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Este informe examina 14 cláusulas sobre comercio digital que la UE defiende en sus negociaciones comerciales y su impacto en los países en desarrollo. A partir de un análisis exhaustivo de 13 acuerdos de libre comercio de la UE, así como de su posicionamiento en la Organización Mundial del Comercio, muestra que la UE ha adoptado una estrategia colonialista, saliendo a la caza de datos del Sur global, para posicionar a sus propias empresas en las nuevas cadenas de valor cibernéticas globales. Para empoderar a sus propias corporaciones tecnológicas, la UE está tratando de imponer cláusulas en las negociaciones comerciales que obstaculizarán la industrialización digital, restringirán la necesaria supervisión estatal de las empresas y socavarán los derechos de los ciudadanos en otros lugares, en particular en los países en desarrollo. Aunque estas cláusulas son de naturaleza técnica y obtusas para el público en general, pueden afectar a todo, incluidos los derechos de las personas a la privacidad, la naturaleza y el funcionamiento de los servicios públicos, la posibilidad de desarrollo económico e industrialización, la responsabilidad del gobierno, incluso la calidad de la propia democracia.
CLÁUSULAS COMERCIALES DIGITALES
1. Medidas que obstaculizan la industrialización digital
a. Transferencia transfronteriza de datos
b. Prohibición de la localización de datos
c. Prohibición del tratamiento local de datos
d. No divulgación del código fuente de los programas informáticos y de los algoritmos correspondientes
e. Eliminación de los derechos de aduana sobre los productos digitales y/o las transmisiones electrónicas
f. Contratación pública electrónica
2. Medidas que restringen la necesaria supervisión estatal de las empresas
g. Autorización previa
h. No discriminación de los productos digitales
i. Autenticación y firmas electrónicas
j. Vigilancia
k. Responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios
3. Medidas que afectan a los derechos de los ciudadanos en línea
l. Protección de datos personales
m. Protección del consumidor en línea
La batalla que libran la UE, Estados Unidos y China es por el control de los datos que generamos cada vez que nos conectamos a internet como materia prima básica para su proceso de producción. El verdadero valor no reside en los datos en sí, sino en el procesamiento de los mismos para ofrecer y vender explicaciones algorítmicas del comportamiento humano.
El informe muestra que la UE fue inicialmente lenta en el avance de su agenda de comercio digital, pero ha sido mucho más agresiva desde 2016. La UE parece tener dos objetivos. En primer lugar, convertirse en un actor digital mundial mediante la creación de normas que respalden la transición de sus industrias hacia la digitalización y que, a continuación, fijen su dominio a largo plazo. Esto incluye campos tan diversos como los recursos humanos, la logística, los servicios médicos, el entretenimiento, la educación y el transporte urbano inteligente, aunque el empuje más poderoso proviene de la industria automovilística de la UE, deseosa de dominar los vehículos autónomos e inteligentes del futuro. En segundo lugar, y sobre todo en el marco de las negociaciones de la OMC, la UE parece dispuesta a postrarse ante el poder de los gigantes digitales estadounidenses, conocidos como GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), que han gastado una fortuna en grupos de presión y han conseguido dar forma a cualquier negociación que incluya normas sobre la economía digital.
La UE ya ha firmado seis acuerdos que incluyen cláusulas sobre comercio digital, con Canadá, Singapur, Vietnam, Mercosur, Japón y México. Actualmente está negociando otros siete acuerdos que incluyen cláusulas relacionadas con lo digital con Túnez, Chile, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y la región de África Oriental y Meridional (ESA), y a nivel internacional en la Organización Mundial del Comercio. Las negociaciones en curso con Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y la región de África Oriental y Meridional (ESA), junto con la propuesta presentada por la UE a la Organización Mundial del Comercio, son las que incluyen las cláusulas más perjudiciales para los países del Sur global.
Las 14 normas comerciales resumidas en el recuadro están cuidadosamente diseñadas para garantizar que las grandes empresas tecnológicas de la UE y Estados Unidos puedan operar libremente y maximizar sus beneficios en la economía digital, al tiempo que restringen la capacidad de los Estados para regular el sector, redistribuir los beneficios, mejorar sus servicios públicos o llevar adelante una estrategia de desarrollo tecnológico local. También desfinancian al Estado, al prohibir la recaudación de impuestos sobre las transmisiones electrónicas, una enorme pérdida potencial en el futuro dada la transición de todo a la red.
Incluso en los casos en los que la UE se ha considerado un actor más progresista que China y Estados Unidos, como su adopción en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), exportar esto por medio de normas comerciales afianzará, en lugar de socavar, un modelo extractivista. Esto se debe a que no va acompañado de los recursos necesarios para lograrlo, lo que, por lo tanto, crea costes adicionales para los países de bajos ingresos y una competencia desleal.
La agenda de comercio digital de la UE equivale a una agenda de extractivismo. Extraer la materia prima (los datos) del Sur global sin pagar nada por ella y llevarla a los países en los que están radicados para procesarla y volver a vendernos esa tecnología. También es una estrategia para el subdesarrollo estructural deliberado de los países de bajos ingresos, ya que pretende poner reglas que les impidan capitalizar los ingresos y beneficios potenciales del desarrollo tecnológico. Parafraseando al conocido economista del desarrollo Ha-Joon Chang, la agenda comercial de la UE está retirando la escalera digital del desarrollo.
Los perdedores en la batalla por la hegemonía tecnológica son los ciudadanos de a pie. Las normas comerciales no se están construyendo para fortalecer los derechos de los ciudadanos o la democracia, sino para beneficiar a las grandes tecnológicas, dándoles mercados y recursos de forma gratuita, monopolios ilimitados y sin responsabilidad social o fiscal. Contra este robo de recursos y el extractivismo digital, el único remedio es conservar la libertad de los Estados para regular, de modo que la gente pueda a su vez hacer valer su voluntad. Por lo tanto, es fundamental que los Estados se nieguen a firmar estos acuerdos como un primer paso hacia un proceso de industrialización y soberanía digital a largo plazo.
