[CIUDAD DE MÉXICO] El fallo final a favor de Estados Unidos por parte de
un panel de controversias, que suprime las barreras impuestas por México
para la importación de maíz transgénico (GM), revela la necesidad
de un análisis de riesgos específicos sobre este grano tanto para el
ambiente como para la salud de la población mexicana.
El panel se formó en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) y concluye que México no tiene la evidencia científica
necesaria para prohibir el uso de maíz transgénico en su territorio,
por lo tanto, debe cumplir con sus obligaciones comerciales en el T-MEC
y continuar con las importaciones de maíz estadounidense.
México es el mayor importador de maíz de Estados Unidos: recibe
aproximadamente el 40 por ciento de sus exportaciones del grano.
Aunque el promedio anual de estas importaciones varía entre
14 y 16 toneladas, en 2023 llegó a una cifra récord de cerca de 20 toneladas,
con un valor de más de US$ 5 mil millones.
La decisión del panel va en contra de la intención manifestada
por el gobierno mexicano desde 2020 de prohibir el uso de
maíz OGM con el argumento de que al hacerlo se evita la
contaminación de las variedades de maíz nativo y se protege
la salud de la población por el potencial daño que pueden causar
los residuos de pesticidas, como el glifosato, usado en el
maíz estadounidense.
La disputa se inició en 2020 y escaló a partir de febrero de 2023,
cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
publicó un decreto en el que prohibía el uso de maíz transgénico
en masas y tortillas, e instruía a las agencias gubernamentales
mexicanas a eliminar gradualmente el uso de maíz transgénico
para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana.
Estados Unidos alegó que estas medidas eran incompatibles
con las obligaciones de México en el T-MEC, y solicitó la intervención
de un panel de resolución de controversias que se formalizó el
23 de agosto del 2023 y presentó su reporte final el pasado 20 de diciembre.
Este informe incluye las partes medulares de la controversia.
Mientras México plantea que llevará a cabo la sustitución
gradual del maíz GM y que esto dependerá de que se
hagan los estudios científicos pertinentes para evaluar
el riesgo de forma más objetiva, Estados Unidos argumenta que
para eso antes debe haber pruebas suficientes sobre el riesgo
del maíz GM y un plan para resolver la insuficiencia de pruebas.
Para México, los artículos científicos presentados ante el panel
muestran que existe evidencia suficiente para establecer el
principio precautorio, que son las medidas de protección ante un
potencial de riesgo a la salud o al ambiente.
El país argumenta que es prioritario evitar que el maíz transgénico
y las variedades nativas de maíz no transgénico de México crezcan
en los mismos campos y milpas (como se le conoce a un
sistema agrícola tradicional en el que en una misma parcela
se cultiva maíz, frijol y calabaza principalmente).
Con ello protegería a los mexicanos de consumir las
proteínas transgénicas y los residuos de pesticidas utilizados en los OGM.
Para Estados Unidos, ninguno de los estudios científicos
presentados evalúa el riesgo específico del maíz GM para México,
ni identifica riesgos por consumir residuos de mezclas o combinaciones
de pesticidas en una dieta típica mexicana. “El argumento de México
parece basarse en una presunción de peligro, en lugar de la
necesaria identificación del riesgo”, dice el reporte.
Frente a esta disyuntiva, el panel decidió que Estados Unidos
tenía razón: “El panel comprende el deseo manifestado por México
de mantener la integridad genética de sus variedades autóctonas de maíz”.
Sin embargo, “México no ha demostrado que las medidas sean ‘necesarias’
para lograr ese objetivo”.
Para el investigador del Instituto de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Quetzalcóatl Orozco, el panel
tomó una decisión correcta. “Desde mi punto de vista México debió
presentar sus propios datos de a cuánto glifosato estaría expuesto
un consumidor si consume tortillas de maíz GM importado
y comparar ese nivel con los límites permitidos internacionalmente”,
comenta a SciDev.Net.
“En el caso de los efectos a la salud por consumo de maíz GM
tampoco hay datos de cantidad de exposición de proteínas
genéticamente modificadas por consumo de tortilla.
Tampoco se presentaron análisis específicos sobre el riesgo
para la diversidad de maíz nativo. Creo que al gobierno de México
la faltó hacer la tarea”, añade Orozco, quien se ha especializado
en conservación y diversidad de maíces nativos mexicanos.
El profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo,
J. Reyes Altamirano Cárdenas, especialista en problemas
económico-agroindustriales, coincide en que “México no presentó
evidencia suficiente que demostrara riesgos concretos asociados
con el maíz GM ni llevó a cabo evaluaciones detalladas sobre
su impacto en las especies nativas o en la salud humana.
Por ello, la conclusión del panel resulta válida y consistente
con las normas internacionales”, dice a SciDev.Net.
No obstante, Altamirano refiere que “México cuenta con más de
60 razas nativas de maíz, las cuales podrían verse ‘contaminadas’
con transgenes provenientes del maíz importado, disminuyendo así
la diversidad genética para adaptarse a diferentes entornos y
usos específicos. Esto es una realidad, la principal fuente
para esta contaminación es el maíz transgénico de las importaciones”.
El verdadero reto: aumentar la producción nacional
El fallo a favor de Estados Unidos ha provocado el rechazo
entre organizaciones de la sociedad civil por tratarse, dicen,
de una decisión comercial que prioriza los intereses de empresas
internacionales por encima de la seguridad de los mexicanos.
“Bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar
por encima de la soberanía de México”, dice el posicionamiento
que publicó hace unos días la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País,
movimiento conformado por más de 300 organizaciones campesinas,
ambientales y de derechos humanos.
Las organizaciones también critican que las tres personas que
conformaron el panel, Christian Häberli (Suiza), Hugo Perezcano Díaz (México),
y Jean Engelmayer Kalicki (Estados Unidos), sean especialistas en
comercio internacional y solución de controversias.
“No son científicos ni especialistas en salud pública o ambiental.
Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada
por EU contra México, sin considerar los posibles impactos del
maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad
o el medio ambiente del país”, afirma el posicionamiento.
Además, señalan que esta resolución es la prueba de las deficiencias
que tienen los sistemas internacionales de evaluación de OGM
y sus riesgos para la salud humana y ambiental, pues
“no consideran factores clave, como las formas de consumo,
la cantidad y la frecuencia con que lxs mexicanxs consumen maíz
a lo largo de su vida”.
El reto para México es generar, justamente, esa información.
“El país cuenta con la infraestructura, los expertos y
la capacidad técnica necesarios para realizar las evaluaciones
de riesgo que considere pertinentes”, explica Altamirano.
“Además, existen estándares internacionales como los del
Codex Alimentarius y las directrices de la Organización
Mundial del Comercio, que pueden servir de guía.
Lo que se requiere es una organización eficiente de estas
capacidades y la asignación adecuada de recursos para llevar a cabo
dichas evaluaciones”, añade.
Sin embargo, “lo que vimos el sexenio pasado fue un desmantelamiento
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), parte fundamental para los análisis
de riesgo de los OGM”, dice Orozco.
Tras conocer el fallo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
aseguró que acatará la determinación del panel, pero
en la conferencia de prensa del 23 de diciembre dijo que buscará
incluir la prohibición de la siembra del maíz transgénico en la Constitución,
cuya aprobación por parte del Congreso se espera que
suceda en febrero de 2025.
“Conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio
para todas y todos los mexicanos. Eso es lo que queremos que
quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso”,
anunció la mandataria.
Para Orozco, más que leyes y decretos que prohíben la importación
de maíz GM, el país debería tener un programa para aumentar
la producción nacional. “México debe aumentar la producción
nacional de maíz blanco y amarillo no transgénico para ser
autosuficiente”, sostiene.
Altamirano también concluye que, sin los instrumentos de
fomento a la producción, la soberanía alimentaria que defiende
México tendrá efectos muy limitados.
“La producción de maíz en México se ha estancado, mientras
que las importaciones continúan aumentando. Por eso es
necesario retomar estrategias para fomentar la producción nacional,
incluyendo acceso a créditos, seguros agrícolas, asistencia técnica,
reconversión productiva y el diseño de una política comercial efectiva”, asegura.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina
y el Caribe de SciDev.Net
