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Los contratos están dejando a los académicos en una situación de «desarraigo intelectual»
Min Bahadur Bista
26 de junio de 2026
Hace algunos años, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) —una de las universidades públicas más prestigiosas de Estados Unidos— reveló que vivía sin hogar.
A pesar de contar con un doctorado y de impartir clases en una institución asociada con la excelencia académica y la movilidad social, no podía permitirse una vivienda en la ciudad donde trabajaba. Los medios de comunicación informaron que dormía en su automóvil, se duchaba en un gimnasio y continuaba impartiendo clases mientras enfrentaba la realidad de la falta de vivienda.
La noticia atrajo una amplia atención porque cuestionaba uno de los supuestos más arraigados sobre la educación superior: que los profesores universitarios disfrutan de una vida estable, segura y propia de la clase media. Sin embargo, el caso no fue una anomalía aislada.
Encuestas de la Federación Estadounidense de Profesores (American Federation of Teachers) han documentado la existencia de inseguridad alimentaria, inseguridad habitacional y dificultades económicas entre el profesorado con contratos contingentes en todo Estados Unidos.
Muchos profesores adjuntos logran subsistir impartiendo clases en varias instituciones, desempeñando un segundo empleo o dependiendo del apoyo de sus familias. El caso del profesor sin hogar representa mucho más que una tragedia individual. Simboliza una profunda transformación que está ocurriendo en las universidades de todo el mundo. Instituciones que antes se organizaban en torno a comunidades estables de académicos dependen cada vez más de personal docente temporal, de tiempo parcial y contratado por períodos determinados.
El profesor tradicional, protegido por la estabilidad laboral (tenure) e integrado en la vida intelectual de la universidad, está siendo reemplazado gradualmente por una fuerza laboral cuyas condiciones de empleo se asemejan cada vez más a las de la economía de plataformas (gig economy).
Este fenómeno, conocido comúnmente como adjuntificación (adjunctification) o precarización del trabajo académico, se ha convertido en una de las características definitorias de la educación superior contemporánea. Aunque la terminología varía entre países, la tendencia es notablemente similar.
En todos los continentes, las universidades están siendo testigos del surgimiento de un nuevo precariado académico. La UNESCO considera que la adjuntificación constituye un problema sistémico de alcance mundial que socava la seguridad laboral, la libertad académica y el atractivo de la carrera académica.
Del académico al trabajador de plataformas (gig worker)La universidad moderna se construyó sobre un principio simple pero poderoso: los académicos necesitan un cierto grado de seguridad para poder perseguir la verdad. La institución de la estabilidad laboral (tenure) no surgió como un privilegio profesional, sino como una salvaguarda de la libertad académica. Las universidades reconocieron que los investigadores debían poder cuestionar las ideas dominantes, investigar temas controvertidos y desarrollar proyectos intelectuales de largo plazo sin temor a perder su sustento.
El sistema de tenure se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XX como respuesta a las preocupaciones por la interferencia política, la presión religiosa y la influencia de los donantes. Las universidades fueron aceptando progresivamente que la investigación sólo podía prosperar cuando la libertad intelectual estuviera protegida frente a las presiones externas. Con el tiempo, la estabilidad laboral se convirtió en una característica definitoria del empleo académico e influyó gradualmente en la organización de los sistemas universitarios de numerosos países.
Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial representaron el momento culminante de este modelo.
La expansión de la inversión pública, el aumento de la matrícula estudiantil y el crecimiento económico sostenido permitieron a las universidades crear un gran número de plazas académicas permanentes. Se esperaba que el profesorado no solo impartiera docencia, sino también que realizara investigación, orientara a los estudiantes, participara en la gobernanza universitaria y contribuyera a la vida pública. Cada vez más, las universidades se concebían como comunidades de académicos, más que como simples proveedores de servicios educativos.
Sin embargo, a partir de las décadas de 1970 y 1980, este modelo comenzó a verse sometido a crecientes presiones.
Los gobiernos comenzaron a enfrentar restricciones fiscales, la financiación pública dejó de crecer al mismo ritmo que el aumento de la matrícula y las universidades tuvieron que responder a crecientes exigencias de rendición de cuentas, eficiencia y resultados medibles. Surgió así un nuevo modelo de gobernanza de la educación superior, en el que la flexibilidad y el control de costos sustituyeron con frecuencia a la estabilidad laboral y la colegialidad como principios organizadores.
Las universidades dependen cada vez más de profesorado contingente: profesores adjuntos (adjunct instructors), docentes (lecturers), académicos contratados por semestre (sessional academics), profesores asociados a la docencia (teaching fellows) e investigadores con contratos de duración determinada. Lo que comenzó como un mecanismo para cubrir necesidades docentes temporales evolucionó gradualmente hasta convertirse en una estrategia permanente de gestión de la fuerza laboral.
Este cambio es especialmente visible en Estados Unidos. Según la American Association of University Professors (AAUP), aproximadamente el 68% de los nombramientos académicos se encuentran actualmente fuera del sistema de tenure, de modo que sólo alrededor de un tercio del profesorado ocupa plazas con estabilidad laboral o en la trayectoria hacia ella.
En 1987, por el contrario, cerca del 53% del profesorado ocupaba puestos con tenure o en vías de obtenerlo, lo que evidencia un cambio de largo plazo: se ha pasado de una plantilla integrada mayoritariamente por profesores con estabilidad laboral a otra compuesta predominantemente por personal contingente.
Patrones similares, aunque con distintas modalidades e intensidades, pueden observarse en todo el mundo angloparlante y, cada vez más, en Europa y otras regiones.
El resultado ha sido la aparición de lo que muchos analistas denominan el precariado académico: profesionales altamente cualificados que realizan funciones académicas esenciales bajo condiciones de inseguridad laboral permanente.
Cuando la flexibilidad genera inseguridadEl auge del trabajo académico contingente no fue un accidente. Surgió como consecuencia de transformaciones más amplias en la financiación y la gobernanza de la educación superior.
Desde finales del siglo XX, las universidades de muchos países han estado cada vez más influidas por reformas orientadas al mercado, que ponen el énfasis en la competencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la reducción del gasto público. A medida que los gobiernos limitaron o redujeron la financiación pública, las instituciones buscaron nuevas fuentes de ingresos mediante el cobro de matrículas, la captación de estudiantes internacionales, las alianzas comerciales y diversas actividades de carácter empresarial.
La adjuntificación está estrechamente relacionada con la masificación de la educación superior. Durante la segunda mitad del siglo XX, el acceso a la universidad se expandió de forma extraordinaria en gran parte del mundo. Instituciones concebidas originalmente para formar a las élites sociales se transformaron en sistemas de educación superior de masas que atendían a poblaciones cada vez más diversas.
Esta expansión generó nuevas presiones financieras. En muchos casos, los gobiernos promovieron el crecimiento del sistema sin incrementar proporcionalmente la financiación pública. Como consecuencia, las universidades buscaron formas de atender a un mayor número de estudiantes manteniendo bajo control los costos.
El empleo de personal contingente ofrecía una solución atractiva. Los profesores adjuntos podían contratarse según la demanda, asumir elevadas cargas docentes y ser despedidos cuando cambiaban los niveles de matrícula. A diferencia del profesorado permanente, no generaban compromisos financieros de largo plazo relacionados con pensiones, años sabáticos, sistemas de promoción o apoyo a la investigación.
Al mismo tiempo, muchas universidades experimentaron un notable crecimiento administrativo. Surgieron nuevas oficinas encargadas del cumplimiento normativo, la mercadotecnia, la captación de estudiantes, las clasificaciones universitarias, la planificación estratégica, el aseguramiento de la calidad, la recaudación de fondos y la transformación digital. Aunque algunas de estas funciones respondían a necesidades institucionales reales, los críticos sostienen que la expansión administrativa se produjo paralelamente a la reducción del empleo académico permanente.
El resultado fue una reasignación gradual de los recursos institucionales. Las universidades invirtieron cada vez más en sistemas de gestión, infraestructura, estrategias de marca y posicionamiento en el mercado, mientras dependían de profesores contratados temporalmente para impartir una proporción creciente de la enseñanza.
El lenguaje empleado para justificar estos cambios resulta revelador. Las universidades hablan de agilidad, innovación, capacidad de respuesta y eficiencia. Sin embargo, la flexibilidad no se experimenta de la misma manera por todos los actores. Para las instituciones, la flexibilidad significa capacidad de adaptación organizativa. Para los académicos contingentes, suele significar ingresos inciertos, contratos de corta duración y trayectorias profesionales interrumpidas. En otras palabras, la flexibilidad de la universidad depende cada vez más de la inseguridad laboral de otros.
La precarización se globalizaAunque la adjunctificación (la creciente dependencia de profesores adjuntos o contratados de manera temporal) suele discutirse como un problema propio de Estados Unidos, la precarización del trabajo académico se ha convertido en un fenómeno mundial.
En Estados Unidos, la magnitud de esta transformación resulta especialmente llamativa. Los community colleges y las universidades regionales dependen en gran medida de profesores adjuntos (casi tres cuartas partes de su personal docente), mientras que incluso las universidades de investigación de élite recurren cada vez más a profesores sin plaza permanente (non-tenure-track faculty) para desempeñar funciones esenciales de docencia. Muchos de estos docentes cobran por curso impartido, reciben escasas prestaciones laborales y permanecen prácticamente excluidos de los órganos de gobierno universitario, a pesar de impartir clases a un número considerable de estudiantes.
El Reino Unido ilustra cómo las reformas orientadas al mercado pueden transformar el trabajo académico. Tras la introducción y posterior ampliación de las tasas de matrícula, las universidades comenzaron a operar en un entorno altamente competitivo, donde la captación de estudiantes pasó a estar estrechamente vinculada a los ingresos institucionales. La precarización se expandió en consecuencia.
Las universidades intensivas en investigación dependen con frecuencia de investigadores con contratos de duración determinada, cuya continuidad laboral está ligada a los ciclos de financiación de los proyectos, mientras que los profesores contratados por horas asumen una parte sustancial de las responsabilidades docentes.
El sindicato University and College Union (UCU) ha situado repetidamente la precarización en el centro de las huelgas nacionales del sector, sosteniendo que la inseguridad laboral se ha convertido en una de las características definitorias de la educación superior británica.
El sistema de educación superior australiano se ha convertido en uno de los más precarizados del mundo. Durante las décadas previas a la pandemia de COVID-19, las universidades pasaron a depender crecientemente de los ingresos procedentes de estudiantes internacionales. Esto generó incentivos para adoptar modelos de contratación capaces de expandirse o contraerse rápidamente en función de las fluctuaciones de la matrícula.
Los docentes por sesión (sessional academics) se convirtieron en piezas fundamentales de la enseñanza. Según las estadísticas del Departamento de Educación de 2024, en 2023 el personal eventual representaba el 64,7 % del equivalente a tiempo completo en las funciones centradas en la docencia.
Aunque las reformas laborales y las campañas sindicales han impulsado a algunas instituciones a convertir a profesores eventuales de larga trayectoria en personal permanente, el empleo precario continúa profundamente arraigado en el sector.
La Europa continental presenta un panorama algo diferente. En Alemania, el principal problema no es tanto la proliferación de profesores adjuntos en el pregrado como la precariedad de los investigadores posdoctorales. Bajo la Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), muchos académicos transitan por una sucesión de contratos temporales mientras compiten por un número muy limitado de plazas permanentes de profesorado.
Los críticos sostienen que este cuello de botella retrasa la estabilidad profesional y favorece la salida de investigadores talentosos hacia otros ámbitos fuera de la academia.
En Francia, Italia, España y los Países Bajos, la expansión de la educación superior en la posguerra, combinada con las restricciones fiscales y la masificación universitaria desde la década de 1980, produjo un desplazamiento estructural hacia contratos temporales, de duración determinada y sin posibilidad de estabilidad para los investigadores en las primeras etapas de su carrera. Este patrón ha sido ampliamente documentado tanto por informes de la Comisión Europea como por estudios nacionales sobre el mercado laboral universitario.
En América Latina, la rápida expansión de la educación superior ha superado con frecuencia la inversión en personal permanente, obligando a muchas instituciones a depender de profesores contratados por horas que se desplazan continuamente entre distintos campus para obtener un ingreso suficiente para vivir.
En países como Chile, Colombia, México y Perú, estos docentes suelen ser conocidos como «profesores taxi», una expresión que describe una condición estructural en la que un profesor debe impartir una clase por la mañana en una institución, atravesar la ciudad para enseñar en otra por la tarde y terminar el día con clases nocturnas en un tercer centro.
En numerosos países africanos, las universidades gestionan recursos limitados y un rápido crecimiento de la matrícula mediante contrataciones temporales, reforzando un ciclo de precariedad que alimenta una constante fuga de cerebros de académicos altamente cualificados hacia el extranjero en busca de empleos estables.
En Sudáfrica, por ejemplo, los datos indican que casi dos tercios del personal académico ocupa puestos temporales, una vulnerabilidad que afecta de manera desproporcionada a cerca del 90 % de los investigadores menores de treinta años.
Del mismo modo, en países como Kenia, la rápida expansión institucional ha generado una fuerte dependencia de profesores adjuntos mal remunerados, contratados por horas, que con frecuencia sufren largos retrasos en el pago de sus salarios y soportan cargas docentes excesivas. Privados de la estabilidad institucional, del apoyo a la investigación y de las prestaciones necesarias para desarrollar una carrera sostenible en sus propios países, un número creciente de doctores y profesores experimentados opta por emigrar antes que permanecer estancado.
En Nepal, la rápida expansión de la educación superior, de las universidades privadas y de los campus afiliados ha dado origen a la figura del «profesor del casco» (helmet professor). El término hace referencia a los docentes que pasan el día desplazándose en motocicleta entre distintos campus, llegando apenas unos minutos antes del inicio de cada clase y marchándose inmediatamente después para alcanzar su siguiente compromiso docente. Permanecen con el casco puesto hasta el último instante porque cada minuto cuenta.
Dado que pocas instituciones ofrecen salarios suficientes o nombramientos estables, muchos académicos se ven obligados a impartir clases simultáneamente en varias universidades para reunir un ingreso adecuado. El trabajo académico termina convirtiéndose así en una forma de trabajo a destajo, donde el profesor deja de ser un miembro activo de una comunidad universitaria para convertirse en un permanente viajero entre instituciones.
Los mecanismos estructurales difieren de un país a otro. Algunos sistemas están moldeados por la competencia de mercado; otros, por la regulación estatal, las limitaciones presupuestarias o los cuellos de botella en la carrera posdoctoral. Sin embargo, el resultado es sorprendentemente similar. En todos los continentes, las universidades dependen cada vez más de trabajadores que enseñan, orientan a los estudiantes y sostienen la vida institucional, pero que carecen de muchas de las protecciones que tradicionalmente se asociaban al empleo académico.
Excluidos de la comunidad académica
Las estadísticas revelan la magnitud de la adjuntificación, pero las cifras por sí solas no pueden transmitir lo que significa habitar la universidad contemporánea como académico con un contrato contingente.
Uno de los intentos más elocuentes por describir esta condición proviene del investigador asociado Ashraf Hazeyen, quien utiliza la expresión «indigencia intelectual» (intellectual homelessness) para describir a los docentes que trabajan en las universidades mientras permanecen excluidos de muchas de las estructuras que proporcionan sentido de pertenencia, continuidad y reconocimiento.
Su análisis pone de relieve las consecuencias humanas de la precariedad académica más allá de las cuestiones salariales o del tipo de contrato laboral. Su planteamiento apunta a una condición más amplia que podría describirse como desplazamiento académico.
El problema no consiste únicamente en los bajos salarios, los contratos temporales o la ausencia de prestaciones. Se trata de la separación gradual de los académicos de los espacios, las comunidades, las estructuras de gobierno y los horizontes de largo plazo que tradicionalmente daban sustento a la vida universitaria.
Este desplazamiento se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, existe un desplazamiento del lugar. Muchos académicos con contratos contingentes carecen de oficinas o espacios permanentes de trabajo. Se desplazan de un campus a otro y de un aula a otra, reuniéndose con sus estudiantes en bibliotecas, pasillos o cafeterías. Trabajan dentro de la universidad, pero apenas tienen un espacio físico que puedan considerar propio.
En segundo lugar, existe un desplazamiento del tiempo. El trabajo académico depende de la continuidad. Las agendas de investigación se desarrollan a lo largo de años, las relaciones de mentoría se construyen gradualmente y los proyectos intelectuales requieren un compromiso sostenido. El empleo precario fragmenta ese horizonte temporal. Los contratos suelen durar apenas un semestre o un año, lo que dificulta la planificación a largo plazo.
En tercer lugar, existe un desplazamiento de la gobernanza. Históricamente, las universidades se han distinguido por sus tradiciones de gobierno compartido; sin embargo, el profesorado contingente suele permanecer excluido de las estructuras mediante las cuales las instituciones toman decisiones. Imparten docencia a un gran número de estudiantes, pero tienen escasa o ninguna voz para definir las prioridades institucionales.
Por último, existe un desplazamiento de la propia comunidad intelectual. Las universidades se sostienen no solo gracias a sus estructuras formales, sino también mediante conversaciones, colaboraciones, seminarios y relaciones de mentoría. Las elevadas cargas docentes y el constante traslado entre instituciones dejan con frecuencia a los académicos contingentes con poco tiempo o pocas oportunidades para participar plenamente en estas comunidades.
Las pérdidas suelen ser invisibles: libros que nunca se escriben, proyectos que se abandonan, colaboraciones que nunca llegan a concretarse y prometedores investigadores que terminan abandonando por completo la carrera académica.
El desplazamiento académico representa, por tanto, mucho más que una situación de inseguridad laboral. Refleja una transformación más profunda en la relación entre los académicos y las instituciones a las que sirven.
Impacto del modelo de trabajo por encargo (gig labour)Las consecuencias de la adjuntificación van mucho más allá de las condiciones laborales. Los estudiantes son de los primeros en sentir sus efectos. El profesorado con contratos contingentes suele estar formado por docentes comprometidos y talentosos, pero las elevadas cargas de trabajo y el constante desplazamiento entre instituciones limitan su capacidad para ofrecer tutoría, retroalimentación detallada y un acompañamiento sostenido. El problema no es la falta de compromiso, sino la falta de tiempo.
La libertad académica también puede verse comprometida. La titularidad (tenure) fue concebida para proteger la independencia intelectual. Los docentes contingentes, conscientes de que sus contratos podrían no renovarse, pueden pensarlo dos veces antes de cuestionar las políticas institucionales, asignar materiales controvertidos o participar en debates públicos impopulares. El resultado rara vez es una censura abierta; con mayor frecuencia se trata de autocensura.
La investigación también se resiente. Los proyectos académicos de largo aliento requieren estabilidad. Las pesadas cargas docentes y los nombramientos temporales hacen cada vez más difícil mantener una labor investigadora sostenida. Los costos no solo se reflejan en lo que los investigadores producen, sino también en todo aquello que se ven impedidos de producir.
Existen, además, implicaciones más amplias para la producción de conocimiento. Las universidades son las principales instituciones de la sociedad dedicadas a preservar, transmitir y generar conocimiento. Su eficacia depende no solo de la infraestructura y la tecnología, sino también de la estabilidad de las comunidades académicas que producen ese conocimiento.
Las investigaciones muestran de manera consistente que la innovación florece en entornos caracterizados por la confianza, la colaboración, el apoyo institucional y la inversión a largo plazo. Cuando amplios sectores del personal académico trabajan bajo condiciones de incertidumbre, las universidades corren el riesgo de socavar precisamente las condiciones que hacen posible la creatividad científica.
Las propias instituciones también pierden continuidad. Los departamentos con una alta rotación de personal tienen dificultades para conservar la memoria institucional, las tradiciones y el conocimiento colectivo. La gobernanza universitaria se va desvinculando cada vez más de quienes realizan gran parte de la labor docente de la institución.
Más fundamentalmente, la adjuntificación transforma el carácter mismo de la universidad. El profesorado pasa a ser visto cada vez más como un prestador de servicios, en lugar de como integrante de una comunidad académica. El trabajo universitario se fragmenta en tareas aisladas y productos cuantificables. El lenguaje de la ciudadanía académica, la responsabilidad institucional y la colegialidad cede paso al lenguaje de los contratos, los indicadores de desempeño y la eficiencia.
El peligro no es que las universidades desaparezcan. El verdadero peligro es que sobrevivan, pero convertidas en algo esencialmente distinto: menos una comunidad de académicos y más una corporación educativa organizada en torno a la prestación de servicios.
Medidas de política para los empleadoresEl Informe Breve sobre los ODS de la UNESCO asigna responsabilidades complementarias a los gobiernos y a las instituciones de educación superior para abordar la precariedad laboral y mejorar las condiciones de trabajo del personal académico.
Se espera que los gobiernos creen las condiciones estructurales para garantizar un trabajo decente, asegurando una financiación pública suficiente y previsible, regulando el uso de contratos temporales y estableciendo normas claras sobre la duración de los contratos, los límites para su renovación y las vías de acceso al empleo permanente.
También les corresponde establecer estándares nacionales en materia laboral, actualizar las escalas salariales del personal académico del sector público, reconocer las titulaciones obtenidas en el extranjero y simplificar los procedimientos administrativos para la contratación de académicos migrantes y refugiados. Además, los gobiernos deben garantizar el derecho a la sindicalización y extender la cobertura de la negociación colectiva a todas las categorías de trabajadores de la educación superior.
Las universidades, como empleadores directos, tienen la responsabilidad de traducir estos marcos normativos en prácticas laborales justas y transparentes. El informe de la UNESCO subraya que las instituciones deben limitar los contratos temporales y de tiempo parcial a necesidades genuinamente de corto plazo, aumentar la proporción de plazas permanentes o con posibilidad de obtener la titularidad (tenure track) y garantizar salarios dignos y oportunidades equitativas de desarrollo profesional para becarios, investigadores jóvenes y profesores de tiempo parcial.
Asimismo, las universidades deben crear entornos laborales favorables, equilibrando las exigencias de desempeño en docencia, investigación y vinculación con la sociedad; protegiendo el equilibrio entre la vida laboral y personal; y ofreciendo, cuando sea posible, servicios de apoyo como guarderías y atención a la salud mental.
Como empleadores, también deben aplicar protocolos sólidos contra la discriminación y el acoso, supervisar las condiciones laborales del personal subcontratado y garantizar que todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, dispongan de representación y de una voz dentro de la institución.
En conjunto, estas medidas delinean un modelo de gobernanza compartida, en el que los gobiernos proporcionan los fundamentos regulatorios y financieros para un trabajo decente, mientras que las universidades hacen efectivos esos estándares en sus prácticas cotidianas de contratación y empleo.
¿Quién pertenece a la universidad?La imagen de un profesor durmiendo en su automóvil resume una contradicción en el corazón de la educación superior contemporánea. Nunca antes las universidades habían contado con tantos recursos materiales. Construyen centros de innovación, campus digitales, institutos de investigación e instalaciones de vanguardia. Sus planes estratégicos celebran la excelencia, el impacto, la competitividad y la transformación.
Sin embargo, en medio de estos logros, surge una pregunta más sencilla pero fundamental: ¿quién pertenece realmente a la universidad?
El auge de la adjuntificación sugiere que un número creciente de docentes ocupa una posición ambigua. Enseñan dentro de la universidad, pero no forman plenamente parte de ella.
Sostienen su misión mientras permanecen excluidos de la seguridad que esta debería ofrecer. Contribuyen a su éxito, pero asumen una parte desproporcionada de los riesgos.
Una universidad puede sobrevivir con una plantilla integrada mayoritariamente por personal con contratos temporales. Puede seguir otorgando títulos, ascendiendo en las clasificaciones internacionales y produciendo investigación. Pero sobrevivir y prosperar no son lo mismo.
Los mayores logros de la universidad nunca han sido sus edificios, sus presupuestos, sus tecnologías o sus posiciones en los rankings. Han sido las comunidades de académicos que han dedicado su vida a la investigación, la docencia, el descubrimiento y la formación de nuevas generaciones.
El profesor sin hogar con el que comienza este artículo no es simplemente una desafortunada excepción. Es una advertencia. Nos recuerda que las universidades pueden seguir ampliando sus campus, escalando posiciones en las clasificaciones mundiales y celebrando la innovación, y aun así fracasar en una tarea mucho más fundamental: proporcionar un hogar intelectual duradero a quienes crean y transmiten el conocimiento.
El futuro de la educación superior puede depender, en última instancia, de que las universidades continúen tratando el trabajo académico como un costo desechable o vuelvan a reconocer que los académicos constituyen el fundamento mismo de la institución.
Min Bahadur Bista es exprofesor de educación de la Universidad Tribhuvan (Nepal) y exespecialista en educación de la UNESCO, con experiencia en la región de Asia-Pacífico y otras partes del mundo. Actualmente trabaja como consultor independiente en educación, especializado en políticas, gobernanza y reforma educativa, y escribe sobre temas de educación a escala mundial.
Este artículo es un comentario. Los artículos de opinión reflejan las opiniones de su autor y no necesariamente las de University World News.
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GLOBAL
Contracts are making academics ‘intellectually homeless’
Min Bahadur Bista 26 June 2026
A few years ago, a professor teaching at the University of California, Los Angeles (UCLA) – one of the most prestigious public universities in the United States – revealed that he was homeless.
Despite holding a doctoral degree and teaching at an institution associated with academic excellence and social mobility, he could not afford housing in the city where he worked. Media reports described how he slept in his car, showered at a gym and continued teaching classes while navigating the realities of homelessness.
The story attracted widespread attention because it challenged one of society’s enduring assumptions about higher education: that university professors enjoy stable, secure, middle-class lives. Yet the case was not an isolated anomaly.
Surveys by the American Federation of Teachers have documented food insecurity, housing insecurity and financial hardship among contingent faculty across the United States.
Many adjunct instructors piece together livelihoods by teaching at multiple institutions, taking second jobs or relying on family support. The homeless professor represents more than an individual tragedy. He symbolises a profound transformation underway within universities around the world. Institutions once organised around stable communities of scholars increasingly depend upon temporary, part-time and contract-based academic labour.
The traditional professor, protected by tenure and integrated into the intellectual life of the university, is gradually being replaced by a workforce whose employment conditions increasingly resemble those of the gig economy.
This phenomenon – commonly known as adjunctification or the casualisation of academic labour – has become one of the defining features of contemporary higher education. While terminology differs across countries, the trend is remarkably similar.
Across continents, universities are witnessing the emergence of a new academic precariat. UNESCO sees adjunctification as a systemic, global problem that undermines job security, academic freedom and career attractiveness.
From scholar to gig worker
The modern university was built upon a simple but powerful principle: scholars require a degree of security to pursue truth. The institution of tenure emerged not as a professional privilege but as a safeguard for academic freedom. Universities recognised that scholars must be able to challenge prevailing assumptions, investigate controversial questions and pursue long-term intellectual projects without fear of losing their livelihoods.
The tenure system developed during the early 20th century in response to concerns about political interference, religious pressure and donor influence. Universities increasingly accepted that scholarship could flourish only when intellectual inquiry was protected from external coercion. Over time, tenure became a defining feature of academic employment and gradually influenced the organisation of university systems internationally.
The decades following the Second World War represented the high point of this model.
Expanding public investment, growing enrolments and sustained economic growth enabled universities to create large numbers of permanent academic positions. Faculty members were expected not merely to teach but also to conduct research, mentor students, participate in governance and contribute to public life. Universities increasingly saw themselves as communities of scholars rather than educational service providers.
Beginning in the 1970s and 1980s, however, this settlement came under pressure. Governments faced fiscal constraints, public funding failed to keep pace with enrolment growth and universities encountered increasing demands for accountability, efficiency and measurable outcomes. What emerged was a new model of higher education governance in which flexibility and cost control often displaced security and collegiality as organising principles.
Universities increasingly rely on contingent faculty – adjunct instructors, lecturers, sessional academics, teaching fellows and fixed-term researchers. What began as a mechanism for addressing temporary instructional needs gradually evolved into a permanent workforce strategy.
The shift is particularly visible in the United States. According to the American Association of University Professors (AAUP), approximately 68% of faculty appointments now fall outside the tenure system, leaving only about one-third of faculty in tenured or tenure-track positions.
In 1987, by contrast, roughly 53% of faculty were in tenured or tenure-track roles, showing a long-term shift from a predominantly tenure-line workforce to a predominantly contingent one.
Similar patterns, though varying in form and intensity, can be observed throughout the English-speaking world and increasingly across Europe and other regions.
The result has been the emergence of what many observers describe as the academic precariat: highly educated professionals performing essential academic work under conditions of chronic insecurity.
Where flexibility breeds insecurity
The rise of contingent academic labour did not occur by accident. It emerged from broader changes in the financing and governance of higher education.
Since the late 20th century, universities in many countries have been increasingly influenced by market-orientated reforms emphasising competition, efficiency, accountability and reduced public expenditure. As governments limited or reduced public funding, institutions sought alternative revenue streams through tuition fees, international student recruitment, commercial partnerships and entrepreneurial activities.
Adjunctification is closely connected to the massification of higher education. During the second half of the 20th century, university participation expanded dramatically across much of the world. Institutions originally designed to educate social elites were transformed into mass systems serving increasingly diverse populations.
Expansion created new financial pressures. Governments often encouraged growth without providing proportional increases in public funding. Universities therefore sought ways to accommodate larger numbers of students while controlling costs.
Contingent labour offered an attractive solution. Adjunct faculty could be hired on demand, assigned large teaching loads and released when enrolment patterns shifted. Unlike permanent faculty, they generated few long-term financial obligations related to pensions, sabbaticals, promotion systems or research support.
At the same time, many universities experienced significant administrative growth. New offices emerged to manage compliance, marketing, student recruitment, rankings, strategic planning, quality assurance, fundraising and digital transformation. While some of these functions responded to genuine institutional needs, critics argue that administrative expansion often occurred alongside the contraction of permanent academic employment.
The result was a gradual reallocation of institutional resources. Universities increasingly invested in management systems, infrastructure, branding and market positioning while relying on contingent instructors to deliver a growing share of teaching.
The language used to justify these developments is revealing. Universities speak of agility, innovation, responsiveness and efficiency. Yet flexibility is not experienced equally. For institutions, flexibility means organisational adaptability. For contingent academics, it often means uncertain income, short-term contracts and interrupted careers. The university’s flexibility increasingly depends upon someone else’s insecurity.
Casualisation goes global
Although adjunctification is often discussed as an American problem, the casualisation of academic labour has become a global phenomenon.
In the United States, the scale of the transformation is especially striking. Community colleges and regional universities rely heavily on adjunct instructors (almost three-quarters), while even elite research institutions increasingly use non-tenure-track faculty for core teaching functions. Many adjuncts are paid by the course, receive few benefits and remain largely excluded from governance despite teaching substantial numbers of students.
The United Kingdom illustrates how market-orientated reforms can reshape academic labour. Following the introduction and subsequent expansion of tuition fees, universities increasingly operated within a competitive environment where student recruitment became closely linked to institutional revenue. Casualisation expanded accordingly.
Research-intensive universities often depend heavily on fixed-term researchers whose employment is tied to grant cycles, while hourly paid instructors shoulder substantial teaching responsibilities.
The University and College Union (UCU) has repeatedly placed casualisation at the centre of national industrial action, arguing that employment insecurity has become one of the defining characteristics of British higher education.
Australia’s higher education system has become one of the most heavily casualised in the world. Universities became increasingly dependent on international student revenue, particularly during the decades preceding the COVID-19 pandemic. This created incentives for staffing models capable of expanding and contracting rapidly in response to enrolment fluctuations.
Sessional academics became central to teaching operations. In 2023, casual staff made up 64.7% of the full-time equivalent workforce in teaching-focused roles according to 2024 Department of Education figures.
Although labour reforms and union campaigns have encouraged some institutions to convert long-serving casual staff into continuing positions, precarious employment remains deeply embedded within the sector.
Continental Europe presents a somewhat different picture. Germany’s challenge is less undergraduate adjunctification than postdoctoral precarity. Under the Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), scholars often move through a succession of temporary appointments while competing for a limited number of permanent professorships.
Critics argue that the resulting bottleneck delays career stability and encourages the departure of talented researchers from academia.
Across France, Italy, Spain and the Netherlands, the post-war expansion of higher education, combined with fiscal constraints and massification from the 1980s onwards, produced a structural shift towards temporary, fixed-term and non-tenure-track contracts for early-career researchers. This pattern is widely recognised in European Commission reports and national higher education labour studies.
In Latin America, the rapid expansion of higher education has frequently outpaced investment in permanent staff, forcing many institutions to rely on hourly paid instructors who move between campuses throughout the day in search of a liveable income.
In countries such as Chile, Colombia, Mexico and Peru, these educators are often referred to as ‘taxi professors’, capturing a structural condition where a professor must teach a morning class at one institution, travel across the city to another campus in the afternoon and conclude the day with evening lectures elsewhere.
Across many African countries, universities manage limited resources and rapid enrolment growth through temporary appointments, reinforcing a cycle of precarity that drives a continuous brain drain of highly qualified academics migrating abroad for stable employment.
In South Africa, for instance, data indicates that nearly two-thirds of the academic workforce occupy temporary positions, a vulnerability that disproportionately impacts close to 90% of scholars under the age of 30.
Similarly, in countries like Kenya, rapid institutional expansion has created a heavy reliance on underpaid, hourly adjuncts who frequently endure prolonged wage delays alongside overwhelming teaching loads. Denied the institutional stability, research support and benefits necessary to build sustainable local careers, a critical mass of highly qualified PhD holders and senior lecturers choose migration over stagnation.
In Nepal, the rapid expansion of higher education, private colleges and affiliated campuses has produced the figure of the ‘helmet professor’. The term refers to lecturers who spend their days rushing between campuses on motorcycles, arriving moments before class begins and departing immediately afterward to reach another teaching assignment elsewhere. Their helmets remain on until the last possible moment because every minute counts.
Because few institutions offer sufficient salaries or stable appointments, many academics must teach simultaneously at multiple colleges to assemble an income, turning academic labour into educational piecework where the scholar becomes a commuter between institutions rather than an active member of an academic community.
The structural mechanisms differ. Some systems are shaped by market competition, others by state regulation, funding constraints or post-doctoral bottlenecks. Yet the outcome is remarkably similar. Across continents, universities increasingly depend on workers who teach, mentor and sustain institutional life while lacking many of the protections traditionally associated with academic employment.
Left out of the academic community
Statistics reveal the scale of adjunctification, but numbers alone cannot capture what it feels like to inhabit the contemporary university as a contingent academic.
One of the most powerful attempts to describe this condition comes from adjunct scholar Ashraf Hazeyen, who uses the phrase “intellectual homelessness” to describe educators who teach within universities while remaining excluded from many of the structures that provide belonging, continuity and recognition.
His analysis highlights the human consequences of academic precarity beyond questions of salary or employment status. His insight points towards a broader condition that might be described as academic displacement.
The issue is not simply low pay, temporary contracts or the absence of benefits. It is the gradual separation of scholars from the places, communities, governance structures and long-term horizons that traditionally anchored academic life.
This displacement operates in several ways. First, there is displacement from place. Many contingent academics lack offices or permanent workspaces. They move between campuses and classrooms, meeting students in libraries, hallways or coffee shops. They work within the university but possess little physical claim upon it.
Second, there is displacement from time. Academic work depends upon continuity. Research agendas unfold over years, mentoring relationships develop gradually and intellectual projects require sustained commitment. Precarious employment fragments this temporal horizon. Contracts often last only a semester or a year, making long-term planning difficult.
Third, there is displacement from governance. Universities have historically distinguished themselves through traditions of shared governance, yet contingent faculty often remain excluded from the structures through which institutions make decisions. They teach large numbers of students while possessing little voice in determining institutional priorities.
Finally, there is displacement from the intellectual community itself. Universities are sustained not only by formal structures but by conversations, collaborations, seminars and mentoring relationships. Heavy teaching loads and movement between institutions often leave contingent academics with little time or opportunity to participate fully in these communities.
The losses are frequently invisible: books never written, projects abandoned, collaborations unrealised, promising scholars leaving academia altogether.
Academic displacement therefore represents more than employment insecurity. It reflects a deeper transformation in the relationship between scholars and the institutions they serve.
Gig labour approach impacts
The consequences of adjunctification extend far beyond employment conditions. Students are among the first to feel the effects. Contingent faculty are often dedicated and talented teachers, but heavy workloads and constant movement between institutions limit their capacity to provide mentorship, detailed feedback and sustained engagement. The issue is not commitment; it is time.
Academic freedom may also come under pressure. Tenure was designed to protect intellectual independence. Contingent instructors operating under the possibility of contract non-renewal may think carefully before challenging institutional policies, assigning controversial materials or engaging in unpopular public debates. The result is rarely overt censorship. More often, it is self-censorship.
Research suffers as well. Long-term scholarly projects require stability. Heavy teaching loads and temporary appointments make sustained inquiry increasingly difficult. The costs are measured not only in what scholars produce but also in what they are prevented from producing.
There are also broader implications for knowledge production itself. Universities serve as society’s principal institutions for preserving, transmitting and generating knowledge. Their effectiveness depends not only on infrastructure and technology but also on the stability of the communities that produce scholarship.
Research consistently shows that innovation flourishes in environments characterised by trust, collaboration, institutional support and long-term investment. When large segments of the academic workforce operate under conditions of uncertainty, universities risk undermining precisely those conditions that make scholarly creativity possible.
Institutions themselves lose continuity. Departments characterised by constant turnover struggle to maintain institutional memory, traditions and collective knowledge. Governance becomes increasingly detached from those performing much of the institution’s teaching mission.
More fundamentally, adjunctification alters the character of the university. Faculty increasingly become service providers rather than members of a scholarly community. Academic work becomes fragmented into discrete tasks and measurable outputs. The language of citizenship, stewardship and collegiality gives way to the language of contracts, performance indicators and efficiency.
The danger is not that universities will disappear. The danger is that they will survive while becoming something fundamentally different: less a community of scholars and more an educational corporation organised around the delivery of services.
Policy actions for employers
The UNESCO SDG Brief assigns complementary responsibilities to governments and higher education institutions in addressing precarity and improving academic working conditions.
Governments are expected to create the structural conditions for decent work by ensuring predictable and adequate public funding, regulating the use of temporary contracts and establishing clear rules on contract duration, renewal limits and pathways to permanent employment.
They are also responsible for setting national labour standards, updating salary scales for public sector academics, recognising foreign qualifications and simplifying administrative procedures for hiring migrant and refugee scholars. In addition, governments must guarantee the right to unionise and extend collective bargaining coverage to all categories of higher education workers.
Universities, as direct employers, are tasked with translating these frameworks into fair and transparent employment practices. The UNESCO brief emphasises that institutions should restrict temporary and part-time contracts to genuinely short-term needs, increase the share of permanent or tenure-track positions and ensure living wages and equitable career progression for interns, junior researchers and part-time lecturers.
Universities are also responsible for creating supportive working environments by balancing performance expectations across teaching, research and engagement; safeguarding work-life balance; and providing childcare and mental health support where possible.
As employers, they must enforce robust anti-discrimination and anti-harassment protocols, monitor working conditions for subcontracted staff and ensure that all workers – regardless of contract type – have access to representation and institutional voice.
Together, these actions outline a shared governance model in which governments provide the regulatory and financial foundations for decent work, while universities uphold these standards in their day-to-day employment practices.
Who belongs in the university?
The image of a professor sleeping in his car captures a contradiction at the heart of contemporary higher education. Universities have never possessed greater physical resources. They build innovation hubs, digital campuses, research centres and state-of-the-art facilities. Their strategic plans celebrate excellence, impact, competitiveness and transformation.
Yet amid these achievements, a simpler question demands attention: who belongs within the university? The rise of adjunctification suggests that an increasing number of educators occupy an ambiguous position. They teach within the university without being fully part of it.
They sustain its mission while remaining excluded from its security. They contribute to its success while bearing disproportionate risks.
A university may survive with a workforce dominated by temporary contracts. It may continue producing degrees, rankings and research outputs. But survival and flourishing are not the same thing.
The university’s greatest achievements have never been its buildings, budgets, technologies or rankings. They have been the communities of scholars who devoted their lives to enquiry, teaching, discovery and mentorship.
The homeless professor who opened this article is not simply an unfortunate exception. He is a warning. He reminds us that universities may continue to expand their campuses, climb global rankings and celebrate innovation, yet still fail at a more fundamental task: providing a durable intellectual home for those who create and transmit knowledge.
The future of higher education may ultimately depend on whether universities continue to treat academic labour as a disposable cost or once again recognise scholars as the foundation of the institution itself.
Min Bahadur Bista is a former professor of education at Tribhuvan University, Nepal, and a former education specialist with UNESCO, with experience across the Asia-Pacific region and beyond. He currently works as an independent education consultant, specialising in education policy, governance and reform and writes on global education issues.
This article is a commentary. Commentary articles are the opinions of the author and do not necessarily reflect the views of University World News.
