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martes, 16 de junio de 2026

ALEMANIA: corte declara inconstitucional mandato de Acceso Abierto. Se enredan los derechos con las versiones finales de publicación

Publicado en The Scholarly Kitchen
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2026/06/16/academic-freedom-for-the-win-open-access-mandate-in-germany-declared-unconstitutional/?informz=1&nbd=567d61ec-36ea-4197-85eb-43e2bd36d175&nbd_source=informz 





La libertad académica prevalece: el mandato de acceso abierto en Alemania es declarado inconstitucional

Por Roy Kaufman
16 de junio de 2026

El 24 de marzo de 2026, en respuesta a una demanda presentada por diecisiete académicos, un tribunal alemán dictaminó que el requisito obligatorio de depósito de manuscritos de artículos impuesto por el estado federado de Baden-Wurtemberg a los investigadores que trabajan o están afiliados a instituciones educativas dentro de ese estado era nulo desde su origen (void ab initio). Los demandantes habían alegado que dicho requisito vulneraba sus derechos, incluidos la libertad de expresión y la libertad académica.

Este caso surgió en el marco de la Ley Alemana de Derechos de Autor y está relacionado con el denominado “derecho de publicación secundaria” (Secondary Publication Right, SPR). El SPR, que actualmente está siendo examinado por la Comisión Europea, es en cierto modo una denominación engañosa. En esencia, establece que un autor de un artículo científico no puede ceder legalmente derechos exclusivos sobre su obra sin conservar el derecho a publicar también el artículo en línea, normalmente en la versión aceptada del manuscrito, algunos meses después de su publicación inicial.

El 24 de marzo de 2026, en respuesta a la demanda presentada por diecisiete académicos, un tribunal alemán resolvió que el requisito obligatorio de depósito de manuscritos impuesto por el estado de Baden-Wurtemberg a investigadores vinculados con instituciones educativas del estado era nulo desde su origen. Los demandantes sostenían que esta obligación infringía sus derechos fundamentales, incluidos la libertad de expresión y la libertad académica.

Este caso surgió a partir de la Ley Alemana de Derechos de Autor y está relacionado con el denominado “derecho de publicación secundaria” (Secondary Publication Right, SPR). El SPR, que actualmente está siendo considerado por la Comisión Europea, es en cierto modo una denominación engañosa. En esencia, el SPR establece que el autor de un artículo científico no puede ceder legalmente derechos exclusivos sobre dicho artículo sin conservar al mismo tiempo el derecho de publicarlo también en línea, normalmente en la versión aceptada del manuscrito y algunos meses después de su publicación inicial.

Por ejemplo, el artículo 38(4) de la Ley Federal Alemana de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Urheberrechtsgesetz – UrhG) reconoce un SPR para los autores de trabajos académicos derivados de investigaciones financiadas al menos en un 50 % con fondos públicos y publicados en una recopilación (es decir, una revista científica) que aparezca al menos dos veces al año. En virtud de esta ley federal, los autores conservan el derecho de poner a disposición del público, con fines no comerciales, las versiones aceptadas de sus manuscritos 12 meses después de la publicación inicial, incluso si han otorgado derechos exclusivos a la editorial.

Aunque el SPR se presenta como un “derecho”, en realidad constituye una limitación de derechos. Según el derecho de autor, un autor tiene el derecho de publicar su obra, de conceder licencias no exclusivas sobre ella o de conceder licencias exclusivas para fines determinados (cabe señalar que la legislación alemana difiere de la estadounidense en que los autores nunca pueden desprenderse completamente de sus derechos de autor. En la práctica, una licencia exclusiva equivale a una transferencia de derechos según el derecho estadounidense). El SPR limita esta última facultad.

Si bien podría argumentarse que, dadas las características económicas de la publicación de revistas científicas —en las que los autores normalmente no reciben remuneración—, el SPR beneficia a los autores, vale la pena analizar la cuestión con más detenimiento. En primer lugar, imaginemos que, para cualquier otro tipo de contenido, el Estado restringiera la libertad contractual de tal manera que no fuera posible conceder derechos exclusivos con seguridad. En esas circunstancias sería difícil publicar un libro o producir una película.

Aunque muchas editoriales de revistas permiten algún tipo de archivo de los manuscritos aceptados, el SPR elimina la discrecionalidad de las partes y restringe la libertad de elección.

Como puede verse en el caso de Baden-Wurtemberg, lo que comienza como una medida de “protección de los autores” puede convertirse rápidamente en una obligación para ellos. Los demandantes no se opusieron a la aparentemente inocua “retención de derechos” hasta que esta se transformó en una supresión de derechos de facto (si no de jure). Muchas personas dentro de nuestro sector consideran que la imposición de una obligación de depósito constituye el objetivo final —aunque rara vez se declare explícitamente— de muchos defensores del derecho de publicación secundaria (SPR).

Como señaló el tribunal de Baden-Wurtemberg, una cosa es que el SPR impida a los autores ceder de manera exclusiva sus derechos a las editoriales y otra muy distinta que posteriormente se les obligue a ejercer esos derechos como condición para su empleo o afiliación institucional. Tal como se expresa en el comunicado de prensa en inglés del tribunal:

“El hecho de que los destinatarios de la disposición se limiten a personas vinculadas a la educación superior no altera el hecho de que las personas afectadas sean llamadas a ejercer sus derechos legales de publicación secundaria, que les pertenecen como autores de los correspondientes trabajos académicos”.

Cualesquiera que hayan sido sus intenciones, el SPR probablemente contribuirá principalmente al deterioro del registro científico. No conduce al lector a la versión autorizada y definitiva del trabajo publicado. Compite con la vía dorada del acceso abierto (gold open access) como un camino defectuoso hacia el acceso abierto. Genera riesgos de control de versiones y aumenta la probabilidad de que distintas versiones sean utilizadas indiscriminadamente por sistemas de inteligencia artificial.

La cuestión constitucional surgió porque en Alemania (al igual que en Estados Unidos) el derecho de autor es una materia federal y de rango constitucional, y los Länder (estados federados) no pueden aprobar leyes que entren en conflicto con la legislación federal. Desde el punto de vista jurídico, esta era una cuestión más sencilla de resolver que determinar si la propia legislación federal sobre derechos de autor podría exigir a los autores depositar versiones de sus trabajos en repositorios. Esto constituiría una imposición novedosa que limitaría derechos protegidos por el derecho de autor y requeriría un examen cuidadoso de la legislación nacional —incluidas las disposiciones relativas a la expropiación o privación de derechos (takings clauses)— así como de las obligaciones derivadas de tratados internacionales.

De este modo, el tribunal alemán también logró evitar otra cuestión compleja: cómo aplicar el SPR cuando existen múltiples autores y solo algunos de ellos están sujetos a la obligación de depósito.

Todo ello ayuda a explicar el interés de la Comisión Europea por el SPR. Sus defensores no promueven esta figura para otorgar a los autores un nuevo “derecho”; lo hacen para alimentar repositorios de depósito obligatorio. Si finalmente la Unión Europea concluye que el SPR cumple alguna función legítima y decide impulsar este concepto entre los Estados miembros, es casi seguro que veremos mucha más litigación sobre el tema.

Por ahora, la primera ronda la han ganado los académicos.


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Academic Freedom for the Win; Open Access Mandate in Germany Declared Unconstitutional


By Roy Kaufman


Jun 16, 2026


On March 24, 2026, in response to a lawsuit by seventeen academics, a German Court ruled that a mandatory article manuscript deposit requirement imposed by the German State of Baden-Württemberg on researchers working or affiliated with educational institutions within the state was void ab initio. The plaintiffs had alleged that the deposit requirement infringed their rights, including the rights to free expression and academic freedom.

This case arose out of the German Copyright Act and relates to the so-called right to “secondary publication right” or “SPR.” SPR, which is currently under consideration by the European Commission, is a bit of a misnomer. SPR essentially provides that an author of a scientific article cannot legally convey exclusive rights in an article without retaining a right to also post the article online, typically in the accepted manuscript form some months after initial publication.

On March 24, 2026, in response to a lawsuit by seventeen academics, a German Court ruled that a mandatory article manuscript deposit requirement imposed by the German State of Baden-Württemberg on researchers working or affiliated with educational institutions within the state was void ab initio. The plaintiffs had alleged that the deposit requirement infringed their rights, including the rights to free expression and academic freedom. 

This case arose out of the German Copyright Act and relates to the so-called right to “secondary publication right” or “SPR.” SPR, which is currently under consideration by the European Commission, is a bit of a misnomer. SPR essentially provides that an author of a scientific article cannot legally convey exclusive rights in an article without retaining a right to also post the article online, typically in the accepted manuscript form some months after initial publication.

For example, § 38(4) of the federal German Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG) provides an SPR for authors of academic papers resulting from research that is at least 50% publicly funded and published in a collection (i.e., a journal) appearing at least twice a year. Under this federal law, authors retain the right to make papers in accepted manuscript versions publicly available for non-commercial purposes 12 months after the initial publication, even if they have granted the publisher exclusive rights.

While SPR is styled as a “right,” it is actually a limitation on rights. Under copyright law, an author has the right to post her work, license her work non-exclusively, or license her work exclusively for defined purposes (note that German law differs from US law in that authors may never fully divest themselves of copyright. In practice, an exclusive license corresponds to a US law transfer of rights). SPR limits the last right. While one could argue that, given the economics of journal publishing (in which authors are typically not paid), SPR benefits the authors, it is worth analyzing this further. First, imagine that for any other content, the state limited your freedom to contract such that you could not safely grant exclusive rights. It would be hard to get a book published or film made under those circumstances. While many journal publishers allow some archiving of accepted manuscripts, SPR removes discretion and limits choice. 

As can be seen in the Baden-Württemberg case, what begins as “author protection” can quickly become an author obligation. The plaintiffs did not object to the seemingly benign “rights retention” until it morphed into de facto (if not de jure) “rights removal.” Many in our industry believe that the imposition of a deposit obligation is the ultimate if unstated goal of many SPR advocates.

As the Court in Baden-Württemberg noted, it is one thing for SPR to prevent authors from exclusively giving their rights to publishers and wholly another to then mandate the exercise of those rights as a condition of employment or affiliation. As set forth in the English-language press release of the Court: “That the addressees of the provision are limited to persons involved in higher education does not alter the fact that the affected persons are called on to exercise their legal rights to secondary publication which belong to them as authors of the relevant academic papers.” Whatever the intentions, SPR is mainly going to contribute to the degradation of the record of science. It does not deliver the reader to the authoritative version of record. It competes with gold road as a flawed path to OA. It creates version-control risks. And it increases the likelihood of indiscriminate use in AI systems.

The Constitutional issue arose from the fact that in Germany (as in the US), copyright is a federal, constitutional matter and Lander (states) are not allowed to pass laws in conflict. This was an easier question legally than sorting whether federal copyright law could, in itself, require authors to post versions in repositories. That would be a novel imposition in derogation of copyright and one which would require a careful review of national law — including takings clauses — and international treaty obligations. The German Court also thereby managed to sidestep the thorny issue of how to address the SPR where there are multiple authors, only some of whom are covered by the deposit obligation.

This leads to the European Commission’s fascination with SPR. Advocates are not pushing for SPR so that authors have a new “right;” they are doing it to feed mandated repositories. If the EU ultimately concludes that SPR serves some valid purpose and pushes this concept on EU member states, we will certainly see a lot more litigation. As of today, Round 1 goes to the academics.

Roy Kaufman

Roy Kaufman is Managing Director of both Business Development and Government Relations for the Copyright Clearance Center (CCC). Prior to CCC, Kaufman served as Legal Director, John Wiley and Sons, Inc. He is a member of, among other things, the Bar of the State of New York, the Author’s Guild, and the editorial board of UKSG Insights. Kaufman also advises the US Government on international trade matters through membership in International Trade Advisory Committee (ITAC) 13 – Intellectual Property and the Library of Congress’s Copyright Public Modernization Committee in addition to serving on the Board of the United States Intellectual Property Alliance (USIPA).


lunes, 18 de mayo de 2026

ELSEVIER vs META-Zuckerberg: ladrón que roba a ladrón... o la defensa del negocio de los artículos científicos

Publicado en THE Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/news/open-season-scholars-rights-if-elsevier-loses-meta-fight



«Se abrirá la veda» sobre los derechos de los investigadores si Elsevier pierde la batalla contra Meta


Según los expertos, una derrota del gigante editorial en su demanda judicial sobre el rastreo mediante IA dificultará mucho más que los investigadores puedan controlar cómo se utilizan sus trabajos


Publicado el 15 de mayo de 2026


Mientras que la editorial académica más grande del mundo se ha enfrentado a boicots y a dimisiones masivas de editores de revistas debido a las preocupaciones sobre sus precios y márgenes de beneficio, el anuncio de Elsevier de que se une a una demanda colectiva junto con otras cuatro editoriales importantes para demandar a Meta y a su fundador, Mark Zuckerberg, por «infracción deliberada de millones de obras textuales… para desarrollar los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) Llama de Meta» podría atraer un apoyo significativo de la comunidad académica, según afirmó Alina Trapova, profesora de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UCL. 


«Puede que los académicos no hayan considerado a Elsevier como la editorial más favorable a lo largo de los años, pero ahora parece que está luchando por los derechos de los autores», declaró Trapova a Times Higher Education con motivo de la primera demanda relacionada con la inteligencia artificial (IA) presentada por varias editoriales líderes.


Alegaban que Meta había recopilado millones de artículos y libros pirateados ilegalmente para entrenar su modelo de IA generativa, el cual, a su vez, había devuelto a Internet unos 40 terabytes de datos, equivalentes a unos 5 millones de libros. Muchos de los resúmenes de Llama sobre resultados de investigación contienen alucinaciones e inexactitudes que podrían dañar la credibilidad de los académicos, afirma Elsevier. 


«Para los académicos, obtener reconocimiento a través de la atribución es realmente importante. Necesitamos que esas atribuciones nos lleguen a nosotros, en lugar de que nuestro trabajo acabe convertido en resúmenes anónimos generados por IA o en una simple alucinación», afirmó Trapova al explicar por qué los académicos se pondrán del lado de Elsevier.


Meta alega que el uso que hace de los artículos para entrenar su LLM constituye un «uso legítimo», pero, de aceptarse, esto ignoraría los derechos de los autores sobre sus propios materiales, que Elsevier ha tratado de gestionar mediante acuerdos individuales, continuó Trapova.   


«Se ha pedido a los colaboradores que firmen estos documentos indicando si permiten que su trabajo se utilice en diferentes contextos; Meta ha interpretado este acuerdo en el sentido de que “podemos hacer lo que queramos con este trabajo”, lo cual es una maniobra realmente desagradable», afirmó.


En este sentido, «está en juego la integridad académica», aunque «este no es el aspecto central de la demanda», continuó Trapova.


«Para Elsevier, esta demanda tiene como objetivo principal proteger su modelo de negocio, y los derechos de autor son el mecanismo legal para hacerlo. Pero también velará por los intereses de los autores y creadores», afirmó.


Aunque a muchos académicos les resulte difícil simpatizar con Elsevier —cuya empresa matriz, RELX, tiene una capitalización bursátil de 43 000 millones de libras—, la defensa jurídica de sus intereses económicos podría contribuir a reforzar el control que los autores tienen sobre sus obras y el uso que se hace de ellas, señaló Trapova. «El caso no se centra principalmente en la integridad de la investigación: el marco jurídico de EE. UU. tiene un aspecto moral, pero las protecciones en este ámbito son mucho más débiles. Por eso, lo que realmente se debate en los tribunales gira en torno a la pérdida económica», afirmó.


Emily Hudson, profesora de Derecho en la Universidad de Oxford, cuya investigación se centra en los derechos de propiedad intelectual, coincidió en que los académicos se pondrán en su mayoría del lado de Elsevier.



«Hay mucho apoyo... a las acciones legales contra las empresas tecnológicas», explicó Hudson, y añadió: «Esto no quiere decir que los académicos estén en contra del uso y el desarrollo de la IA en sí. Más bien, creo que la preocupación se refiere a cómo se está utilizando la IA».


«Si un investigador quiere utilizar mis artículos para, por ejemplo, desarrollar una IA que ayude a diagnosticar enfermedades, entonces me parecería bien que lo hiciera de forma gratuita y, de hecho, sin pedirme permiso. Por otro lado, me sentiría mucho menos cómoda si una empresa tecnológica utilizara el mismo conjunto de artículos para desarrollar un producto de IA generativa que ayude a los usuarios a redactar correos electrónicos o escribir ensayos», explicó.


«Dicho esto, debemos tener claro que los intereses de las editoriales y los académicos no coinciden del todo», afirmó Hudson, señalando que un acuerdo de compromiso podría ser aceptable para Elsevier, pero no para los autores.


«En este caso, dado que son las editoriales las que impulsan el asunto, es posible que el resultado final que ellas prefieren o consideran aceptable (como acuerdos de licencia con empresas tecnológicas) no sea el preferido por los autores académicos. Así pues, aunque tanto las editoriales como los autores puedan tener interés en demostrar que las empresas han infringido los derechos de autor en el desarrollo actual de la IA, puede que no haya acuerdo sobre cómo se debería gestionar esto en el futuro». 


Sin embargo, Caroline Ball, responsable de participación comunitaria en Open Book Collective, una organización que defiende la publicación de acceso abierto, afirmó que el enfrentamiento entre Elsevier y Meta era «complicado» para los académicos.


«Es más complicado que el caso de piratería de libros de Anthropic, ya que en aquel caso los derechos de los autores eran el núcleo del asunto, y cualquier compensación económica iría destinada principalmente a los autores», afirmó Ball en referencia al acuerdo de 1100 millones de libras esterlinas alcanzado en septiembre de 2025. 


«Si Elsevier ganara y obtuviera una indemnización o compensación, es poco probable que nada de eso llegara a las instituciones o a los académicos, ya que, en la mayoría de los casos, estos habrán cedido sus derechos a Elsevier en el momento de la publicación. Así que solo supondrá más dinero para Elsevier a costa del trabajo académico de estos», afirmó.


«Si Meta ganara y su uso generalizado de material protegido por derechos de autor se considerara legal, o lo que es más probable en los tribunales estadounidenses, “uso legítimo”, entonces se abriría la veda sobre el material protegido por derechos de autor», continuó Ball, añadiendo: «¡Sospecho que para la mayoría de nosotros en la comunidad académica se trata de un caso de “una plaga para ambas partes”!».


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Open season’ on scholars’ rights if Elsevier loses Meta fight


Loss for the publishing giant in its legal action over AI crawling will make it much harder for scholars to assert control on how their outputs are used, say experts


Published on May 15, 2026

Last updated May 15, 2026

Jack Grove

Twitter: @jgro_the



While the world’s largest academic publisher has faced boycotts and mass walkouts by journal editors over concerns over its prices and profit margins, Elsevier’s announcement that it is joining a class action with four other major publishers to sue Meta and its founder Mark Zuckerberg over “wilful infringement of millions of textual works…to develop Meta’s Llama large language models (LLM)” may attract significant support from the scholarly community, said Alina Trapova, lecturer in intellectual property law at UCL’s Faculty of Laws.  

“Academics might not see Elsevier as the friendliest publisher over the years but now it seems it is fighting for the rights of authors,” Trapova told Times Higher Education on the first artificial intelligence (AI) action brought by several leading publishing houses.

They allege Meta scraped millions of illegally pirated articles and books to train its generative AI model, which has, in turn, returned about 40 terabytes of data, equivalent to about 5 million books, to the internet. Many of the Lllama summaries of research outputs contain hallucinations and inaccuracies which could potentially damage the credibility of academics, claims Elsevier.  

“For academics, getting recognition through attribution is really important for us. We need those attributions coming to us rather than having our work spat out in anonymous AI summaries or a hallucination,” said Trapova on why academics will side with Elsevier.

Meta claims its use of articles for training its LLM represents “fair use” but, if accepted, this would ignore authors’ rights to their own materials which Elsevier had sought to manage via individual agreements, continued Trapova.   

“Contributors have been asked to sign these documents stating whether they permit their work to be used in different contexts – Meta has interpreted this agreement as that ‘we can do anything with this work’ which is a really nasty move,” she said.

In this respect, “academic integrity is at stake”, although “this is not the central piece of the claim”, Trapova continued.

“For Elsevier this lawsuit is about mainly about protecting their business model and copyright is the legal mechanism to do this. But it will also be looking after the interests of authors and creators,” she said.  

While many academics may find it hard to sympathise with Elsevier, whose owner RELX has a market capitalisation of £43 billion, its legal defence of its economic interests may help to uphold how authors can control their works and how they are used, said Trapova. “The case isn’t primarily about research integrity – the legal framework in the US does have a moral side but protections on this side are much weaker. That is why what is actually in court is framed around economic loss,” she said.

Emily Hudson, professor of law at the University of Oxford, whose research centres on intellectual property rights, agreed that academics will mostly side with Elsevier. 

“There is a lot of support...for legal actions against tech companies,” explained Hudson, adding: “This is not to suggest that academics are against the use and development of AI, per se. Rather, I think the concern relates to how AI is being used.”

“If a researcher wants to train on my papers to, say, develop an AI that helps diagnose diseases, then I may be happy for them to do so for free, and indeed without asking me for permission. On the other hand, I may be far less comfortable with a tech firm training on the same set of papers to develop a generative AI product that helps users draft emails or write essays,” she explained. 

“That said, we need to be clear that the interests of publishers and academics do not completely align,” said Hudson, noting that a compromise deal might be acceptable to Elsevier but not authors.

“In this case, because we have publishers driving the case, it may be that their preferred or acceptable endpoint (such as licensing deals with tech firms) may not be that preferred by academic authors. So while both publishers and authors may have an interest in showing that firms have infringed copyright in existing AI development, there may not be agreement on how this should be handled in the future.”

However, Caroline Ball, community engagement lead at the Open Book Collective, which champions open access publishing, said the Elsevier-Meta face-off was a “complicated one” for academics.

“It’s more complicated than the Anthropic book piracy case, since in that case authors’ rights were at the heart of the issue, and any financial recompense would go to the authors, mostly,” said Ball on the £1.1 billion settlement agreed in September 2025.

“Should Elsevier win and get a payout or compensation, it’s unlikely any of that would make its way back to institutions or academics, since in most cases they will have signed their rights over to Elsevier at the point of publication. So it will be just more money for Elsevier on the basis of their academic labour,” she said.

“Should Meta win, and their wholesale use of copyright material be deemed legal, or more likely in US courts, ‘fair use’, then it’s open season on copyrighted material,” Ball continued, adding: “I suspect for most of us in the academic community it’s a case of ‘a plague on both your houses’!”

jack.grove@timeshighereducation.com


MÉXICO: posicionamiento de revistas con el índice h5 de Google Scholar Metrics

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