Publicado en Science
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Estados Unidos quiere cambiar el modo en que los investigadores acceden a un enorme caudal de datos sanitarios. A muchos no les gusta la idea
Las universidades podrían dejar de almacenar datos de Medicare y Medicaid, y aumentarían los costes para muchos investigadores
10 DE MAYO DE 2024
POR MEREDITH WADMAN
Los investigadores sanitarios están instando al gobierno de EE.UU. a replantearse un plan que les obligaría a utilizar un sistema gubernamental interno, y a pagar bastante más, para acceder a un enorme caudal de datos reunidos por los programas federales que apoyan la atención médica de unos 140 millones de personas.
A la espera de que el 15 de mayo venza el plazo para presentar observaciones, los investigadores han expresado su preocupación por el cambio de política propuesto por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que administran Medicare y Medicaid. Los dos programas subvencionan el seguro de enfermedad y la atención médica a personas mayores, con discapacidad o con bajos ingresos, y los datos de reclamaciones de los CMS incluyen abundante información, como la ubicación de los pacientes, datos demográficos, diagnósticos y costes de la atención. Los investigadores académicos llevan mucho tiempo utilizando los datos que los CMS exportan a sus universidades para elaborar estudios revisados por expertos, algunos de los cuales han dado lugar a cambios en las políticas.
Estos análisis independientes se verán amenazados si los CMS siguen adelante con su plan de obligar a los investigadores a abandonar sus datos institucionales y utilizar un sistema gubernamental que les costará mucho más, dicen los críticos del plan. «No se trata sólo de la investigación. ... Esto potencialmente perjudicará la evolución de la política de manera que en realidad podría perjudicar los resultados de salud", dice William Schpero, economista de la salud en Weill Cornell Medicine y co-autor de un comentario criticando los cambios propuestos publicados esta semana en JAMA.
Durante décadas, los CMS han permitido a las instituciones de investigación adquirir y albergar datos de reclamaciones médicas desidentificadas previo pago de una única cuota inicial, normalmente de decenas de miles de dólares, y cuotas más modestas cuando los datos se vuelven a utilizar para proyectos adicionales. Cualquier número de miembros de un equipo de investigación puede acceder a los datos para un proyecto determinado. El 12 de febrero, sin embargo, la Agencia anunció su intención de dejar de enviar por FedEx a las universidades unidades de memoria USB con datos cifrados. En su lugar, pronto exigirá a los investigadores que accedan a los datos a través de su Centro Virtual de Datos de Investigación (VRDC).
Para acceder al VRDC, los investigadores deben pagar una «cuota de proyecto» inicial de al menos 15.000 dólares y, a partir de entonces, un mínimo de 10.000 dólares anuales para mantener el acceso. Además, el CMS cobra una «cuota de asiento» anual por cada usuario: al menos 20.000 dólares por usuario el primer año y al menos 13.000 dólares por usuario cada año a partir de entonces, con cuotas adicionales por espacio de almacenamiento extra y actualizaciones de datos más frecuentes.
Al mismo tiempo, las universidades tendrían que disolver sus colecciones de datos CMS, a menudo acumuladas durante décadas.
Los CMS afirman que los cambios son necesarios para garantizar la seguridad de los datos, dada la creciente amenaza que suponen los piratas informáticos. El CMS también argumenta que el VRDC, que ya utilizan algunos investigadores externos, proporciona datos de forma más oportuna y rentable.
"Me parece un poco chocante", afirma Rachel Werner, economista sanitaria de la Universidad de Pensilvania que se reunió con un alto funcionario de los CMS para expresar su preocupación. "Vivimos en una época en la que los consumidores y el público exigen cada vez más transparencia en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. Sin embargo, estamos a punto... [de quedarnos] a oscuras sobre cómo se ha prestado en... algunos de los programas sanitarios más grandes e importantes del país".
Werner añade que la preocupación por el dinero, así como por la seguridad de los datos, parece estar impulsando a los CMS. "Lo que me han dicho es que los cambios de tarifas propuestos son simplemente para permitir [CMS] para equilibrar completamente sus libros".
Otros críticos de la propuesta afirman que dificultará el control del gasto sanitario público. "Facilitar estos datos a los académicos -que son prácticamente los únicos que intentan averiguar qué ocurre en estos programas- apenas cuesta nada a los contribuyentes. Los CMS deberían facilitar los datos de Medicare y Medicaid al menos con la misma libertad con la que entregan el dinero de los contribuyentes a los proveedores de atención sanitaria de alto coste y baja calidad", escribió en febrero en un blog el economista Michael Cannon, del libertario Instituto Cato.
Los investigadores han utilizado los datos del CMS para estudiar el papel de los hospitales en la prescripción racialmente desequilibrada de analgésicos opiáceos. Los datos han demostrado que las tasas de acontecimientos adversos y muertes aumentan después de que las empresas de capital privado compran hospitales y residencias de ancianos, respectivamente. También han revelado diferencias entre estados en cuanto a las causas y las tasas de morbilidad materna grave. Tal vez el más famoso sea un estudio de 2009 que descubrió elevadas tasas de rehospitalización entre pacientes de Medicare, lo que dio lugar a una nueva supervisión por parte del gobierno y a la imposición de multas a los hospitales. Entre los proyectos en curso se incluye uno que utiliza datos de Medicaid de 37 estados para evaluar cómo afecta el aumento de la distancia a los servicios de aborto a las tasas de natalidad, la salud mental de las mujeres y la morbilidad y mortalidad maternas
Becky Staiger, investigadora en política sanitaria de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley, que trabaja en el proyecto sobre el aborto con otros colegas, teme que las tarifas de acceso propuestas afecten especialmente a los jóvenes investigadores, que suelen disponer de menos fondos. Staiger dice que cuando era estudiante de posgrado y posdoctorado y accedía a datos alojados en la universidad, pagó 2.000 dólares en total por 4 años de acceso a todos los archivos que necesitaba para su investigación sobre la rotación de médicos en Medicaid y su impacto en los resultados de los pacientes. Calcula que su proyecto actual le costará 43.000 dólares el primer año y algo menos después.
Con todo, Staiger afirma que la migración masiva forzosa al VRDC podría "democratizar" el acceso a los datos del CMS, especialmente para los investigadores de instituciones menos ricas que aún no han adquirido sus propias bases de datos internas del CMS. Construir y asegurar esas bases de datos "es una empresa realmente costosa", afirma. En cambio, los investigadores que realicen sus investigaciones a través del VRDC pueden evitar algunos de esos costes.
Karen Joynt Maddox, investigadora de política sanitaria y cardióloga de la Universidad Washington de San Luis (WUSTL), que lleva mucho tiempo estudiando los reingresos hospitalarios de Medicare, tiene una opinión similar. Empezó a utilizar el VRDC hace varios años, después de trasladarse de la Universidad de Harvard a la WUSTL, que no alberga un fondo de datos de Medicare. Paga unos 45.000 dólares al año por cada uno de los dos proyectos, un coste fácilmente cubierto por sus subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud. Eso le da acceso a datos por valor de "probablemente millones de dólares". Pero advierte de que el portal de datos es "torpe... [y] se rompe con cierta regularidad... No puedo imaginar que si funciona así con el nivel actual de usuarios sea funcional con más usuarios".
Al cierre de esta edición, el CMS no había respondido a las preguntas de ScienceInsider sobre los cambios propuestos. Pero la agencia se ha comprometido a "considerar cuidadosamente y responder a los comentarios y preocupaciones en la adopción de los cambios de política." Y parece que las protestas han surtido efecto. El 1 de marzo, los CMS anunciaron que darían más tiempo al público para comentar, adelantando el plazo al 15 de mayo. Y el 15 de abril, la agencia anunció que, basándose en los "útiles comentarios" que había recibido, retrasaría cualquier cambio al menos hasta 2025.
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- 10 MAY 2024
- 2:55 PM ET
- BYMEREDITH WADMAN
Health researchers are urging the U.S. government to rethink a plan that would require them to use an in-house government system, and pay substantially more, to access a massive trove of data assembled by federal programs that support medical care for some 140 million people.
Ahead of a 15 May deadline to provide comment, researchers are highlighting concerns with the proposed policy change by the U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), which administers Medicare and Medicaid. The two programs subsidize health insurance and medical care for people who are elderly, or have disabilities or low incomes, and CMS claims data include a wealth of information, including patient locations, demographics, diagnoses, and care costs. Academic researchers have long used data CMS has exported to their universities to produce peer-reviewed studies, including some that have led to changes in policy.
Such independent analyses will be imperiled if CMS follows through on its plan to force researchers to abandon their institution-based data and use a government system that will cost them substantially more, say critics of the plan. “This is not just about the research. … This will potentially harm the evolution of policy in ways that might actually hurt health outcomes,” says William Schpero, a health economist at Weill Cornell Medicine and co-author of a commentary criticizing the proposed changes published this week in JAMA.
For decades, CMS has allowed research institutions to purchase and house deidentified medical claims data after paying a single upfront fee, typically tens of thousands of dollars, and more modest fees when the data are used again for additional projects. Any number of research team members can access data for a given project. On 12 February, however, the agency announced it planned to stop FedExing encrypted thumb drives of data to universities. Instead, it wrote, it will soon require researchers to access data through its Virtual Research Data Center (VRDC).
To get access to the VRDC, researchers pay an initial “project fee” of at least $15,000, and pay at least $10,000 per year thereafter to maintain access. In addition, CMS charges an annual “seat fee” for each user: at least $20,000 per user in the first year and at least $13,000 per user each year thereafter, with additional fees for extra storage space and more frequent data updates.
At the same time, universities would have to dissolve their collections of CMS data, often built over decades.
CMS said the changes are needed to ensure data security, given the increasing threat posed by hackers. CMS also argues the VRDC, which is already used by some external researchers, provides data in a timelier and more cost-effective manner.
“I just find [the proposal] a little shocking,” says Rachel Werner, a health economist at the University of Pennsylvania who met with a senior CMS official to voice her concerns. “We live in a time in which consumers and the public are increasingly demanding transparency about all aspects of health care. Yet we are on the precipice … [of being left] in the dark about how it has been delivered in … some of the largest and most important health care programs in the country.”
Werner adds that concerns about money, as well as data security, seem to be driving CMS. “What I have been told is that the proposed fee changes are simply to allow [CMS] to completely balance their books.”
Other critics of the proposal say it will hamper scrutiny of government health spending. “Furnishing these data to academics—who are just about the only people trying to figure out what’s going on in these programs—scarcely costs taxpayers anything. CMS should be giving away Medicare and Medicaid data at least as freely as it shovels taxpayer dollars out the door to high‐cost, low‐quality health care providers,” economist Michael Cannon of the libertarian Cato Institute wrote on a blog in February.
Researchers have used CMS data to explore hospitals’ role in racially unbalanced prescribing of opioid pain medications. The data have shown that rates of adverse events and deaths rise after private equity firms buy hospitals and nursing homes, respectively. They have revealed state-by-state differences in the causes and rates of severe maternal morbidity. Perhaps most famously, a 2009 study uncovered high rehospitalization rates among Medicare patients, leading to new monitoring by the government and fines on hospitals. Ongoing projects include one using Medicaid data from 37 states to assess how increases in the distance to abortion care affect birth rates, women’s mental health, and maternal morbidity and mortality.
Becky Staiger, a health policy researcher at the University of California Berkeley School of Public Health who is working on the abortion project with colleagues, worries the proposed seat fees will hit young researchers, who often have less funding, particularly hard. Staiger says when she was a graduate student and a postdoc accessing data housed at a university, she paid $2000 total for 4 years of access to all the files she needed for her research on physician churn in Medicaid and its impact on patient outcomes. She estimates her current project will be charged $43,000 in its first year and somewhat less after that.
Still, Staiger says the forced mass migration to the VRDC could “democratize” access to CMS data, particularly for researchers at less wealthy institutions that haven’t already purchased their own internal troves of CMS data. Building and securing such databases “is a really expensive endeavor,” she says. In contrast, researchers conducting research through the VRDC can avoid some of those costs.
Karen Joynt Maddox, a health policy researcher and cardiologist at Washington University in St. Louis (WUSTL) who has long studied Medicare hospital readmissions, holds similar views. She began to use the VRDC several years ago after moving from Harvard University to WUSTL, which doesn’t house a Medicare data trove. She pays about $45,000 annually for each of two projects, a cost easily covered by her National Institutes of Health grants. That gives her access to data worth “probably millions of dollars.” But she cautions that the data portal is “clunky … [and] breaks with some regularity … I can’t imagine that if it performs like this with the current level of users that it would be at all functional with more users.”
As this story went to press, CMS had not responded to questions from ScienceInsider about the proposed changes. But the agency has pledged “to carefully consider and be responsive to comments and concerns in adopting the policy changes.” And it appears the outcry has had an impact. On 1 March CMS announced it would give the public more time to comment, advancing the deadline to 15 May. And on 15 April, the agency announced that, based on the “helpful feedback” it had received, it would delay any changes to at least 2025.
Correction, 13 May, 10:05 a.m.: This article has been corrected to refer to the correct Medicare readmissions paper on which Karen Joynt Maddox was first author.
Correction, 14 May, 12:45 p.m.: This article has been corrected to accurately reflect the annual seat fee charged to VRDC users after the first year of a project.
doi: 10.1126/science.zdtyq4h
