Publicado en CAMPUS
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Carlos Pallán
El futuro que espera a los académicos después de jubilarse no es halagueño, al menos en el terreno económico
De las 68 demandas del pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una de ellas reviste especial interés para la educación superior. Se refiere a las pensiones del ISSSTE y su medio de pago, en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), implantadas en 2016, tal como se consigna en la respectiva ley que regula a ese Instituto. Según la reforma legislativa de ese año (reflejo a su vez de la modificación constitucional a los artículos 26, 41 y 123), el régimen de pago tasado en salarios mínimos fue abrogado, sustituyéndose por esa unidad de medida. En el primer año de vigencia de la disposición (2017) no hubo diferencia entre ambos y, en el segundo, esta se limitó a 13 pesos diarios a favor de los salarios mínimos. A lo largo del sexenio pasado la disparidad se hizo abismal: actualmente la discrepancia es de 165 pesos diarios, equivalente a 144 por ciento. Un ejemplo de lo que esto ha significado sería el siguiente. Un miembro típico del magisterio (con una plaza de un turno en el nivel básico, con 25 horas), una vez jubilado, tiene derecho a percibir dos UMAs, en números redondos seis mil pesos, frente a lo que significaría en salarios mínimos, 16 mil pesos (Tatiana Coll, La Jornada, 17 de mayo). Cuando en este paro nacional de la CNTE se insiste en que “todos tenemos derecho a una pensión justa y digna” (Pedro Hernández, sección IX), resulta imposible, con aquellos números, no admitirlo.
No obstante la desproporción observada, esa no es la principal demanda de la CNTE. Esta se localiza en la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la que introdujo el régimen de cuentas individuales (suprimiendo el sistema de pensiones solidarias) y su manejo a través de las llamadas Afores. A esta demanda se ha agregado la de un incremento salarial de 100 por ciento y, por lo tanto, el rechazo de esa organización al 10 por ciento otorgado el pasado día 15.
La respuesta presidencial al conflicto ha sido clara… pero discordante. Por un lado, reconoce “la injusticia que se cometió en la reforma a la ley de 2007”, así como el deseo de que “en la medida que podamos vamos a apoyar a las maestras y maestros”. Por otro, expresa la realidad de las finanzas públicas: “hay demandas que el presupuesto no da”. La petición de la CNTE relacionada con UMAs y salarios mínimos tiene su correlato en la situación que viven varias universidades e instituciones públicas de educación superior. No es casual, seguramente, que en el momento en que se implantaron las UMAs (2016), la Auditoría Superior de la Federación tenía ya números que resultaban altamente preocupantes sobre ese asunto. Así, se indicaba que el pasivo contingente laboral para el conjunto de las universidades públicas ascendía ya a 1.3 billones de pesos, casi la cuarta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, monto que significaba, a su vez, un múltiplo de 22 veces la asignación de recursos federales para dichas IES.
El problema de las pensiones universitarias tiene una expresión específica que se observa en dos ámbitos: a) la necesaria sustitución de personal académico con un elevado promedio de edad; b) lo poco atrayente que resulta para ese grupo, toda vez que la percepción jubilatoria reduce significativamente su ingreso económico (hasta una tercera parte).
Lo primero por dos razones básicas. Edades y condiciones de salud que no favorecen un desempeño laboral, aunque siempre haya ejemplares excepciones. Esto convive con otro problema que resulta paradójico: el gran número de académicos potenciales, formados en buena parte con recursos públicos (del Conacyt) pero que no encuentran espacios en las IES, toda vez que el reclutamiento se hace a cuentagotas, ya que el personal en servicio se jubila también a ese ritmo.
Consecuencia de lo anterior es la segunda razón. Un profesor o investigador universitario típico tiene una perspectiva jubilatoria de obtener el máximo de 10 UMAs como su pensión (34 mil pesos al mes), lo que significa un tercio o la mitad de sus percepciones en servicio. Este fenómeno de “taponamiento” en el ingreso de nuevo personal es un gran impedimento para el debido avance de las IES. Es particularmente intenso en las instituciones de naturaleza jurídica federal como la UNAM, el IPN y la UAM. Las medidas correctivas implantadas en la primera son muy importantes, pero limitadas a pocos casos. El problema general subsiste en las tres.
Postdata: El pasado día 13 falleció Roberto Eibenschutz, un mexicano ejemplar. El urbanismo nacional y la planeación del territorio del país pierden a uno de sus profesionales más distinguidos. Su presencia en la UAM, y especialmente en la Unidad Xochimilco, se enriquecieron con su talento. Sus amigos añoraremos su bohonomía y buen talante de siempre. La cita en la Coyoacana queda pendiente…
