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miércoles, 26 de noviembre de 2025

U.S.A.: Cómo el Departamento de Educación quiere promover la «educación patriótica»

Publicado en Inside Higher Ed
https://www.insidehighered.com/news/government/politics-elections/2025/09/19/ed-wants-grants-advance-patriotic-education?utm_source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=4eee250386-DNU_2021_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc04421-4eee250386-236508634&mc_cid=4eee250386&mc_eid=500f40f791 



Cómo el Departamento de Educación quiere promover la «educación patriótica»


Los historiadores profesionales afirman que el plan del departamento forma parte de un intento más amplio de la administración Trump de crear un «ministerio de la verdad» orwelliano y omitir los aspectos más problemáticos del pasado de la nación.


La administración Trump ha dado otro paso que, según los historiadores, es un intento de blanquear la historia estadounidense, pero que la administración defiende como necesario para garantizar que los estudiantes respeten al país. 


La semana pasada, la secretaria de Educación, Linda McMahon, presentó un nuevo plan sobre cómo su departamento promovería la «educación patriótica» añadiéndola a la lista de prioridades que pueden influir en las decisiones sobre subvenciones discrecionales, incluidas las que apoyan programas en colegios universitarios y universidades.


«Es imperativo promover un sistema educativo que enseñe a las generaciones futuras con honestidad los principios fundacionales, las instituciones políticas y la rica historia de Estados Unidos», afirmó McMahon en una declaración sobre la nueva propuesta. «Comprender verdaderamente los valores estadounidenses, el trabajo incansable que ha sido necesario para estar a la altura de ellos y el lugar excepcional que ocupa este país en la historia mundial es la mejor manera de inspirar un patriotismo informado y el amor por la patria».


Según la propuesta, que está abierta a comentarios públicos hasta el 17 de octubre, la «educación patriótica» se refiere a «una presentación de la historia de Estados Unidos basada en una caracterización precisa, honesta, unificadora, inspiradora y ennoblecedora de los principios fundacionales y fundamentales de Estados Unidos»; examina «cómo Estados Unidos se ha acercado admirablemente a sus nobles principios a lo largo de su historia»; y promueve el «concepto de que el compromiso con las aspiraciones de Estados Unidos es beneficioso y justificado».


Otras prioridades de McMahon para la concesión de subvenciones son la alfabetización basada en pruebas, la ampliación de las opciones educativas, la devolución de la educación a los estados y el avance de la inteligencia artificial en la educación.


Con esta última propuesta, el departamento quiere centrar «los fondos de las subvenciones en programas que promuevan una educación patriótica que cultive la competencia ciudadana y el patriotismo informado entre los estudiantes de todos los niveles y les transmita la tradición política estadounidense». Según la propuesta, esto podría incluir proyectos destinados a ayudar a los estudiantes a comprender «los documentos fundacionales y las fuentes primarias de la tradición política estadounidense, de manera coherente con los principios de una educación patriótica».


«Concepción estrecha del patriotismo»   


Sin embargo, historiadores profesionales que han leído la propuesta dijeron a Inside Higher Ed que la campaña de educación patriótica del departamento es una maniobra política para acaparar poder.


«Estoy de acuerdo en que la historia estadounidense debe presentarse con precisión y honestidad, basándose en pruebas históricas sólidas, y hacerlo inspira a la gente», dijo Sarah Weicksel, directora ejecutiva de la Asociación Histórica Americana. «Pero la declaración de prioridades del departamento tiene una concepción estrecha del patriotismo y la educación patriótica».


Afirmó que esto es especialmente evidente si se tienen en cuenta los numerosos cambios políticos de la administración Trump destinados a presentar una versión de la historia estadounidense que minimiza o ignora los aspectos más oscuros del pasado del país, como la esclavitud por motivos raciales, la privación de derechos de las mujeres y los afroamericanos, y la segregación racial codificada.


«Ese contexto nos indica que la administración está interesada en transmitir una celebración simplista de la grandeza estadounidense», afirmó Weicksel. «Al hacerlo, se simplifica el pasado y se reduce a una serie de lugares comunes que no están arraigados en el contexto histórico más amplio, los conflictos, las contingencias y los cambios a lo largo del tiempo que son fundamentales para el pensamiento histórico».


En marzo, Trump emitió una orden ejecutiva titulada «Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense», que prohíbe la financiación federal de exposiciones o programas que «degraden los valores estadounidenses compartidos, dividan a los estadounidenses por motivos raciales o promuevan programas o ideologías incompatibles con la legislación y la política federales». Esto provocó una revisión de todas las exposiciones organizadas por la Institución Smithsonian y el Servicio de Parques Nacionales, que desde entonces han retirado múltiples artefactos que no apoyan el impulso patriótico de Trump, incluidos varios que subrayan la brutalidad de la esclavitud. 


Y a medida que se acerca el 250 aniversario de la fundación de la nación, el Gobierno está planificando iniciativas conmemorativas de educación cívica que promuevan su definición de historia patriótica. Para ello, se está basando en gran medida en las aportaciones y los conocimientos de académicos y grupos conservadores.


El Departamento de Educación ha concedido recientemente 160 millones de dólares en subvenciones para seminarios de historia y educación cívica estadounidenses destinados a educadores y estudiantes de primaria y secundaria relacionados con el aniversario de la Declaración de Independencia del próximo año. La agencia no ha especificado qué instituciones han recibido el dinero, pero anteriormente había anunciado que daría prioridad a los colegios universitarios y universidades con «unidades académicas independientes dedicadas al pensamiento cívico, los estudios constitucionales, la historia estadounidense, el liderazgo y la libertad económica», que los críticos describen como centros conservadores.  


En unas declaraciones realizadas la semana pasada en un acto organizado por la Sociedad Federalista y el Instituto para la Defensa de la Libertad, McMahon criticó el estado de la educación cívica de los estudiantes, citando una estadística según la cual solo el 41 % de los jóvenes afirma amar a Estados Unidos.


«Eso significa que el resto no ama a Estados Unidos», afirmó. «¿Por qué no aman a Estados Unidos? ¿Por qué no se sienten orgullosos de ser estadounidenses? Es porque no conocen Estados Unidos. No conocen los fundamentos, no conocen la historia real de nuestro país... Es muy importante que enseñemos a respetar nuestra bandera, que enseñemos a respetar nuestro país».  


Aunque reconoció que el Departamento de Educación no puede controlar directamente el plan de estudios, señaló que el departamento puede utilizar la financiación para fomentar los tipos de educación o programas que desea ver.


El Departamento de Educación también anunció la semana pasada que va a poner en marcha una coalición de 40 grupos —entre los que se encuentran la conservadora Heritage Foundation, Turning Point USA, Hillsdale College y el American First Policy Institute— para encabezar la America 250 Civics Education Coalition, que se «dedica a renovar el patriotismo». (McMahon presidió el American First Policy Institute antes de convertirse en secretaria).


«Celebramos a Lincoln por su grandeza al recordar a la nación los principios de su nacimiento, los principios de la Declaración de Independencia, el documento político más hermoso de la historia», dijo el presidente de Hillsdale, Larry Arnn, en una declaración sobre la coalición. «Es hora de repetir su trabajo y el de Jefferson y los fundadores. Trabajaremos juntos para aprender esos principios y, por amor a ellos, tendremos una gran celebración».


«Pura política» 


Pero Weicksel, de la AHA, afirmó que las directrices del Gobierno de omitir partes de la historia estadounidense en las aulas, los museos y otros espacios públicos socavarán la capacidad de acción del público. «Si los ciudadanos no tienen acceso a una comprensión históricamente precisa del pasado, ¿cómo van a utilizar ese pasado para trazar un nuevo camino hacia el futuro?».


David Blight, profesor de Historia y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Yale, dijo que interpreta el énfasis del departamento en la educación patriótica como «pura política». 


«Es la política de intentar utilizar la historia para controlar a las personas, incluidos los niños, los jóvenes, los que la enseñan, los que redactan los planes de estudio y las legislaturas estatales que diseñan todo esto», afirmó. «El Gobierno está intentando convertirse en un ministerio de la verdad».


Aunque ha habido otros movimientos para controlar cómo el país recuerda su historia, como el del senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950 y el de las Hijas Unidas de la Confederación a finales del siglo XIX y principios del XX, Blight afirmó que estas medidas del Gobierno de Trump son más poderosas.


«Nunca habíamos tenido algo así directamente desde la Casa Blanca, con el poder del poder ejecutivo y su control sobre tanto dinero», afirmó, instando a los educadores a expresar su oposición. «Cuando el dinero federal depende de la ideología pura, estamos en un grave problema, y eso es lo que están diciendo. Eso no se acerca ni remotamente a una sociedad democrática». 


Escrito por

Kathryn Palmer




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September 19, 2025

How the Education Dept. Wants to Advance ‘Patriotic Education’

Professional historians say the department’s plan is part of the Trump administration’s broader attempt to create an Orwellian “truth ministry” and omit the more troubling aspects of the nation’s past.

The Trump administration has made another move that historians say is an attempt to sanitize American history, but one the administration argued is necessary to ensure students have respect for the country.  

Last week, Education Secretary Linda McMahon outlined a new plan for how her department would promote “patriotic education” by adding it to the list of priorities that can drive decisions for discretionary grants, including those that support programs at colleges and universities.

“It is imperative to promote an education system that teaches future generations honestly about America’s Founding principles, political institutions, and rich history,” McMahon said in a statement about the new proposal. “To truly understand American values, the tireless work it has taken to live up to them, and this country’s exceptional place in world history is the best way to inspire an informed patriotism and love of country.”  

According to the proposal, which is open for public comment until Oct. 17, “patriotic education” refers to “a presentation of the history of America grounded in an accurate, honest, unifying, inspiring, and ennobling characterization of the American founding and foundational principles”; examines “how the United States has admirably grown closer to its noble principles throughout its history”; and advances the “concept that commitment to America’s aspirations is beneficial and justified.”

McMahon’s other priorities for grant funding include evidence-based literacy, expanding education choice, returning education to the states and advancing AI in education.  

With this latest proposal, the department wants to focus “grant funds on programs that promote a patriotic education that cultivates citizen competency and informed patriotism among and communicates the American political tradition to students at all levels.” That could include projects geared toward helping students understand the “founding documents and primary sources of the American political tradition, in a manner consistent with the principles of a patriotic education,” according to the proposal.

‘Narrow Conception of Patriotism’    

However, professional historians who have read the proposal told Inside Higher Ed that the department’s patriotic education push is a politically motivated power grab.

“I agree that American history should be presented with accuracy and honesty, based on solid historical evidence, and doing so does inspire people,” said Sarah Weicksel, executive director of the American Historical Association. “But the department’s priority statement has a narrow conception of patriotism and patriotic education.”

She said that’s especially evident given the Trump administration’s numerous other policy changes aimed at presenting a version of American history that downplays or ignores the darkest parts of the country’s past, such as race-based slavery, the disenfranchisement of women and African Americans, and codified racial segregation.  

“That context tells us that the administration is interested in telling an uncomplicated celebration of American greatness,” Weicksel said. “Doing that flattens the past into a set of platitudes that are not rooted in the broader historical context, conflicts, contingencies and change over time that are central to historical thinking.”

In March, Trump issued an executive order entitled “Restoring Truth and Sanity to American History,” prohibiting federal funding for exhibits or programs that “degrade shared American values, divide Americans based on race, or promote programs or ideologies inconsistent with Federal law and policy.” That prompted a review of all exhibits hosted by the Smithsonian Institution and the National Park Service, both of which have since removed multiple artifacts that don’t support Trump’s patriotic history push, including several that underscore the brutality of slavery.   

And as the 250th anniversary of the nation’s founding approaches, the government is in the process of planning commemorative civic education initiatives that advance its definition of patriotic history. To make that happen, it’s largely drawing on the input and expertise of conservative scholars and groups.

The Education Department recently awarded $160 million in American history and civics grants for seminars for K–12 educators and students related to the Declaration of Independence anniversary next year. The agency didn’t specify which institutions got the money but previously said it would give priority to colleges and universities with “independent academic units dedicated to civic thought, constitutional studies, American history, leadership, and economic liberty,” which critics describe as conservative centers.  

In remarks at an event hosted last week by the Federalist Society and the Defense of Freedom Institute, McMahon criticized the state of civics education for students, citing a statistic that only 41 percent of young people say they love America.

“That means the balance doesn’t love America,” she said. “Why don’t they love America? Why aren’t they proud to be Americans? It’s because they don’t know America. They don’t know the foundations, they don’t know the real history of our country … It’s really important that we teach respect for our flag, that we teach respect for our country.”  

While she did acknowledge that the Education Department can’t directly control curriculum, she noted that the department can use funding to encourage the types of education or programs it wants to see.

The Education Department also announced last week that it’s launching a coalition of 40 groups—including the conservative Heritage Foundation, Turning Point USA, Hillsdale College and the American First Policy Institute—to spearhead the America 250 Civics Education Coalition, which is “dedicated to renewing patriotism.” (McMahon chaired the American First Policy Institute before she became secretary.) 

“We celebrate Lincoln for his greatness in recalling the nation to the principles of its birth, the principles of the Declaration of Independence, the most beautiful political document in history,” Hillsdale president Larry Arnn said in a statement about the coalition. “It is time to repeat his work and the work of Jefferson and the Founders. We will work together to learn those principles, and for the love of them we will have a grand celebration.”

‘Pure Politics’  

But Weicksel with AHA said the government’s directives to omit parts of American history in classrooms, museums and other public spaces will undermine the public’s agency. “If citizens don’t have access to a historically accurate understanding of the past, how will they use that past to chart a new path for the future?”

David Blight, a professor of history and Black studies at Yale University, said he interprets the department’s emphasis on patriotic education as “pure politics.” 

“It’s the politics of trying to use history to control people, including children, young people, the people who teach it, the people who write curriculum and the state legislatures that will design this stuff,” he said. “The government is trying to be a truth ministry.”

While there have been other movements to control how the country remembers its history—including by U.S. senator Joseph McCarthy in the 1950s and the United Daughters of the Confederacy in the late 19th and early 20th centuries—Blight said these moves by the Trump administration are more powerful.

“We’ve never had this come right from the White House, with the power of the executive branch and their control over so much money,” he said, urging educators to voice their opposition. “When federal money depends on pure ideology, we’re in very deep trouble, and that’s what they’re saying. That’s not even close to a democratic society.”  

Written By

Kathryn Palmer

domingo, 16 de noviembre de 2025

Inteligencia artificial y extractivismo digital: quién gana con los data centers en América Latina

Publicado en El País
https://elpais.com/america/2025-10-17/inteligencia-artificial-y-extractivismo-digital-quien-gana-con-los-data-centers-en-america-latina.html




Inteligencia artificial y extractivismo digital: quién gana con los data centers en América Latina

OpenAI ha anunciado la construcción de un mega datacenter en Argentina, el último de este tipo en la región. Los gobiernos deben exigir participación local y condiciones de reinversión que prometan más que acceso gratuito a ChatGPT

 Natalia Zuazo

En julio de este año, volé 11.000 kilómetros desde Buenos Aires para hacer un curso sobre políticas y derecho de la inteligencia artificial en la Universidad de Lovaina, una enorme estructura neogótica fundada en 1425 donde hoy, en sus varios campus, 57.000 estudiantes cursan las disciplinas más variadas. Al promediar la formación, la directora nos dividió en grupos y nos dio la consigna para un examen con defensa grupal: “La huella ambiental está sobrevalorada”. Y entré en pánico. Pero allí estaba, frente a un ejercicio académico clásico y efectivo: sostener una postura con argumentos, aunque no sean los propios.

Puestos a trabajar, les confesé a mis compañeros que sería difícil defender un argumento por todos lados insostenible. Como latinoamericana, seguía las noticias sobre el impacto socioambiental de nuevos centros datos construidos en los últimos años en Querétaro (México), Santiago (Chile) o Río Grande do Norte (Brasil), que se sumaban a los desarrollados en regiones de escasez de agua probada, como Arizona (Estados Unidos) o Aragón (España).

Con poca evidencia, mi grupo delineó sus argumentos: que todavía no existen en el mundo métricas comunes para medir el impacto ambiental de la IA, que era imposible separar las huellas de la IA de otras tecnologías asociadas a ella, que otras industrias contaminan mucho más (este me hacía sentir en segundo grado de primaria) y que siempre las tecnologías cuando se empiezan a desarrollar causan más impacto que beneficios. Mi grupo aprobó. Afortunadamente, el examen final fue un ensayo donde defendí otra idea: si el debate de las políticas tecnológicas sigue estancado en el falso dilema de la regulación que frena la innovación, las grandes empresas tecnológicas seguirán avanzando, de mano de aliados locales, a los que poco les interesa el buen vivir de sus comunidades.

El mega datacenter del optimismo

Tres meses después, la mañana del feriado por el Día de la Diversidad Cultural (que el presidente Javier Milei volvió a llamar Día de la Raza), Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció una inversión de 25.000 millones de dólares para construir un mega datacenter en algún lugar de la Patagonia Argentina. La noticia se conocía luego de una negociación políticoeconómica del presidente argentino con Donald Trump donde Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, había afirmado que su país “estaba comprando barato” para “vender caro”. Bessent no aclaró a qué mercancías se refería, pero horas después Altman reveló un acuerdo preliminar para construir infraestructura de inteligencia artificial y capacidad de cómputo para su empresa. El proyecto, señaló, sería parte de Stargate, con su socio Oracle y sus financistas de riesgo, la japonesa SoftBank y la emiratí MGX. En Argentina, una poco conocida Sur Energy (con un reconocido empresario tech, Emiliano Kagierman detrás), se encargaría de la gestión local.

El proyecto, que promete producir 500 MW de potencia en su fase final, además podría beneficiarse del RIGI, una ley aprobada durante el gobierno de Milei para que, a cambio de divisas extranjeras, que se les garantice a los empresarios 30 años de exención de todo tipo de impuestos y protección ante disputas, no obligación de contratar empleo local y condiciones laxas para la compra a proveedores locales. 

Días después, con Milei y Trump desde Washington en las pantallas, OpenAI publicó un comunicado oficial: “Este hito va más allá de la mera infraestructura; se trata de poner la IA en manos de más personas en todo Argentina”. En ninguna parte del posteo se hablaba de empleo, contratación de producción industrial local, evaluaciones de impacto ambiental o control de infraestructura estratégica.

Aun cuando el acuerdo parecía “del siglo XVI, cuando la plata del Potosí financió imperios europeos y dejó a la región en la pobreza” (como escribió el ingeniero Luis Papagni), gran parte del mundo tecnológico expresó su euforia. “Esto va a traer otras inversiones. Donde llega OpenAI, llegan otros”, dijo un speaker de marketing digital en la televisión, mientras otros periodistas y panelistas asentían. ¿Cómo se podría comprobar ese beneficio para nuestro país, sin regulaciones más claras y evaluaciones de impacto socioambientales? El optimismo mediático era tal que la pregunta por ahora no tenía lugar.

¿Extractivismo o producción?

La pregunta, aunque vieja, sigue siendo fundamental. Argentina (y otros países de la región) tienen condiciones más que atractivas para las inversiones de las big tech: extensos kilómetros con poblaciones limitadas, zonas con agua y minerales, centrales nucleares e hidroeléctricas, personal altamente calificado formado en universidades públicas de prestigio mundial. Por su parte, OpenAI tiene un problema crucial en la dependencia de capacidad de cómputo con empresas como Google Cloud, Amazon Web Services, Azure y Oracle. Hasta para un negociador novato sería clara la ventaja estratégica para nuestros países. O, al menos, la posibilidad de un intercambio con condiciones más exigentes. SoftBank, que fue también un importante inversor de Uber, lo sabe: la empresa de transporte tuvo que flexibilizar sus condiciones para poder operar en ciudades como Madrid, Barcelona o Londres, permitiendo sistemas híbridos que no ahogaran a los conductores locales.  

En el caso del impacto ambiental, los datos son elocuentes. En Querétaro, en las áreas donde funcionan estas instalaciones, el Gobierno tuvo que racionar el agua y hay familias que reciben el servicio apenas cada tres días. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio obligada a aumentar en un 50% la capacidad de generación de las centrales eléctricas aledañas (que utilizan combustibles fósiles) debido al consumo de los datacenters. Está claro: en el caso de las tecnológicas, pero también en el de otras industrias con consumo intensivo de recursos como la minería, se necesitan hacer intercambios. Para algunas regiones con décadas de pobreza y falta de trabajo, la llegada de las inversiones se presenta como una oportunidad, al menos momentánea, de progreso. El trade-off no es sencillo. Sin embargo, para que ese beneficio no sea momentáneo, se necesita algo más que la fe en “el derrame” económico. Los gobiernos nacionales y locales deben exigir, por ejemplo, participación local en empleo e insumos, y condiciones de reinversión futura que prometan más que un acceso gratuito a ChatGPT para la gente del lugar, como sucedió en Emiratos Árabes con la construcción de un datacenter Stargate.

Finalmente, nada de esto ocurre en el vacío. Desde que asumió, el Gobierno de Milei mantiene una disputa con las universidades públicas, a las que les niega la actualización presupuestaria que les corresponde según la ley, que equivaldría a una ínfima parte de una inversión como la propuesta por OpenAI. Los socios locales de la iniciativa, como Emiliano Kagierman, son referentes mundiales de las tecnologías formados en esa universidad y sistema público de ciencia que hoy lucha por su subsistencia. El CEO de esta exitosa compañía de innovación satelital lo reconoció: “Nosotros pudimos hacerlo porque existían (en Argentina) 40 años de inversión sistemática en tecnología, en el sector espacial y en el nuclear”. Y admite que, para su empresa, el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el INVAP, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías complejas, “son un caso de libro de lo que el Estado puede hacer para abrir oportunidades y aportar capacidades”. Tal vez el verdadero progreso consista en que una parte de esas inversiones vuelva al origen: a ese sistema de universidades y ciencia pública que, aun en crisis, sigue siendo la razón por la cual hoy formamos parte del mapa global de la inteligencia artificial.

Natalia Zuazo es coordinadora del Programa de Tecnología, Política y Comunicación de FLACSO Argentina.



martes, 4 de noviembre de 2025

U.S.A.: Trump politiza las decisiones sobre las subvenciones federales para la ciencia

Publicado en Science
https://www.science.org/content/article/trump-order-aims-politicize-decisions-federal-science-grants?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush&utm_content=news&utm_campaign=ScienceInsider 



La orden de Trump pretende politizar las decisiones sobre las subvenciones federales para la ciencia


Los investigadores están preocupados por el plan que otorga a los cargos políticos más control sobre el destino de los fondos


8 de agosto de 2025

Por Jeffrey Mervis


Los defensores de la investigación están expresando su alarma por una directiva de la Casa Blanca sobre la concesión de subvenciones federales publicada ayer que, según ellos, amenaza con aumentar el control del presidente Donald Trump sobre las decisiones de las agencias científicas sobre qué financiar. Entre otros cambios, exigiría a los cargos políticos aprobar las nuevas solicitudes de subvenciones, les permitiría invalidar el asesoramiento de los revisores pares sobre las decisiones de concesión y les facilitaría la rescisión de las subvenciones en curso.


Aunque muchos de los cambios descritos en la orden ya se están aplicando en organismos de investigación como los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), su existencia podría reforzar el poder de los cargos designados por Trump, afirma Carrie Wolinetz, antigua administradora sénior de los NIH. 


«Ya hemos visto cómo esta administración ha tomado medidas para ejercer su autoridad que han provocado retrasos, congelaciones y la cancelación de miles de millones de dólares en subvenciones», afirma Wolinetz, ahora cabildero de Lewis-Burke Associates. «Esto codificaría esas acciones de una manera que representa la verdadera politización de la ciencia, lo que sería una muy mala idea».


El objetivo declarado de la nueva orden ejecutiva es «reforzar la supervisión y la coordinación de la concesión de subvenciones por parte de las agencias... y poner fin al despilfarro ofensivo del dinero de los contribuyentes». Se nombraría a un cargo político no profesional en cada agencia para supervisar los anuncios de la agencia sobre los tipos de investigación que desea apoyar y las decisiones sobre qué propuestas deben financiarse antes de que se libere el dinero.  


La Casa Blanca ha estado avanzando en esa dirección desde que Trump regresó al cargo y nombró a Elon Musk para dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Musk se ha marchado, pero el personal del DOGE sigue en su puesto en la mayoría de las agencias y está ejerciendo diversos grados de control sobre las decisiones de concesión de subvenciones, según informan Science y otros medios de comunicación.


«La Administración Trump ya ha puesto fin a muchas subvenciones derrochadoras», afirma la orden. «[Esto] ayuda a garantizar que los burócratas no puedan cometer los mismos errores en el futuro». 


Pero la principal demócrata del comité científico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirma que la nueva orden ejecutiva conducirá a peores decisiones, en lugar de mejores, sobre qué proyectos se financian. «Esta orden ejecutiva es sencillamente obscena», declaró la representante Zoe Lofgren (demócrata por California) a la revista Science. «¿En qué mundo cree Donald Trump que los estadounidenses quieren que los cargos políticos —que, por si acaso hay que recordárselo al presidente, son burócratas no elegidos— tomen decisiones sobre qué proyectos científicos se financian?».


Uno de los principales cambios es que la orden otorgaría a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) la capacidad de rescindir una subvención «por conveniencia». Las agencias ya pueden revocar una subvención «por causa justificada», afirma Wolinetz, lo que incluye el uso indebido de fondos públicos o trabajos que se desvían significativamente del objetivo previsto. Sin embargo, este año los jueces federales se han puesto repetidamente del lado de los científicos financiados por la NSF y los NIH que han acudido a los tribunales para impedir que la administración cancele unilateralmente las subvenciones sin explicar las razones adecuadas y por ignorar los requisitos legales de gasto en algunas áreas. 


Los defensores de la ciencia temen que la nueva redacción de las subvenciones esbozada en las directrices de ayer permita al Gobierno de Trump eludir esas órdenes judiciales y poner fin a cualquier proyecto de investigación que no le guste en cualquier momento. «La persona encargada será un comisario político al servicio del presidente», afirma un antiguo alto cargo de investigación de la NSF que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. «Y cada agencia tendrá un comisario junior que dependerá directamente de la OMB».


La orden ejecutiva también podría reforzar la campaña de la OMB para reducir el gasto de las agencias en costes indirectos, es decir, las instalaciones y el apoyo administrativo necesarios para llevar a cabo investigaciones financiadas con fondos federales en los campus de todo el país. En la actualidad, las instituciones negocian individualmente con el Gobierno para fijar las tasas de reembolso, que varían mucho y se añaden automáticamente a la cantidad concedida para llevar a cabo la investigación. Pero la orden establece que las agencias deben favorecer a las instituciones con tasas de costes indirectos más bajas, lo que convierte los costes indirectos en un factor importante a la hora de decidir qué proyectos científicos financiar.


Esa es otra mala idea, afirma Matt Owens, presidente de COGR, una de las diez organizaciones científicas que están instando al Congreso y a la OMB a adoptar un método de reembolso alternativo que, según ellos, refleja lo que realmente gastan las universidades. «La administración se niega a reconocer y pagar los verdaderos costes de la investigación fundamental para la seguridad de la nación y la salud de su población», afirma Owens.


La orden aborda otras cuestiones de larga data relacionadas con la concesión de subvenciones. Por ejemplo, insta a las agencias a financiar un grupo más amplio de instituciones en lugar de un número reducido de ganadores habituales y afirma que los beneficiarios deben detallar y cumplir «criterios claros para medir el éxito». También refuerza algunas posturas controvertidas recientes de la administración Trump, entre ellas que todas las subvenciones «promuevan de forma demostrable las prioridades políticas del presidente» y que ninguna de ellas cuestione la «noción de que el sexo es una característica elegida o mutable».


Al igual que con todas las órdenes ejecutivas, el impacto real no se notará hasta que la Casa Blanca comience a aplicar la directiva. Mientras tanto, los defensores de la ciencia esperan que el Congreso actúe para bloquear o modificar algunas de sus disposiciones con el lenguaje de la legislación pendiente sobre el presupuesto federal del próximo año. Las comisiones de asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes ya se han opuesto a las propuestas anteriores de la Casa Blanca de aplicar una tasa fija baja a los costes indirectos, por ejemplo. 



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ScienceInsider
Science and Policy


Trump order aims to politicize decisions on federal science grants

Researchers worried by plan giving political appointees more control over where funding goes


8 Aug 2025
By Jeffrey Mervis


Research advocates are expressing alarm over a White House directive on federal grantmaking released yesterday that they say threatens to enhance President Donald Trump’s control over science agency decisions on what to fund. It would, among other changes, require political appointees to sign off on new grant solicitations, allow them to overrule advice from peer reviewers on award decisions, and let them more easily terminate ongoing grants.

Although many changes described in the order are already underway at research agencies such as the National Institutes of Health and National Science Foundation (NSF), its existence could strengthen the hand of Trump appointees, says Carrie Wolinetz, a former senior administrator at NIH. 

“We’ve already seen this administration take steps to exert its authority that have resulted in delays, freezes, and termination of billions of dollars in grants,” says Wolinetz, now a lobbyist for Lewis-Burke Associates. “This would codify those actions in a way that represents the true politicization of science, which would be a really bad idea.”

The stated purpose of the new executive order is “to strengthen oversight and coordination of agency grantmaking … while ending [the] offensive waste of tax dollars.” It would install a noncareer political appointee at every agency to oversee agency announcements of what types of research it wants to support and decisions on which proposals should be funded before the money is released.  

The White House has been moving in that direction since Trump returned to office and named Elon Musk to lead the so-called Department of Government Efficiency (DOGE). Musk has left, but DOGE staffers remain in place at most agencies and are exerting varying degrees of control over grantmaking decisions, according to reporting by Science and other media.

“The Trump Administration has already terminated many wasteful grants,” the order asserts. “[This] helps ensure that bureaucrats can’t make the same mistakes in the future.” 

But the top Democrat on the science committee in the U.S. House of Representatives says the new executive order will lead to worse, not better, decisions on what gets funded. “This Executive Order is nothing short of obscene,” Representative Zoe Lofgren (D–CA) told Science in a statement. “In what world does Donald Trump think that Americans want political appointees—who, need I remind the President, are unelected bureaucrats—making decisions on what science gets funded?”

In one major change, the order would give the White House Office of Management and Budget (OMB) the ability to terminate a grant “for convenience.” Agencies can already revoke a grant “for cause,” Wolinetz says, which covers improper use of government funds or work that deviates significantly from the intended focus. But federal judges this year have repeatedly sided with NSF- and NIH-funded scientists who have gone to court to stop the administration from unilaterally killing grants without spelling out adequate reasons and for ignoring statutory requirements for spending in some areas.  

Science advocates fear the new grant language outlined yesterday’s guidance would allow the Trump administration to evade those court orders and terminate any research project it doesn’t like at any point. “The person in charge will be a political commissar serving at the will of the president,” says one former high-level NSF research official who requested anonymity for fear of reprisals. “And each agency will have a junior commissar reporting directly to OMB.”

The executive order could also bolster OMB’s campaign to drive down what agencies spend on indirect costs, that is, the facilities and administrative support needed to carry out federally funded research on campuses across the country. Institutions now negotiate individually with the government to set reimbursement rates that vary widely and are automatically added to the amount awarded to carry out the research. But the order says agencies should favor institutions with lower indirect cost rates, making indirect costs a major factor in the decision on what science to fund.  

That’s another bad idea, says Matt Owens, president of COGR, one of 10 scientific organizations that are urging Congress and OMB to adopt an alternative reimbursement method they say accounts for how much universities actually spend. “The administration refuses to acknowledge and pay for the true costs of research critical to the security of the nation and the health of its people,” Owens says.

The order touches on several other long-running issues in grantmaking. For example, it urges agencies to fund a larger pool of institutions rather than a smaller number of repeat winners and says grantees should spell out and meet “clear benchmarks for measuring success.” It also doubles down on some controversial recent stances by the Trump administration, including that all awards “demonstrably advance the president’s policy priorities” and that none of them question the “notion that sex is a chosen or mutable characteristic.”  

As with all executive orders, the real impact won’t be felt until the White House begins to implement the directive. In the meantime, science advocates are hoping Congress will act to block or modify some of its provisions with language in pending legislation on next year’s federal budget. Senate and House appropriation panels have already objected to earlier White House proposals for a low, flat rate on indirect costs, for example.    


doi: 10.1126/science.z5rchs3


Agenda 2030/ODS: Nadie puede servir a dos señores. Dinero para alinearse con la moda o investigación crítica e independiente

Publicado en Univer sí dad. Una conversación pública sobre la universidad https://www.universidadsi.es/nadie-puede-servir-a-dos-senores/ Nad...