Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2026/07/23/opinion/013a1pol
UNAM: nombrar el fraude y enfrentarlo
Imanol Ordorika
Se apresuraron. Sin la preparación técnica necesaria, sin el blindaje normativo indispensable y corriendo riesgos previsibles desde el diseño mismo, la UNAM aplicó por primera vez de manera completamente en línea el examen de ingreso a licenciatura para casi 160 mil aspirantes. El resultado, ocho semanas después, es una crisis de credibilidad que la propia institución hasta ahora no ha reconocido y que no se atreve a llamar por su nombre.
Los datos son inequívocos. Especialistas en análisis estadístico, entre ellos Eduardo Backhoff, ex consejero presidente del INEE, documentaron que la distribución de aciertos de 2026 se aparta por completo de la curva normal registrada en 2025: puntajes perfectos y casi perfectos, muy pocos en años anteriores, se multiplicaron de forma inexplicable. Otros análisis difundidos en redes sociales, comparando resultados por carrera entre ambos años, apuntan en la misma dirección. La propia UNAM reconoció, desde principios de julio, haber detectado, durante la aplicación de este examen, suplantación de identidad, apoyo externo para resolverlo y la operación de empresas que vendían servicios fraudulentos a las familias, al grado de presentar una denuncia penal el 3 de julio. Sin embargo, el comunicado difundido el 21 de julio por la Rectoría –anunciando apenas un informe y una comisión técnica– es, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, un intento de ocultar la magnitud del problema y de evadir la responsabilidad y el desprestigio de las autoridades.
Ese comunicado no reconoce explícitamente ni la existencia del problema ni la gravedad de la situación: habla de “revisar” y de “atender factores que pudieron intervenir en el desempeño”, un lenguaje aséptico para algo que la propia autoridad ya calificó de posible delito. No ofrece una solución inmediata, ni plazos verificables para el informe o para el trabajo de la comisión: “a la brevedad” no es una fecha, es una promesa sin consecuencias. No asume responsabilidad institucional alguna pese a que fallas de diseño o de vigilancia parecen evidentes. Y, lo más grave, implica que la asignación de lugares para el próximo semestre se basará en los resultados de un proceso que la propia UNAM no puede garantizar como confiable.
Frente a esto, la Universidad no puede eludir tres exigencias simultáneas, igualmente irrenunciables: no se puede aceptar que ingresen quienes hicieron trampa y ocupen de manera ilegítima los lugares de otros aspirantes; no es justo que aspirantes honestos queden fuera porque otros hicieron trampa; y no es posible resolver el problema simplemente ampliando el número de admitidos, tanto porque no borra el fraude como porque, por el tamaño del grupo afectado, resulta logísticamente inmanejable.
No faltan precedentes, tanto de fraudes como de soluciones que otras instituciones han dado. En 2020, ante la evidencia de que los aspirantes compartían preguntas y respuestas por WhatsApp durante su examen en línea, la Universidad Autónoma de Baja California canceló toda la prueba y obligó a repetirla de manera presencial. En India, un primer escándalo de filtración en el examen nacional de admisión a medicina de 2024 llevó a la Corte Suprema a optar por una solución parcial –un nuevo examen sólo para sustentantes con posibles irregularidades–, lo que dejó intacta la desconfianza pública. En 2026, al detectar una filtración similar, el gobierno rectificó: canceló por completo la evaluación y convocó una repetición nacional en la que más de 2 millones de aspirantes volvieron a presentarse. En Argentina, el escándalo de 2025 en el examen único de residencias médicas –con patrones estadísticos tan anómalos como los de la UNAM– llevó a una repetición focalizada de la prueba para los aspirantes con puntajes sospechosos, aunque el carácter parcial de esa medida generó reclamo de quienes debieron examinarse de nuevo. En Perú, la Universidad de San Marcos no canceló su examen virtual de 2020 pese a evidencia de plagio masivo difundido en redes sociales; la inacción alimentó un fraude aún mayor dos años después, que esta vez sí obligó a cancelar todo el proceso de admisión. La lección es consistente: la respuesta tibia no cierra la crisis, la posterga y la agrava.
Nada de esto debería sorprendernos. Hace unas semanas escribí que un examen de opción múltiple, resuelto en tres horas frente a una pantalla, no evalúa vocación ni capacidad intelectual: mide, en el mejor de los casos, una habilidad entrenable que se puede adquirir de manera desigual. Y advertí entonces que, donde un examen estandarizado de alto riesgo concentra semejante poder sobre el futuro de una persona, y donde la oferta de lugares es tan escasa frente a la demanda, es muy factible que florezca un mercado de atajos fraudulentos. El problema no es sólo moral, de aspirantes tramposos; es estructural: se ha construido un embudo tan angosto que incentiva la corrupción del propio mecanismo de selección. Lo ocurrido en julio no contradice esa tesis: la confirma con una precisión que hubiera preferido no tener.
De ahí que la UNAM tenga, ineludiblemente, cuatro tareas por delante. Primero, reconocer públicamente el problema y la gravedad que entraña, sin eufemismos ni medias tintas. Segundo, realizar una auditoría interna y un diagnóstico riguroso que determine el origen real de la anomalía: si se trata de errores técnicos en el conteo de aciertos –hipótesis poco factible dada la magnitud del fenómeno–, de un fraude orquestado desde dentro de la propia institución –que ojalá no sea el caso– o de una acumulación de trampas individuales, quizás alentadas o potenciadas por empresas y “cursos” de preparación que ofrecían atajos ilegítimos –explicable, pero profundamente triste–. Sea cual sea la causa, los números son demasiado grandes para tratarse de casos aislados. Tercero, repetir el examen completo, ahora de manera presencial. Y cuarto, emprender acciones administrativas ejemplares que deslinden responsabilidades y, al mismo tiempo, corrijan lo necesario para evitar que el problema se repita. Actuar así, con transparencia total, con decisiones contundentes y sin proteger a nadie ni ocultar responsabilidades, daría a la UNAM la oportunidad de convertirse en ejemplo de cómo una institución pública enfrenta, con honestidad, una crisis de esta magnitud.
Los datos son inequívocos. Especialistas en análisis estadístico, entre ellos Eduardo Backhoff, ex consejero presidente del INEE, documentaron que la distribución de aciertos de 2026 se aparta por completo de la curva normal registrada en 2025: puntajes perfectos y casi perfectos, muy pocos en años anteriores, se multiplicaron de forma inexplicable. Otros análisis difundidos en redes sociales, comparando resultados por carrera entre ambos años, apuntan en la misma dirección. La propia UNAM reconoció, desde principios de julio, haber detectado, durante la aplicación de este examen, suplantación de identidad, apoyo externo para resolverlo y la operación de empresas que vendían servicios fraudulentos a las familias, al grado de presentar una denuncia penal el 3 de julio. Sin embargo, el comunicado difundido el 21 de julio por la Rectoría –anunciando apenas un informe y una comisión técnica– es, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, un intento de ocultar la magnitud del problema y de evadir la responsabilidad y el desprestigio de las autoridades.
Ese comunicado no reconoce explícitamente ni la existencia del problema ni la gravedad de la situación: habla de “revisar” y de “atender factores que pudieron intervenir en el desempeño”, un lenguaje aséptico para algo que la propia autoridad ya calificó de posible delito. No ofrece una solución inmediata, ni plazos verificables para el informe o para el trabajo de la comisión: “a la brevedad” no es una fecha, es una promesa sin consecuencias. No asume responsabilidad institucional alguna pese a que fallas de diseño o de vigilancia parecen evidentes. Y, lo más grave, implica que la asignación de lugares para el próximo semestre se basará en los resultados de un proceso que la propia UNAM no puede garantizar como confiable.
Frente a esto, la Universidad no puede eludir tres exigencias simultáneas, igualmente irrenunciables: no se puede aceptar que ingresen quienes hicieron trampa y ocupen de manera ilegítima los lugares de otros aspirantes; no es justo que aspirantes honestos queden fuera porque otros hicieron trampa; y no es posible resolver el problema simplemente ampliando el número de admitidos, tanto porque no borra el fraude como porque, por el tamaño del grupo afectado, resulta logísticamente inmanejable.
No faltan precedentes, tanto de fraudes como de soluciones que otras instituciones han dado. En 2020, ante la evidencia de que los aspirantes compartían preguntas y respuestas por WhatsApp durante su examen en línea, la Universidad Autónoma de Baja California canceló toda la prueba y obligó a repetirla de manera presencial. En India, un primer escándalo de filtración en el examen nacional de admisión a medicina de 2024 llevó a la Corte Suprema a optar por una solución parcial –un nuevo examen sólo para sustentantes con posibles irregularidades–, lo que dejó intacta la desconfianza pública. En 2026, al detectar una filtración similar, el gobierno rectificó: canceló por completo la evaluación y convocó una repetición nacional en la que más de 2 millones de aspirantes volvieron a presentarse. En Argentina, el escándalo de 2025 en el examen único de residencias médicas –con patrones estadísticos tan anómalos como los de la UNAM– llevó a una repetición focalizada de la prueba para los aspirantes con puntajes sospechosos, aunque el carácter parcial de esa medida generó reclamo de quienes debieron examinarse de nuevo. En Perú, la Universidad de San Marcos no canceló su examen virtual de 2020 pese a evidencia de plagio masivo difundido en redes sociales; la inacción alimentó un fraude aún mayor dos años después, que esta vez sí obligó a cancelar todo el proceso de admisión. La lección es consistente: la respuesta tibia no cierra la crisis, la posterga y la agrava.
Nada de esto debería sorprendernos. Hace unas semanas escribí que un examen de opción múltiple, resuelto en tres horas frente a una pantalla, no evalúa vocación ni capacidad intelectual: mide, en el mejor de los casos, una habilidad entrenable que se puede adquirir de manera desigual. Y advertí entonces que, donde un examen estandarizado de alto riesgo concentra semejante poder sobre el futuro de una persona, y donde la oferta de lugares es tan escasa frente a la demanda, es muy factible que florezca un mercado de atajos fraudulentos. El problema no es sólo moral, de aspirantes tramposos; es estructural: se ha construido un embudo tan angosto que incentiva la corrupción del propio mecanismo de selección. Lo ocurrido en julio no contradice esa tesis: la confirma con una precisión que hubiera preferido no tener.
De ahí que la UNAM tenga, ineludiblemente, cuatro tareas por delante. Primero, reconocer públicamente el problema y la gravedad que entraña, sin eufemismos ni medias tintas. Segundo, realizar una auditoría interna y un diagnóstico riguroso que determine el origen real de la anomalía: si se trata de errores técnicos en el conteo de aciertos –hipótesis poco factible dada la magnitud del fenómeno–, de un fraude orquestado desde dentro de la propia institución –que ojalá no sea el caso– o de una acumulación de trampas individuales, quizás alentadas o potenciadas por empresas y “cursos” de preparación que ofrecían atajos ilegítimos –explicable, pero profundamente triste–. Sea cual sea la causa, los números son demasiado grandes para tratarse de casos aislados. Tercero, repetir el examen completo, ahora de manera presencial. Y cuarto, emprender acciones administrativas ejemplares que deslinden responsabilidades y, al mismo tiempo, corrijan lo necesario para evitar que el problema se repita. Actuar así, con transparencia total, con decisiones contundentes y sin proteger a nadie ni ocultar responsabilidades, daría a la UNAM la oportunidad de convertirse en ejemplo de cómo una institución pública enfrenta, con honestidad, una crisis de esta magnitud.
