El pasado viernes 8, el gobierno federal, por conducto del secretario de Hacienda, presentó ante el Congreso el llamado Paquete Económico para el próximo año. El Paquete se integra por tres documentos principales: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Éste, materia principal de las presentes líneas, asciende a 9,022 billones de pesos, representando un incremento real (una vez descontada la inflación) de 4.3 por ciento. En su alocución, el secretario Ramírez de la O destacó los tres ejes fundamentales de ese documento: a) “el fortalecimiento de la red de protección social a favor de grupos de la población desatendidos y en condición de pobreza”; b) las reformas de orden laboral y las políticas salariales implementadas; c) el impulso a la infraestructura del país, principalmente la correspondiente a la región sur-sureste.
Los tres ejes, según el funcionario, han permitido a lo largo del quinquenio enfrentar las condiciones de pobreza de la población, reducir la desigualdad, así como impulsar proyectos de infraestructura a la zona del país “que estuvo al margen del desarrollo nacional por décadas”.
A manera de resumen, algunos datos del documento permiten describir el contexto en el cual puedan observarse, con mayor detalle, algunos aspectos relacionados con los sectores de educación, ciencia y tecnología. Entre los principales (todos ellos referidos a 2024) se cuentan los siguientes:
• El Producto Interno Bruto debiera crecer a una tasa media de 2.5 por ciento, un poco menor a la estimada por la SHCP para el presente año. La inflación se reduciría de 4.5 al 3.8 por ciento. El tipo de cambio respecto al dólar se situaría en $17.60. La tasa de interés se estacionaría en 9.5 por ciento y el barril de petróleo se vendería a $56.70 dólares, casi 10 dólares menos que en este 2022. En términos generales, aún los analistas críticos a la política económica gubernamental han estimado positivo lo presentado al Congreso.
• El PEF tiene, empero, varias presiones que explican la razón para que algunos programas y proyectos no tengan las asignaciones adecuadas para un desarrollo eficaz, o para que no se cumpla con compromisos asumidos desde cinco años atrás. Entre esas presiones se encuentran: a) el gasto en pensiones (las contributivas, como IMSS; y las distributivas, como adultos mayores) asciende a 1.99 billones, una quinta parte del PEF y tendría un crecimiento muy dinámico (y peligroso de no realizarse una reforma fiscal, agrego yo) de 4.2 por ciento para cada año venidero, como lo advierte la SHCP (“Supuestos de finanzas públicas de mediano plazo”); b) los Requerimientos Financieros del Sector Público (lo que hay que pagar de intereses y servicio por la deuda gubernamental) ascendería en 2024 a 1.6 billones de pesos, casi un 12 por ciento más que en este año. En lo que va del sexenio la deuda total del sector público ha pasado de 11 billones, en 2019, a 14.2 en julio de este año; c) la transferencia a las entidades federativas ascienden a 2.56 billones, casi un 13 por ciento más que en el presente año.
• Los llamados programas y proyectos prioritarios (estelares, o del Presidente) significan, en el caso de los primeros para el próximo año, alrededor de 800 mil millones, y el de los segundos, 220 mil, un total superior al billón de pesos. Entre ellos destaca la Pensión para Adultos Mayores, con 465 mil millones, siete por ciento más que en 2023. Dentro de estos programas están cuatro del sector educativo, entre ellos: Becas (88 mil millones), la Escuela es Nuestra (28 mil), Jóvenes Construyendo el Futuro (24 mil), Universidades para el Bienestar (1,600); un total de 142 mil millones.
En ese contexto presupuestal varios sectores del gasto se alejan del promedio del crecimiento que el PEF tendría para 2024 (4.3 por ciento). Así, por lo que toca al sector educativo, éste tiene una asignación de 425 mil millones. En términos reales, un crecimiento de un uno por ciento, el cual no alcanza a compensar las pérdidas de 2020, ocasionadas por la pandemia. De acuerdo con la SHCP, y utilizando las clasificaciones administrativas del gasto y la funcional del mismo, aplicado al periodo 2017-2023, el sector habría tenido una reducción de 3.4 y 6.1, respectivamente.
