refrendado en el artículo 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual reconoce que todo sujeto tiene derecho «a salir libremente de cualquier país, incluso del propio»; recogido además en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hago un llamado a la justicia que debe caracterizar el funcionamiento de la institucionalidad, debido al estado de indefensión civil en que me encuentro, junto a decenas de escritores, activistas y colaboradores de medios no oficiales, negados al silencio ante la dramática situación humanitaria que enfrenta la Isla, sin que se avizoren soluciones eficaces desde la administración pública.

La condena ante cualquier escenario de autoritarismo político y colonialismo interno, no implica estar alineado a las posiciones de fuerza imperiales que amenazan la soberanía de los pueblos del Sur, condenan nuestros territorios al subdesarrollo e imponen su voluntad mediante el uso coercitivo y unilateral de la fuerza. Significa estar junto a quienes sufren los efectos abominables de la relegación social, los abusos de poder y la condición privativa de sus derechos humanos.

La justicia y el respeto a las garantías jurídicas deben prevalecer como ideales de emancipación en todo proyecto social histórico que se reivindique revolucionario. De lo contrario, transita por senderos insalvables de disrupción social, que pueden comprometer incluso la propia condición autonómica, soberana e independiente de la nación.

historiador, activista antirracista y militante por el socialismo democrático

Fuente: 
www.sinpermiso.info, 30-11-2025  


martes, 25 de noviembre de 2025

Para reformar las universidades, primero hay que enfrentar a los rankings mundiales

Publicado en Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-025-03636-x



Para reformar las universidades, primero hay que abordar las clasificaciones (rankings) mundiales


Las universidades están sometidas a un sistema de clasificación que da prioridad a aspectos limitados de la vida académica. Tres cambios darían a las instituciones la libertad de explorar nuevas formas de trabajar.


Por Elizabeth Gadd


La reputación y las finanzas de las universidades suelen depender de su posición en las tablas de clasificación mundiales. Los estudiantes utilizan las clasificaciones  (rankings) para identificar rápidamente el mejor lugar para estudiar o, al menos, el que podría ser percibido como el mejor por cualquier futuro empleador. Incluso un pequeño cambio en la clasificación  (ranking) puede afectar al número de estudiantes que solicitan plaza en una universidad, lo que altera los ingresos procedentes de las tasas de matrícula (R.-D. Baltaru et al. Stud. High. Educ. 47, 2323-2335; 2022). 


Y a los gobiernos les encanta la simplicidad de las clasificaciones (rankings). Muchos financiarán los estudios en el extranjero de sus ciudadanos solo en instituciones que ocupen los primeros puestos de las listas. Las iniciativas de inversión nacional, como el proyecto 5-100 Academic Excellence de Rusia y el proyecto Top Global University de Japón, suelen centrarse en universidades que tienen posibilidades de situarse en los primeros puestos de las clasificaciones (rankings). El Gobierno del Reino Unido solo ofrece sus visados para personas con alto potencial a candidatos que hayan estudiado en universidades de alto nivel.


Esta dependencia de las clasificaciones (rankings) significa que las universidades no se configuran en función de las necesidades de la sociedad o de las innovaciones impulsadas desde dentro de la comunidad internacional de educación superior, sino por agencias de clasificación (rankings) externas no designadas.


Los indicadores utilizados por algunas de las clasificaciones (rankings) más importantes no reflejan todas las cualidades y funciones de las instituciones de educación superior. Cada agencia utiliza un método de clasificación ligeramente diferente, pero todas suelen centrarse en una gama limitada de criterios. Estos se basan en gran medida en medidas relacionadas con las publicaciones, como las citas, y en encuestas de reputación.


La consecuencia es que la mayoría de las universidades del mundo tienden a perseguir un tipo de «excelencia» que se asemeja bastante a la de las instituciones antiguas, ricas, conservadoras e intensivas en investigación de los países con altos ingresos. 

 

Mientras tanto, las universidades se enfrentan a una serie de problemas, desde la disminución de la financiación pública y la confianza, hasta la pérdida de relevancia de los planes de estudios en un mercado laboral en rápida evolución y la necesidad de demostrar el impacto real de la investigación. No faltan ideas sobre cómo reformar las universidades para responder a estos retos, pero el predominio de las clasificaciones (rankings) como medida del éxito institucional hace que las universidades carezcan de incentivos para intentarlo. Muchos temen que alejarse del statu quo pueda provocar una caída en las tablas, lo que les dificultaría atraer financiación y talento.


Las comunidades académicas y las universidades deben impulsar el cambio. A continuación, describo cómo.


Un sistema defectuoso


En mi opinión, las principales clasificaciones (rankings) mundiales dependen en exceso de las fuentes de datos a las que tienen fácil acceso: datos de publicaciones o datos de encuestas que recopilan ellos mismos. (El Nature Index, elaborado por Springer Nature, clasifica las universidades únicamente en función de sus contribuciones a artículos de investigación publicados en revistas de ciencias naturales y ciencias de la salud). En muchas clasificaciones (rankings), las evaluaciones de la enseñanza se basan en indicadores poco fiables, como la proporción entre el número de profesores y el de alumnos o el número de antiguos alumnos galardonados con el premio Nobel. La mayoría de las clasificaciones (rankings) otorgan poca o ninguna importancia a las prácticas de ciencia abierta, el impacto social, la divulgación o los esfuerzos por mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión. 


Los indicadores de clasificación (rankings) también se ponderan de diversas maneras sin una justificación clara. Por ejemplo, una clasificación puede asignar una ponderación del 20 % a las citas que involucran a miembros del cuerpo docente y solo un 5 % a los resultados de empleo. Las clasificaciones (rankings) también se presentan sin barras de error, a pesar de que los datos utilizados son imperfectos.


Los esfuerzos por rechazar las formas de evaluación limitadas y dominadas por las publicaciones han recaído principalmente en las universidades, a las que se les ha exigido que cambien la forma en que evalúan a su personal y sus departamentos. Muchas universidades han aceptado el reto. Los currículos narrativos y las biografías —relatos escritos por los investigadores que destacan toda la gama de sus contribuciones— son cada vez más comunes. En las universidades europeas se está extendiendo el desarrollo de plantillas para obtener pruebas de una gama más amplia de contribuciones de los miembros del cuerpo docente, conocidas como matrices de evaluación de la carrera profesional.


Pero hay un límite en cuanto a lo lejos que pueden alejarse las instituciones de las evaluaciones basadas en citas y publicaciones, si siguen siendo juzgadas por estas medidas en los rankings universitarios mundiales.


En los últimos tres años, varios grupos, entre ellos la Unión de Estudiantes de Irlanda y el grupo de expertos de la Universidad de las Naciones Unidas, el Instituto Internacional para la Salud Global, han hecho un llamamiento a las universidades para que escapen de este yugo. Han pedido a las instituciones que dejen de proporcionar datos a los rankings, lo que han hecho algunas, como la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y la Universidad de Zúrich en Suiza. Además, los grupos han pedido a las universidades que dejen de promocionar su clasificación y que reduzcan la importancia que conceden a las clasificaciones (rankings) de la institución anterior de una persona a la hora de tomar decisiones, como la contratación de personal. Los grupos también respaldan la iniciativa More Than Our Rank, que anima a las instituciones a describir sus numerosos logros, actividades y aspiraciones que no reflejan las clasificaciones (rankings), mediante una declaración narrativa en sus páginas web. (Presido el Grupo de Evaluación de la Investigación de INORMS, que desarrolló la iniciativa More Than Our Rank).  


Se trata de recomendaciones válidas, pero pedir a las universidades que asuman la responsabilidad no conducirá a reformas globales en la forma en que se define y evalúa el rendimiento universitario. Para lograrlo, se necesita una solución triple.


Denunciar las clasificaciones (rankings) actuales


El sector de la educación superior debería acordar de forma colectiva —y clara— que las clasificaciones (rankings) actuales no son adecuadas para su propósito. Puede parecer poco probable que las instituciones que actualmente ocupan los primeros puestos de las clasificaciones (rankings), situadas en su mayoría en Europa y Estados Unidos, critiquen un sistema que les beneficia. Sin embargo, los cambios geopolíticos deberían dar que pensar. Las universidades chinas e indias están ocupando más puestos destacados en las clasificaciones (rankings) que antes, mientras que las instituciones del Reino Unido, Estados Unidos y Australia están en declive. Si las que actualmente ocupan los primeros puestos esperan demasiado para pronunciarse, pronto podrían encontrarse en puestos más bajos, con menos influencia para impulsar las reformas que beneficiarían a todas las instituciones.


El llamamiento al cambio debería incluir una campaña educativa dirigida a los estudiantes y a los responsables políticos, que se basan en las clasificaciones (rankings) para tomar decisiones. Esta campaña debería estar dirigida por un organismo independiente gobernado por expertos del sector de la educación superior internacional, muchos de los cuales ya han expresado su preocupación por los perjuicios de las clasificaciones (rankings) universitarias mundiales (véase, por ejemplo, go.nature.com/4hy1kq9 ). El objetivo debería ser ayudar a los consumidores de las clasificaciones (rankings) a comprender que «¿Cuál es la mejor universidad del mundo?» no es una pregunta útil. «¿Qué universidad podría ser la mejor para mí, teniendo en cuenta que me interesan X e Y?» es una pregunta mejor, pero para la que es poco probable que las medidas actuales proporcionen una buena respuesta.


La campaña debe tener en cuenta que las buenas evaluaciones deben ser matizadas y contextualizadas, y que llevará tiempo asimilarlas. Del mismo modo que no se puede identificar al «mejor» investigador por una sola cifra que compone su índice h, tampoco se puede determinar cuál es la «mejor» universidad por una sola cifra que compone su clasificación (rankings). Puede que este mensaje no sea muy popular, pero es fundamental.


Recopilar mejores datos


El rechazo a las clasificaciones (rankings) no debe confundirse con el rechazo a los datos de calidad, ni considerarse una excusa para eludir la responsabilidad. Existe una necesidad apremiante de recopilar mejores pruebas sobre una amplia gama de actividades universitarias, desde la integridad de la investigación hasta la sostenibilidad y el impacto social. Esto ayudará a los responsables de la toma de decisiones, desde los estudiantes hasta los gobiernos, a obtener mejores respuestas a sus preguntas sobre las actividades comparativas de las universidades mundiales.


Las iniciativas de recopilación de datos deben ser diseñadas, reguladas y gestionadas por candidatos independientes y sin ánimo de lucro del sector de la educación superior. Debe nombrarse una comisión internacional, en la que participen representantes de todas las partes interesadas del sector universitario, para acordar los datos que permitirán a los responsables políticos tomar decisiones sin depender de las clasificaciones (rankings) comerciales. 


Varias agencias internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Asociación Internacional de Universidades, ya recopilan datos sobre la educación terciaria, incluyendo el número de ciudadanos matriculados y el número de proveedores. Estas agencias estarían en una posición idónea para recopilar datos más amplios.


Reformar los rankings


En respuesta al activismo comunitario y con mejores datos en sus manos, las agencias de clasificación deberían mejorar sus ofertas para poder dar mejores respuestas a las mejores preguntas que les hacen sus usuarios finales. Las reformas deberían incluir los siguientes cinco cambios clave.


En primer lugar, eliminar las clasificaciones (rankings) emblemáticas que pretenden identificar las «mejores» universidades del mundo, o renombrarlas como clasificaciones de instituciones «intensivas en investigación» cuando no sea así. Darles la misma importancia que a otras clasificaciones. Esto desmentiría el mito de que el modelo intensivo en investigación es la única forma de triunfar como universidad.


En segundo lugar, incluir todas las universidades. Si una institución no dispone de datos fiables suficientes, darle la oportunidad de proporcionar una declaración narrativa en la línea de la ofrecida por More Than Our Rank. Esto marcará el inicio de la transición desde un mundo de «clasificables» y «no clasificables».


En tercer lugar, clasificar las universidades en grupos, no en rangos. Dado el inevitable error de medición en los datos utilizados para alimentar las clasificaciones, agrupar a las instituciones en alta, media o baja en cualquier categoría dada es más justo que dar la falsa impresión de que una universidad clasificada en el puesto 100 es significativamente diferente a una clasificada en el 101. 


En cuarto lugar, proporcionar perfiles, no clasificaciones. No hay mucha justificación para dar diferentes ponderaciones a cada elemento de la clasificación —por ejemplo, contar la investigación y el descubrimiento como el 50 % de la clasificación total y la experiencia de aprendizaje como el 10 %— cuando los usuarios finales pueden valorarlos de manera diferente. Al dar la misma ponderación a todos los elementos de datos y organizarlos como un perfil, los responsables de la toma de decisiones pueden ver más claramente las fortalezas relativas de las universidades y evitar clasificaciones reduccionistas.


En quinto lugar, proporcionar pruebas cualitativas que respalden los datos cuantitativos. Sería fácil y útil vincular las clasificaciones (rankings) basadas en datos con el complemento cualitativo proporcionado por las instituciones. Esto ya es una práctica habitual en la clasificación CWTS Leiden Ranking.


Las universidades y sus asociaciones deberían aprovechar su poderoso papel como consumidores de datos de clasificación para exigir mejoras. Esto liberaría a las universidades para responder a las necesidades de las sociedades a las que sirven y convertirse en instituciones preparadas para el futuro.  



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  • 12 November 2025

To reform universities, first tackle global rankings

Universities are in thrall to a rankings system that prioritizes narrow aspects of academic life. Three changes would give institutions the freedom to explore fresh ways of working.

By Elizabeth Gadd


University reputations and finances often hinge on their position in global ranking tables. Students use rankings to quickly identify the best place to study — or, at least, what might be perceived to be the best by any future employer. Even a small shift in rank can affect how many students apply to a university, altering the income from tuition fees (R.-D. Baltaru et al. Stud. High. Educ. 47, 2323–2335; 2022).   

And governments love the simplicity of rankings. Many will fund their citizens’ overseas study only at institutions that are high up the listings. National investment initiatives — such as Russia’s 5-100 Academic Excellence project and Japan’s Top Global University project — often focus on universities that have a chance of making it into the upper echelons of the rankings. The UK government offers its High Potential Individual visas only to candidates who have studied at highly ranked universities.

Such reliance on rankings means that universities are shaped not by the needs of society or by innovations driven from inside the international higher-education community, but by unappointed third-party ranking agencies.  

The indicators used by some of the dominant flagship rankings don’t capture the full range of qualities and functions of higher-education institutions. Each agency uses a slightly different ranking method, but all typically focus on a narrow range of criteria. These are centred heavily on publication-based measures, such as citations, and on reputation surveys.

The consequence is that most of the world’s universities tend to pursue one flavour of ‘excellence’, which looks rather like the old, wealthy, conservative, research-intensive institutions of high-income nations.   

Meanwhile, universities are facing a series of problems — from diminishing public funding and trust, to decreasing curriculum relevance in a rapidly changing job market and the need to demonstrate real-world impact from research. There is no shortage of ideas about how to reshape universities in response to these challenges, but the dominance of rankings as a measure of institutional success means that universities lack incentives to try. Many fear that stepping away from the status quo might result in a drop down the tables, making it harder for them to attract funding and talent.

Scholarly communities and universities must push for change. Here, I outline how.

A flawed system  

In my view, flagship global rankings over-rely on the data sources that they have easy access to: publication data or survey data that they collect themselves. (The Nature Index, produced by Springer Nature, ranks universities solely using contributions to research articles published in natural-science and health-science journals.) In many rankings, evaluations of teaching are based on flimsy proxies, such as staff-to-student ratios or the number of alumni with Nobel prizes. Most rankings place little to no weight on open-science practices, societal impacts, outreach or efforts to improve diversity, equity and inclusion.  

Ranking indicators are also weighted in a variety of ways without clear justification. For example, a ranking might allocate a 20% weighting to citations involving faculty members and only 5% to employment outcomes. Rankings are also presented without error bars, even though the data used are imperfect.

Efforts to push back on narrow, publication-dominant forms of assessment have mostly put the onus on universities to change how they evaluate their staff and departments. Many universities have risen to the challenge. Narrative CVs and biosketches — accounts written by researchers that highlight the full range of their contributions — are becoming more common. In European universities, the development of templates to elicit evidence of a broader range of contributions from faculty members, known as Career Assessment Matrices, is expanding.  

But there is a limit to how far institutions can move away from citation- and publication-based assessments, if they continue to be judged on these measures by global university rankings.

In the past three years, several groups, including the Union of Students in Ireland and the United Nations University think tank, the International Institute for Global Health, have appealed for universities to escape this stranglehold. They have called on institutions to stop supplying data to the rankings, which some, such as the University of Utrecht in the Netherlands and the University of Zurich, Switzerland, have done. And the groups have asked universities to stop promoting their rank and to reduce how much they consider rankings of someone’s previous institution when making decisions, such as which staff members to recruit. The groups also endorse the More Than Our Rank initiative, which encourages institutions to describe their many achievements, activities and aspirations not captured by the rankings, through a narrative statement on their web pages. (I chair the INORMS Research Evaluation Group, which developed the More Than Our Rank initiative.)  

These are valid recommendations, but asking individual universities to take responsibility will not lead to global reforms in how university performance is defined and assessed. To achieve this, a three-pronged solution is needed.

Call out current rankings 

The higher-education sector should collectively — and vocally — agree that the current rankings are not fit for purpose. It might seem unlikely that institutes currently at the top of the rankings, mostly located in Europe and the United States, would call out a system that benefits them. But geopolitical changes should give pause for thought. Chinese and Indian universities are taking more of the top spots in the rankings than before, with UK, US and Australian institutions in decline. If those currently at the top wait too long to speak out, they might soon find themselves lower down the ranks, with less clout to drive the reforms that would serve all institutions.   

The call for change should involve an education campaign aimed at students and policymakers, who rely on rankings for decision-making. This should be led by an independent body that is governed by experts from the international higher-education sector, many of whom have already expressed concern about the harms of global university rankings (see, for example, go.nature.com/4hy1kq9). The goal should be to help consumers of rankings to understand that ‘Which is the best university in the world?’ is not a useful question. ‘Which university might be best for me, given that I care about X and Y?’ is a better question — but one for which current measures are unlikely to provide a good answer.  

The campaign should note that good assessments need to be nuanced and contextualized, and will take time to digest. Just as ‘the best’ researcher cannot be identified by the single number that makes up their h-index, ‘the best’ university cannot be determined by the single number that makes up their rank. This message might not be popular, but it is a crucial one.

Gather better data  

A distaste for rankings should not be confused with a distaste for quality data, or be seen as an excuse to avoid accountability. There’s a pressing need to collate better evidence on a broad range of university activities, from research integrity to sustainability and societal impacts. This will help decision makers — from students to governments — to get better answers to their questions about the comparative activities of global universities.

Data-collection efforts should be devised, governed and run by independent, non-profit nominees of the higher-education sector. An international commission, involving representatives from all stakeholders of the university sector, should be appointed to agree on the data points that will enable policymakers to make decisions without relying on commercial rankings.  

Several global agencies, such as the Organisation for Economic Co-operation and Development, the UN cultural organization UNESCO and the International Association of Universities, already collate data on tertiary education — including the number of citizens enrolled and the number of providers. These agencies would be well placed to collect broader data.

Reform rankings 

In response to community activism and with better data in hand, ranking agencies should improve their offerings so that they can provide better answers to better questions posed by their end users. Reforms should include the following five key changes.

First, remove flagship rankings that claim to identify the world’s ‘top’ universities, or rebrand them as ratings of ‘research intensive’ institutions where that is not already the case. Give them equal billing alongside a range of other rankings. This would debunk the myth that the research-intensive model is the only way to win at being a university.  

Second, include every university. If an institution doesn’t have enough reliable data, give them an opportunity to provide a narrative statement along the lines offered by More Than Our Rank. This will begin the transition away from a world of ‘rankables’ and ‘unrankables’.

Third, arrange universities in clusters, not ranks. Given the inevitable measurement error in data used to feed the rankings, banding institutions as high, medium or low in any given category is fairer than giving the false impression that a university ranked at 100 is significantly different to one ranked at 101.  

Fourth, provide profiles, not rankings. There is little justification for giving different weights to each ranking element — counting research and discovery as 50% of the total rank, say, and learning experience as 10% — when end users might value them differently. By giving equal weighting to all data elements and arranging them as a profile, decision makers can see the relative strengths of universities more clearly, and avoid reductive rankings. 

Fifth, provide qualitative evidence to support quantitative data. It would be easy and helpful to link from data-driven rankings to the qualitative complement provided by institutions. This is already the practice of the CWTS Leiden Ranking.

Universities and their associations should harness their powerful role as consumers of ranking data to demand better. This will free universities to respond to the needs of the societies they serve and become institutions that are fit for the future.  

Nature 647, 317-319 (2025)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03636-x


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Publicado en THE Times Higher Education https://www.timeshighereducation.com/news/elsevier-boycott-looms-down-under   El cierre de Elsevier ...