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jueves, 1 de octubre de 2026

Colusión de intereses entre autores y editores de revistas del área de Negocios

Publicado en THE Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/news/elite-capture-top-journals-prompts-gatekeeping-concerns 




La «captura de élite» de las principales revistas genera preocupación por el «control de acceso»

Cuando las camarillas dominan, la actividad académica «corre el riesgo de alejarse de una revisión por pares basada en la excelencia y orientarse hacia la defensa de los intereses de grupos privilegiados», advierte un estudio

Publicado el 2 de septiembre de 2026
Última actualización: 2 de septiembre de 2026

Jack Grove
Twitter: @jgro_the

Una pequeña camarilla de académicos está aceptando recíprocamente sus artículos para su publicación en prestigiosas revistas del ámbito de los negocios, infringiendo normas claras destinadas a mitigar los conflictos de interés (COI, por sus siglas en inglés), según afirma un estudio sobre cómo la «gestión recíproca» de los manuscritos enviados a las revistas ha llevado a que un reducido grupo de académicos adquiera un «control desproporcionado» sobre las oportunidades de publicación y de desarrollo profesional.

De los 1,585 artículos publicados entre 2010 y 2024 por dos revistas incluidas en la lista Financial Times (FT) 50, casi la mitad (788) fueron escritos o coescritos por tan solo 54 autores altamente prolíficos, aunque estos académicos representaban únicamente el 2.4 % de los 2,207 autores participantes, según explica un artículo publicado en Journal of Business Ethics.

En el caso de estos autores altamente prolíficos, al menos una cuarta parte de su producción presentaba vínculos con algún editor que razonablemente podrían considerarse un conflicto de interés, como la denominada «aceptación recíproca», señala el estudio. Esto ocurre cuando dos académicos aceptan mutuamente sus respectivos artículos a lo largo del tiempo, una práctica que podría interpretarse como un «intercambio tácito de favores editoriales».

Esta «cohorte de élite» de autores prolíficos era «sorprendentemente homogénea»: el 90 % había obtenido el doctorado en universidades norteamericanas, mientras que solo el 5 % eran mujeres, añade el estudio.

Tras examinar la totalidad del conjunto de datos correspondiente a 14 años mediante un «criterio conservador del observador razonable», el artículo concluye que el 50 % de los 946 vínculos entre autores y editores presentaba «al menos un conflicto de interés definitivo, mientras que otro 11.6 % posiblemente presentaba algún conflicto».

Sin embargo, el alcance de las prácticas nepotistas podría ser incluso mayor de lo que el análisis permite cuantificar, señala el artículo. Por ejemplo, la «reciprocidad futura», en la que un editor acepta el artículo de un autor y posteriormente recibe un trato recíproco, resulta más difícil de demostrar de manera concluyente, aunque los autores identificaron 43 casos en los que probablemente se produjo esta situación.

Dado que la contratación o la promoción académica en las escuelas de negocios depende en gran medida de la publicación en revistas FT50, debería examinarse con mayor detenimiento la función de «control de acceso» (gatekeeping) ejercida por un grupo relativamente reducido de académicos —que actúan como editores de revistas o coautores—, explicó Raffaele Ciriello, profesor titular de la University of Sydney Business School, quien realizó el estudio junto con Vitali Mindel, del Rollins College of Business de la University of Tennessee at Chattanooga.

Las mismas cuestiones podrían plantearse también en otras disciplinas en las que publicar en revistas de élite resulta fundamental para el progreso profesional, añadió.

«La publicación académica se ha convertido en una industria multimillonaria financiada por los contribuyentes, en la que los editores de revistas de élite toman decisiones que determinan las carreras profesionales y configuran campos enteros del conocimiento bajo una supervisión inusualmente débil», declaró Ciriello a Times Higher Education, y añadió: «Nuestro nuevo artículo en Journal of Business Ethics demuestra por qué esto ya no es suficiente».

«El problema más profundo es la captura de élite: un grupo pequeño y densamente interconectado ha acumulado un control desproporcionado sobre oportunidades de publicación de enorme valor y sobre el dinero, las carreras profesionales, el estatus y la autoridad que se derivan de ellas», continuó.

«Cuando los mismos guardianes evalúan mutuamente sus trabajos, la actividad académica corre el riesgo de alejarse de un servicio meritocrático a la sociedad y orientarse hacia los intereses de quienes pertenecen a esos círculos privilegiados».

Sin embargo, este problema es especialmente grave en las revistas del ámbito de los negocios, particularmente en las pertenecientes al grupo FT50, en las que se indica explícitamente a los académicos que deben publicar. En algunas instituciones, las publicaciones en revistas FT50 «conllevan bonificaciones de cinco cifras... que en algunos casos alcanzan hasta el 22 % del salario base anual», añade el artículo, señalando que «la evidencia anecdótica sugiere que esta práctica no es excepcional».

No obstante, el estudio encontró evidencia de una «prevalencia mucho menor de conflictos de interés fuera del FT50», lo que «sugiere que estos patrones proliferan allí donde los incentivos son más fuertes y la supervisión más débil», afirmó Ciriello.

«Por lo tanto, las universidades contribuyen a generar las condiciones para la captura de élite al vincular recompensas y autoridad desproporcionadas con la publicación en las revistas FT50, al tiempo que exigen escasa rendición de cuentas a las propias revistas», señaló.

Los autores están ampliando ahora su análisis a 16 revistas FT50, «a pesar de que existe un interés institucional prácticamente nulo por financiar esta investigación que requiere una gran cantidad de trabajo», explicó Ciriello. «Los patrones que están surgiendo son congruentes con nuestros hallazgos publicados», afirmó.

Al preguntársele cómo podrían los editores de revistas y las instituciones abordar los problemas identificados, Ciriello señaló que se requiere una mayor transparencia tanto en las decisiones editoriales como en los incentivos institucionales, y que los editores deberían apartarse con mayor rapidez de los procesos de decisión cuando surgieran conflictos de interés.

«Una reforma significativa requiere moderar los incentivos asociados al prestigio, hacer obligatoria la recusación en casos de conflicto de interés, divulgar públicamente quiénes son los responsables de las decisiones editoriales y exigir como condición para que una revista conserve su estatus de élite que pueda verificarse la ausencia de conflictos de interés», afirmó Ciriello, y añadió:

«Una autoridad excepcional exige una rendición de cuentas excepcional».


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‘Elite capture’ of top journals prompts ‘gatekeeping’ concerns

Scholarship ‘risks drifting away from excellence-based peer review and towards serving insider interests’ when cliques dominate, warns study

Published on September 2, 2026

Last updated September 2, 2026

Jack Grove

Twitter: @jgro_the

A small clique of academics are accepting each other’s papers for publication in top business journals in violation of clear rules to mitigate conflicts of interest (COI), claims a study on how “reciprocal handling” of journal submissions has led to a handful of scholars gaining “disproportionate control” over publication and career opportunities.

Of the 1,585 articles published by two Financial Times (FT) 50 journals published between 2010 and 2024, nearly half (788) were written or co-written by just 54 prolific authors, although these scholars made up only 2.4 per cent of overall 2,207 contributors, explains a paper published in Journal of Business Ethics.

For these highly prolific authors, at least a quarter of their output involved links with an editor that might reasonably be viewed as a COI, such as “reciprocal acceptance”, it says. This is when two academics accept each other’s papers over time, a practice that might be seen as a “tacit exchange of editorial favour”.

This “elite cohort” of prolific authors was “remarkably homogeneous”, with 90 per cent holding PhDs from North American universities, while only 5 per cent were women, the study adds.

Auditing the entire 14-year dataset using a “conservative reasonable-observer standard”, the paper concludes 50 per cent of 946 author–editor ties had “at least one definitive COI, with a further 11.6 per cent possibly conflicted”.

The extent of nepotistic practices may, however, be worse than the analysis can quantify, says the paper. For instance, “future reciprocity”, in which an editor accepts an author’s paper and later receives reciprocal treatment, is more difficult to conclusively prove, although the authors found 43 cases where this was likely to have occurred.

With academic hiring or promotion in business schools highly dependent on publication in FT50 journals, the “gatekeeping” role held by a relatively small group of scholars (acting as journal editors or co-authors) should come under closer scrutiny, explained Raffaele Ciriello, senior lecturer at the University of Sydney Business School, who co-authored the study with Vitali Mindel, who is based at Rollins College of Business at the University of Tennessee at Chattanooga.

The same questions could also be applied to other disciplines where publication in elite journals is crucial for career advancement, he added.

“Academic publishing has become a multibillion-dollar, taxpayer-funded industry in which elite journal editors make career- and field-shaping decisions under unusually weak oversight,” Ciriello told Times Higher Education, adding: “Our new Journal of Business Ethics paper shows why this is no longer enough.”

“The deeper problem is elite capture: a small, densely connected group has accumulated disproportionate control over highly valuable publication opportunities and the money, careers, status and authority that follow from them,” he continued.

“When the same gatekeepers evaluate one another’s work, scholarship risks drifting away from meritocratic service to society and towards insider interests.”

That problem, however, is particularly acute for business journals, particularly those in the FT50 group where academics are explicitly told to publish. At some institutions, FT50 publications “carry five-figure bonuses…in some cases reaching up to 22 per cent of annual base salary”, the paper adds, noting that “anecdotal evidence suggests this practice is not exceptional”.

However, the study found evidence for a “much lower COI prevalence outside the FT50”, which “suggests that these patterns proliferate where incentives are strongest and oversight weakest”, said Ciriello.

“Universities therefore co-produce the conditions for elite capture by attaching disproportionate rewards and authority to FT50 publication while demanding little accountability from the journals themselves,” he said.

The authors are now extending their analysis to 16 FT50 journals “despite near-zero institutional appetite to fund this labour-intensive research”, said Ciriello. “Emerging patterns are consistent with our published findings,” he said.

Asked how journal editors and institutions might address the problems identified, Ciriello said more transparency over editorial decisions and institutional incentives was required, while editors should be quicker to remove themselves when COIs arose.

“Meaningful reform requires tempered prestige incentives, enforced COI recusal, public disclosure of editorial decision-makers, and auditable COI absence as a condition of elite journal status,” said Ciriello, adding: “Exceptional authority requires exceptional accountability.”

jack.grove@timeshighereducation.com


domingo, 14 de diciembre de 2025

25 años después retractan estudio sobre glifosato manipulado por Monsanto

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2025/12/13/opinion/014a1eco



Retractan estudio de Monsanto sobre glifosato

Silvia Ribeiro

El 5 de diciembre de 2025 una revista de la editorial científica Elsevier retiró públicamente uno de los estudios más citados sobre el herbicida glifosato, el cual afirma que no hay evidencias de que es dañino para la salud humana. Encontraron que el estudio tenía numerosas fallas, y que en realidad fue redactado por “científicos” de Monsanto (ahora propiedad de Bayer) no por quienes firman como autores, quienes recibieron un pago de la trasnacional para que el artículo apareciera como independiente de ésta (https://tinyurl.com/zedpj8zk).

Es un hecho altamente relevante porque el artículo desmentido es uno de los más citados por agencias regulatorias de Europa, Estados Unidos y de América Latina, que se basaron en él para alegar que no hay evidencias de daños graves del glifosato a la salud. Esto pese a que la Organización Mundial de la Salud en 2015 y numerosos estudios científicos anteriores y posteriores han confirmado la toxicidad a corto y largo plazos y el potencial de causar cáncer de este herbicida.

El glifosato es el agrotóxico más usado en el mundo, lo cual ha dejado residuos tóxicos en alimentos, cuerpos, agua, medio ambiente y hasta se han encontrado trazas en aire y nubes, por su alto grado de diseminación.

La revista Regulatory Toxicology and Pharmacology detalla en el argumento para retractar el artículo, originalmente publicado en el año 2000, que los autores Williams, Kroes y Munro, no tomaron en cuenta una extensa lista de artículos artbitrados y publicados antes de esa fecha, que muestran evidencias de toxicidad y carcinogenicidad del glifosato y sus derivados. Por el contrario, los autores usaron como referencia artículos no publicados escritos por Monsanto, que afirman que no existen evidencias de que el glifosato –inventado y patentado por la misma compañía–, sea cancerígeno.

Además, no declararon que el artículo había sido total o parcialmente redactado por personal de Monsanto y nunca manifestaron que habrían recibido pago de la empresa para figurar como autores. En suma, explica el director de la revista, Martin van den Berg, el artículo presenta “serios problemas éticos” por el ocultamiento de evidencias, la falta de integridad y el conflicto de interés de los autores, lo cual lleva a cuestionar las conclusiones del mismo.

La gran pregunta es por qué tuvieron que pasar 25 años desde la publicación de este fraudulento artículo para que finalmente fuera retractado. La acción de la revista ahora la motivó otro estudio científico, publicado este año, que denuncia las irregularidades (https://tinyurl.com/5et356jt).

En este cuarto de siglo, decenas de millones de personas en todo el mundo han sufrido los impactos y daños del glifosato, especialmente aquellos en zonas donde se plantan cultivos transgénicos a gran escala, como Argentina, Brasil y Paraguay, donde muchas personas, incluso niñas y niños, han muerto por sus efectos, pese a las múltiples denuncias de impactos de la fumigación con glifosato.

El hecho de que Monsanto redactó y pagó a los que aparecen como autores apareció como evidencia por primera vez en 2017 en uno de los juicios contra Bayer-Monsanto por haber causado cáncer a los demandantes (Carey Gillam, The Guardian, https://tinyurl.com/2hemerw2).

En esa instancia se mostraron correos electrónicos de ejecutivos de Monsanto, donde se autoelogian por el éxito del artículo ahora retirado, incluso de Hugh Grant, entonces presidente global de la compañía, por el buen resultado del artículo fraguado.

Esta forma de actuar, con “escritores fantasma” que niegan evidencias y pagos ocultos a científicos para que no se los vincule a la empresa, se enmarca en la estrategia que Monsanto llamó internamente Freedom to operate (Libertad de operación) para avanzar impunemente la venta de productos tóxicos (https://tinyurl.com/bdd4c73w).

Luego de que la OMS declarara al glifosato como posible cancerígeno en 2015, se desató un alud de víctimas de cáncer que habían usado o estado expuestos al glifosato en Estados Unidos, con más de 167 mil demandas en la actualidad. En esos procesos se revelaron miles de documentos de Monsanto para ocultar o falsear información y manipular a científicos y periodistas para defender el glifosato (https://tinyurl.com/3xn5vmrp).

Bayer pagó ya más de 12 mil millones de dólares en sentencias y acuerdos con unos 100 mil casos, pero siguen aumentando, por lo que la empresa solicitó a Trump que intercediera ante la Suprema Corte de ese país para que no permitiera seguir con los juicios.

El glifosato está bajo restricciones de uso en una veintena de estados o países, pero la venta del tóxico es un gran negocio, ligado a los cultivos transgénicos y los de la llamada “edición” génica, por lo que las empresas invierten agresivamente en su defensa.

Al tiempo que se revelan nuevos datos sobre la manipulación de información de Monsanto-Bayer y otras empresas para engañar al público y los reguladores, siguen aumentando los datos sobre los gravísimos daños que provoca este y otros agrotóxicos a la salud humana, animal y al medio ambiente. Deben ser prohibidos (https://tinyurl.com/9ztzywp7).

sábado, 14 de septiembre de 2024

SUDÁFRICA: Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria. Esto es nocivo

Publicado en The Conversation
https://theconversation.com/big-companies-like-nestle-are-funding-health-research-in-south-africa-why-this-is-wrong-223932?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%204%202024%20-%202897229423&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%204%202024%20-%202897229423+CID_e35ffb82212a4de4236162b9e42b9d13&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term=Big%20companies%20like%20Nestl%20are%20funding%20health%20research%20in%20South%20Africa%20-%20why%20this%20is%20wrong  



Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria en Sudáfrica: por qué es un error


Publicado: 3 de marzo de 2024 


En 2021, el director del Centro de Excelencia en Seguridad Alimentaria de la Alianza Universitaria Africana de Investigación de la Universidad de Pretoria fue nombrado miembro del consejo de administración de la transnacional alimentaria Nestlé.


En aquel momento, un grupo de más de 200 académicos de alto nivel escribió una carta abierta sobre los conflictos de intereses. La cartera de alimentos de Nestlé, según admite ella misma, incluye más del 60% que no se ajustan a la definición de productos saludables.


En diciembre del año pasado, el mismo centro anunció que había firmado un memorando de entendimiento con Nestlé. En él señalaban su intención de "forjar una asociación transformadora" para configurar "el futuro de la investigación y la educación en materia de alimentación y nutrición" y transformar "los sistemas alimentarios de África".


No se trata de un caso aislado


En todas las universidades africanas, las empresas con productos nocivos para la salud financian la investigación y la educación relacionadas con la salud.


Nestlé, por ejemplo, "comparte conocimientos especializados" con "ocho universidades de África".


Entre ellas se encuentran el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la Universidad de Ghana y el Centre Suisse de Recherches Scientifiques de Costa de Marfil.


Las actividades financiadas en virtud de acuerdos con universidades incluyen prácticas, seminarios y programas de formación, así como patrocinios para estudiantes de postgrado en investigación.


En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.


Prejuicios, aunque sean inconscientes


Es bien sabido que los vínculos financieros entre empresas e instituciones académicas dan lugar a conflictos de intereses.


Un documento de 2017, Industry sponsorship and Research Outcome, descubrió que "la financiación de la industria lleva a los investigadores a favorecer a las corporaciones, ya sea consciente o inconscientemente".


Aquellos que asesoran a gobiernos y organizaciones benéficas sobre política dietética advierten cómo "las asociaciones financieras o personales actuales o pasadas con las partes interesadas hacen que sea difícil distinguir el sesgo sútil e inconsciente de la impropiedad deliberadamente oculta." 


En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.


Otra investigación encontró que de 168 estudios financiados por la industria, 156 (93%) mostraron resultados sesgados, todos a favor de los patrocinadores de la industria.


En 2018, alrededor del 13 % de los artículos de investigación publicados en las 10 revistas de nutrición más citadas estaban respaldados por la industria alimentaria y eran favorables a ella. Dicho respaldo a menudo se oculta.  


Un problema creciente 


El mundo se enfrenta a una pandemia de enfermedades no transmisibles -hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer-, todas ellas relacionadas con las consecuencias de una mala alimentación, como el retraso del crecimiento y la obesidad.


Una comisión de la revista Lancet para 2023 informa de que "sólo cuatro sectores industriales son ya responsables de al menos un tercio de las muertes mundiales", y uno de ellos es la alimentación insana.


Estos cuatro sectores industriales están ampliando sus mercados en África y en otros lugares del Sur global, donde la inadecuada regulación de la venta y comercialización de alimentos, bebidas, alcohol, tabaco y productos agroquímicos poco saludables ofrece oportunidades que las empresas pueden explotar.


Donde hay humo ...


Los productos comerciales más conocidos que perjudican la salud son los relacionados con el tabaco, ahora ampliamente regulados para disminuir los daños.


La industria tabaquera utilizó muchas tácticas para impedir su regulación. Financiaron investigaciones e instituciones enteras para producir "pruebas" que apoyaran a la industria o sembraran dudas sobre los efectos nocivos del tabaco.


En 2019, académicos de salud pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, descubrieron que el departamento de psiquiatría había aceptado financiación de la Fundación Philip Morris por un Mundo sin Humo.


Posteriormente, el departamento canceló el contrato. Esto siguió a la indignación de la comunidad universitaria en general. En 2020, el Consejo de la UCT adoptó una política que prohibía a cualquier empleado aceptar financiación de la industria tabacalera. 


En otro ejemplo, una investigación científica publicada en 1967 implicaba a las grasas saturadas como causa principal de las enfermedades cardiacas. Al hacerlo, restaba importancia al papel del azúcar. Tuvieron que pasar más de 40 años para que se descubriera que esta investigación había sido pagada por la industria azucarera.


La disminución de la financiación de la investigación en Sudáfrica obliga a los académicos a estar especialmente vigilantes. Debemos proteger nuestros centros de enseñanza superior de los sesgos de la investigación.


No basta con declarar estos intereses y suponer que así se eliminará el conflicto de intereses.


Por el contrario, los académicos de la salud pública necesitan desarrollar sistemas mucho más sólidos para gestionar los conflictos de intereses en todos los niveles del mundo académico.


Las estructuras de gobierno de las universidades necesitan mecanismos para responder a las iniciativas contrarias a la salud pública.


El Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Ciudad del Cabo ha pedido que se ponga fin al patrocinio de las empresas de leche de fórmula infantil para la educación, la investigación o el desarrollo de políticas.


Un curso en línea y un conjunto de herramientas para comités de ética de la investigación sobre conflictos de intereses en la investigación sanitaria ofrecen algunas orientaciones práctica


Estas y otras iniciativas señalan el camino a seguir para que las universidades estén alerta ante los peligros de estas «relaciones de regalo» y estén mejor equipadas para proteger su integridad.


Lori Lake ha contribuido a este artículo. Es especialista en comunicación y educación del Instituto de la Infancia, Departamento de Pediatría y Salud Infantil, Universidad de Ciudad del Cabo.


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Big companies, like Nestlé, are funding health research in South Africa - why this is wrong

Published: March 3, 2024 


In 2021, the director of the African Research University Alliance Centre of Excellence in Food Security at the University of Pretoria was appointed to the board of the transnational food corporation Nestlé.

At the time a group of more than 200 senior academics wrote an open letter, about conflicts of interest. Nestlé’s portfolio of foods, by its own admission, includes more than 60% that don’t meet the definition of healthy products.

In December last year, the same centre announced it had signed a memorandum of understanding with Nestlé. It signalled their intent to “forge a transformative partnership” to shape “the future of food and nutrition research and education” and transform “Africa’s food systems”.

This is not an isolated case. 

Across African universities, companies with products that are harmful to health fund health-related research and education.


Nestlé, for example, “shares expertise” with “eight universities in Africa”.


These include the Institute of Applied Science and Technology at the University of Ghana and the Centre Suisse de Recherches Scientifiques in Côte d’Ivoire.


Activities funded under agreements with universities include internships, seminars and training programmes as well as sponsorships for graduate research students. 


In South Africa, Nestlé has funded a prize in paediatrics for final year medical students at the University of the Witwatersrand. It also funds a two-year paediatric gastroenterology fellowship at Stellenbosch University.

Bias – even if it’s unconscious


Financial links between corporations and academic institutions are well known to lead to conflicts of interest.


A 2017 paper, Industry sponsorship and Research Outcome, found that “industry funding leads researchers to favour corporations either consciously or unconsciously”.


Those advising governments and charities on dietary policy warn how “current or past financial or personal associations with interested parties make it difficult to distinguish subtle, unconscious bias from deliberately concealed impropriety.”  


Other research found that of 168 industry-funded studies, 156 (93%) showed biased results, all in favour of industry sponsors.


In 2018 around 13% of research articles published in the top 10 most-cited nutrition journals were backed by and favourable to the food industry. Such backing is often hidden.  


A growing problem 


The world is facing a pandemic of non-communicable diseases – hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, cancer – all linked to the consequences of poor nutrition such as stunting and obesity.


A 2023 Lancet commission reports that “just four industry sectors already account for at least a third of global deaths”, one of which is unhealthy food.


These four industry sectors are expanding their markets in Africa and elsewhere in the global south where the inadequate regulation of the sales and marketing of unhealthy foods, drinks, alcohol, tobacco and agrichemical products provides opportunities for corporations to exploit.


Where there’s smoke …  


The most well-known commercial products that harm health are tobacco-related, now widely regulated to decrease harm.


The tobacco industry used many tactics to prevent their regulation. They funded research and whole institutions to produce “evidence” to support the industry or sow doubt about the harmful impacts of tobacco.


In 2019 public health academics at the University of Cape Town in South Africa discovered that the psychiatry department had accepted funding from the Philip Morris Foundation for a Smoke-Free World.


The department subsequently cancelled the contract. This followed outrage from the broader university community. In 2020, the UCT Council adopted a policy disallowing any employee from accepting funding from the tobacco industry.  


In another example scientific research published in 1967 implicated saturated fat as the main cause of heart disease. In so doing it downplayed the role of sugar. It took over 40 years to uncover that this research was paid for by the sugar industry.


The decline in research funding in South Africa means that academics need to be especially vigilant. We need to protect our higher education institutions from research bias.


It is not enough to simply declare these interests and assume that this will eliminate the conflict of interest.


Instead, public health academics need to develop much more robust systems to manage conflicts of interest at all levels of academia. 


Governance structures at universities need mechanisms to respond to initiatives which run counter to public health.


The Department of Paediatrics and Child Health at the University of Cape Town has called for the end to sponsorship by infant formula milk companies for education, research or policy development.


An online course and toolkit for research ethics committees on conflict of interest in health research provides some practical guidance. 


These and other initiatives point the way forward for universities to be alert to the dangers of these “gift relationships” and to be better equipped to protect their integrity.


Lori Lake contributed to this article. She is a Communication and Education Specialist at the Children’s Institute, Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town.


U.S.A. vs MÉXICO: Alabama obliga a los empleados estatales a decir «Golfo de América». Las universidades no están exentas

Publicado en Inside Higher Ed https://www.insidehighered.com/news/government/state-policy/2026/10/07/alabamas-new-gulf-america-mandate-impac...