Publicado en Retraction Watch
https://retractionwatch.com/2026/07/31/federal-lawsuit-major-publishers-article-processing-charges-false-claims-act/
Una demanda presentada al amparo de la False Claims Act de Estados Unidos acusa a cuatro grandes editoriales de haber llevado a cabo durante una década un plan para defraudar al gobierno mediante el cobro de cargos exorbitantes por procesamiento de artículos.
El caso, que dejó de estar bajo reserva judicial el 30 de julio, sostiene que Elsevier, Springer Nature, Wiley e Informa obligaron a instituciones de investigación estadounidenses a presentar reclamaciones falsas al gobierno para obtener el reembolso de cuotas por artículos de hasta diez veces el costo real de procesarlos.
Juan Pablo Alperin, profesor de la Universidad Simon Fraser y codirector del Scholarly Communications Lab, con sede en Vancouver, está representado por dos abogados que durante la última década han obtenido resultados destacados en casos relacionados con la False Claims Act (FCA). Alperin y sus abogados presentaron originalmente la demanda bajo reserva judicial en marzo de 2024. El gobierno decidió no intervenir en el caso el 23 de julio de este año, y un juez ordenó hacer pública la demanda, lo que ahora permite a Alperin continuar el litigio de manera independiente.
Según el expediente judicial, Sage también figuraba originalmente como demandada, y Stefanie Haustein, investigadora de la Universidad de Ottawa, aparecía como demandante. Ambas fueron retiradas de la demanda la semana pasada.
Las cuotas de las editoriales varían, pero los cargos por procesamiento de artículos (APC) para publicar en acceso abierto pueden oscilar entre unos cientos de dólares en revistas pequeñas y varios miles, y en algunos casos superar los 10 000 dólares por artículo. Alperin sostiene en la demanda que el costo real de procesar esos artículos se sitúa entre 200 y 1 000 dólares. El gobierno de Estados Unidos exige que los artículos derivados de investigaciones financiadas con recursos federales estén disponibles gratuitamente. La demanda alega que las editoriales responden a este mandato «extorsionando» APC y transferencias de derechos de autor a investigadores principales «desprevenidos», quienes tienen un «comprensible deseo de publicar en medios prestigiosos para avanzar en sus carreras».
Alperin afirma que conoció detalles internos sobre la fijación de precios de los APC como integrante de la Open Access Scholarly Publishing Association, incluidos «actos abiertamente ilícitos» y «conversaciones conspirativas» entre las editoriales, según señala la demanda. Esto incluía estrategias empresariales para ocultar la viabilidad de opciones gratuitas de acceso abierto, con el fin de asegurar que las instituciones estadounidenses beneficiarias de subvenciones siguieran pagando APC innecesarios, de acuerdo con la denuncia.
Alperin declaró a Retraction Watch que presentó el caso al amparo de la FCA para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas de fijación de precios de algunas editoriales no responden al interés público y para exigirles responsabilidad por esas prácticas. Ha realizado una amplia investigación sobre los APC, en la que ha concluido que las editoriales fijan estratégicamente sus precios, en lugar de basarlos en costos razonables de producción.
«En términos más generales, el objetivo es contribuir a crear un mercado más transparente y funcional, porque el mercado de la publicación en acceso abierto es, en muchos sentidos, profundamente disfuncional», declaró. «En parte, se busca ayudar a crear un mercado transparente y equitativo, y garantizar que la mayor cantidad posible del dinero reservado para la investigación pueda destinarse» a ese propósito.
El debate sobre los APC no es nuevo, afirmó Eugenie Reich, abogada con sede en Boston que representa a Alperin. Lo novedoso, añadió, es identificar una reclamación jurídica en la que la discusión pública se cruce con el derecho.
«Ese debate sin duda ha existido, pero, hasta donde tengo conocimiento, nunca se había alegado públicamente que esto constituya un fraude contra el gobierno», declaró. «Creo que, según la demanda, ahí es donde las editoriales se han metido en problemas: al utilizar las políticas de acceso público como un medio para aumentar los cobros, sabiendo que esos cargos recaerían sobre subvenciones gubernamentales».
La demanda sostiene que las editoriales han «manipulado el mercado» para dificultar la publicación sin pagar «precios de prestigio, precios de lujo», tanto mediante la concentración del mercado como a través de las condiciones relativas a los derechos de autor, añadió Reich.
«Por eso considero importante distinguir entre una empresa que simplemente quiere obtener ganancias de un bien de lujo y una empresa que, de manera consciente, traslada esos cargos al gobierno», afirmó en una entrevista.
Reich representó al investigador independiente Sholto David en una acción basada en la FCA contra el Dana-Farber Cancer Institute, que concluyó en diciembre de 2025 con un acuerdo por 15 millones de dólares. El instituto admitió que sus investigadores utilizaron imágenes y datos «presentados de manera engañosa o duplicados» para respaldar solicitudes de subvenciones ante los National Institutes of Health. Como denunciante en el caso, David recibió una parte del acuerdo, mientras que la mayor parte del monto regresó al gobierno federal.
Reich también formó parte del equipo que representó al denunciante en un caso de la FCA contra Biogen, empresa que aceptó pagar 900 millones de dólares para resolver acusaciones de que había pagado ilegalmente sobornos a médicos. El gobierno también decidió no intervenir en ese caso.
John R. Thomas, del despacho Hafemann, Magee & Thomas, LLC, con sede en Roanoke, Virginia, y el otro abogado que representa a Alperin, fue uno de los litigantes en un caso de la FCA contra la Universidad de Duke que terminó en un acuerdo por 112,5 millones de dólares, de los cuales casi 34 millones fueron entregados a su hermano Joseph, el denunciante del caso. Thomas ha escrito para Retraction Watch tanto sobre esta ley como sobre los aspectos que los denunciantes deberían considerar en el contexto de una reclamación basada en la FCA.
Un portavoz de Springer Nature afirmó que la editorial no podía hacer comentarios de inmediato sobre el asunto. Wiley y Elsevier declinaron hacer declaraciones. Informa no respondió.
Los abogados especializados en casos de la FCA expresaron opiniones divididas sobre la demanda. Pamela Coyle Brecht, abogada especializada en la representación de denunciantes en Filadelfia, calificó la presentación como un «caso de nicho» basado en una «teoría singular».
Sin embargo, Renée Brooker, abogada de Tycko & Zavareei LLP con sede en Washington, D. C., afirmó que el hecho de que los demandados sean editoriales de revistas puede resultar «llamativo», pero que las teorías jurídicas en las que se sustenta el caso son ampliamente conocidas y han sido probadas en el ámbito de la False Claims Act (FCA). Brooker señaló que una gran variedad de casos qui tam involucra a demandados que no presentaron directamente las supuestas reclamaciones falsas, en particular en denuncias contra la industria farmacéutica. Con frecuencia, estas empresas son acusadas de infringir la FCA, mientras que una farmacia o el consultorio de un médico presentaron las reclamaciones falsas sin saberlo.
El caso constituye un ejemplo destacado de cómo las partes que no presentan directamente reclamaciones falsas al gobierno pueden, aun así, enfrentar responsabilidad jurídica, afirmó Eva Gunasekera, abogada especializada en la representación de denunciantes en Tycko & Zavareei y exasesora principal del Departamento de Justicia para casos de fraude sanitario.
«Es un excelente recordatorio de la amplitud del alcance de la False Claims Act», afirmó.
Por ley, los casos de la FCA se presentan bajo reserva judicial para proteger a los denunciantes y conceder al gobierno tiempo suficiente para investigar las acusaciones y decidir si desea intervenir. Brooker añadió que no resulta sorprendente que el gobierno haya decidido no intervenir en este caso.
«Eso no dice absolutamente nada sobre el fondo del caso», afirmó. «Durante los últimos 15 años, los abogados que representan a los denunciantes han tenido cada vez más éxito al ayudar al Departamento de Justicia a litigar casos qui tam en los que este decidió no intervenir, porque el Departamento de Justicia no puede encargarse de todo».
La Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de declaraciones.
En febrero, un juez federal desestimó una demanda en la que se alegaba que seis grandes editoriales habían infringido la legislación antimonopolio al coludirse para «fijar en 0 dólares el precio de los servicios de revisión por pares». La demanda, presentada por Lucina Uddin, neurocientífica de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), incluía también como demandadas a Elsevier, Springer Nature y Wiley, además de Sage, Taylor & Francis y Wolters Kluwer.
A lawsuit filed under the U.S. False Claims Act accuses four major publishers of perpetrating a decade-long scheme to defraud the government by charging exorbitant article processing charges.
The case, which became unsealed July 30, claims Elsevier, Springer Nature, Wiley and Informa forced U.S. research institutions to submit false claims to the government for reimbursement through article fees up to 10 times the cost of processing the articles.
Juan Pablo Alperin, a professor at Simon Fraser University and codirector of the Scholarly Communications Lab based in Vancouver, is represented by two attorneys who have had blockbuster success in FCA cases over the past decade. He and his attorneys originally filed the case under seal in March 2024. The government declined to intervene in the case on July 23 of this year, and a judge ordered the complaint unsealed, which now allows Alperin to pursue the case independently.
Sage was also originally listed as a defendant in the case, according to the court docket, and University of Ottawa researcher Stefanie Haustein was a plaintiff. Both were dropped from the suit last week.
Publishers’ fees vary, but APCs for open access can range from hundreds of dollars for small journals up to thousands, with some topping $10,000 per paper. The real costs of processing such articles are between $200 and $1,000, Alperin claims in the complaint. The U.S. government requires papers based on federally funded research be freely available. The lawsuit alleges the publishers address this mandate by “extorting” APCs and copyright transfers from “unknowing” PIs who have an “understandable desire to publish in prestigious venues to advance in their careers.”
Alperin alleges he learned insider details about APC pricing as a member of the Open Access Scholarly Publishing Association, including “outright unlawful conduct” and “conspiratorial discussions” among the publishers, the complaint states. This included strategies by the companies to shield the viability of free open access options to ensure U.S. grantee institutions continued paying unnecessary APCs, according to his complaint.
Alperin told Retraction Watch he brought the FCA case to spotlight how pricing practices by some publishers are not in the public interest and to hold them accountable for those practices. He has conducted extensive research on APCs, which has found publishers use APC pricing strategically, rather than based on reasonable production expenses.
“More broadly, the goal is to help to create a more transparent and functioning market, because the market of open access publishing is one that is in many ways very dysfunctional,” he told us. “In part, the goal is helping to create a market that is transparent, equitable, and that ensures as much of the money that’s been set aside for research can go towards” that intent.
Debate about APCs is not new, said Eugenie Reich, a Boston-based attorney who is representing Alperin. What is new is identifying a legal claim where the public discussion intersects with the law, she said.
“That discussion has definitely existed, but it’s never, as far as I’m aware, been publicly alleged that this is fraud on the government,” she told us. “I think that’s where publishers have gotten themselves into trouble per the complaint, by using public access policies as a way of increasing charges, knowing that the charges would hit government grants.”
The complaint alleges the publishers have “fixed the market” to make it difficult to publish without paying “prestige prices, luxury prices,” both through market concentration and through copyright terms, Reich added.
“That’s why I think it is important to distinguish between a business that just wants to make money from a luxury good and a business that is knowingly passing such charges through to the government,” she said in an interview.
Reich represented sleuth Sholto David in an FCA action against Dana-Farber Cancer Institute, which settled the case in December 2025 for $15 million. The institute admitted researchers used “misrepresented and/or duplicated” images and data in support of grant applications to the National Institutes of Health. As the relator in the case, David received a portion of the settlement, with the bulk of the amount going back to the federal government.
Reich was also part of the team representing the whistleblower in an FCA case against Biogen, which agreed to pay $900 million to resolve claims the company unlawfully paid kickbacks to physicians. The government also declined to intervene in that case.
John R. Thomas of Hafemann, Magee & Thomas, LLC, in Roanoke, Virginia, the other lawyer representing Alperin, was one of the attorneys in an FCA case against Duke University that resulted in a $112.5 million settlement, nearly $34 million of which went to his brother Joseph, the whistleblower in the case. He has written for Retraction Watch about the act as well as about what whistleblowers should consider in the context of an FCA claim.
A Springer Nature spokesperson said the publisher could not immediately comment on the matter. Wiley and Elsevier declined to comment. Informa did not respond.
FCA attorneys had mixed views of the complaint. Pamela Coyle Brecht, a whistleblower attorney in Philadelphia, called the filing a “niche case” with a “unique theory.”
However, Renée Brooker, a Washington, D.C.-based attorney with Tycko & Zavareei LLP, said the fact the defendants are journal publishers may be “eye-grabbing,” but the legal theories underpinning the case are tried and true in the FCA realm.. A wide swath of qui tam cases involve defendants that did not directly submit the alleged false claims, Brooker said, particularly complaints against the pharmaceutical industry. Such companies are frequently accused of FCA violations, while a pharmacy or doctor’s office unknowingly filed the false claims.
The case is a prime example of parties that don’t directly submit false claims to the government still facing liability, said Eva Gunasekera, a whistleblower attorney at Tycko & Zavareei and former senior counsel for healthcare fraud at the DOJ.
“It’s a great reminder of how broad in scope the False Claims Act is,” she said.
By law, FCA cases are filed under seal to protect whistleblowers and to give the government time to investigate the claims and decide if it wishes to intervene. That the government did not intervene in this case is not surprising, Brooker added.
“It says nothing at all about the merits of the case,” she said. “Over the last 15 years, the relator’s bar [has been] more and more successful with helping the DOJ to litigate declined qui tam cases because DOJ cannot do it all.”
The U.S. Attorney for the District of Massachusetts declined to comment. The DOJ did not respond to a message for comment.
In February, a federal judge dismissed a lawsuit that alleged six major publishers violated antitrust law by colluding to “fix the price of peer review services at $0.” Filed by UCLA neuroscientist Lucina Uddin, the case also included Elsevier, Springer Nature and Wiley as defendants, as well as Sage, Taylor & Francis and Wolters Kluwer.
