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miércoles, 9 de abril de 2025

LIBRO: Participación de las mujeres en el sector editorial latinoamericano

Publicado en Blok de Bid
https://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1383 






Hacia una subjetividad editorial femenina

Mié, 02/04/2025 

Alfredo Lèal
Instituto de Investigaciones Bibliográficas. UNAM

Szpilbarg, Daniela; Mihal, Ivana. Participación de las mujeres en el sector editorial latinoamericano [en línea]. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – Cerlalc, 2024. 61 p. <https://cerlalc.org/publicaciones/participacion-de-las-mujeres-en-el-sector-editorial-latinoamericano/>. [Consulta: 26.3.2025]. ISBN (PDF): 978-958-671-275-0. 



Presentado a la manera de un informe que da cuenta de la investigación piloto llevada a cabo en el sector editorial de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Perú por las investigadoras Daniela Szpilbarg e Ivana Mihal, este trabajo dista mucho de limitarse a ofrecer una somera descripción de la Participación de las mujeres en el sector editorial latinoamericano, mostrándose más bien como, cuando menos, un inmejorable punto de partida para ulteriores investigaciones en el campo de los estudios del libro y la edición. Empleando herramientas sociológicas, principalmente encuestas y gráficas, tanto como un enfoque metodológico comparativo fuertemente anclado en la teoría feminista, con especial atención al modo en que en ésta se ha pensado, por ejemplo, en la categoría de trabajo, Szpilbarg y Mihal le ofrecen al lector y la lectora –especialista o no en temas de edición– un diagnóstico crítico en torno a la importancia de entender, documentar y, por supuesto, transformar las condiciones de la mujer en el sector editorial de América Latina.

De los cuatro apartados, el primero le sirve a las investigadoras para plantear sus hipótesis de trabajo, sustentadas en un diálogo horizontal con otras investigaciones que hoy día, a pesar de ser ciertamente recientes, resultan centrales en el desarrollo del estudio de los modos y alcances, materiales tanto cuanto simbólicos, del trabajo de las mujeres en el sector editorial, como lo son los trabajos de Marina Garone (Las mujeres y los estudios del libro y la edición en Iberoamérica, Universidad de Los Andes, 2023) o Ana Gallego Cuiñas («Femedición: hacia una práxis editorial feminista en Iberoamérica», Iberoamericana, 2022). Luego de establecer el estado de la cuestión, Szpilbarg y Mihal plantean que «el género determina no solamente las condiciones de trabajo en las editoriales, sino que también influye [en] otros aspectos que se expresan en las decisiones y políticas editoriales» (p. 14), por lo cual «es necesario considerar [a las editoras] como agentes intelectuales y, en esa medida, es preciso indagar por la experiencia de las mujeres en tanto editoras, frente a la tarea de selección e intervención sobre los textos» (p. 14).

De este modo, los datos que arrojan las encuestas realizadas son fundamentales para que, en las secciones 2 y 3, se establezca el soporte empírico sociológico para la sección 4, por mucho la más interesante del informe, sobre todo por el modo en que los números y porcentajes diagramados en gráficas adquieren, si no un rostro, sí una cierta familiaridad para todxs quienes investigan los procesos y políticas editoriales en América Latina. De esta manera, en un apartado que «recupera las opiniones, percepciones y experiencias con base en sus trayectorias como mujeres editoras, las cuales revelan una compleja interrelación entre los aspectos laborales y personales de las editoras, y ofrecen una visión rica y matizada de las condiciones de trabajo en el sector editorial» (p. 34), las investigadoras nos ofrecen un documento sociológico para lo que, con base en su texto, podríamos denominar la subjetividad editora femenina.

La definición de dicha subjetividad no es, creemos, asunto menor. Por el contrario: entenderla, documentarla y problematizarla resulta harto necesario en un ecosistema donde los libros de Carlos Barral, Jorge Herralde o Guillermo Schavelzon son mercancías que casi de inmediato encuentran su público lector –constituyendo, de paso, un género específico de las memorias culturales, como lo proponen Ana Gallego Cuiñas y Jorge J. Locane, coordinadorxs del dossier «Poéticas de editor/a: aproximaciones críticas para la demarcación de un género» de la Revista de Estudios Hispánicos, 2024–, mientras que nombres como Carmen Balcells, Esther Tusquets o Beatriz de Moura siguen más bien asociándose con el boom, es decir, con el éxito comercial de cuatro escritores hombres, cuatro «machos alfa», para usar la expresión que al respecto diera Roberto Bolaño. Baste decir que, de las tres, sólo Tusquets es autora de un libro de su experiencia como editora: Confesiones de una editora poco mentirosa (RqueR, 2005), desde cuyo título se perciben empero los ecos dieciochescos de aquellas mujeres que, en los salones literarios, se posicionaban en un campo controlado por los hombres.

En este sentido, es importante lo que el estudio de Szpilbarg y Mihal nos demuestra, en tanto la mujer editora, si la entendemos en cuanto subjetividad, se construye a sí misma: «es con el paso del tiempo que las mujeres fueron habilitadas o se habilitaron a sí mismas a tomar un rol que, más allá́ de lo ejecutivo o resolutivo, conllevaba tomar decisiones en cuanto a la construcción del catalogó, por medio de contratación de textos o adquisición de textos de otras lenguas para publicar traducciones» (p. 36). Historiar la subjetividad editora femenina implica, primero, debatir todo argumento que pretenda que dicha habilitación no es restrictiva de las mujeres. Por ello resulta indispensable, como lo hacen ver las autoras del informe, constatar «la confirmación de la feminización del trabajo editorial […] [la cual] se visualiza en el elevado número de mujeres que forman parte de los equipos editoriales, incluso en los grandes grupos empresariales» (p. 37), pero sobre todo en la medida en que, como lo demuestra el testimonio de varias de las editoras entrevistadas, «la feminización de la labor en la edición contemporánea se asocia a la precarización laboral, y como consecuencia de condiciones económicas menos redituables» (39). 

Así pues, mientras que, en palabras de una entrevistada, «los hombres hablan siempre en singular», siendo quienes, al final, se quedan con los créditos ante el público por los logros de una u otra editorial o sello, es un hecho que, en la voz de otra editora: «el mundo editorial en América Latina no ha sido nunca un mundo de hombres, sino un mundo lleno de mujeres, pero son los hombres los que salen en la foto. Eso ha cambiado, pero no en el mundo corporativo» (p. 43). Esto nos permite vislumbrar algunos derroteros críticos, por ejemplo, para el ámbito de las investigaciones –y ni qué decir en reseñas de índole más bien periódica– donde pocas veces se considera que una mercancía editorial que, ante el público, aparece como producto del borrado y la superación de las desigualdades de género, tiene, en su proceso productivo, una dinámica propiamente patriarcal. La oferta masificada de autoras, por ejemplo, de la literatura latinoamericana –Luiselli, Scweblin, Enriquez…–, no sólo no logra subsanar dichas instancias desigualmente construidas en la trastienda editorial, sino que de algún modo las replica vis a vis con otras mujeres cuyas obras se editan en editoriales significativamente más pequeñas y menos poderosas que Planeta o Random House.

De esta manera, en palabras de una de las entrevistadas, así como «los superjefes son varones» (p. 44), ¿podemos decir que las «superautoras» producen un efecto de feminización hacia aquellas que publican en editoriales medianas o pequeñas, convirtiendo el salto al gran conglomerado de sellos –absorbidos, por cierto, mediante una lógica que no puede sino concebirse en términos de neocolonialidad, en el sentido en que, como afirma Maurizio Lazzarato, «el primer botín del colonizador es la lengua del colonizado»– en otro techo de cristal? ¿Cómo pensar los casos de la mexicana Brenda Navarro, la ecuatoriana Mónica Ojeda o la uruguaya Fernanda Trías? Nos parece sumamente revelador que esta feminización sea incluso enunciada en la opinión de una editora chilena, quien afirma que hay menos mujeres en el catálogo a su cargo porque «a las mujeres hay que perseguirlas para que envíen manuscritos, en cambio los hombres envían y envían. Las mujeres, quizás por miedo, vergüenza o menos determinación que los hombres, envían mucho menos» (p. 48). Recuperamos las palabras de las propias Szpilbarg y Mihal, para quienes «resulta significativo que una de las editoras entrevistadas mencione que las mujeres no envíen tantos materiales por “miedo o vergüenza”, ya que en algunas otras entrevistas se habla de que las mujeres, por su dedicación a las tareas del hogar, necesitan de más tiempo para finalizar obras para presentar a las editoriales» (p. 48).

Si partimos, pues, del hecho de que una autora publicada en un sello trasnacional tiene, generalmente, un compromiso por más de una obra, mientras que una autora que publica, por ejemplo, en una editorial independiente –la chilanga Polilla Editorial o la madrileña Piezas Azules–, tiene la opción de firmar sólo por dicho material, cabe preguntarse por los problemas sistémicos que persisten en la consideración y el lugar que se le da a unas y otras obras en la crítica. Las autoras del informe lo sintetizan en este cuarto apartado, en el que se evidencia que, allende los resultados cuantitativos, siguen persistiendo «dinámicas de poder que jerarquizan los géneros aún en el presente, sobre todo, en el ámbito corporativo» (p. 50). Entender estas dinámicas resulta fundamental para la crítica, que, a pesar de la extensa oferta editorial, comúnmente toma como casos paradigmáticos sólo aquellas obras de los grandes sellos. 

El hecho de que en el informe se insista en que es el ámbito corporativo –que, recordemos, para el caso de la literatura latinoamericana, está poco menos que monopolizado por los capitales de Bertelsmann y Lara Hernández– donde persisten estas dinámicas de poder, razón estructural de la desigualdad, nos tiene que ayudar a, por lo menos, visibilizar que mientras la finalidad de la edición sea, como lo es bajo el sistema capitalista neoliberal –y, hoy día, bajo el modelo del capital en la nube o «tecnofeudalismo» propuesto por Cédric Durand y Yanis Varoufakis, en consonancia con el «capitalismo de la vigilancia» de Shoshana Zuboff–, la generación de plusvalor, ya sea mediante la ganancia o mediante la renta, la participación de la mujer en los ámbitos productivo y consuntivo no dejará de estar mediada por una instrumentalización de «la mujer» propiamente patriarcal. En suma, debemos cuestionarnos si lo que se nos vende como inclusivo o a veces hasta abiertamente «feminista» lo es en realidad. Y esto lo decimos haciendo eco de Szpilbarg y Mihal, quienes cierran su informe indicándonos la importancia de que «los diagnósticos [de su informe] contribuyan a emprender acciones que sirvan para cerrar las brechas, asimetrías y desigualdades que todavía persisten» (p. 57). Propongo una primera acción: leer y difundir este trabajo de Daniela Szpilbarg e Ivana Mihal. 

 

Esta reseña se publica juntamente con el Blog de l’Escola de Llibreria

martes, 30 de enero de 2024

PERÚ toma medidas contra los defraudadores científicos

Publicado en ScienceInsider
https://www.science.org/content/article/peru-moves-crack-down-scientific-fraudsters 


Perú toma medidas contra los defraudadores científicos

Legislación establece penas por compra de autoría y otras fechorías


21 DE DICIEMBRE DE 2023


POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA



Una versión de este artículo apareció en Science, Vol 383, número 6678.


Los legisladores peruanos están a punto de aprobar una ley que facilitaría la investigación y el castigo de los investigadores que incurran en prácticas editoriales fraudulentas, como pagar para que se añada su nombre a un artículo científico.


La medida se produce en un momento en que la Agencia Nacional de Ciencia de Perú trata de tomar medidas enérgicas contra la compra de autorías y otras prácticas contrarias a la ética. Recientemente ha retirado a dos científicos acusados de infracciones de un registro nacional que es clave para recibir subvenciones del gobierno, ascensos laborales y bonificaciones salariales. Además, las autoridades están investigando a muchos más investigadores a raíz de un informe publicado en octubre en los medios de comunicación en el que se identificaba a 180 personas presuntamente implicadas en fraudes editoriales, entre ellas 72 inscritas en el registro nacional que trabajan en 14 universidades de Perú.


La nueva legislación facultará a las universidades y a los funcionarios del gobierno para disuadir y castigar este tipo de conductas, y dotará a Perú de algunas de las medidas más enérgicas contra el fraude editorial en América Latina. Las prácticas dudosas de publicación "trascienden las meras violaciones éticas" porque permiten a los investigadores obtener financiación pública y privada bajo falsos pretextos, afirma Edward Málaga Trillo, neurobiólogo y congresista, impulsor de los proyectos de ley, que se espera que los legisladores finalicen a principios del próximo año. "Estos individuos están perpetrando un fraude".


Como en muchas otras naciones, la comunidad académica peruana ha estado luchando con una creciente ola de falsos autores y problemas relacionados. Una de las causas, según algunos investigadores, es una ley de 2014 que pretendía estimular la investigación recompensando a los investigadores que aumentaran su producción editorial. Por ejemplo, según un sistema de puntuación utilizado por las universidades, los investigadores pueden ganar cinco puntos por la autoría en una revista de alto impacto, y dos puntos cuando la revista es de menor impacto. Acumular puntos puede reportar primas y ascensos profesionales.


Según los investigadores, la ley crea incentivos perversos. En su reportaje de octubre, los periodistas del programa de televisión Punto Final informaron de que investigadores peruanos pagaban a intermediarios de autoría hasta 500 dólares por añadir sus nombres a artículos que no habían contribuido a escribir. La recompensa puede ser considerable: Algunas universidades privadas con fines de lucro en Perú pagan bonos de publicación de 2,500 dólares, dice la bióloga Gisella Orjeda Fernández, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien dirigió la principal agencia científica de Perú, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), de 2017 a 2020. "Hay todo un ambiente que incuba esta [mala conducta]", dice Orjeda Fernández.


Según el presidente del Concytec, Benjamín Marticorena Castillo, los 72 investigadores presuntamente implicados en el fraude editorial constituyen un "alarmante" 1% de todos los científicos inscritos en el registro nacional de Perú, conocido como Renacyt.


Se descubrió que uno de los dos investigadores que el Concytec ya ha expulsado del registro se había apropiado del currículum vitae de un investigador español y había vuelto a publicar artículos de ese investigador con su propio nombre. El otro investigador expulsado había asumido la identidad de un científico venezolano.


Los responsables del Concytec han pedido a las universidades que aclaren sus relaciones con los 70 investigadores registrados restantes, muchos de los cuales parecen ser profesores no titulares o antiguos alumnos de otras naciones. Si se prueban las acusaciones, dice Marticorena Castillo, "estos individuos están orquestando esquemas criminales; son organizaciones criminales."


Las señales de alarma pueden ser obvias, señala Nahuel Monteblanco, presidente de Cientificos.pe, una asociación de científicos peruanos que investiga la mala conducta científica. Muchos de los trabajos citados por Punto Final tienen numerosos coautores afincados en distintos países y con pocas publicaciones previas sobre el mismo tema. "Si tu colega publica sistemáticamente 20 artículos al año con colaboradores de Nepal, Afganistán, Kuwait o Indonesia, eso es muy sospechoso", dice Monteblanco. "Para un investigador de carrera legítima eso es imposible".


Sin embargo, la legislación vigente otorga al Concytec y a las 93 universidades públicas y privadas de Perú una autoridad limitada para investigar y sancionar estas faltas. Los dos proyectos de ley presentados ahora al Congreso pretenden cambiar esta situación. Uno modificaría una ley que regula las universidades, mientras que el otro otorga nuevas competencias al Concytec. La legislación define el fraude como "plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, informes y cualquier otro producto académico relacionado con la investigación científica". Los investigadores que cometan infracciones menores podrían ser suspendidos del registro nacional de 2 a 5 años, y los que cometan infracciones más graves podrían ser suspendidos permanentemente y potencialmente enfrentarse a cargos penales que conlleven penas de prisión.


Málaga Trillo declaró a ScienceInsider que él mismo fue víctima de un fraude editorial cuando un antiguo colega universitario afirmó falsamente que él y Málaga Trillo habían colaborado en proyectos de investigación y eran coautores de artículos. El colega no fue sancionado formalmente, afirma Málaga Trillo, pero abandonó la universidad tras ser denunciado.


Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Perú, espera que la nueva legislación anime a los investigadores a "sancionar socialmente" y denunciar a los colegas que se desvíen de las normas éticas. "Necesitamos una comunidad científica mucho más fuerte para aislar" a los defraudadores, afirma.


Orjeda Fernández está de acuerdo. "No deberíamos dudar", dice, "en expulsar a los culpables".


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Peru moves to crack down on scientific fraudsters

Legislation sets penalties for buying authorship and other misdeeds



A version of this story appeared in Science, Vol 383, Issue 6678.

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Lawmakers in Peru are poised to approve legislation that would make it easier to investigate and punish researchers who engage in fraudulent publishing practices, including paying to have their names added to a scientific paper.

The move comes as Peru’s national science agency seeks to crack down on authorship buying and other unethical practices. It recently removed two scientists accused of violations from a national registry that is key to receiving government grants, job promotions, and salary bonuses. And officials are investigating many more researchers in the wake of an October media report that identified 180 individuals allegedly involved in publishing fraud, including 72 listed on the national registry who work at 14 universities in Peru.

The new legislation will empower universities and government officials to deter and punish such behavior, and would give Peru some of the strongest measures against publishing fraud in Latin America. Shady publishing practices “transcend mere ethical violations” because they enable researchers to obtain government and private funding under false pretenses, says Edward Málaga Trillo, a neurobiologist and member of Congress who is the driving force behind the bills, which lawmakers are expected to finalize early next year. “These individuals are perpetrating fraud.” 

As in many other nations, Peru’s academic community has been struggling with a rising tide of fake authorship and related problems. One cause, some researchers say, is a 2014 law that aimed to stimulate research by rewarding researchers who boost their publishing output. For example, under a scoring system used by universities, researchers can earn five points for authorship in a high-impact journal, and two points when the journal is lower impact. Amassing points can bring bonus payments and career advancement.

The law creates perverse incentives, researchers say. In their October report, journalists with the TV program Punto Final reported that Peruvian researchers were paying authorship brokers up to $500 to add their names to papers that they did not help write. The reward can be substantial: Some private, for-profit universities in Peru pay publishing bonuses of $2500, says biologist Gisella Orjeda Fernandez of the National University of San Marcos, who led Peru’s lead science agency, the National Council of Science, Technology and Technological Innovation (Concytec), from 2017 to 2020. “There is a whole environment that incubates this [misconduct],” Orjeda Fernandez says.

The 72 researchers that Punto Final alleged were involved in publishing fraud comprise an “alarming” 1% of all scientists on Peru’s national registry, known as Renacyt, says Concytec President Benjamín Marticorena Castillo. 

One of the two researchers that Concytec has already removed from the registry was found to have appropriated the curriculum vitae of a Spanish researcher and republished articles by that researcher under their own name. The other expelled researcher had assumed the identity of a Venezuelan scientist.

Concytec officials have asked universities to clarify their relationships with the remaining 70 registered researchers, many of whom appear to be nontenured lecturers or former students from other nations. If the allegations are proved, Marticorena Castillo says, “These individuals are orchestrating criminal schemes; they are criminal organizations.”

The warning signs can be obvious, notes Nahuel Monteblanco, president of Cientificos.pe, an association of Peruvian scientists that investigates scientific misconduct. Many of the papers cited by Punto Final have numerous co-authors who are based in many different nations and have few prior publications on the same subject. “If your colleague consistently publishes 20 articles a year with collaborators from Nepal, Afghanistan, Kuwait, or Indonesia, that’s highly suspect,” Monteblanco says. “For a legitimate career researcher that is impossible.”  

Existing law, however, gives Concytec and Peru’s 93 public and private universities limited authority to investigate and punish such misconduct. The two bills now before Congress aim to change that. One would amend a law covering universities, whereas the other gives new powers to Concytec. The legislation defines fraud to include “plagiarism, fabrication or falsification of information in publications, projects, reports and any other academic product related to scientific research.” Researchers who commit lesser violations could be suspended from the national registry for 2 to 5 years, and those committing more serious infractions could be permanently suspended and potentially face criminal charges that carry prison sentences.

Málaga Trillo told ScienceInsider that he himself was a victim of publishing fraud when a former university colleague falsely claimed he and Málaga Trillo had collaborated on research projects and co-authored papers. The colleague was not formally sanctioned, Málaga Trillo says, but left the university after being reported.

Alberto Gago, president of the National Academy of Sciences of Peru, hopes the new legislation will embolden researchers to “socially sanction” and report colleagues who deviate from ethical norms. “We need a much stronger scientific community to isolate” fraudsters, he says.

Orjeda Fernandez agrees. “We should not hesitate,” she says, “to expel the guilty.”


martes, 14 de noviembre de 2023

PERÚ: “El problema de fondo son los incentivos creados para la proliferación de publicaciones científicas”

Publicado en El Comercio
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/articulos-cientificos-universidades-peruanas-concytec-cientificos-al-peso-por-carlos-contreras-carranza-columna-noticia/



COLUMNISTAS / Opinión
Carlos Contreras Carranza

Científicos al peso
“El problema de fondo son los incentivos creados para la proliferación de publicaciones científicas”


Reportajes en la televisión y artículos en la prensa han puesto sobre el tapete el problema de las falsas autorías en los artículos científicos y la aparición de un mercado negro alrededor de las publicaciones en revistas indizadas y las tesis universitarias. Pagando algunos cientos o miles de dólares, uno puede figurar como coautor de un artículo publicado en una revista científica u obtener el grado académico que permita ascender en la carrera hasta las posiciones más altas.

Esta anomalía ha proliferado a escala mundial y ha concitado voces de alarma en diversos países. Son varios los problemas que conlleva: genera reconocimientos indebidos en las carreras de los docentes universitarios que desalientan a quienes verdaderamente hacen investigación y ayudan al avance del conocimiento; conduce al desvío o la pérdida de recursos públicos cuando falsos autores reciben subvenciones o bonos por artículos publicados; y llevan a una inflación descontrolada de una producción supuestamente científica, en la medida en que formalmente cumple con una serie de pautas metodológicas, pero que resulta finalmente repetitiva o insustancial.

Por ejemplo, entre los años 2011 y 2021, el Concytec, que es la institución del Estado Peruano encargada de la promoción científica, registró un impresionante crecimiento en el número de artículos publicados por los científicos peruanos en las revistas indexadas en Scopus: de 1.313 a 7.420; es decir, se multiplicó más de cinco veces. El aumento ocurrió sobre todo en las ramas de la medicina y las ciencias de la salud, seguido de las ciencias sociales y las disciplinas agrícolas y biológicas. ¿Reflejó este crecimiento un aumento real de la investigación científica en el país o se trata, más bien, de un efecto creado por la selección de una forma de medición? Parecería más bien lo segundo.

En los reportajes mencionados, así como en el comunicado que recientemente emitió el Concytec, se critica a los profesionales que incurren en la práctica de comprar autorías y se condena a las redes de personas que las venden, pero esperan que el problema se resuelva apelando a la ética de los investigadores y a un mejor control de las propias universidades, cuando son estas las que han creado el problema al seleccionar, calificar y remunerar a sus profesores según el número de sus Scopus. Una conducta a la que son empujadas, a su vez, por un sistema mundial de medición de su calidad basada en el mismo indicador.

El problema de fondo son, pues, los incentivos creados para la proliferación de publicaciones científicas, cuya utilidad y posibilidad de difusión entre la población son casi inexistentes, y los defectos de su reglamentación. Por ejemplo, so pretexto de favorecer el trabajo en equipo, si un artículo es suscrito por seis autores, cada uno reciba el puntaje completo; es decir, el mismo que si lo hubiera escrito en solitario. Si tengo un artículo por publicar, es un desperdicio aparecer como autor yo solo. ¿Por qué no invitar a algún colega amigo para que lo suscriba conmigo?

Desde hace algún tiempo, las universidades e instituciones rectoras de la investigación científica decidieron trasladar a las revistas indizadas la tarea de la evaluación de la calidad de la producción científica de sus profesores y graduandos. En principio, no parecía una mala idea. En el pasado, los científicos eran escasos y su valía, si la tenían, era pública y notoria. Los docentes universitarios eran escogidos y promovidos siguiendo las reglas feudales del parentesco, el compadrazgo y el vasallaje. El conocimiento se difundía mediante libros, cuya publicación no siempre descansaba en la originalidad y rigurosidad de la investigación, sino en la afinidad ideológica o la amistad con las personas que manejaban la editorial. En un nuevo contexto, en el que el número de científicos se multiplicó, reemplazar este régimen por uno en el que la selección y medición de los capaces fuese impersonal y automática pareció un paso adelante.

Las revistas se abrían a recibir colaboraciones de todo el mundo, desplegando un sistema de evaluación anónimo a cargo de personal calificado, seleccionando las de mejor calidad. Parecían garantizar un arbitraje riguroso y sin la parcialidad que supone que la producción de un investigador sea examinada por colegas con los que convive y ha pasado por alianzas y contiendas. La suposición de fondo era que las revistas de los lugares más prestigiosos, por reunir a expertos cosmopolitas, carecían de sesgos nacionales, ideológicos, metodológicos o culturales. Actuaban como guardianes de un modelo científico universal, de modo que lo que les parecía malo o bueno, útil o estéril, debía serlo en cualquier lugar del mundo. Pero esta concepción de la ciencia parece hoy discutible.

En las ciencias sociales es conocida la regla de que la elección de una forma de medición cambia la conducta de las personas a ser examinadas, puesto que estas convierten en objetivo el instrumento de la medición, invalidándolo para ello después de un tiempo. Tal vez ha llegado la hora de que las universidades y los organismos de fomento de la investigación busquen una mejor manera de apreciar la calidad de la investigación científica; probablemente, una en la que el juicio cualitativo recupere un sitial protagónico.


*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Carlos Contreras Carranza es historiador y profesor de la PUCP

viernes, 3 de noviembre de 2023

PERÚ: escándalo de compra de coautorías

Publicado en El Comercio 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/peru-profesores-universitarios-pagan-para-aparecer-como-coautores-de-investigaciones-y-asi-acceder-a-bonos-videos-ultimas-noticia/#google_vignette



Revelan que profesores universitarios pagan para aparecer como coautores de investigaciones cíentificas y así acceder a bonos

Un reportaje mostró que algunos docentes pagan para que sus nombres aparezcan en estudios científicos de otros países.

30/10/2023 

Un reportaje periodístico evidenció que algunos docentes de universidades peruanas han optado por pagar sumas de dinero para aparecer como coautores en investigaciones científicas, ya que eso les permite acceder a bonos que otorga sus centros de estudios.

El programa “Punto Final” indicó que las universidades privadas otorgan bonos de 5 mil a 9 mil soles a los profesores que publiquen investigaciones en revistas científicas internacionales, mientras que en las universidades nacionales se entrega medio sueldo extra.

De acuerdo con el informe, docentes pagan para aparecer como coautores de investigaciones realizadas en otros países y sus supuestos coautores son de Irak, Irán, Arabia Saudita y Uzbekistán.

Concytec indicó que tiene conocimiento de la denominada ‘granja de científicos’ bamba, pero que todavía no tiene capacidad sancionadora. “Nosotros tenemos información que busca nuestro propio personal aquí en Concytec y hacia fuera. Todavía no tenemos la capacidad sancionadora operativizada, pero esperamos que con esta tríada de documentos podamos hacer algo más”, expresó Claudia Córdova, directora de Concytec.

Infiltración en chat

El reportero José Miguel Hidalgo logró ingresar a un chat de WhatsApp en el que se ofrecían las mencionadas coautorías. Él pagó 550 dólares para aparecer en una investigación sobre un análisis de lectoría en estudiantes, pero lo más llamativo es que se trata de alumnos de Grecia.

Otro punto es que los otros coautores de la investigación son de nacionalidad peruana y pertenecen a universidades de Lima, Moquegua, Madre de Dios y de Tumbes.

Caso particular

“Punto Final” mostró el caso de Rosario Mireya Romero Parra, quien cuenta con una licenciatura en Educación, una maestría en Educación Superior y un doctorado en Ciencias de la Educación, pero lo más resaltante es que aparece como coautora en decenas de investigaciones científicas en temas principalmente de medicina. Estas están indexadas a revistas y ella las firma con el sello de la universidad Continental. Al ser consultada, Romero no supo explicar cuál fue su aporte a la investigación y no recordaba los nombres de sus coautores.

Sin embargo, la Universidad Continental señaló que tomó conocimiento sobre la compra de coautorías científicas y la halló responsable, por lo que la separó en agosto.

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Poder e ideología en la catalogación bibliotecaria

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