INDIA se replantea su soberanía en materia de publicación científica: por la infraestructura nacional y la superación del modelo de APC

Publicado en The Hindu
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El mundo está dejando de pagar a las editoriales: India también debería hacerlo

Moumita Koley
Publicado: 23 de junio de 2026

La geopolítica de la publicación científica ha cambiado más en los últimos dieciocho meses que en las dos décadas anteriores. China está construyendo soberanía. Estados Unidos está examinando los costos. Australia está priorizando el acceso abierto inmediato. Europa y África están desarrollando infraestructura pública. América Latina sigue siendo el referente mundial en autosuficiencia. ¿Dónde queda la India?

En el ámbito de las políticas de publicación científica internacional se están produciendo numerosos cambios. En apenas dieciocho meses, entre finales de 2024 y mediados de 2026, Estados Unidos ha sometido a escrutinio congresional la economía de la publicación académica; Australia ha establecido el acceso abierto inmediato como requisito para toda investigación revisada por pares financiada con fondos públicos; Europa ha creado una plataforma pública de publicación denominada Open Research Europe; y China ha comenzado a construir un ecosistema nacional integrado de publicación científica diseñado explícitamente para redirigir el prestigio académico y los ingresos derivados de la publicación, alejándolos de las editoriales extranjeras.

Mientras tanto, la India comprometió 6.000 crores de rupias durante tres años para pagar a esas mismas editoriales el acceso al conocimiento, una parte considerable del cual fue generado por sus propios investigadores.

Este contraste no es casual. Refleja una diferencia fundamental en la forma en que las principales naciones productoras de investigación conciben la soberanía del conocimiento. Y plantea una pregunta que la comunidad de políticas científicas de la India aún no ha respondido con suficiente seriedad: ¿qué vendrá después del programa «One Nation One Subscription» y realmente estamos construyendo ese futuro?

Construir soberanía

Como señalaron Ashutosh Ghildiyal, Ning Zhang, Gareth Dyke y Yanli Wang en The Scholarly Kitchen, la estrategia china es amplia y cuidadosamente diseñada. En su visión, China ya no pretende ser únicamente un gran productor de investigación científica, sino convertirse en un actor central capaz de definir el futuro de la publicación académica.

Para lograrlo, el país está modificando sus sistemas de evaluación científica, desalentando el uso de indicadores como el factor de impacto, invirtiendo en infraestructura editorial, fortaleciendo sistemas confiables de revisión por pares y aumentando la visibilidad internacional de sus revistas. Como resultado, busca posicionar sus publicaciones nacionales para competir directamente con las principales revistas internacionales.

China también ha adoptado políticas destinadas a incentivar que sus investigadores publiquen en revistas nacionales. Entre ellas figuran la evaluación de la investigación por su calidad y por su contribución a las necesidades nacionales, más que por la revista en la que aparece publicada.

Como parte de la segunda fase de su Journal Excellence Action Plan, China está construyendo un ecosistema integrado de publicación científica en el que el financiamiento, las revistas, los sistemas de evaluación, las redes editoriales y los incentivos de política científica se refuercen mutuamente. Su objetivo es crear más de 400 revistas científicas chinas de nivel mundial, recuperar los ingresos editoriales que actualmente fluyen hacia editoriales extranjeras y consolidar plataformas nacionales capaces de competir con revistas como Nature, Science y Cell.

La Academia China de Ciencias, que reúne a más de 50.000 investigadores distribuidos en un centenar de institutos, anunció además a comienzos de 2026 que dejaría de pagar los cargos por procesamiento de artículos (APC) en más de treinta revistas internacionales de alto costo, entre ellas Nature Communications, Science Advances y Cell Reports. Estos APC son las tarifas que cobran las revistas de acceso abierto para publicar artículos y que pretenden compensar los ingresos que dejarían de percibir por suscripciones. Cada una de estas revistas cobra más de 5.000 dólares estadounidenses por artículo.

El mensaje dirigido a las editoriales es inequívoco: China no seguirá subvencionando la economía del prestigio de las editoriales extranjeras mientras desarrolla su propio sistema editorial. El mensaje para sus investigadores también es claro: publicar en revistas nacionales contará para la promoción académica y no deberá considerarse una opción de segunda categoría.

Examinando los gastos

La situación en Estados Unidos es más volátil y, desde el punto de vista ideológico, más compleja. En abril, una audiencia del Congreso reunió a legisladores, investigadores y representantes de la industria editorial para analizar el auge de las fábricas de artículos científicos (paper mills) y los costos de la publicación en acceso abierto. Entre las cuestiones planteadas figuraban si el gobierno estadounidense obtiene un valor suficiente por los miles de millones de dólares que gasta anualmente en suscripciones a revistas y en APC, y si el sistema actual realmente sirve al interés público.

La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) propuso reducir los gastos en suscripciones y publicación de artículos, incluidos los APC y otras tarifas, e incluso sugirió que estos costos dejaran de ser elegibles como gastos financiables con recursos federales. Aunque esta propuesta aún no se ha convertido en política oficial, el hecho es que el gobierno estadounidense ha comenzado a considerar las ganancias de las editoriales científicas —cuyos márgenes de beneficio rivalizan con los de las grandes empresas tecnológicas— como un problema de política fiscal y de transparencia, y no únicamente como una cuestión relacionada con el acceso abierto.

Este escrutinio representa al mismo tiempo una oportunidad de política pública y una advertencia para la India. Si los dos mayores financiadores de investigación del mundo están reconsiderando cuánto y por qué pagan por la publicación científica, el entorno de negociación que durante décadas permitió a las editoriales mantener confidenciales y prácticamente innegociables sus precios está empezando a cambiar.

Un nuevo mandato claro

Australia, por su parte, ha actuado con una claridad que pocos grandes sistemas científicos han mostrado. La Política de Acceso Abierto del Australian Research Council (ARC), especialmente su actualización v2026.1, entró en vigor el 1 de julio de 2026 y exige que todos los artículos científicos y ponencias de congresos derivados de investigaciones financiadas por el ARC sean de acceso abierto inmediato desde el momento mismo de su publicación, sin excepciones.

Un aspecto fundamental es que la responsabilidad de cumplir esta política recae en las instituciones que administran las subvenciones, es decir, las universidades y centros de investigación. La política está armonizada con las exigencias de grandes organismos financiadores internacionales, como los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y el Wellcome Trust del Reino Unido. Esto significa que cuando investigadores australianos colaboran con colegas estadounidenses o británicos, un único mecanismo de retención de derechos satisface simultáneamente los requisitos de todos los financiadores, reduciendo los costos administrativos que anteriormente permitían a las editoriales aprovechar la fragmentación de las políticas entre distintos países.

El ARC introdujo por primera vez esta política en 2013, y la versión de 2026 representa la culminación de una década de evolución, pasando de simples recomendaciones a un mandato obligatorio. Asimismo, hace una referencia explícita al acceso abierto verde (green open access): una vez publicado el artículo, deberá depositarse una copia en un repositorio de acceso abierto. Además de garantizar el acceso público, este procedimiento permite que los autores conserven los derechos sobre sus trabajos.

Infraestructura de propiedad pública

El enfoque europeo es igualmente ambicioso y ofrece una referencia importante para el futuro que la India debería plantearse. En lugar de limitarse a negociar con las editoriales existentes —como ocurre con el programa One Nation One Subscription (ONOS)— o de exigir que los investigadores publiquen en acceso abierto pagando APC, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la solución de largo plazo consiste en crear una infraestructura pública de publicación científica que elimine por completo la dependencia de las editoriales comerciales.

Open Research Europe, la plataforma editorial de la propia Comisión Europea, inicia una nueva etapa respaldada por un presupuesto cercano a 17 millones de euros para el periodo 2026-2031, de los cuales hasta 10 millones de euros serán financiados directamente por la Comisión Europea. La infraestructura tecnológica será operada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Está previsto que la plataforma comience a funcionar como un servicio editorial compartido durante este mismo año. Una vez operativa, los investigadores pertenecientes a once sistemas nacionales de investigación —Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Suiza— podrán publicar sus trabajos sin pagar ningún cargo.

Esto constituye acceso abierto, pero también representa la recuperación, por parte del sistema europeo de investigación, de una función editorial que había sido externalizada a editoriales comerciales durante las últimas cuatro décadas.

Paralelamente a Open Research Europe, Europa ha desarrollado a gran escala el modelo de acceso abierto diamante (diamond open access). En este modelo, las revistas publican artículos de acceso abierto sin cobrar APC a los autores, ya que los costos son asumidos por los organismos financiadores y las instituciones de investigación. Con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación de Francia, el European Diamond Capacity Hub busca fortalecer la infraestructura de publicación en acceso abierto diamante en toda Europa.

Lo que hace —y lo que no hace— ONOS

El programa indio One Nation One Subscription (ONOS), en funcionamiento desde enero de 2025, representó un avance real para resolver un problema urgente. Proporciona acceso a más de 13.000 revistas pertenecientes a 30 editoriales, beneficiando aproximadamente a 6.300 instituciones gubernamentales, académicas y de investigación, mediante un presupuesto comprometido de 6.000 crores de rupias para el periodo 2025-2027. Para los investigadores de instituciones de segundo y tercer nivel que anteriormente no tenían acceso a las revistas esenciales de sus disciplinas, este programa ha supuesto una transformación significativa.

Sin embargo, aunque ONOS resuelve el problema del acceso a la lectura, no resuelve el problema de la publicación. El programa incluye un fondo anual de 150 crores de rupias destinado al pago de APC, financiado con recursos asignados a la investigación, cuyo presupuesto ya muestra signos de reducción. Además, dado que más de la mitad de la producción científica mundial ya está disponible gratuitamente, una parte considerable del contenido al que ONOS paga por acceder ya puede consultarse sin costo alguno. En otras palabras, la India está destinando parte de esos 6.000 crores de rupias a acceder a contenidos que ya son gratuitos y, al mismo tiempo, a subvencionar un modelo de suscripción cuyos fundamentos están siendo abandonados en muchas otras partes del mundo.

El problema estructural es aún más profundo. ONOS carece de transparencia respecto a los precios negociados con las editoriales, las garantías frente a futuros aumentos de costos, las inversiones destinadas a fortalecer las revistas científicas indias y la estrategia que seguirá una vez concluido el programa en 2027. En consecuencia, cada futura negociación se llevará a cabo desde una posición de dependencia demostrada, sabiendo las editoriales que la India no dispone de una alternativa creíble y que el costo político de suspender el acceso mediante ONOS sería demasiado elevado para cualquier gobierno.

En este sentido, ONOS debe entenderse como un puente y no como un destino final.

La aspiración declarada de la India de alcanzar una mayor autosuficiencia resulta incompatible con seguir subvencionando indefinidamente a un reducido grupo de editoriales comerciales extranjeras para acceder a conocimientos producidos por investigadores indios con recursos públicos de la propia India. Una estrategia más adecuada combinaría mandatos inmediatos de acceso abierto verde para la investigación financiada con fondos públicos, políticas de retención de derechos para los investigadores, mayores inversiones en revistas y plataformas editoriales nacionales, transparencia en los gastos destinados a APC y la participación en iniciativas internacionales orientadas al desarrollo de infraestructuras de publicación gobernadas por la propia comunidad científica.

La oportunidad es ahora

La geopolítica de la publicación científica ha cambiado más en los últimos dieciocho meses que en las dos décadas anteriores. China está construyendo soberanía científica. Estados Unidos está examinando críticamente los costos. Australia ha priorizado el acceso abierto inmediato. Europa está construyendo infraestructura pública. África también avanza en el desarrollo de infraestructuras locales, mientras que América Latina continúa siendo el referente mundial en infraestructura editorial autosuficiente y gobernada por la comunidad académica.

La dirección del cambio en todos los grandes sistemas de investigación es la misma: alejarse de la dependencia de las editoriales comerciales y avanzar hacia la propiedad pública, el acceso público y los beneficios públicos del conocimiento.

En este contexto, la India dispone tanto de una oportunidad como de una limitación temporal. ONOS ha demostrado que el Gobierno de la India reconoce el acceso al conocimiento como un bien público digno de una financiación sustancial. Asimismo, la Anusandhan National Research Foundation posee el mandato de reformar las condiciones en que la ciencia india comunica sus resultados. Por ello, la India cuenta hoy con la legitimidad política necesaria para cuestionar las políticas de precios de las grandes editoriales científicas de una forma que habría parecido radical hace apenas cinco años.

Moumita Koley es analista principal de investigación en el Indian Institute of Science, en Bengaluru.

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The world is moving on from paying publishers — India should too The geopolitics of scholarly publishing has shifted more in the last 18 months than in the last two decades. China is building sovereignty. The U.S. is scrutinising costs. Australia is prioritising immediate access. Europe and Africa are building public infrastructure. Latin America remains the leader in self-reliance. Where is India?

Published - June 23, 2026 

Moumita Koley

A number of activities are underway in the global scholarly publishing policy space. Within a span of 18 months, from late 2024 to mid-2026: the United States has placed the economics of academic publishing under Congressional scrutiny, Australia has mandated immediate open access to all publicly funded peer reviewed research, Europe has launched a publicly owned publishing platform called Open Research Europe, and China has begun building an integrated domestic scholarly publishing ecosystem explicitly designed to redirect research prestige and publishing revenue away from foreign publishers. 

India, meanwhile, committed ₹6,000 crore over three years to pay those same publishers for access to knowledge — a considerable part of which was generated by its own researchers.

The contrast is not incidental. It reflects an essential divergence in how the world’s major research-producing nations are thinking about knowledge sovereignty. And it raises a question India’s science policy community has not yet answered with sufficient seriousness: what comes after ‘One Nation One Subscription’ — and are we really building towards it?

Building sovereignty

As Ashutosh Ghildiyal, Ning Zhang, Gareth Dyke, and Yanli Wang wrote in The Scholarly Kitchen, China’s strategy is elaborate. In its vision, the country is no longer simply a major contributor to global research output but is increasingly a central actor shaping the future of scholarly publishing.

To that end, China is changing research evaluation practices by discouraging metrics like the ‘impact factor’, investing in journal infrastructure, instituting a credible peer-review system, and increasing international visibility. (A journal’s impact factor is meant to show its impact on the field based on how much the papers it publishes are cited.) As a result, China wishes to position its domestic journals to compete globally.

The country has also made policy choices to encourage Chinese researchers to publish in domestic journals. They include evaluating research by its quality rather than by the journal it appeared in and paying attention to whether research is addressing national needs.

As part of this upgrade, the second phase of its Journal Excellence Action Plan, China is building an integrated scholarly publishing ecosystem in which funding, publication venues, evaluation systems, editorial networks, and policy incentives reinforce one another. As a result, it plans to create more than 400 world-class Chinese-owned journals, capture publishing revenues currently flowing to foreign publishers, and establish Chinese platforms as credible alternatives to the likes of Nature, Science, and Cell.

The Chinese Academy of Sciences, which has more than 50,000 researchers across 100 institutes, also announced in early 2026 that it would stop paying article processing charges (APCs) for more than 30 high-cost international journals, explicitly including Nature Communications, Science Advances, and Cell Reports. The APC is a fee levied by journals to publish open-access papers; the fee is supposed to ‘compensate’ the revenue the journal will lose since others won’t have to buy the paper to read it. Each of these three journals charges over $5,000 per paper in APCs.

The message to publishers is clear: China will not subsidise the prestige economy of foreign publishers while building its own. The message to its researchers is equally clear: publishing in domestic journals will count for career progression and should not be treated as a second-class choice.

Checking expenses

The situation in the U.S. is more volatile and ideologically complex. A congressional hearing in April brought together lawmakers, researchers, and publishing industry representatives to examine the rise of paper mills and the costs of open-access publishing. The questions included whether the U.S. government is getting enough value for the billions it spends annually on journal subscriptions and APCs, and whether the current system serves the public interest.

The Office of Management and Budget proposed curtailing the subscription and journal publication costs, including APCs and other fees, and suggested disallowing them under federal awards. While policy has yet to be changed, the fact remains that the U.S. government is viewing journal publishers’ profits — and whose margins rival those of Big Tech — as a fiscal and transparency concern rather than solely as an open-access one.

This scrutiny offers both a policy opportunity and a cautionary tale for India. If the world’s two most powerful research-funders are reconsidering what they are paying for scholarly publishing, the negotiating environment that has kept publisher pricing confidential and non-negotiable is beginning to shift.

A clear new mandate

As it happens, Australia has moved with the least ambiguity of any major research system. The Australian Research Council (ARC) Open Access Policy, especially the v2026.1 update, takes effect on July 1, 2026, and requires journal articles and conference papers arising from ARC-funded research to be made openly accessible immediately upon publication, with no exceptions.

Crucially, the compliance burden falls on the organisations administering the grants — i.e. the universities and research institutions. The policy is aligned with large international funding bodies such as the U.S. National Institutes of Health and the Wellcome Trust in the U.K. This matters because it means that when Australian researchers co-author with U.S. or U.K. colleagues, a single rights-retention approach serves all funder requirements simultaneously, reducing the transaction costs that have previously allowed publishers to exploit policy fragmentation across borders.

The ARC first introduced its policy in 2013, and the 2026 version represents the culmination of a decade-long trajectory from encouragement to hard mandate. It is also careful to mention green open access: once ready, a copy of the paper will be archived in an openly accessible repository. Aside from guaranteeing access, doing so will also allow the paper’s authors to retain the rights to it.

Publicly owned infrastructure

Europe’s approach is also ambitious and relevant to what India should be building towards. Instead of negotiating with existing publishers — including the ‘One Nation One Subscription’ scheme — or requiring researchers to publish their papers to be open access by paying an APC, the European Commission has concluded that the long-term solution is to create publicly owned publishing infrastructure that removes commercial publishers from the equation entirely.

Open Research Europe, which is the European Commission’s own publishing platform, is entering a new phase backed by a nearly €17 million budget for 2026-2031, co-funded by the European Commission by up to €10 million. The operating platform will be provided by the European Organisation for Nuclear Research (better known as CERN). The platform is expected to begin operating as a collectively supported publishing service later this year. Once it is live, researchers from 11 participating national research systems — Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland — will be able to publish without paying.

This is open access but it is also the European research ecosystem taking back the publishing function that it had outsourced to commercial publishers over the last four decades.

In parallel with Open Research Europe, Europe has operationalised the diamond open access model at scale. In this paradigm, a journal publishes open access papers without levying an APC; the costs are instead borne by the funders and the research institutions. With some support from the French National Research Agency, the European Diamond Capacity Hub needs to strengthen diamond open-access publishing infrastructure across Europe.

What ONOS does and does not do

India’s ‘One Nation One Subscription’ (ONOS) scheme, which has been operational since January 2025, was a genuine step forward in addressing a real and urgent problem. ONOS provides access to more than 13,000 journals from 30 publishers to approximately 6,300 government, academic, and research institutions at a total committed budget of ₹6,000 crore over three years (2025-2027). For researchers at tier-2 and tier-3 institutions who have never had access to the journals their fields require, this is transformative.

However, while ONOS solves the reading problem, it does not address the publishing problem. ONOS comes with an APC fund of ₹150 crore per year, replenished from what India allocates for research, which is already dwindling. Further, with more than half of research worldwide already being freely accessible, a significant proportion of what ONOS is paying to access is already available at zero cost. That is, India is partly paying ₹6,000 crore to access content that is already free and partly to subsidise a subscription model whose foundations are being dismantled everywhere else in the world.

The structural problem runs deeper. ONOS is opaque on publisher pricing, protection against future cost inflation, investment in Indian journals, and a post-2027 strategy. Every future negotiation is to be conducted from a position of demonstrated dependence, with journal publishers aware that India has no credible alternative — and that the political cost of losing ONOS access is too high for any government to bear.

In this sense, ONOS should be seen as a bridge, not a destination.

India’s stated ambition to become more self-sufficient is inconsistent with indefinitely subsidising a small group of foreign commercial publishers to access knowledge produced by Indian researchers with Indian public funds. A better strategy would be to combine immediate green open-access mandates for publicly funded research, rights retention policies for researchers, more investments in Indian journals and publishing platforms, transparent APC expenses, and participating in international efforts to develop community-governed publishing infrastructure.

Window is now

The geopolitics of scholarly publishing has shifted more in the last 18 months than in the last two decades. China is building sovereignty. The U.S. is scrutinising costs. Australia is prioritising immediate access. Europe is building public infrastructure. Africa is also moving forward with local infrastructure, and Latin America was and still is the leader in self-reliant, community-governed local publishing infrastructure.

The direction of change across every major research system is the same: away from commercial dependencies and towards public ownership, public access, and public benefits.

In this context, India has both an opportunity and a time constraint. ONOS has established that the Government of India recognises knowledge access as a public good worth funding at scale. The Anusandhan National Research Foundation also has a mandate to reform the conditions in which Indian science reports its findings. Thus, India has the political legitimacy to push back against publishers’ pricing in ways that would have seemed radical five years ago.

Moumita Koley is a senior research analyst at the Indian Institute of Science, Bengaluru.