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jueves, 6 de agosto de 2026

REINO UNIDO: Cómo el neoliberalismo ha ampliado la brecha en la transición hacia la educación superior

Publicado en University World News
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20260617131531496





REINO UNIDO

Cómo el neoliberalismo ha ampliado la brecha en la transición hacia la educación superior

Chloe Ashbridge, Stacy Gillis y Helen King
17 de junio de 2026

Muchas de las transformaciones que han marcado la agenda pedagógica de la educación superior en el Reino Unido desde la década de 1960 han estado relacionadas con lo que hoy se denomina levelling up (reducción de las desigualdades educativas y sociales). Esto fue especialmente evidente durante el gobierno de coalición entre Conservadores y Liberal Demócratas (2010-2015), cuyo legado ha dejado una huella duradera en el sistema educativo británico.

Un aspecto significativo de ese legado puede atribuirse al trabajo del entonces secretario de Estado de Educación, Michael Gove (quien ocupó el cargo entre mayo de 2010 y julio de 2014), quien prometió aumentar el "valor añadido" (educational gain) de la educación para los estudiantes.

Ello dio lugar a un nuevo Currículo Nacional para la educación secundaria que priorizó la adquisición de conocimientos, así como a reformas en el sistema de evaluación del GCSE (General Certificate of Secondary Education), la eliminación de los trabajos de curso y de los exámenes modulares, y la implantación generalizada de evaluaciones mediante exámenes escritos sin acceso a materiales de consulta (closed-book testing).

Una narrativa dominante en torno a estos cambios sostenía que el valor de la educación residía menos en los atributos, habilidades y capacidades que desarrolla (considerados despectivamente como habilidades blandas) que en el rendimiento económico derivado de la adquisición de conocimientos.

Esta visión establecía una relación directa entre los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y la economía, aspecto fundamental para el gobierno de coalición, que buscaba formar ciudadanos capaces de "destacar" dentro de un sistema neoliberal de capitalismo tardío. Esta agenda estaba sustentada en un discurso basado en la competencia y en la mínima intervención del Estado, ambos principios fundamentales del neoliberalismo.

El paso hacia evaluaciones lineales y exámenes sin materiales de consulta corrió el riesgo de ampliar la brecha entre los estudiantes que podían acceder a clases particulares para preparar los exámenes y aquellos que no disponían de esos recursos. Estas reformas curriculares constituyen un importante antecedente para comprender la brecha pedagógica existente entre el aprendizaje en la educación secundaria y el universitario.

Esto resulta especialmente evidente en las disciplinas de humanidades, donde competencias como la argumentación, el debate, la co-creación del conocimiento, la investigación crítica y la evaluación analítica chocan —en clara desventaja— con el énfasis de la economía del conocimiento en la mera adquisición de información.

Los estudiantes que cursaron los GCSE bajo estas reformas curriculares llegan inevitablemente a la universidad con el legado de una economía del conocimiento que privilegia la memorización por encima de la autorreflexión y el pensamiento crítico.

Este modelo de economía del conocimiento plantea importantes desafíos para los fundamentos pedagógicos que han sustentado muchas de las estrategias y estructuras de la educación superior orientadas hacia la inclusión y la justicia social, impulsadas por las profundas transformaciones de las décadas de 1960 y 1970 en torno a la raza, la clase social, el género, la sexualidad y la discapacidad.

En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre cómo responden las universidades a los cambios producidos en la educación secundaria y a los desafíos que estos plantean para la igualdad, la diversidad y la inclusión (EDI) desde el momento mismo del ingreso a la educación superior.

El currículo oculto

En nuestro nuevo artículo publicado por Taylor & Francis, nos centramos en las repercusiones de estas reformas sobre las prácticas pedagógicas relacionadas con la transición hacia la educación superior, argumentando que favorecieron una cultura educativa basada en el consumo de conocimientos, más que en su co-creación y en el pensamiento crítico.

Adoptando una visión integral del ciclo de vida del estudiante, analizamos la evolución de lo que se conoce como el "currículo oculto" de la universidad británica en el escenario educativo posterior a Gove; es decir, el conjunto de conocimientos y habilidades implícitos en las prácticas institucionales.

Nos planteamos dos preguntas relacionadas entre sí: ¿cómo aprenden los estudiantes qué constituye una forma "eficaz" de aprender en la educación superior?, y ¿cómo podemos ayudarlos a cuestionar ese modelo?

Sostenemos la necesidad de un enfoque que reduzca el impacto del currículo oculto en los ámbitos académico, social y de bienestar de la universidad, y afirmamos que sigue siendo necesaria una pedagogía orientada por los principios de igualdad, diversidad e inclusión que contemple de manera integral todo el ciclo de vida del estudiante, desde antes de su ingreso hasta su egreso.

Las sucesivas oleadas de reformas educativas de inspiración neoliberal durante la última década continúan influyendo en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y en la forma en que se perciben a sí mismos dentro de la universidad.

La economía del conocimiento implica que los procedimientos institucionales y las competencias específicas de cada disciplina se distribuyan de manera desigual entre el estudiantado, favoreciendo a quienes cuentan con un mayor capital cultural heredado o que han podido desarrollar autonomía y autoeficacia fuera del ámbito escolar.

Esta orientación hacia el mercado, sintetizada en el discurso de la economía del conocimiento, ha sido criticada desde diversas perspectivas.

Una de las críticas más frecuentes a la agenda educativa del gobierno de coalición ha sido su carácter elitista, tanto por la estructura de las evaluaciones como por los contenidos curriculares. Desde la neoliberalización de la educación y el deterioro de la alfabetización crítica, hasta el privilegio otorgado a los estudiantes considerados tradicionalmente "académicos" y la desvalorización de las artes y las humanidades, las críticas han puesto de manifiesto las estructuras que reproducen el capital cultural y los privilegios sociales.

Pedagogía inclusiva

Los debates actuales sobre pedagogía inclusiva y acceso a la educación superior suelen pasar por alto no solo las desigualdades en el capital cultural existentes en el momento de la transición, sino también la manera en que esa brecha de conocimientos corre el riesgo de ampliarse durante el proceso de inducción universitaria.

Esto resulta especialmente pertinente en el contexto de la educación superior británica, donde la inducción hace referencia al programa mediante el cual los nuevos estudiantes son introducidos a las estructuras académicas, administrativas y sociales de la institución y de sus respectivos programas de estudio.

Las universidades deben ser capaces de responder a los cambios en las políticas de educación secundaria si desean apoyar adecuadamente a los estudiantes en la transición desde entornos centrados en el currículo y dirigidos por el profesorado hacia contextos basados en la investigación y centrados en el estudiante.

Los conceptos de independencia y autonomía presentan connotaciones especialmente ambiguas. Por un lado, pueden asociarse con el pensamiento independiente, un componente esencial de la alfabetización crítica que ha quedado relegado en la educación posterior a Gove. Por otro lado, lo que significa ser un estudiante independiente puede interpretarse según valores neoliberales, internalizando la idea de que pedir ayuda es una señal de fracaso y que la independencia implica aislamiento, en lugar de pertenencia a una comunidad de aprendizaje.

La manera en que valores como la independencia y la resiliencia se enseñan —tanto explícita como implícitamente— corre el riesgo de ocultar la importancia de la comunidad y de invisibilizar los problemas derivados de factores estructurales, afectando en última instancia el sentido de pertenencia de los estudiantes, su autoestima, su rendimiento académico y su acceso a oportunidades profesionales.

Nuestro proyecto identificó cuatro aspectos fundamentales del currículo oculto durante la transición de la educación secundaria a la superior: la independencia, la capacidad para establecer relaciones de trabajo, el uso de plataformas digitales y el dominio del lenguaje académico surgieron como competencias esenciales para desenvolverse con éxito en la universidad.

Estas competencias permanecen ocultas en el sentido de que no todos los estudiantes que ingresan las poseen por igual, ni son reconocidas y enseñadas de manera explícita, pese a ser fundamentales para una transición exitosa hacia los estudios universitarios.

En conjunto, estos cuatro componentes del currículo oculto convergen en torno a las nociones de alfabetización crítica y competencia social. Es precisamente aquí donde se hace visible el impacto de una educación secundaria orientada al mercado: muchos estudiantes llegan a la universidad con el deseo de obtener buenas calificaciones, pero carecen de las denominadas "habilidades blandas" necesarias para filtrar información, desarrollar pensamiento crítico y construir comunidades de aprendizaje sólidas, en las que puedan integrarse y contribuir activamente.

El cuidado en una economía contraria al cuidado

En un contexto político en el que la educación se presenta principalmente como un medio para obtener beneficios económicos y donde las universidades son evaluadas cada vez más mediante indicadores relacionados con la empleabilidad de sus egresados, existen pocos incentivos para que las instituciones centren su atención en la igualdad, la diversidad y la inclusión desde el momento del ingreso. ¿Cómo puede, por ejemplo, una ética del cuidado ayudar a que nuestros estudiantes se sientan apoyados y comprometidos en una economía neoliberal que simultáneamente mercantiliza y devalúa el cuidado?

En medio de la neoliberalización generalizada de la educación —desde la economía del conocimiento hasta la precarización del trabajo universitario— la idea misma de una transición universitaria equitativa parece poco más que un sueño lejano. Sin embargo, es un sueño utópico hacia el cual todos debemos seguir esforzándonos.

Chloe Ashbridge es profesora de literatura moderna y contemporánea en la Universidad de Newcastle (Reino Unido), donde investiga las relaciones entre la literatura británica y los cambios políticos desde 1945. Antes de incorporarse a la universidad trabajó en centros de educación secundaria y en organizaciones benéficas dedicadas a la educación, manteniendo un fuerte interés por las políticas educativas.

Stacy Gillis es profesora titular de literatura moderna y contemporánea y decana asociada de Educación en la Universidad de Newcastle. Codirige el Grupo de Investigación sobre Género de dicha universidad y forma parte del equipo editorial de Feminist Theory.

Helen King concluyó recientemente su doctorado, financiado por Northern Bridge, en la Universidad de Newcastle.

Este artículo es un comentario. Los artículos de opinión reflejan exclusivamente las opiniones de sus autores y no necesariamente las de University World News.




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UNITED KINGDOM


How neoliberalism has made the transition gap to HE wider

Chloe Ashbridge, Stacy Gillis and Helen King  

17 June 2026

Many of the shifts in pedagogy agenda-setting in UK higher education since the 1960s have been concerned with what is now termed ‘levelling up’. This was particularly apparent during the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government, which has left a lasting imprint on the UK’s education system.


A significant aspect of this legacy can be attributed to the work done under the former secretary of state for education, Michael Gove (who held office between May 2010 and July 2014), who promised to increase the educational ‘gain’ for students.


This led to a new National Curriculum for secondary schools which prioritised knowledge acquisition, reforms to the GCSE (General Certificate of Secondary Education) marking structures, the removal of coursework and modular examinations at GCSEs and a blanket implementation of closed-book testing.


A dominant narrative around these changes was that the value of education was less in the attributes, skills and characteristics it fosters (which were dismissed as ‘soft skills’) than in the economic return generated by knowledge acquisition.


This posited a relationship between secondary school knowledge and the economy which was key for the coalition government in terms of ideal subject-citizens who could ‘excel’ in a neoliberal late capitalist system. This agenda was underpinned by a vocabulary of competition and minimal state intervention, both of which are basic tenets of neoliberalism.


The shift to closed-book and linear assessments risked widening the gap between students with access to private tuition to pass an exam, and those who do not. These curriculum reforms provide an important context for the pedagogic gap between secondary and university learning.


This is especially the case for the humanities disciplines, where skills such as argumentation, debate, co-creation, critical enquiry and analytical evaluation run up against – unfavourably – the knowledge economy’s emphasis on information acquisition.


Students who took GCSEs under these curriculum changes inevitably bring with them the legacy of the knowledge economy, which prizes memory recall over self-reflexivity and critique.


The knowledge economy model poses serious challenges to the pedagogic rationale which has underpinned many tertiary education pedagogic strategies and structures centring on inclusivity and social justice agendas, which were foregrounded by the seismic shifts in the 1960s and 1970s around race, class, gender, sexuality and dis/ability.


Key here is thinking about how universities respond to shifts in secondary education and the challenges they pose for equality, diversity and inclusion (EDI) at the point of entry.


The hidden curriculum


In our new article published by Taylor & Francis, we focus on the repercussions of these reforms for pedagogic practice around the transition to higher education, arguing that they facilitated an educational culture of knowledge consumption rather than co-creation and critique.


Taking a holistic view of the student life cycle, we explored the evolving parameters of the UK university’s ‘hidden curriculum’ in the post-Gove educational landscape – that is, the implicit knowledge and skills embedded in institutional practices.


We asked two connected questions: how do students learn what makes an ‘effective’ approach to learning in higher education, and how do we help them to challenge this approach?


We argue for an approach that mitigates the hidden curriculum as it exists in the academic, social and pastoral spheres of the university, positing that there remains the need for EDI-led pedagogy in higher education which approaches the student life cycle holistically, from pre-arrival through to out-duction.


Successive waves of neoliberal education reform over the last decade continue to impact students’ experience of learning, and the way they view themselves in relation to the university.


The knowledge economy means that institutional procedures and subject-specific skills are distributed unevenly across the study body, privileging students with inherited cultural capital or who have been able to develop self-efficacy and independence outside their studies.


This market-orientated stance, encapsulated in the vocabulary of the knowledge economy, has been critiqued from several standpoints.


A dominant critique of the coalition’s education agenda has been of its elitism, both in terms of examination structures and curriculum content: from the neoliberalisation of education and the degradation of critical literacy to the privileging of traditionally ‘academic’ learners and the depreciation of arts and humanities subjects, the critiques have identified the structures which reify cultural capital and privilege.


Inclusive pedagogy


Existing discussions of inclusive pedagogy and access to higher education occlude not only imbalances in cultural capital at the point of transition but also how this knowledge gap is at risk of widening throughout the induction period.


This is particularly relevant in the context of UK higher education, in which ‘induction’ refers to the programme through which new students are introduced to the academic, administrative and social structures of the institution and their programmes of study.


Universities must be able to respond to shifts in secondary educational policy if they are to adequately support students in their transition from curriculum-driven, teacher-led contexts to those which are enquiry-driven and student-centred.


The themes of independence and autonomy have especially ambiguous connotations: on the one hand, they can be linked to independent thinking, an element of ‘critical literacy’ that finds itself sidelined in post-Gove education; on the other hand, what it means to be an independent learner can be interpreted according to neo-liberal values, for instance, by internalising the message that asking for help is a sign of failure, and that independence means isolation rather than connection with a community of peers.


The way in which values like independence and resilience are taught visibly and invisibly is at risk of obscuring the values of community and the challenges resulting from systemic factors, ultimately impacting students’ belonging, self-esteem, academic success and access to career opportunities.


Our project revealed four key aspects of the hidden curriculum in the transition from secondary to higher education: independence, forming working relationships, use of digital platforms and academic language emerged as core competencies for navigating the transition to university study.


These competencies are hidden in the sense that they are not uniformly possessed by incoming students or acknowledged and taught but are important to making a successful transition to university study.


Taken together, these four aspects of the hidden curriculum coalesce around the notions of critical literacy and social competency: it is here that the impact of a market-orientated approach to secondary education is visible in the expectations and abilities of students who arrive at university with a desire for good marks but sometimes lacking in the so-called ‘soft skills’ needed to filter information and form rich learning communities to which they can belong and contribute.


Care in an anti-care economy


In a political climate in which education is touted primarily as a means of economic gain, with universities increasingly measured on metrics related to graduate outcomes, there is little incentive for universities to focus on equality, diversity and inclusion at the point of entry. How can thinking about care, for example, help our students feel supported and engaged in a neoliberal economy which increasingly simultaneously marketises and devalues care?


Amidst the sector-wide neoliberalisation of education – from the knowledge economy to the precarisation of university labour – the very notion of an equitable university transition feels like little more than a distant dream but a utopian dream towards which we all need to strive.


Chloe Ashbridge is a lecturer in modern and contemporary literature at Newcastle University, United Kingdom, where her research addresses the interdependence between British literature and political change since 1945. Beyond academia, Chloe has worked in secondary schools and the education charity sector, and she maintains a keen interest in educational policy. Dr Stacy Gillis is senior lecturer in modern and contemporary literature and associate dean (education) at Newcastle University. She is the co-lead of the Gender Research Group at Newcastle, and is one of the editors of Feminist Theory. Helen King recently finished her Northern Bridge-funded PhD at Newcastle University.


This article is a commentary. Commentary articles are the opinion of the authors and do not necessarily reflect the views of University World News.


viernes, 24 de julio de 2026

U.S.A.: profesores se manifiestan contra la política de "extorsión" aplicada a las universidades

Publicado en American Association of University Professors - AAUP
https://www.aaup.org/news/new-report-extorted-compliance-charges-massive-extortion-racket-against-higher-ed






Nuevo informe denuncia una “red masiva de extorsión” contra la educación superior

Hoy publicamos un importante nuevo informe titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), en el que se expone cómo la administración de Donald Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de “pagar para obtener beneficios” (pay-to-play). Desde la Universidad de Columbia hasta la Universidad de Cornell y la Universidad de Brown, el informe muestra que los colegios y universidades están siendo obligados a pagar millones de dólares para recibir fondos federales destinados a investigación que, en realidad, ya les corresponden.

El informe constituye el primer análisis exhaustivo de cómo la administración ha aplicado a las universidades estadounidenses la misma estrategia que ha utilizado con despachos jurídicos y gobiernos extranjeros, presionando a las instituciones para que acepten los llamados acuerdos de cumplimiento (compliance agreements), los cuales las despojan del control sobre aspectos fundamentales como la admisión de estudiantes, la contratación de personal, los planes de estudio y la disciplina en los campus.

Asimismo, el informe destaca el denominado "Compact for Academic Excellence in Higher Education" (Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior), ofrecido inicialmente a nueve universidades seleccionadas y posteriormente al conjunto de las instituciones de educación superior del país. El documento sostiene que este pacto «puede considerarse un resumen del programa de Trump para la educación superior».

Las conclusiones del informe son contundentes:

«En la práctica, la educación superior estadounidense se ha convertido en el objetivo de una enorme red de extorsión.»

El informe fue elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia (Tenure) y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la American Association of University Professors (AAUP).

Además, concluye que, en decenas de casos, quienes debían impedir este tipo de extralimitación del gobierno federal —los consejos directivos universitarios y las administraciones institucionales— no lograron proteger la independencia académica.

Tras examinar la respuesta de instituciones como Columbia, Harvard, la Universidad de Virginia y Northwestern, el informe concluye que la mayoría de los fideicomisarios y administradores «en el mejor de los casos fueron tomados por sorpresa y reaccionaron sin preparación, y algunos incluso parecen haber recibido con agrado la intromisión del gobierno».

Como ilustran casos como el conflicto aún vigente entre las autoridades universitarias y estudiantes y profesores de Yale, la disposición de algunos administradores a aceptar estas exigencias de obediencia continúa siendo una pieza clave de la estrategia del gobierno federal para imponer sus condiciones a las universidades.

Henry Reichman, integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades y del subcomité conjunto responsable del informe, declaró:

«Estos hallazgos ponen de relieve la enorme amplitud con la que la administración Trump está intentando extorsionar a las instituciones de educación superior. Lo que este informe deja claro es que los esfuerzos de la administración Trump por transformar radicalmente las instituciones de educación superior se apoyan en una serie más amplia de ataques promovidos por comités del Congreso, gobiernos estatales, consejos directivos ineficaces y donantes privilegiados. La estrategia de la administración consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, estos diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida.»

El informe atribuye los únicos logros reales no a quienes dirigen las universidades, sino al profesorado.

Como señala el documento:

«Si ha existido algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»

Las acciones judiciales encabezadas por el capítulo de la AAUP en la Universidad de Harvard obligaron a la propia universidad a sumarse a una demanda que permitió restablecer miles de millones de dólares en fondos federales que habían sido congelados.

Paralelamente, una iniciativa impulsada por la AAUP, el Council of University of California Faculty Associations y diversos sindicatos universitarios llevó a un juez federal a prohibir que el gobierno condicionara la entrega de nuevos recursos federales a la realización de pagos adicionales.

Como concluye el informe:

«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»

El informe completo puede consultarse aquí.

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Publicado en ACADEME BLOG. The blog of Academe magazine
https://academeblog.org/2026/07/22/read-the-aaups-report-on-extorted-compliance/ 



Lea el informe de la AAUP sobre el “Cumplimiento bajo extorsión”

Por Hank Reichman

Hoy la American Association of University Professors (AAUP) publicó un importante nuevo informe (major new report) titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades.

El informe expone cómo la administración Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de «pagar para obtener beneficios» (pay-to-play).

Con motivo de su presentación se celebró hoy una conferencia de prensa virtual en la que participaron el presidente de la AAUP, Todd Wolfson; la presidenta del Comité A, Rana Jaleel; y la presidenta del Comité sobre Gobernanza, Afshan Jafar. Como integrante tanto del Comité sobre Gobernanza como del subcomité responsable del informe, y además como uno de sus coautores, también intervine en la conferencia. Lo que sigue corresponde a mis comentarios iniciales durante dicha presentación, ligeramente editados.

Comenzaré explicando brevemente cómo el subcomité especial elaboró este informe.

Nuestro modelo inicial fue el informe publicado por la AAUP en 1956 sobre las violaciones a la libertad académica durante la Red Scare (la campaña anticomunista de la posguerra). Ese informe examinó la imposición de juramentos de lealtad, listas negras y el despido indebido de profesores en dieciocho colegios y universidades. En un principio pensamos realizar un trabajo similar: analizar cada institución por separado y, posteriormente, establecer paralelismos y extraer conclusiones generales.

Sin embargo, rápidamente quedó claro que la situación actual —la campaña de cumplimiento bajo extorsión impulsada por Trump— era diferente. Aunque en ocasiones pudiera parecer que avanzaba institución por institución, en realidad constituye un ataque gubernamental centralmente coordinado y sin precedentes, dirigido no solo contra las universidades seleccionadas como objetivo, sino contra el sistema de educación superior en su conjunto.

Por ello, necesitábamos ofrecer un relato mucho más amplio de cómo se ha desarrollado y continúa desarrollándose este ataque, uno que reconociera que solo puede comprenderse adecuadamente si, además de considerar las experiencias particulares de cada institución, se identifican y describen los elementos comunes que las atraviesan.

Asimismo, era necesario situar esta campaña dentro de un contexto más amplio de lo que el informe describe como «un ataque sin precedentes, destructivo y sostenido contra la educación superior y contra el profesorado, elemento central de su misión», procedente de múltiples frentes y que, a su vez, forma parte de una ofensiva más amplia contra la gobernanza democrática, la sociedad civil y el conocimiento mismo.

Por ello, el informe describe con cierto detalle cómo, para el momento en que Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia, «el sistema estadounidense de educación superior ya se encontraba profundamente afectado por una serie creciente de ataques externos, provenientes tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales». Posteriormente demuestra cómo la campaña de extorsión impulsada por Trump «consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, los diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida» que ya venían produciéndose.

Al considerar estos acontecimientos como una sola campaña de alcance nacional —creo que por primera vez— este informe ofrece un registro detallado y vívido de un momento crucial no solo en la historia de la educación superior estadounidense, sino también en la historia de la democracia en Estados Unidos.

Naturalmente, se trata de un momento que aún continúa, como lo demuestran, por ejemplo, los acontecimientos recientes ocurridos en Yale.

El informe relata los esfuerzos del gobierno, con demasiada frecuencia exitosos, por someter a prestigiosas instituciones académicas, prestando especial atención a Columbia, «el primer objetivo de la administración y la institución donde el acuerdo alcanzado resultó más gravoso».

También analiza los esfuerzos de Harvard y de la Universidad de California por resistir al gobierno en los tribunales, acciones que solo fueron posibles gracias a la movilización del profesorado y al liderazgo de la AAUP.

Asimismo, los acontecimientos ocurridos en universidades públicas de Virginia y en la Northwestern University ocupan un lugar destacado en el informe.

El documento examina igualmente el intento —hasta ahora infructuoso— de la administración por imponer su denominado «Compact for Academic Excellence» (Pacto para la Excelencia Académica).

El informe también formula importantes reflexiones acerca de las fortalezas y debilidades de la respuesta ofrecida por la educación superior frente a este ataque.

Tras examinar las acciones —y también las omisiones— de los consejos directivos y de las administraciones universitarias, el informe concluye que:

«La crisis planteada por la segunda administración Trump ha sido respondida con demasiada frecuencia mediante el silencio cuando era necesario alzar la voz, mediante la timidez cuando se requería valentía e incluso con entusiasmo por parte de quienes aprovecharon algunas de las exigencias gubernamentales como una oportunidad para imponer formas de gestión más autoritarias.»

Por otra parte, también constatamos que:

«Si existe algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»

Las organizaciones del profesorado han promovido todas las acciones judiciales emprendidas contra la campaña de extorsión de la administración Trump, con excepción de una sola.

Aunque el informe hace un llamado a «toda la comunidad de la educación superior —consejos directivos, administradores, profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados— para unirse frente al ataque actual», también concluye que:

«Esa unidad solo podrá alcanzarse si se abordan con mayor determinación los problemas reales que han surgido en las últimas décadas y —quiero subrayarlo— únicamente si el profesorado ocupa un lugar central en ese esfuerzo.»

De hecho, concluimos que:

«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»

Al concluir el informe retomamos aquel documento de la AAUP de 1956 sobre la Red Scare, en el que se reconocía:

«No podemos censurar el legítimo interés público por los colegios y universidades ni ignorar la enorme dificultad que enfrentan las administraciones académicas… Sin embargo, ceder un poco implica correr el riesgo de terminar sacrificándolo todo.»

A continuación, el informe de 1956 añadía:

«Consideramos que es deber de todos los integrantes de la comunidad académica mantenerse firmes en su posición, al mismo tiempo que procuran, con comprensión y paciencia, ampliar y profundizar el entendimiento público sobre la naturaleza de las instituciones académicas y sobre la dependencia de la sociedad respecto de una libertad intelectual plenamente preservada.»

Queda claro que una de las principales enseñanzas tanto del informe publicado hoy como del ataque burdo y descarado de la administración Trump contra la democracia y el conocimiento es que ese deber continúa vigente, aunque —como reconoce el propio informe—:

«El peligro actual es mucho mayor que en el pasado, porque el poder del Estado ha sido desplegado de manera implacable hasta un grado sin precedentes.»

Puede leer y descargar el informe completo Extorted Compliance aquí.

Hank Reichman es profesor emérito de Historia en la California State University, East Bay; exvicepresidente de la AAUP y expresidente de la AAUP Foundation; y fue presidente del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia de la AAUP entre 2012 y 2021. Su libro The Future of Academic Freedom, basado en parte en artículos publicados en este blog, apareció en 2019. Su obra Understanding Academic Freedom fue publicada en octubre de 2021, y una segunda edición apareció en marzo de 2025. Actualmente es integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la AAUP y presidente del At-Large Chapter de la asociación.


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New Report Charges “Massive Extortion Racket” Against Higher Ed

Today we are releasing a major new report—"Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance"—exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education. From Columbia University to Cornell University to Brown University, the report shows that colleges and universities are being forced to pay millions for federal research funding they are already owed.

The report is the first comprehensive account of how the administration has taken the same playbook it's used on law firms and foreign governments and turned it on American universities—pressuring institutions into so-called compliance agreements that strip them of control over admissions, hiring, curriculum, and campus discipline. It also highlights the administration's "Compact for Academic Excellence in Higher Education," offered first to nine hand-picked universities and then to every college in the country, which the report calls a document that "can be said to summarize the Trump program for higher education."

The findings are blunt: "US higher education has, in effect, become a target of a massive extortion racket."

Prepared by a joint subcommittee of the AAUP's Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance, the report also finds that in dozens of cases, the people who were supposed to stop this type of federal overreach—university boards and administrations—have failed to protect academic independence. Examining the response at Columbia, Harvard, the University of Virginia, and Northwestern, the report finds that most trustees and administrators "have at best been caught flat-footed, and some appear even to have welcomed governmental intrusion." As cases such as the continued fight between administrators and students and faculty at Yale illustrate, the compliance of administrators in these demands for obedience remains a key part of the federal administration’s strategy in forcing universities’ hands.  

"These findings spotlight the enormous breadth with which the Trump administration is trying to shake down institutions of higher education," said Henry Reichman, member of the Committee on College and University Governance and the joint subcommittee who prepared the report. "What’s made clear in this report is that the Trump administration's efforts to upend higher education institutions builds upon a larger series of assaults on higher education by congressional committees, state governments, and feckless trustees and entitled donors. The administration’s effort consolidates and intensifies in a single coordinated campaign these disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom, and shared governance."

It's the faculty, not the people running these institutions, that the report credits with the only real wins. "If there has been a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign," the report emphasizes, "it has been the mobilization of the faculty." Litigation led by AAUP's own Harvard University chapter forced Harvard itself to join a suit that restored billions in frozen funding. A parallel effort by the AAUP, the Council of University of California Faculty Associations, and campus unions led a federal judge to bar the government from conditioning further support on new payments. As the report concludes, "Resistance has been, and will be, most effective—indeed, it may only be effective—when faculty members mobilize and take independent action."

Read the full report here.


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Read the AAUP’s Report on “Extorted Compliance”

Hank Reichman

BY HANK REICHMAN

Today the AAUP released a major new report—”Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance”—prepared by a joint subcommittee of Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education.  An online press conference today featured AAUP President Todd Wolfson, Committee A chair Rana Jaleel, and governance committee chair Afshan Jafar.  As a member of both the governance committee and the subcommittee and a co-author of the report, I also spoke.  The following are my opening remarks at the presser, slightly edited.  

I’ll begin by briefly describing how the special committee developed this report.  Our initial model was the AAUP’s 1956 report on violations of academic freedom during the postwar Red Scare. That report examined the imposition of loyalty oaths and blacklists, and the improper dismissal of faculty members at 18 different colleges and universities.  We at first thought we might do something similar: treat each institution separately and then draw a number of parallels and conclusions.

But it quickly became clear that the current situation, the Trump extorted compliance campaign, is different. The Trump campaign, while it may have appeared at times to proceed institution by institution, is in fact a centrally coordinated and unprecedented governmental assault not only on the universities directly targeted, but on higher education itself.

We therefore needed to provide a more comprehensive account of how this assault has been and is unfolding, one that recognized that it is best understood by acknowledging not only the specific experiences of individual institutions but by uncovering and recounting common threads.

Moreover, we needed to situate the campaign in a broader context of what the report calls “an unprecedented, destructive, and sustained attack on higher education and the faculty central to its mission” from multiple sources, which is in turn part of a broader assault on democratic governance, civil society, and knowledge itself.  Hence the report describes in some detail how by the time Donald Trump took office for a second time “the US higher education system was already reeling from . . . an intensifying series of external assaults, including by both the federal and state governments.”  The report then demonstrates how the Trump extortion campaign “consolidates and intensifies in a single coordinated campaign the disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom and shared governance” that preceded it.

By treating these events as a single national campaign – I believe for the first time – this report provides a vivid and detailed record of a crucial moment in the history not only of US higher education but of American democracy.  It is, of course, a moment that continues, as recent developments at Yale, for one, illustrate.  The report recounts the government’s too frequently successful efforts to bring prestigious institutions to heel, with special attention to Columbia, “the administration’s initial target and the institution where the agreement reached was most onerous.”  We consider too efforts at Harvard and the University of California to resist the government in court, efforts led and made possible only by faculty action and AAUP leadership.  Events at public universities in Virginia and at Northwestern University also play prominent roles.  The report also examines the administration’s so far unsuccessful effort to impose its so-called “Compact for Academic Excellence.”

The report additionally makes important arguments about the strengths and weaknesses of higher ed’s response to this assault.  Based on our examination of the actions – and inactions — of trustees and administrators, the report concludes that “the crisis posed by the second Trump administration has too often been met by silence when there is a need to speak out, by timidity when boldness is called for, and even by enthusiasm on the part of those who have seized on some of the government’s demands as an opportunity to impose more autocratic management.”

On the other hand, we also find that “if there is a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign, it has been the mobilization of the faculty.”  Faculty organizations have initiated all but one of the legal actions against the Trump administration’s extortion.  While the report calls on “the entire higher education community – trustees, administrators, faculty members, staff, students, and alumni – to unite against the current assault,” we also conclude that “such unity will be won only if the real problems that have emerged in recent decades are more resolutely addressed and” – here I must stress – “only if the faculty is central to that effort.” In fact, we conclude, “Resistance has been, and will be, most effective – indeed, it may only be effective – when faculty members mobilize and take independent action. “

In closing our report, we returned to that 1956 AAUP report on the Red Scare, which acknowledged, “We cannot censure the justified public interest in colleges and universities or be unmindful of the extremely difficult task confronting academic administrations . . . Yet, to yield a little is . . . to run the risk of sacrificing all.”

The 1956 report went on, “We deem it to be the duty of all elements in the academic community . . . to stand their ground firmly, even while they seek, with patient understanding, to enlarge and deepen popular comprehension of the nature of academic institutions and of society’s dependence upon unimpaired intellectual freedom.” Clearly, a lesson of the report released today and of the Trump administration’s crass and brazen assault on democracy and knowledge is that this duty endures, even if, as the report acknowledges, “the danger today is much greater than in the past because the power of the state has been ruthlessly unleashed to an unprecedented degree.”

Read and download the full “Extorted Compliance” report here.

Contributing editor Hank Reichman is professor emeritus of history at California State University, East Bay; former AAUP vice-president and chair of the AAUP Foundation; and from 2012-2021 Chair of AAUP’s Committee A on Academic Freedom and Tenure. His book, The Future of Academic Freedom, based in part on posts to this blog, was published in 2019.  His Understanding Academic Freedom was published in October, 2021; a second edition came out in March 2025.  He is a member of AAUP’s Committee on College and University Governance and President of the At-Large Chapter.


REINO UNIDO: Cómo el neoliberalismo ha ampliado la brecha en la transición hacia la educación superior

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