BRASIL ¿doblegó a X?

Publicado en The New York Times
https://www.nytimes.com/es/2024/09/21/espanol/america-latina/x-elon-musk-brasil.html?utm_source=newsshowcase&utm_medium=discover&utm_campaign=CCwQrYu16pmzu8vDARipiMLygurU3qwBKioIMBDnmu29wJKCsIQBGJHe88fh34PrgwEqEAgAKgcICjCZhpULMNLgqgM&utm_content=related

La plataforma X, de Elon Musk, cede en Brasil

En un abrupto cambio de estrategia, los abogados de la red social dijeron que la empresa estaba cumpliendo las órdenes judiciales que antes había desafiado. El Supremo Tribunal de Brasil podría permitir el regreso del sitio la próxima semana.

Por Jack Nicas y Ana Ionova

Reportando desde Río de Janeiro

21 de septiembre de 2024

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De pronto, Elon Musk parece estar rindiéndose.

Después de desafiar las órdenes judiciales en Brasil durante tres semanas, la red social de Musk, X, ha capitulado. En una presentación judicial el viernes por la noche, los abogados de la empresa dijeron que X había cumplido las órdenes del Supremo Tribunal Federal de Brasil con la esperanza de que la corte levantara la suspensión de su sitio web.

La decisión fue una acción inesperada de Musk, quien posee y controla X, luego de que dijera haberse negado a obedecer lo que calificó de órdenes ilegales para censurar voces en su red social. Musk había despedido a empleados locales y se había negado a pagar multas. El tribunal respondió bloqueando X en todo Brasil el mes pasado.

Ahora, los abogados de X han dicho que la empresa ha hecho exactamente lo que Musk había prometido no hacer: suspender las cuentas que un juez brasileño ordenó retirar porque dijo que amenazaban la democracia de Brasil. Los abogados dijeron que X también había cumplido las demás exigencias de la justicia, incluido el pago de multas y el nombramiento de un nuevo representante oficial en el país.

El Supremo Tribunal de Brasil confirmó los movimientos de X en un escrito presentado el sábado, pero dijo que la empresa no había presentado la documentación adecuada. Dio a X cinco días para enviar más documentación.

El brusco cambio de postura de Musk en Brasil parece ser una derrota para el empresario y su autodiseñada imagen de guerrero de la libertad de expresión. Musk y su empresa habían criticado enérgicamente y con dureza al Supremo Tribunal durante meses, incluso haciendo públicas algunas de sus órdenes selladas, pero ninguno de los dos había mencionado públicamente su cambio de rumbo para el sábado por la mañana.

El momento mostró cómo, en la lucha de poder que mantienen desde hace años los gigantes tecnológicos y los Estados nación, los gobiernos han sido capaces de mantener la ventaja.

Musk ha tenido que aceptar esa realidad en otros países, como India y Turquía, donde su red social acató las órdenes de censurar determinadas publicaciones. Pero en Brasil y Australia se quejó de las órdenes gubernamentales con las que no estaba de acuerdo y acusó a los funcionarios locales de censura. Las respuestas de su empresa a los gobiernos han estado a menudo en consonancia con su visión política personal.

Brasil es uno de los mercados internacionales más importantes de X. Los analistas estiman que tenía más de 20 millones de usuarios allí. Desde que X fue bloqueada, los brasileños han acudido en masa a los rivales de la red social: Bluesky y Threads, propiedad de Meta.

Cuanto más tiempo permaneciera bloqueada X, más se arriesgaba Musk a perder cuota de mercado e ingresos, algo problemático para una empresa que ha alienado a muchos anunciantes estadounidenses al permitir a los usuarios decir prácticamente cualquier cosa en el sitio.

Otra empresa controlada por Musk, el servicio de internet por satélite Starlink, también quedó atrapada en el fuego cruzado. El Supremo Tribunal de Brasil retiró 2 millones de dólares de las cuentas de Starlink para cubrir las multas que este había impuesto a X.

Muchas de las cuentas que X había tenido que retirar en Brasil pertenecían a destacados comentaristas brasileños de derecha, quienes en su día habían elogiado intensamente a Musk por resistirse a las órdenes del tribunal. Algunos expresaban ahora sentimientos encontrados por su marcha atrás.

Musk “se ha doblegado”, escribió Paulo Figueiredo, un comentarista de derecha a quien le bloquearon su cuenta de X en Brasil, en una publicación el jueves, cuando X contrató por primera vez nuevos abogados en Brasil, lo que indicaba un cambio de postura. “Es un día muy triste para la libertad de expresión”.

Un día después, Figueiredo dijo que entendía la postura de Musk y que agradecía “su esfuerzo”.

El giro de los acontecimientos fue una gran victoria para el Supremo Tribunal Federal y el poderoso juez que ha liderado el impulso para regular la expresión en línea, Alexandre de Moraes.

Moraes se ha convertido en una de las figuras más polarizantes de Brasil desde que el Supremo Tribunal de la nación le otorgó una amplia autoridad para ordenar a las empresas tecnológicas que retiren el contenido que él considera una amenaza para las instituciones de Brasil.

Desde 2019, ha ordenado a las redes sociales que suspendan al menos 300 cuentas, según un análisis del New York Times de una porción de sus órdenes judiciales, que se habían filtrado o divulgado públicamente. En más de la mitad de esas cuentas, el juez Moraes no proporcionó detalles en las órdenes de por qué deberían ser suspendidas. Por lo general ha emitido dichas órdenes bajo secreto pero el Times analizó las órdenes publicadas por X y los republicanos del Congreso de EE. UU. Es probable que haya muchas más órdenes que permanezcan secretas.

 Moraes ha dicho que suspende las cuentas que atacan a las instituciones democráticas de Brasil. Cuando ordenó la suspensión de X el mes pasado, dijo que se debía a que Musk pretendía “permitir la difusión masiva de desinformación, discursos de odio y ataques al Estado democrático de derecho”.

Musk había hecho del enfrentamiento con Moraes uno de sus temas favoritos este año; a veces publicaba repetidamente sobre el juez, lo insultaba, pedía su encarcelamiento y prometía desafiar sus órdenes. El asunto llegó a un punto crítico cuando X dejó de cumplir las órdenes del juez y cerró las oficinas de la empresa en Brasil para evitar las consecuencias.

Los primeros indicios de la marcha atrás se produjeron el jueves, cuando Moraes dijo en un escrito judicial que X había contratado nuevos abogados en Brasil.

Uno de esos abogados, Sérgio Rosenthal, dijo en un mensaje de texto el jueves que X planeaba cumplir todas las órdenes del juez de retirar las cuentas. “El objetivo es regularizar la situación de la empresa en Brasil”, dijo.

El sábado por la mañana, otro abogado, André Zonaro Giacchetta, dijo que las condiciones para volver a Brasil “ya se han cumplido, pero eso depende de la evaluación” del Tribunal Supremo Federal.

Hasta el miércoles, X parecía seguir desafiando al tribunal. Al parecer, la empresa utilizó una maniobra técnica para eludir los intentos de los proveedores de internet de bloquear su sitio en Brasil, lo que le permitió seguir funcionando para muchos usuarios del país.

La compañía dijo en un comunicado que su regreso a Brasil el miércoles fue “involuntario”. El propio Musk pareció sugerir que el regreso de su red fue un fenómeno sobrenatural en lugar de un movimiento intencional para eludir a las autoridades.

“Cualquier magia suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología”, publicó en X.

Pero el regulador de las telecomunicaciones de Brasil, Anatel, dijo en un comunicado que creía que el cambio era “una intención deliberada de hacer caso omiso de la orden del Supremo Tribunal Federal”.

Moraes pareció estar de acuerdo, e impuso una multa de un millón de dólares diarios y bloqueó de nuevo la red social. X seguía inaccesible en todo Brasil el sábado.

Kate Conger colaboró con la reportería desde San Francisco, y Lis Moriconi desde Río de Janeiro. Flávia Milhorance y Paulo Motoryn colaboraron con la investigación.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas

Bufete de abogados ofrece información sobre el litigio antimonopolio contra editores de revistas académicas

Publicado en Lieff Cabraser Heimann & Bernstein. Attorneys at Law
https://www.lieffcabraser.com/antitrust/academic-journals/ 

Litigio antimonopolio contra editores de revistas académicas

El 12 de septiembre de 2024, Lieff Cabraser y el co-asesor de Justice Catalyst Law presentaron una demanda federal antimonopolio en nombre de la demandante Lucina Uddin en el tribunal federal de Nueva York contra seis editores comerciales de revistas académicas, incluyendo Elsevier, Springer Nature, Taylor y Francis, Sage, Wiley y Wolters Kluwer, en nombre de una clase propuesta de científicos y académicos que proporcionaron manuscritos o revisión por pares, alegando que estos editores conspiraron para apropiarse ilegalmente de miles de millones de dólares que de otro modo habrían financiado la investigación científica.

Como se detalla en la demanda, el presunto plan de los demandados tiene tres componentes principales. En primer lugar, un acuerdo para fijar el precio de los servicios de revisión por pares en cero, que incluye un acuerdo para coaccionar a los académicos para que ofrezcan su trabajo a cambio de nada, vinculando expresamente su trabajo no remunerado con su capacidad para obtener la publicación de sus manuscritos en las revistas preeminentes de los demandados.

En segundo lugar, los editores demandados acordaron no competir entre sí por los manuscritos exigiendo a los académicos que presentaran sus manuscritos a una sola revista a la vez, lo que reduce sustancialmente la competencia al eliminar los incentivos para revisar los manuscritos con prontitud y publicar rápidamente las investigaciones meritorias.

En tercer lugar, los editores demandados acordaron prohibir a los académicos compartir libremente los avances científicos descritos en los manuscritos presentados mientras dichos manuscritos están siendo revisados por pares, un proceso que a menudo dura más de un año. Como se señala en la demanda, «desde el momento en que los académicos presentan manuscritos para su publicación, los demandados editoriales se comportan como si los avances científicos expuestos en los manuscritos fueran de su propiedad, para ser compartidos sólo si el demandado editor concede el permiso. 

Además, cuando los demandados seleccionan manuscritos para su publicación, a menudo exigen a los investigadores que renuncien a todos los derechos de propiedad intelectual a cambio de nada. Los manuscritos pasan entonces a ser propiedad real de los demandados y éstos cobran lo máximo que el mercado permite por el acceso a esos conocimientos científicos».

Como señala la demanda, los tres elementos principales del plan de los demandados son, cada uno por separado, ilegales per se en virtud del artículo 1 de la Ley Sherman. 

NewScientist describió algunos aspectos del plan como «indefendibles» y el «negocio más rentable del mundo», explicando que «la razón por la que es tan lucrativo es porque la mayor parte de los costes de su contenido son sufragados por los contribuyentes. Los investigadores financiados con fondos públicos hacen el trabajo, lo redactan y juzgan sus méritos. Y sin embargo, la propiedad intelectual resultante acaba en manos de los editores. Para colmo, luego la venden a través de suscripciones exorbitantes y muros de pago, a menudo pagados también por los contribuyentes». El Deutsche Bank describe acertadamente el plan como un «extraño» «sistema de triple remuneración» por el que «el Estado financia la mayor parte de la investigación, paga los salarios de la mayoría de los que comprueban la calidad de la investigación y luego compra la mayor parte del producto publicado». Como explicó otro observador, el plan de los demandados «es como si The New Yorker o The Economist exigieran a los periodistas que escribieran y editaran gratis sus trabajos y pidieran al gobierno que pagara la factura».

Además, el sistema ha dado lugar a una serie de fallos perversos del mercado que merman la capacidad de los científicos para hacer su trabajo y ralentizan drásticamente el ritmo del progreso científico. El sistema ha agravado la crisis de la revisión por pares, por lo que cada vez es más difícil obligar a los científicos a ofrecer su valioso trabajo a cambio de nada. El régimen ha frenado la ciencia, retrasando los avances en todos los campos de investigación. Se tardará más en encontrar tratamientos eficaces contra el cáncer. Se tardará más en lograr avances en la ciencia de los materiales que permitan la computación cuántica. Se tardará más en encontrar herramientas tecnológicas para combatir el cambio climático.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de distrito de Nueva York, solicita el triple de daños y perjuicios y medidas cautelares y de otro tipo, incluida una orden para impedir que los demandados sigan infringiendo la ley exigiéndoles que disuelvan los acuerdos ilegales impugnados.

Póngase en contacto con nosotros

Si es usted miembro de la comunidad académica y desea recibir información actualizada sobre el caso, o quiere unirse a los demandantes, utilice el formulario de esta página para enviarnos hoy mismo un mensaje confidencial. No hay ningún cargo ni obligación por nuestra revisión de su información, que nos ayudará a responsabilizar a los demandados editores por sus acciones ilegales generalizadas: https://www.lieffcabraser.com/antitrust/academic-journals/

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Academic Journal Publishers Antitrust Litigation

On September 12, 2024, Lieff Cabraser and co-counsel at Justice Catalyst Law filed a federal antitrust lawsuit on behalf of plaintiff Lucina Uddin in federal court in New York against six commercial publishers of academic journals, including Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, Sage, Wiley, and Wolters Kluwer, on behalf of a proposed class of scientists and scholars who provided manuscripts or peer review, alleging that these publishers conspired to unlawfully appropriate billions of dollars that would otherwise have funded scientific research.

As detailed in the complaint, the defendants’ alleged scheme has three main components. First, an agreement to fix the price of peer review services at zero that includes an agreement to coerce scholars into providing their labor for nothing by expressly linking their unpaid labor with their ability to get their manuscripts published in the defendants’ preeminent journals. 

Second, the publisher defendants agreed not to compete with each other for manuscripts by requiring scholars to submit their manuscripts to only one journal at a time, which substantially reduces competition by removing incentives to review manuscripts promptly and publish meritorious research quickly.

Third, the publisher defendants agreed to prohibit scholars from freely sharing the scientific advancements described in submitted manuscripts while those manuscripts are under peer review, a process that often takes over a year. As the complaint notes, “From the moment scholars submit manuscripts for publication, the Publisher Defendants behave as though the scientific advancements set forth in the manuscripts are their property, to be shared only if the Publisher Defendant grants permission. Moreover, when the Publisher Defendants select manuscripts for publication, the Publisher Defendants will often require scholars to sign away all intellectual property rights, in exchange for nothing. The manuscripts then become the actual property of the Publisher Defendants, and the Publisher Defendants charge the maximum the market will bear for access to that scientific knowledge.”  

As the complaint notes, the three major elements of defendants’ scheme are each individually per se unlawful under Section 1 of the Sherman Act. NewScientist described aspects of the Scheme as “indefensible,” and the “most profitable business in the world,” explaining that the “reason it is so lucrative is because most of the costs of its content is picked up by taxpayers. Publicly funded researchers do the work, write it up and judge its merits. And yet the resulting intellectual property ends up in the hands of the publishers. To rub salt into the wound they then sell it via exorbitant subscriptions and paywalls, often paid for by taxpayers too.” Deutsche Bank aptly describes the Scheme as a “bizarre” “triple pay system” whereby “the state funds most of the research, pays the salaries of most of those checking the quality of the research, and then buys most of the published product.” As another observer explained, the Publishing Defendants’ Scheme “is as if the New Yorker or the Economist demanded that journalists write and edit each other’s work for free, and asked the government to foot the bill.” 

In addition, the scheme has resulted in a variety of perverse market failures that impair the ability of scientists to do their jobs and slow dramatically the pace of scientific progress. The scheme has resulted in a worsening peer-review crisis, whereby it has become increasingly difficult to coerce busy scholars into providing their valuable labor for nothing. The Scheme has held back science, delaying advances across all fields of research. It will take longer to find effective treatments for cancer. It will take longer to make advancements in material science that will support quantum computing. It will take longer to find technological tools to combat climate change.

The lawsuit, filed in federal district court in New York, seeks treble damages and injunctive and other relief, including an order to enjoin the defendants from continuing to violate the law by requiring them to dissolve the challenged unlawful agreements.

Contact usIf you are a member of the academic community and want more to receive updates about the case, or seek to join the plaintiffs, please use the form on this page to send us a confidential message today. There is no charge or obligation for our review of your information, which will help us hold the publisher defendants accountable for their pervasive illegal actions: https://www.lieffcabraser.com/antitrust/academic-journals/

U.S.A.: Demanda vs ELSEVIER, WOLTERS-KLUWER, WILEY, SAGE y TAYLOR&FRANCIS por control monopólico de las revistas de investigación

Publicado en Higher Ed Dive
https://www.highereddive.com/news/6-major-academic-publishers-face-antitrust-lawsuit/727106/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202024-09-17%20Higher%20Ed%20Dive%20%5Bissue:65907%5D&utm_term=Higher%20Ed%20Dive 

6 grandes editoriales académicas se enfrentan a una demanda antimonopolio

Los demandados, entre ellos Elsevier y Wiley, han causado «un daño tremendo a la ciencia y al interés público», según la demanda.

Publicado el 17 de septiembre de 2024

Laura Spitalniak 

Redactora

Resumen:

• Un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles presentó una demanda colectiva contra seis grandes editoriales, alegando que varias de sus políticas violan la legislación antimonopolio e impiden la investigación académica.

• La demanda colectiva, presentada el jueves en el tribunal federal de distrito de Nueva York, nombra como demandados a Elsevier, Wolters Kluwer, Wiley, Sage Publications, Taylor & Francis y Springer Nature. Los editores supuestamente acordaron hacer de la revisión por pares un trabajo no remunerado, impedir a los académicos presentar manuscritos a más de una revista a la vez y prohibirles compartir libremente sus hallazgos durante el largo proceso de revisión por pares.

• Un portavoz de Wiley dijo el viernes que la empresa no podía hacer comentarios sobre las alegaciones concretas de la demanda, pero que las consideraba sin fundamento. Las demás editoriales no hicieron comentarios o no respondieron a las solicitudes de información.

Dive Insight:

Las revistas académicas son tanto una parte vital de la investigación académica como una empresa potencialmente muy rentable. 

En 2023, las revistas revisadas por pares de Elsevier generaron unos ingresos de 3.800 millones de dólares con un margen de beneficio operativo del 38%, mientras que las revistas revisadas por pares de Taylor & Francis generaron unos ingresos de 739 millones de dólares con un margen de beneficio del 35%, según la demanda. En conjunto, las seis editoriales demandadas obtuvieron unos ingresos combinados de 10.000 millones de dólares el año pasado por sus revistas arbitradas, según la demanda.

Según la demanda, las editoriales obtienen unos beneficios excepcionales al tiempo que mantienen bajos los costes a expensas de los académicos. Lo hicieron, según la demanda, creando acuerdos ilegales para «cimentar su dominio del mercado y maximizar la cantidad de dinero que pueden desviar de la investigación científica a sus bolsillos.» 

Una de las formas en que los demandantes alegan que los editores mantienen el control de la industria es a través de acuerdos en el marco de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos, también conocida como STM. Según la demanda, esta organización, que también está demandada, publica dos tercios de todos los artículos de revistas internacionales. 

La demanda alega que las seis editoriales académicas han formado un «cártel» a través de STM, de la que todas son miembros. Los miembros aceptan seguir las políticas de STM, que establecen que la revisión por pares es un «trabajo voluntario» y que los investigadores no pueden enviar sus manuscritos a más de una revista a la vez ni compartir libremente sus trabajos en revisión, según la demanda.

La demanda busca una orden judicial para poner fin al supuesto acuerdo de los editores, así como daños y perjuicios para los miembros del grupo. El grupo de demandantes propuesto incluye a los residentes en EE.UU. que hayan revisado o enviado un manuscrito a cualquiera de las revistas mencionadas desde 2020, un grupo que podría ascender a cientos de miles de personas, según la demanda. 

El mundo académico se describe a menudo como «publicar o perecer», un guiño aliterado a la necesidad de publicar investigaciones para avanzar en la carrera profesional. La demanda alega que, al acordar no pagar a los académicos por los servicios de revisión por pares, lo que provocó una escasez de revisores por pares, las editoriales tomaron como rehén su futuro profesional. Aun así, el acuerdo ha provocado una escasez de revisores, según la demanda. 

«Cada vez es más difícil coaccionar a los investigadores para que ofrezcan su valioso trabajo a cambio de nada», afirma la demanda.

Además, la norma de presentación única redujo la competencia entre las editoriales, «disminuyendo sustancialmente los incentivos para revisar los manuscritos con prontitud y publicar rápidamente las investigaciones meritorias». 

Estos retrasos combinados han dado lugar a un proceso de revisión que puede superar el año, tiempo durante el cual los académicos no pueden compartir públicamente sus hallazgos, según la demanda. 

Los tres factores han conducido a un proceso de publicación lento y arduo que ha obstaculizado el avance académico y ha causado «un daño tremendo a la ciencia y al interés público», alega. 

«Llevará más tiempo encontrar tratamientos eficaces contra el cáncer. Tardaremos más en lograr avances en la ciencia de los materiales que permitan la computación cuántica. Tardaremos más en encontrar herramientas tecnológicas para combatir el cambio climático», dice la demanda.

Dean Harvey, codefensor del demandante, dijo el jueves que las revistas académicas con ánimo de lucro han explotado a los académicos y a los contribuyentes mediante la colusión. La investigación académica suele financiarse en parte o en su totalidad con subvenciones públicas, por lo que las supuestas acciones de las editoriales les permiten beneficiarse ilegalmente de los fondos públicos, según la demanda.

«La industria editorial académica ha actuado como si las leyes antimonopolio no se aplicaran a ellos, y creen que los académicos no merecen las mismas protecciones que todos los demás», dijo Harvey en un comunicado. «Están equivocados».

Divulgación: Informa, propietaria de la editorial de Higher Ed Dive, Industry Dive, también es propietaria de Taylor & Francis. Informa no influye en la cobertura de Higher Ed Dive. 

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6 major academic publishers face antitrust lawsuit

The defendants, including Elsevier and Wiley, have done “tremendous damage to science and the public interest,” the complaint alleged.

Published Sept. 17, 2024

Laura Spitalniak
Editor

Dive Brief:

• A professor at the University of California, Los Angeles filed a class-action complaint against six major publishers, alleging that several of their policies violate antitrust law and impede academic research.

• The class-action lawsuit, filed Thursday in federal district court in New York, names Elsevier, Wolters Kluwer, Wiley, Sage Publications, Taylor & Francis, and Springer Nature as defendants. The publishers allegedly agreed to make peer reviewing an unpaid job, prevent academics from submitting manuscripts to more than one journal at a time, and bar them from freely sharing their findings during the lengthy peer review process.

• A spokesperson for Wiley said Friday that the company could not comment on the lawsuit’s specific claims but considers them without merit. The other publishers either had no comment or did not respond to requests for comment. 

Dive Insight:

Academic journals are both a vital part of scholarly research and a potentially highly profitable business venture. 

In 2023, Elsevier’s peer-reviewed journals brought in $3.8 billion in revenue with a 38% operating profit margin, while Taylor & Francis’ peer-reviewed journals generated $739 million in revenue with a 35% profit margin, the lawsuit said. Overall, the six publishers being sued brought in a combined $10 billion in revenue last year from their peer-reviewed journals, according to the lawsuit.

The publishers earn exceptional profits while keeping costs low at the expense of academics, the lawsuit alleges. They did this, according to the complaint, by creating illegal agreements to “cement their market dominance and maximize the amount of money they can divert from scientific research into their pockets.”  

One way the plaintiffs allege the publishers maintain control over the industry is through arrangements under the International Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers, also known as STM. The organization — which is also a defendant — publishes two-thirds of all journal articles internationally, according to the complaint. 

The lawsuit alleges that the six academic publishers have formed a “cartel” through STM, of which they are all members. Members agree to follow STM’s policies, which state that peer review is “volunteer work” and that researchers cannot submit their manuscripts to more than one journal at a time or freely share their work under review, according to the lawsuit.   

The lawsuit seeks an injunction to end the publishers’ alleged agreement, as well as damages for class members. Its proposed class includes U.S. residents who have reviewed for or submitted a manuscript to any of the named journals since 2020 — a group potentially numbering in the hundreds of thousands, according to the complaint. 

The academic world is often described as “publish or perish” — an alliterative nod to the necessity of publishing research to advance in one’s career. The lawsuit alleges that by agreeing not to pay scholars for peer review services, which led to a dearth of peer reviewers, the publishers functionally held their professional futures hostage. Even so, the agreement has led to a dearth of peer reviewers, according to the lawsuit.  

“It has become increasingly difficult to coerce busy scholars into providing their valuable labor for nothing,” the lawsuit said.

Additionally, the single submission rule cut down on competition among publishers, “substantially decreasing incentives to review manuscripts promptly and publish meritorious research quickly, it said. 

These combined delays have led to a review process that can exceed a year, during which time academics cannot share their findings publicly, according to the lawsuit. 

All three factors have led to a slow and arduous publishing process that has stymied academic advancement and “tremendous damage to science and the public interest,” it alleges. 

“It will take longer to find effective treatments for cancer. It will take longer to make advancements in material science that will support quantum computing. It will take longer to find technological tools to combat climate change,” the lawsuit said.

Dean Harvey, co-counsel for the plaintiff, said Thursday that for-profit academic journals have exploited scholars and taxpayers by colluding. Academic research is often funded in part or in full by government grants, so the publishers’ alleged actions allow them to illegally profit from public funds, according to the lawsuit.

“The academic publishing industry has acted as though the antitrust laws do not apply to them, and believe scholars do not deserve the same protections as everyone else,” Harvey said in a statement. “They are mistaken.”

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