Publicado en The Scholarly Kitchen
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2026/05/14/apc-caps-and-bans-why-funder-policies-aimed-at-curbing-the-publishing-industry-dont-work/?informz=1&nbd=567d61ec-36ea-4197-85eb-43e2bd36d175&nbd_source=informz
Los límites y prohibiciones de APC — Por qué las políticas de los financiadores dirigidas a frenar la industria editorial no funcionan
Por David Crotty
14 de mayo de 2026
Esta semana, DeltaThink publicó un informe que analiza los posibles impactos del esperado plan de los NIH para limitar el gasto de los beneficiarios de subvenciones en cuotas de publicación, particularmente en los cargos por procesamiento de artículos (APC, por sus siglas en inglés) para publicaciones de acceso abierto (OA). El informe sugiere que la política de los NIH (dependiendo de cómo se implemente) provocará una disminución de entre el 0.9 % y alrededor del 3.5 % en el monto global destinado a la publicación OA. Pero las cifras brutas realmente no cuentan toda la historia de lo que ocurrirá con una política de este tipo, y vale la pena reflexionar sobre las razones por las que tendrá mucho menos impacto del que parece.
Los NIH no son los únicos que buscan cambiar la manera en que los investigadores publican sus resultados, ni los únicos que intentan regular las prácticas comerciales de las editoriales. La Academia China de Ciencias ha anunciado una política dirigida específicamente a unas 30 revistas OA de “alto perfil y alto costo”, entre ellas Nature Communications, Cell Reports y Science Advances. Otros financiadores han ido aún más lejos. Cancer Research UK anunció el mes pasado que, en general, consideraban aceptable un embargo de seis meses antes de que los artículos estuvieran disponibles mediante acceso abierto verde (Green OA), y que dejarían de cubrir cualquier pago de APC para OA. Desde enero de 2025, Wellcome solo paga APC en revistas completamente OA y, al mismo tiempo, la Fundación Gates dejó de pagar APC por completo. En cada una de estas políticas existe un objetivo implícito (y a veces explícito) de usar el poder económico para modificar el comportamiento de publicación de los investigadores y reestructurar la comunicación científica, ya sea alejando a los autores de revistas consideradas excesivamente caras o eliminando por completo las revistas por suscripción.
¿Qué tan efectivas son estas políticas?Una rápida revisión de Dimensions sugiere que quizá no están teniendo el efecto deseado y que un número considerable de investigadores está encontrando formas de evadirlas. En 2025, hubo 10,298 artículos que declararon financiamiento de Wellcome. A pesar del requisito de que todos los resultados se publiquen en OA, todavía hubo casi 700 artículos disponibles únicamente por suscripción. El porcentaje aumenta notablemente en lo que va de 2026, con 323 artículos de acceso por suscripción publicados de un total de 3,394.
Además, Wellcome prohíbe específicamente el gasto en revistas híbridas OA, sin embargo, 3,104 artículos financiados por Wellcome en 2025 y 1,051 hasta la fecha en 2026 fueron publicados en OA en revistas híbridas (más del 30 % en ambos años).
La Fundación Gates, que igualmente exige publicación OA y no paga ningún APC, muestra resultados similares. De los 3,717 artículos de 2025 con financiamiento Gates, 425 fueron publicados como artículos de suscripción (11.4 %). Más de 900 artículos fueron publicados OA en revistas híbridas, y los destinos más populares para artículos financiados por Gates fueron revistas de Elsevier, Springer Nature y Wiley (seguidos por PLOS, con quien Gates tiene un acuerdo de publicación prepagada para autores financiados).
Las cifras de 2026 son aún más problemáticas en términos de cumplimiento: más del 20 % de los 1,150 artículos publicados hasta la fecha con financiamiento Gates aparecieron como artículos únicamente por suscripción. Las revistas de Elsevier y Springer Nature continúan siendo los principales destinos de los autores financiados por Gates.
Gates exige que los investigadores publiquen preprints y ha creado su propio servidor de preprints, VeriXiv, para este propósito. Las cifras de 2025 muestran solo 1,305 preprints (35 % del número de artículos) y en 2026 se observan 412 preprints (36 %). De esos preprints en 2025, 459 fueron publicados en VeriXiv (35 %), y en 2026 alrededor del 39 %.
¿Qué está ocurriendo aquí y por qué estas políticas son menos efectivas de lo esperado?Todo el mundo quiere mantener satisfecho a su financiador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los investigadores no se alejan de las revistas híbridas, de las revistas con APC elevados (507 artículos financiados por Wellcome y Gates fueron publicados en Nature Communications en 2025), o de pagar APC en absoluto?
Primero, como sabemos desde las primeras políticas de OA, el cumplimiento es costoso y, a menudo, complejo de supervisar. A menos que el financiador sancione rigurosamente a los beneficiarios, siempre existirá cierto nivel de incumplimiento.
Pero más allá de un nivel básico de autores completamente incumplidos, Lisa Hinchliffe señaló en 2024 otra razón por la que las reglas no se siguen estrictamente: los financiadores individuales no existen en un vacío. Muchos artículos reciben financiamiento de más de una fuente y, mientras organizaciones como Gates o los NIH quieren golpear a las revistas que consideran demasiado caras, los autores financiados por otras fuentes pueden contradecir esas intenciones y seguir cumpliendo técnicamente las reglas. Como dice el aforismo: “un esclavo con dos amos es un hombre libre”.
Otra estrategia clave utilizada por investigadores financiados ha sido el auge de los acuerdos transformativos (TA). Los TA, también conocidos como acuerdos de “leer y publicar”, combinan en un solo contrato el pago por acceso de lectura a contenido por suscripción y el pago por publicación OA de los autores. Si un autor pertenece a una institución que ha firmado un TA con una editorial, entonces el APC de ese artículo ya no sale directamente de la subvención del investigador.
Esto significa que el financiador pierde completamente el control sobre el gasto en publicaciones, porque quien paga es la biblioteca institucional y no el beneficiario de la subvención. La mayoría de las bibliotecas operan con diversas fuentes de financiamiento, desde colegiaturas y cuotas estudiantiles hasta gastos indirectos de subvenciones. Incluso si un financiador prohibiera usar sus fondos indirectos para TA, la biblioteca podría simplemente pagar esos acuerdos con dinero de otra parte de su presupuesto. Problema resuelto.
Y, como sabemos por el “obituario” del Plan S, los TA favorecen a las revistas híbridas por encima de las revistas completamente OA, produciendo el efecto contrario al que buscan los financiadores. Además, los TA benefician a investigadores de instituciones grandes y ricas que pueden costearlos, así como a las editoriales comerciales más grandes y rentables, que poseen la escala necesaria para hacer funcionar estos acuerdos.
Si los NIH finalmente anuncian límites a los APC, esperaría una rápida proliferación de TA en Estados Unidos, similar a la rápida adopción observada en la Unión Europea tras la implementación del Plan S. Los ricos (investigadores, instituciones y editoriales) volverán a hacerse más ricos: una consecuencia no intencionada, pero completamente predecible.
¿De quién es realmente el dinero?Otro factor que impide que las políticas de los financiadores orienten el comportamiento de investigadores y editoriales es la desconexión entre la persona que recibe el financiamiento (generalmente el investigador principal o “PI”) y la persona que realmente realiza la investigación y escribe el artículo (generalmente un estudiante de posgrado o un posdoctorante).
El estudiante o posdoctorante eventualmente dejará el laboratorio y —al menos para el pequeño porcentaje que permanece en la academia— intentará crear su propio laboratorio. Pero no puede llevarse consigo el financiamiento del PI; ese dinero permanece con el investigador principal. El PI es quien tiene interés directo en mantener satisfecho al financiador. El estudiante o posdoctorante no obtiene beneficios del cumplimiento de las reglas del financiador; en cambio, está concentrado en hacer aquello que maximice sus oportunidades de carrera: esencialmente publicar en la revista de mayor impacto posible, sin importar el costo o el conflicto con los deseos del financiador de su PI.
Ya escribí sobre este conflicto de interés para los jefes de laboratorio en 2019. El PI tiene una responsabilidad hacia sus estudiantes y posdoctorantes: hacer todo lo posible por ayudarlos a construir una carrera exitosa. Cualquier laboratorio que siga estrictamente la política de Gates y declare, por ejemplo, que un preprint es el único resultado necesario de un proyecto de investigación, terminará siendo un laboratorio sin estudiantes de posgrado ni posdoctorantes. ¿Quién querría trabajar en un lugar que le impide conseguir ese artículo en Nature (o cualquier artículo) que necesita para obtener empleo?
Al mismo tiempo, el PI necesita mantener funcionando su laboratorio y está obligado a seguir las reglas del financiador, sin importar cuánto puedan perjudicar las aspiraciones profesionales de sus estudiantes. La mayoría termina realizando un difícil equilibrio, y por eso observamos tantas estrategias que cumplen la letra de la ley, pero no su espíritu.
Así, como escribió Lisa Hinchliffe, este tipo de políticas hace poco más que aumentar la carga administrativa de cumplimiento para los investigadores y, como señaló cOAlition S, frecuentemente producen el efecto contrario al deseado.
Como he escrito en otros lugares, la política es un instrumento tosco que normalmente se enfoca más en los objetivos que en los procesos. Por ello, aunque las cifras de DeltaThink son interesantes, apostaría a que el impacto real de los posibles límites de APC de los NIH será significativamente menor en términos de reducción del gasto total en publicaciones y significativamente mayor en términos de una mayor consolidación del mercado
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APC Caps and Bans — Why Funder Policies Aimed at Curbing the Publishing Industry Don’t Work
By David Crotty
May 14, 202
This week DeltaThink released a report looking at the potential impacts of the long-awaited NIH plan to cap grant recipient spending on publication fees, particularly article processing charges (APCs) for open access (OA) publication. The report suggests the NIH’s policy (depending on how it is implemented) will result in a decline of somewhere between 0.9% and around 3.5% in the global amount paid for OA publishing. But the raw numbers don’t really tell the story of what will happen with such a policy, and it’s worth thinking about the reasons why it will be much less impactful than it seems.
The NIH is not alone in looking to change the way researchers publish their results, nor in looking to regulate publisher business practices. The Chinese Academy of Sciences has announced a policy specifically aimed at around 30 “high-profile, high-fee” OA journals including Nature Communications, Cell Reports, and Science Advances. Other funders have gone further. Cancer Research UK last month announced that they were generally fine with a 6-month embargo on papers becoming available via Green OA and that they would cease all payment for OA APCs. Since January 2025, Wellcome only pays for APCs in fully-OA journals, and at the same time, the Gates Foundation ceased APC payments across the board. Within each of these policies is an implicit (and sometimes explicit) goal of using the power of the purse to change researcher publication behavior and to restructure research communications, whether pushing authors away from journals deemed excessively expensive to eliminating subscription journals altogether.
This week DeltaThink released a report looking at the potential impacts of the long-awaited NIH plan to cap grant recipient spending on publication fees, particularly article processing charges (APCs) for open access (OA) publication. The report suggests the NIH’s policy (depending on how it is implemented) will result in a decline of somewhere between 0.9% and around 3.5% in the global amount paid for OA publishing. But the raw numbers don’t really tell the story of what will happen with such a policy, and it’s worth thinking about the reasons why it will be much less impactful than it seems.
The NIH is not alone in looking to change the way researchers publish their results, nor in looking to regulate publisher business practices. The Chinese Academy of Sciences has announced a policy specifically aimed at around 30 “high-profile, high-fee” OA journals including Nature Communications, Cell Reports, and Science Advances. Other funders have gone further. Cancer Research UK last month announced that they were generally fine with a 6-month embargo on papers becoming available via Green OA and that they would cease all payment for OA APCs. Since January 2025, Wellcome only pays for APCs in fully-OA journals, and at the same time, the Gates Foundation ceased APC payments across the board. Within each of these policies is an implicit (and sometimes explicit) goal of using the power of the purse to change researcher publication behavior and to restructure research communications, whether pushing authors away from journals deemed excessively expensive to eliminating subscription journals altogether.
How effective are these policies?
A quick look at Dimensions suggests they’re perhaps not having the intended effect, and that significant numbers of researchers are finding workarounds. In 2025, there are 10,298 papers that list Wellcome funding. Despite a requirement that all results be published OA, there were still nearly 700 subscription-access-only papers. The percentage leaps in 2026 to date with 323 subscription access papers published out of a total of 3,394. Further, Wellcome specifically bans spending on hybrid-OA, yet 3,104 Wellcome papers in 2025 and 1,051 to date in 2026 were published OA in hybrid journals (more than 30% in both years).
Gates, which similarly requires OA publication and won’t pay any APC at all, shows a similar leakiness in its results. Of 2025’s 3,717 papers listing Gates funding, 425 were published as subscription articles (11.4%). More than 900 papers were published OA in hybrid journals, and the most popular destinations for Gates funded papers were journals from Elsevier, Springer Nature, and Wiley (followed by PLOS, with whom Gates has an agreement granting prepaid publication for funded authors). 2026 numbers are even more problematic in terms of compliance, with more than 20% of the year-to-date 1,150 articles listing Gates funding published as subscription-only articles. Elsevier and Springer Nature journals remain the top targets for Gates-funded authors. Gates requires researchers to preprint their articles and has built their own VeriXiv preprint server for this purpose. 2025’s numbers show only 1,305 preprints (35% of the number of articles) and 2026 shows 412 preprints (36%). Of those preprints in 2025, 459 were posted in VeriXiv (35%) and in 2026 around 39%.
Everyone wants to keep their funder happy, right? So, why aren’t researchers moving away from hybrid journals, paying expensive APC journals (507 Wellcome and Gates papers published in Nature Communications in 2025), or paying any APCs at all?
First, as we know from the earliest OA policies, compliance is expensive and often complex to monitor. Unless the funder ruthlessly cracks down on grantees, some level of non-compliance will always be there.
But aside from some baseline of completely non-compliant authors, Lisa Hinchliffe in 2024 noted one reason why the rules aren’t carefully adhered to — individual funders do not exist in a vacuum. Many papers list funding from more than one source, and while an organization like Gates or the NIH may want to strike a blow against journals they perceive to be expensive, authors with funding from other sources can subvert their intentions and still remain in compliance. As the aphorism goes, “a slave with two masters is a free man.”
Another key workaround for funded researchers has been provided by the rise of transformative agreements (TAs). TAs, also often called read-and-publish deals, bundle payment to the publisher for read access to subscription content and payment for OA publishing for authors into a single contract. If an author is at an institution that has signed a TA with a publisher, then the APC for that author’s article is no longer coming directly out of their grant.
This means that the funder has zero control over publication spending because it is being done by the institution’s library, not the grant recipient. Most libraries operate through a variety of funding sources, ranging from tuitions and student fees to grant overheads. Even if a particular funder outlawed any of their overhead funds from going to TAs, the library could simply pay for TAs using funds from other portions of their budget. Problem solved.
And as we know from the Plan S obituary, TAs favor hybrid journals over fully OA journals, resulting in the opposite outcome that funders are aiming for here. Further, TAs favor researchers at larger, wealthier institutions that can afford them, and the largest, most profitable commercial publishers who have the scale to make TAs work. Should the NIH eventually announce their APC caps, I would expect to see a rush of TAs signed in the US, similar to the rapid uptake in the EU following the implementation of Plan S. The rich (researchers/institutions/publishers) will get richer, again — an unintended, but entirely predictable consequence. Whose money is it anyway?
I wrote about the conflict of interest this creates for lab heads back in 2019. The PI has a duty of care toward their students and postdocs, to do everything they can to help them launch a successful career. Any lab that adheres strictly to the Gates policy, for example, and declares that a preprint is the only necessary output for a research project, is going to be a lab devoid of graduate students or postdocs. Why would you go work somewhere that prohibits you from getting that Nature paper (or any paper at all) that you need to get a job?
At the same time, the PI needs to keep the lights on in their own lab and is obligated to follow their funder’s rules, regardless of how damaging it may be to their students’ career hopes. Most are left with a difficult balancing act, and that’s why we see so many workarounds that follow the letter of the law but not its spirit.
And so, as Lisa Hinchliffe wrote, these sorts of policies do little other than to increase the compliance burden for researchers and, as cOAlition S noted, often have the opposite effect from what was desired. As I’ve written elsewhere, policy is a blunt instrument which is usually goal-focused rather than process-focused. So, while the DeltaThink numbers are interesting, I’m willing to bet that the real-world impact of the NIH’s potential APC caps will be significantly smaller in terms of the reduction in overall publication spend, and significantly larger in terms of further market consolidation.
David Crotty
David Crotty is the Executive Director of Cold Spring Harbor Laboratory Press. Founded in 1933, CSHL Press is an internationally renowned publisher of books, journals, and electronic media, and is a division of Cold Spring Harbor Laboratory, an innovator in life science research and the education of scientists, students, and the public. Previously, David was a Senior Consultant at Clarke & Esposito, a boutique management consulting firm focused on strategic issues related to professional and academic publishing and information services. David was the Editorial Director, Journals Policy for Oxford University Press. He oversaw journal policy across OUP’s journals program, drove technological innovation, and served as an information officer. David acquired and managed a suite of research society-owned journals with OUP, and before that was the Executive Editor for Cold Spring Harbor Laboratory Press, where he created and edited new science books and journals, along with serving as a journal Editor-in-Chief. He has served on the Board of Directors for the STM Association, the Society for Scholarly Publishing and CHOR, Inc., as well as The AAP-PSP Executive Council. David received his PhD in Genetics from Columbia University and did developmental neuroscience research at Caltech before moving from the bench to publishing.
