Publicado en Science
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La mayor organización de investigación de España enfrenta su pasado más oscuro El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado durante la dictadura de Francisco Franco, publica las historias de unos 500 investigadores y trabajadores represaliados tras la Guerra Civil
10 de julio de 2026
Por Elisabeth Pain
En febrero de 1937, el biólogo evolutivo J.B.S. Haldane publicó una carta en la que elogiaba la resiliencia de sus colegas del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid durante la Guerra Civil española. Destacó especialmente a Antonio de Zulueta y Escolano, director del museo y una de las principales figuras españolas de la entonces naciente genética experimental.
«En los intervalos entre esconder en los sótanos los objetos más valiosos del museo de biología», escribió Haldane, Zulueta «continuaba su trabajo sobre el escarabajo polimórfico Phytodecta variabilis».
Sin embargo, cuando Francisco Franco tomó el poder en 1939, la carrera de Zulueta quedó abruptamente truncada. Los vínculos políticos de su familia con el derrotado gobierno republicano y sus traducciones de obras como El origen de las especies, de Charles Darwin, probablemente contribuyeron a que fuera destituido inmediatamente como director del museo, explica su bisnieta, Concepción Cortés Zulueta.
«Todo ese conocimiento (...) era considerado peligroso y degenerado» por el gobierno fascista de Franco.
Dos años más tarde recuperó su puesto docente en el laboratorio, pero nunca volvió a desarrollar plenamente su carrera como investigador.
Zulueta es uno de los cientos de investigadores, profesores y trabajadores de apoyo cuyas historias fueron hechas públicas la semana pasada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la mayor institución pública de investigación de España. La iniciativa responde a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que exige un mayor reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Todos ellos habían pertenecido a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), organismo precursor del CSIC. La JAE fue disuelta por Franco al final de la guerra y sustituida por el CSIC, creado para promover la ideología del nuevo régimen.
«Esta era una deuda histórica de la institución», escribió Ana Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en una declaración enviada a Science.
Poner nombre a quienes sufrieron represalias y reconocer públicamente su persecución «constituye un paso necesario para comprender la historia de la ciencia española en toda su complejidad y reconocer a quienes fueron injustamente excluidos de ella».
Fundada en 1907 por el gobierno español y dirigida por el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, la JAE modernizó la ciencia española mediante el envío de investigadores al extranjero para su formación y la creación de una red de nuevos centros de investigación.
Tres décadas después, cuando Franco la disolvió, toda su infraestructura y financiación pública fueron transferidas al CSIC, una institución creada por el régimen con el propósito de reunificar ciencia y fe y promover el nacionalismo español.
El personal de la JAE fue depurado como parte de «una completa reconfiguración del tejido institucional y científico español basada en la censura, el miedo y el control social», señaló la historiadora de la ciencia Ana Romero de Pablos durante la presentación oficial del proyecto el 1 de julio.
España evitó durante décadas afrontar el legado del franquismo. Aunque algunas investigaciones individuales habían estudiado el destino de determinados científicos destacados, lo ocurrido con la mayoría de los miembros de la JAE era prácticamente desconocido, incluso para sus propias familias.
Para reconstruir sus historias, Romero de Pablos y su equipo examinaron trece archivos públicos y privados que conservaban expedientes de depuración, documentos utilizados para evaluar la adhesión política, religiosa e intelectual de los miembros de la JAE a los valores del régimen franquista.
El resultado es una base de datos que reconstruye las trayectorias de más de 500 investigadores, técnicos, personal administrativo y de servicios, docentes y estudiantes.
Las personas fueron sancionadas por motivos muy diversos: desde no apoyar al régimen franquista hasta realizar investigaciones contrarias a los dogmas católicos, impartir cursos en el extranjero o incluso desafiar normas culturales, como el simple hecho de que una mujer llevara pantalones.
En conjunto, alrededor del 40 % de los miembros de la JAE desaparecieron del sistema científico español.
Algunos «partieron al exilio y otros fueron sometidos a consejos de guerra», llegando incluso a morir en prisión, explica Romero de Pablos.
Otros tuvieron que reconstruir su vida profesional fuera del ámbito académico.
Un reducido número logró reincorporarse plenamente al CSIC, pero la mayoría de quienes fueron admitidos en la nueva institución sufrió distintos tipos de sanciones.
Según los archivos, Zulueta fue suspendido temporalmente con la mitad de su salario y, aunque pudo reincorporarse en 1941, nunca volvió a ocupar cargos de dirección.
Para la historiadora Alba Fernández Gallego, de la Universidad de Valencia, el proyecto constituye «una iniciativa sólida, necesaria y muy prometedora».
No obstante, considera que la base de datos debería distinguir mejor los diferentes papeles desempeñados por los miembros de la JAE tras la Guerra Civil.
«Las personas represaliadas aparecen junto a otras que desempeñaron un papel activo en las propias depuraciones», señala.
Ana Crespo coincide en que la plataforma debería ofrecer un mayor contexto histórico, aunque destaca positivamente que permita a los visitantes aportar comentarios y correcciones.
Desde la muerte de Franco en 1975, el CSIC ha recorrido un largo camino respecto a sus orígenes.
Durante la transición democrática, «los investigadores y el personal del CSIC desempeñaron un papel muy relevante en la construcción de la política científica de la democracia», afirma la presidenta del organismo, Eloísa del Pino.
Sin embargo, conocer lo ocurrido durante las depuraciones constituye un ejercicio imprescindible «para reconciliarnos con nuestro pasado», añade.
Concepción Cortés Zulueta, investigadora en humanidades que hoy trabaja junto a biólogos evolutivos en el mismo museo donde trabajó su bisabuelo, considera que iniciativas como esta tienen un efecto reparador para las familias y resultan saludables para un país que aún permanece dividido respecto a su pasado.
Además, el proyecto constituye un recordatorio contundente de que las instituciones científicas suelen ser unas de las primeras víctimas de las dictaduras, señala Del Pino.
«Debemos ser conscientes de lo que implican estos procesos totalitarios y de que ninguna sociedad está completamente a salvo de que algo semejante vuelva a ocurrir.»
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ScienceInsiderPeople & Events
Spain's largest research organization confronts its dark past
Spanish National Research Council, established under Francisco Franco’s dictatorship, has published the stories of some 500 researchers and support staff purged after civil war
10 Jul 2026
By Elisabeth Pain
In February 1937, evolutionary biologist J.B.S. Haldane published a letter commending his colleagues at the National Museum of Natural Sciences in Madrid for their resilience during the raging civil war. He singled out Antonio de Zulueta y Escolano, the museum’s director and a leading Spanish figure in the nascent field of experimental genetics. “In the intervals of hiding the more precious contents of the biological museum in cellars,” Haldane wrote, Zulueta “was continuing his work on the polymorphic beetle Phytodecta variabilis.”
But, when Francisco Franco took power in 1939, Zulueta’s career was abruptly derailed. His family’s political ties with the defeated Republican government and his translations of books such as Darwin’s The Origin of Species probably contributed to him being immediately removed as museum director, says his great-granddaughter, Concepción Cortés Zulueta. “All this knowledge … was considered dangerous and degenerate” under Franco’s fascist government. The scientist recovered his laboratory teaching position 2 years later, but his research career never took off again.
Zulueta is one of hundreds of researchers, professors, and support staff whose tragic stories were released to the public last week by the Spanish National Research Council (CSIC), the country’s largest public research institution, under a 2022 law that called for greater recognition of all the victims of the civil war and Francoist dictatorship. All had been affiliated with the Board for the Advancement of Studies and Scientific Research (JAE), CSIC’s precursor. JAE was dissolved by Franco toward the end of the war and replaced with the CSIC to promote the new government’s ideologies.
“This was a historical debt of the institution,” Ana Crespo, president of the Royal Academy of Sciences of Spain, wrote in a statement to Science. Putting a name to the people who suffered reprisals and publicly acknowledging their persecution “constitutes a necessary step to understand the history of Spanish science in all its complexity and to recognize those who were unjustly excluded from it.”
Created in 1907 by the government and led by Spanish Nobel laureate Santiago Ramón y Cajal, the JAE modernized Spanish science by sending members for training abroad and creating a network of new research centers. When it was dissolved by Franco 3 decades later, JAE’s infrastructure and public funding were handed over to the CSIC, which the regime had created to reunite science and faith and to promote Spanish nationalism. JAE’s staff was purged as part of “a complete reconfiguration of the Spanish institutional and scientific fabric [based on] censorship, fear, and social control,” science historian Ana Romero de Pablos noted at the launch event on 1 July.
Spain generally avoided addressing the legacy of Francoism until recently, and although individual research projects had focused on the fate of a few elite scientists, what happened to most JAE members was little known, even within their own families. To bring all their stories to life, Romero de Pablos and her colleagues dug into 13 public and private archives of “depuracíon” files documenting how JAE members were vetted for their political, religious, and intellectual alignment with Franco’s values.
The resulting database retraces the trajectories of more than 500 researchers, support and service staff, teachers, and students. Individuals were purged or punished for a variety of perceived offenses, from not supporting the Francoist regime to pursuing research that contradicted Catholic dogmas, giving workshops abroad, or even simply challenging cultural norms—such as wearing trousers as a woman.
Ultimately, about 40% of all JAE members were lost to Spanish research. Some “went into exile and [some] underwent military trials,” even dying in jail, Romero de Pablos says. Others had to rebuild their careers outside of academia. A few scientists were fully reintegrated into the CSIC, but most of those allowed into the new organization were faced with a range of penalties. According to the archive, Zulueta, for instance, was suspended with half of his salary for a while, and then allowed to return in 1941, but without access to institutional leadership positions.
The project is “a solid, necessary, and very promising initiative,” says historian Alba Fernández Gallego of the University of Valencia. But she says the database should better differentiate between the roles that the JAE members played in the aftermath of the civil war. “Those who were repressed appear alongside others who played an active role in the purges,” she says. Crespo agrees the platform should provide more contextual information, but applauds it for allowing visitors to offer comments and corrections.
Since the death of Franco in 1975, the CSIC has come a long way from its origins. During Spain’s transition to democracy, “the researchers and staff of the CSIC … played a very relevant role in designing the political science of the democracy,” says CSIC President Eloísa del Pino. But finding out what happened during the purge is an important exercise “to reconcile us with our past,” she says.
Cortés Zulueta, a humanities researcher who works alongside evolutionary biologists at the very same museum as her great-grandfather, says that initiatives like the CSIC’s platform are validating and healing for families, and healthy for a country that is still divided about its past. The project also offers a stark reminder of how scientific institutions are often the first victims of dictatorships, del Pino says. “We must be aware of what these totalitarian processes entail, and that no society is safe from the possibility of these things happening again.”
doi: 10.1126/science.zqp82gn
Relevant tags:About the author Elisabeth PainElisabeth Pain is contributing editor for Europe.
