Publicado en Science
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El NIH detalla las opciones para limitar sus pagos por las tarifas de publicación de acceso abierto
Otras propuestas editoriales eliminarían los reembolsos o pagarían a los revisores por pares, medidas sin precedentes para una importante entidad financiadora gubernamental
5 de agosto de 2025
Por Jeffrey Brainard
En una medida que podría revolucionar la publicación científica, los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH) propusieron la semana pasada límites específicos sobre la cantidad que reembolsarían a los beneficiarios que pagan a las editoriales para que sus artículos sean de acceso abierto o de lectura gratuita. Los límites sugeridos, que incluyen posibles topes de entre 2,000 y 6,000 dólares por artículo, podrían impedir que los científicos publiquen en revistas de primer nivel con tarifas mucho más elevadas, a menos que ellos o sus instituciones aporten la diferencia.
La propuesta del 30 de julio, publicada como un aviso del NIH, desarrolla un plan anunciado el mes pasado por el director del NIH, Jayanta «Jay» Bhattacharya, para limitar los gastos del gobierno destinados a hacer que los artículos sean de acceso abierto. «La creciente prevalencia de tarifas de procesamiento de artículos (APC) excesivamente elevadas ha supuesto una presión financiera indebida para los investigadores y los financiadores», afirmó en una declaración del 8 de julio, en la que se quejaba de que las tarifas de «hasta 13,000 dólares por artículo» obligan a los contribuyentes a pagar para acceder a los resultados de investigaciones que ya han sido financiadas con subvenciones gubernamentales. En una entrevista reciente, Bhattacharya acusó a las editoriales de «intimidar» a los científicos para que paguen tarifas exorbitantes.
El límite impuesto por los NIH al reembolso de las APC sería el primero adoptado por una gran agencia nacional de financiación científica a nivel mundial, según Christopher Steven Marcum, consultor que, como funcionario de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Joe Biden, ayudó a redactar las directrices sobre el acceso público a los artículos y datos científicos financiados con fondos federales. La política de Biden pedía a las agencias que exigieran a los beneficiarios de subvenciones que publicaran este contenido en repositorios públicos tras su publicación, un enfoque que sustituía a la política estadounidense que permitía un retraso de hasta 12 meses antes de que un artículo estuviera disponible gratuitamente.
El NIH adoptó el nuevo enfoque de «embargo cero» a partir del 1 de julio. Aunque los científicos pueden cumplir el requisito enviando a un repositorio aprobado por el NIH una versión de su artículo que haya sido aceptada por una revista pero que aún no haya sido maquetada ni editada, muchos científicos han interpretado la norma como una obligación de pagar para publicar la versión final del artículo en acceso abierto.
Las diversas opciones del NIH para controlar los costes de publicación, sobre las que el público puede opinar hasta el 15 de septiembre, son «una advertencia» para los editores, afirma Marcum. Junto con otras ideas planteadas por la agencia en el aviso de la semana pasada, como pagar a los revisores, las medidas del NIH en materia de APC «realmente harían avanzar las cosas más y más rápido que cualquier otro financiador». Sin embargo, añade: «Espero de verdad que [los NIH] hayan tenido en cuenta los riesgos» que plantean algunas de las opciones, una o varias de las cuales los NIH tienen previsto finalizar antes del 1 de enero de 2026.
Una de las opciones que está barajando el NIH sería limitar los reembolsos de APC a 2,000 dólares por artículo, una cifra cercana al precio medio de APC (2,177 dólares) de las revistas publicadas en Estados Unidos, según un análisis adjunto del NIH. La cifra de 2,000 dólares también se aproxima al importe medio de APC solicitado en los presupuestos presentados con las propuestas de subvención del NIH, que la agencia describió como un rango de entre 2,600 y 3,100 dólares. (Sin embargo, es posible que el precio medio de catálogo no sea totalmente representativo, ya que solo procede de revistas «gold» que publican todo su contenido en acceso abierto. Las revistas «híbridas», que publican una mezcla de contenido abierto y de pago e incluyen títulos tan codiciados como Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences, tienden a cobrar más).
Otra opción sería elevar el límite de los APC a 3,000 dólares para las revistas que pagan a los revisores por pares y hacen públicas sus revisiones. Estas ideas responden a las críticas de larga data de que las revistas, incluidas las muy rentables, dependen de revisores voluntarios y no remunerados y mantienen en secreto críticas valiosas. El aumento de 1,000 dólares en el límite se basa en la hipótesis del NIH de que una revista típica pagaría a tres revisores 300 dólares cada uno por revisión. Actualmente, pocas revistas pagan a los revisores por pares, argumentando que ello incentivaría a los revisores a producir en masa evaluaciones de mala calidad.
Una tercera opción ofrecida por los NIH proporcionaría a los autores y sus instituciones una mayor flexibilidad al limitar los reembolsos por APC al 0,8 % de los costes directos de una subvención de investigación o a 20,000 dólares durante la vigencia de la subvención, lo que sea mayor. Este enfoque también podría incluir un límite máximo por artículo de 6,000 dólares, el punto medio entre los APC más altos y más bajos de las propuestas de subvención de los beneficiarios de los NIH.
Una propuesta aún más radical sería eliminar toda la financiación de los NIH para los APC, similar a la política adoptada por la Fundación Gates para sus becarios de investigación en 2024. La política de Gates solo exige que los becarios publiquen los manuscritos sobre las investigaciones que financia como preprints, lo que no supone ningún coste para los autores ni para los financiadores.
En una entrada de blog del mes pasado, Marcum advirtió que los límites impuestos por los NIH a los APC podrían animar a las revistas con tarifas bajas a aumentarlas hasta el umbral establecido por la agencia. Afirma que los autores de las directrices de la era Biden sobre el acceso público omitieron dichos límites en parte por ese motivo. Lo mismo hizo Coalition S, el grupo de financiadores, principalmente europeos, que impulsó una política sin precedentes que exige el acceso abierto y que entró en vigor en 2021, según Robert Kiley, consultor que era el jefe de estrategia del grupo en ese momento.
Marcum afirma que también le preocupa que, si los NIH limitan estrictamente los APC, las editoriales puedan relajar los estándares de calidad de las revistas y publicar más artículos de acceso abierto para compensar la pérdida de ingresos. Además, una política estricta podría dar aún más ventaja profesional a los investigadores del NIH de instituciones bien financiadas, que pueden permitirse pagar tasas superiores al límite. De las 199 revistas en las que los científicos financiados por el NIH han publicado más artículos en lo que va de año, la mediana de los APC era de unos 4,200 dólares, y casi todas tenían un APC superior a 3,000 dólares, según una investigación no publicada del Scholarly Communications Lab.
La propuesta del NIH no menciona otras ideas novedosas promovidas por los defensores de la publicación de acceso abierto, como la financiación de revistas «diamante» que no cobran ni APC ni suscripciones, señala Heather Joseph, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Le preocupa que centrarse en las APC «simplemente afiance los enfoques actuales, que son problemáticos». Aun así, añade: «Me alegra ver que el NIH al menos se pregunta por el alto coste de las publicaciones científicas y... realiza una consulta pública».
Las editoriales contactadas por Science se negaron a comentar las propuestas del NIH sobre las APC, señalando que presentarán respuestas detalladas a la agencia. Entre ellas se encuentra la familia de revistas Science, cuya única revista de acceso abierto, Science Advances, tiene una APC de 5,450 dólares. (La sección de noticias de Science es editorialmente independiente).
Tampoco se pronunció Springer Nature, una editorial comercial más grande que cotiza en bolsa y que ha sido criticada indirectamente por Bhattacharya porque sus APC alcanzan los 12,690 dólares para los títulos de su familia de revistas Nature, el precio más alto del sector. Su revista multidisciplinar Nature Communications, que cobra 6,990 dólares, publicó este año el mayor número de artículos de científicos financiados por los NIH, según el Scholarly Communications Lab.
Aunque la propuesta del NIH especifica que la agencia «no propone impedir que los beneficiarios publiquen en ninguna revista en particular», las editoriales llevan mucho tiempo argumentando que los controles sobre los niveles de APC tendrían precisamente ese efecto. También han afirmado que las APC relativamente altas están justificadas en el caso de revistas especialmente selectivas, que rechazan la mayoría de los manuscritos que reciben, pero deben gestionar las revisiones por pares de todas las propuestas.
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NIH details options for limiting its payments for open-access publishing feesOther publishing proposals would scrap reimbursements or pay peer reviewers, unprecedented steps for a major government funder
In a move that could shake up scientific publishing, the U.S. National Institutes of Health (NIH) last week proposed specific limits on how much it would reimburse grantees who pay publishers to make their articles open access, or free to read. The suggested limits, which include possible caps of $2000 to $6000 per paper, may block scientists from publishing in top-tier journals with much higher fees, unless they or their institution come up with the difference.
The 30 July proposal, published as an NIH notice, fleshes out a plan announced last month by NIH Director Jayanta “Jay” Bhattacharya to limit the government’s bill for making articles open access. “The growing prevalence of unreasonably high article processing charges (APCs) has placed undue financial pressure on researchers and funders,” he said in an 8 July statement, complaining that fees of “as much as $13,000 per article” force taxpayers to pay to access research findings already funded through government grants. In a recent interview, Bhattacharya accused publishers of “bullying” scientists to pay exorbitant fees.
An NIH-mandated cap on APC reimbursements would be the first adopted by any large national science funding agency globally, says Christopher Steven Marcum, a consultant who as a White House official during former President Joe Biden’s administration helped write guidance on public access to federally funded scientific papers and data. The Biden policy asked agencies to require grantees to post this content in public repositories upon publication, an approach that replaced a U.S. policy allowing a delay of up to 12 months before making a paper freely available.
NIH adopted the new, “zero-embargo” approach effective 1 July. Although scientists can fulfill the requirement by submitting to an NIH-approved repository a version of their paper that has been accepted by a journal but not yet formatted or copy edited, many scientists have interpreted the rule as requiring that they must pay to publish the final version of the paper as open access.
NIH’s various options about controlling publishing costs—on which the public can comment through 15 September—are “a warning shot across the bow” of publishers, Marcum says. Along with other ideas floated by the agency in last week’s notice, such as paying peer reviewers, NIH’s APC measures “really would move the needle further and faster than any other funder.” But, he adds, “I really hope [NIH] considered the risks” posed by some of the options, one or more of which NIH plans to finalize by 1 January 2026.
One option NIH is considering would cap APC reimbursements at $2000 per paper—near the average APC price ($2177) of journals published in the United States, according to an accompanying NIH analysis. The $2000 figure is also close to the average APC amount requested in budgets submitted with NIH grant proposals, which the agency described as a range from about $2600 to $3100. (The average list price may not be fully representative, however, because it only comes from “gold” journals that publish all their content open access. “Hybrid” journals, which publish a mix of open and paywalled content and include coveted titles such as Nature and the Proceedings of the National Academy of Sciences, tend to charge more.)
Another option would raise the APC cap to $3000 for journals that pay peer reviewers and make their reviews public. Those ideas address long-standing criticisms that journals, including highly profitable ones, rely on volunteer, unpaid reviewers and keep valuable critiques confidential. The $1000 increase in the cap is based on NIH’s assumption that the typical journal would pay three reviewers $300 each per review. Few journals currently pay peer reviewers, reasoning that it would incentivize reviewers to mass-produce shoddy assessments.
A third option offered by NIH would provide authors and their institutions more flexibility by capping reimbursements for APCs at 0.8% of a research grant’s direct costs or $20,000 over the length of the award, whichever is greater. This approach could also include a per-paper cap of $6000, the midpoint between the highest and lowest APCs in NIH grantees’ grant proposals.
An even more radical proposal would scrap all NIH funding for APCs, akin to a policy adopted by the Gates Foundation for its research grantees in 2024. The Gates policy requires only that grantees post manuscripts about research it funds as preprints, which costs authors and funders nothing.
In a blog post last month, Marcum warned that NIH caps on APCs could encourage journals with low fees to raise them to the agency’s threshold. He says the authors of the Biden-era guidance on public access left out such caps in part for that reason. So did Coalition S, the group of funders mostly in Europe behind a precedent-setting policy requiring open access that took effect in 2021, says Robert Kiley, a consultant who was the group’s head of strategy at the time.
Marcum says he also worries that if NIH strictly caps APCs, publishers may relax journal quality standards and publish more open-access papers to make up for revenue lost. And a strict policy could give NIH researchers at well-financed institutions, who can afford to pay fees higher than the cap, even more of a professional edge. Of the 199 journals in which NIH-funded scientists have published the most papers so far this year, the APC median was about $4200, and almost all had an APC above $3000, according to unpublished research by the Scholarly Communications Lab.
The NIH proposal is mum on some other novel ideas touted by advocates of open-access publishing, such as funding “diamond” journals that charge neither APCs nor subscriptions, notes Heather Joseph, executive director of the nonprofit Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. She is concerned that focusing on APCs will “simply entrench current, problematic” approaches. Still, she adds, “I’ve been glad to see NIH at least asking questions about the high cost of scientific publishing and … do[ing] a public consultation.”
Publishers contacted by Science declined to comment on NIH’s proposals on APCs, noting that they will submit detailed responses to the agency. These included the Science family of journals—its one open-access journal, Science Advances, has a $5450 APC. (Science’s News section is editorially independent.)
Also not commenting was Springer Nature, a larger, publicly traded commercial publisher that has been criticized indirectly by Bhattacharya because its APCs range up to $12,690 for titles in its Nature portfolio family of journals, the industry’s highest price. Its multidisciplinary journal Nature Communications, which charges $6990, published the most papers by NIH-funded scientists this year, according to the Scholarly Communications Lab.
Although NIH’s proposal specifies that the agency “is not proposing to prevent awardees from publishing in any particular journal,” publishers have long argued that controls on APC levels would in effect do just that. They have also said that relatively high APCs are justified for particularly selective journals, which reject the majority of manuscripts they receive but must manage peer reviews for all submissions.
doi: 10.1126/science.zrf8mfm
