SUDÁFRICA: Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria. Esto es nocivo

Publicado en The Conversation
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Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria en Sudáfrica: por qué es un error

Publicado: 3 de marzo de 2024 

En 2021, el director del Centro de Excelencia en Seguridad Alimentaria de la Alianza Universitaria Africana de Investigación de la Universidad de Pretoria fue nombrado miembro del consejo de administración de la transnacional alimentaria Nestlé.

En aquel momento, un grupo de más de 200 académicos de alto nivel escribió una carta abierta sobre los conflictos de intereses. La cartera de alimentos de Nestlé, según admite ella misma, incluye más del 60% que no se ajustan a la definición de productos saludables.

En diciembre del año pasado, el mismo centro anunció que había firmado un memorando de entendimiento con Nestlé. En él señalaban su intención de "forjar una asociación transformadora" para configurar "el futuro de la investigación y la educación en materia de alimentación y nutrición" y transformar "los sistemas alimentarios de África".

No se trata de un caso aislado

En todas las universidades africanas, las empresas con productos nocivos para la salud financian la investigación y la educación relacionadas con la salud.

Nestlé, por ejemplo, "comparte conocimientos especializados" con "ocho universidades de África".

Entre ellas se encuentran el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la Universidad de Ghana y el Centre Suisse de Recherches Scientifiques de Costa de Marfil.

Las actividades financiadas en virtud de acuerdos con universidades incluyen prácticas, seminarios y programas de formación, así como patrocinios para estudiantes de postgrado en investigación.

En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.

Prejuicios, aunque sean inconscientes

Es bien sabido que los vínculos financieros entre empresas e instituciones académicas dan lugar a conflictos de intereses.

Un documento de 2017, Industry sponsorship and Research Outcome, descubrió que "la financiación de la industria lleva a los investigadores a favorecer a las corporaciones, ya sea consciente o inconscientemente".

Aquellos que asesoran a gobiernos y organizaciones benéficas sobre política dietética advierten cómo "las asociaciones financieras o personales actuales o pasadas con las partes interesadas hacen que sea difícil distinguir el sesgo sútil e inconsciente de la impropiedad deliberadamente oculta." 

En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.

Otra investigación encontró que de 168 estudios financiados por la industria, 156 (93%) mostraron resultados sesgados, todos a favor de los patrocinadores de la industria.

En 2018, alrededor del 13 % de los artículos de investigación publicados en las 10 revistas de nutrición más citadas estaban respaldados por la industria alimentaria y eran favorables a ella. Dicho respaldo a menudo se oculta.  

Un problema creciente 

El mundo se enfrenta a una pandemia de enfermedades no transmisibles -hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer-, todas ellas relacionadas con las consecuencias de una mala alimentación, como el retraso del crecimiento y la obesidad.

Una comisión de la revista Lancet para 2023 informa de que "sólo cuatro sectores industriales son ya responsables de al menos un tercio de las muertes mundiales", y uno de ellos es la alimentación insana.

Estos cuatro sectores industriales están ampliando sus mercados en África y en otros lugares del Sur global, donde la inadecuada regulación de la venta y comercialización de alimentos, bebidas, alcohol, tabaco y productos agroquímicos poco saludables ofrece oportunidades que las empresas pueden explotar.

Donde hay humo ...

Los productos comerciales más conocidos que perjudican la salud son los relacionados con el tabaco, ahora ampliamente regulados para disminuir los daños.

La industria tabaquera utilizó muchas tácticas para impedir su regulación. Financiaron investigaciones e instituciones enteras para producir "pruebas" que apoyaran a la industria o sembraran dudas sobre los efectos nocivos del tabaco.

En 2019, académicos de salud pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, descubrieron que el departamento de psiquiatría había aceptado financiación de la Fundación Philip Morris por un Mundo sin Humo.

Posteriormente, el departamento canceló el contrato. Esto siguió a la indignación de la comunidad universitaria en general. En 2020, el Consejo de la UCT adoptó una política que prohibía a cualquier empleado aceptar financiación de la industria tabacalera. 

En otro ejemplo, una investigación científica publicada en 1967 implicaba a las grasas saturadas como causa principal de las enfermedades cardiacas. Al hacerlo, restaba importancia al papel del azúcar. Tuvieron que pasar más de 40 años para que se descubriera que esta investigación había sido pagada por la industria azucarera.

La disminución de la financiación de la investigación en Sudáfrica obliga a los académicos a estar especialmente vigilantes. Debemos proteger nuestros centros de enseñanza superior de los sesgos de la investigación.

No basta con declarar estos intereses y suponer que así se eliminará el conflicto de intereses.

Por el contrario, los académicos de la salud pública necesitan desarrollar sistemas mucho más sólidos para gestionar los conflictos de intereses en todos los niveles del mundo académico.

Las estructuras de gobierno de las universidades necesitan mecanismos para responder a las iniciativas contrarias a la salud pública.

El Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Ciudad del Cabo ha pedido que se ponga fin al patrocinio de las empresas de leche de fórmula infantil para la educación, la investigación o el desarrollo de políticas.

Un curso en línea y un conjunto de herramientas para comités de ética de la investigación sobre conflictos de intereses en la investigación sanitaria ofrecen algunas orientaciones práctica

Estas y otras iniciativas señalan el camino a seguir para que las universidades estén alerta ante los peligros de estas «relaciones de regalo» y estén mejor equipadas para proteger su integridad.

Lori Lake ha contribuido a este artículo. Es especialista en comunicación y educación del Instituto de la Infancia, Departamento de Pediatría y Salud Infantil, Universidad de Ciudad del Cabo.

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Big companies, like Nestlé, are funding health research in South Africa - why this is wrong

Published: March 3, 2024 

In 2021, the director of the African Research University Alliance Centre of Excellence in Food Security at the University of Pretoria was appointed to the board of the transnational food corporation Nestlé.

At the time a group of more than 200 senior academics wrote an open letter, about conflicts of interest. Nestlé’s portfolio of foods, by its own admission, includes more than 60% that don’t meet the definition of healthy products.

In December last year, the same centre announced it had signed a memorandum of understanding with Nestlé. It signalled their intent to “forge a transformative partnership” to shape “the future of food and nutrition research and education” and transform “Africa’s food systems”.

This is not an isolated case. 

Across African universities, companies with products that are harmful to health fund health-related research and education.

Nestlé, for example, “shares expertise” with “eight universities in Africa”.

These include the Institute of Applied Science and Technology at the University of Ghana and the Centre Suisse de Recherches Scientifiques in Côte d’Ivoire.

Activities funded under agreements with universities include internships, seminars and training programmes as well as sponsorships for graduate research students. 

In South Africa, Nestlé has funded a prize in paediatrics for final year medical students at the University of the Witwatersrand. It also funds a two-year paediatric gastroenterology fellowship at Stellenbosch University.

Bias – even if it’s unconscious

Financial links between corporations and academic institutions are well known to lead to conflicts of interest.

A 2017 paper, Industry sponsorship and Research Outcome, found that “industry funding leads researchers to favour corporations either consciously or unconsciously”.

Those advising governments and charities on dietary policy warn how “current or past financial or personal associations with interested parties make it difficult to distinguish subtle, unconscious bias from deliberately concealed impropriety.”  

Other research found that of 168 industry-funded studies, 156 (93%) showed biased results, all in favour of industry sponsors.

In 2018 around 13% of research articles published in the top 10 most-cited nutrition journals were backed by and favourable to the food industry. Such backing is often hidden.  

A growing problem 

The world is facing a pandemic of non-communicable diseases – hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, cancer – all linked to the consequences of poor nutrition such as stunting and obesity.

A 2023 Lancet commission reports that “just four industry sectors already account for at least a third of global deaths”, one of which is unhealthy food.

These four industry sectors are expanding their markets in Africa and elsewhere in the global south where the inadequate regulation of the sales and marketing of unhealthy foods, drinks, alcohol, tobacco and agrichemical products provides opportunities for corporations to exploit.

Where there’s smoke …  

The most well-known commercial products that harm health are tobacco-related, now widely regulated to decrease harm.

The tobacco industry used many tactics to prevent their regulation. They funded research and whole institutions to produce “evidence” to support the industry or sow doubt about the harmful impacts of tobacco.

In 2019 public health academics at the University of Cape Town in South Africa discovered that the psychiatry department had accepted funding from the Philip Morris Foundation for a Smoke-Free World.

The department subsequently cancelled the contract. This followed outrage from the broader university community. In 2020, the UCT Council adopted a policy disallowing any employee from accepting funding from the tobacco industry.  

In another example scientific research published in 1967 implicated saturated fat as the main cause of heart disease. In so doing it downplayed the role of sugar. It took over 40 years to uncover that this research was paid for by the sugar industry.

The decline in research funding in South Africa means that academics need to be especially vigilant. We need to protect our higher education institutions from research bias.

It is not enough to simply declare these interests and assume that this will eliminate the conflict of interest.

Instead, public health academics need to develop much more robust systems to manage conflicts of interest at all levels of academia. 

Governance structures at universities need mechanisms to respond to initiatives which run counter to public health.

The Department of Paediatrics and Child Health at the University of Cape Town has called for the end to sponsorship by infant formula milk companies for education, research or policy development.

An online course and toolkit for research ethics committees on conflict of interest in health research provides some practical guidance. 

These and other initiatives point the way forward for universities to be alert to the dangers of these “gift relationships” and to be better equipped to protect their integrity.

Lori Lake contributed to this article. She is a Communication and Education Specialist at the Children’s Institute, Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town.

La industria editorial científica frente al libre mercado y el acceso abierto

Publicado en El Cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/redoblar-la-apuesta/ 

Redoblar la apuesta La centralidad de la universidad pública en la dimensión política de las ciencias

Por Viviana Martinovich

Mayo 26, 2024

En el amplio escenario de las ciencias y las tecnologías, desde hace unos meses se viene produciendo en la Argentina un corrimiento discursivo que apela a cifras macroeconómicas vacías que se conjugan con narrativas falaces del tipo “mientras haya chicos con hambre es injustificable que se financien ciertas investigaciones”. Al parecer, esto fue lo que dijo el actual presidente del CONICET, Daniel Salamone. ¿Nos perdimos de algo? Porque está claro que los recursos del desfinanciamiento y el desmantelamiento tanto del sistema científico y tecnológico como de las universidades públicas no están yendo a cubrir las necesidades básicas del sector más empobrecido de la población.

Esta misma trampa discursiva es la que ponderan ciertos medios periodísticos que promueven las patentes como instrumento para reducir la pobreza: “En un país con el 50% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos que apostar a la innovación científico-tecnológica. No podemos perder cuatro años más. ¿Qué esperamos?”, se preguntaba hace unos días en una entrevista un doctor en biología molecular. Lo que estamos esperando es que nos digan cómo se redistribuyen las ganancias de la innovación, porque de aprobarse el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) las empresas no van a tener que liquidar en el país los dólares que reciban por el cobro de sus exportaciones, con lo cual una mayor innovación puede ir de la mano de un mayor empobrecimiento de la población.

Cuando se resquebraja el decorado queda en evidencia que la apelación generalizada a la pobreza encubre proyectos que, en realidad, promueven una mayor concentración de capitales. Según datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los mayores aumentos en el número de solicitudes de patente se produjeron en la India, país que sigue manteniendo un gran porcentaje de su población en condiciones de extrema marginalidad. Queda claro que las ciencias válidas para este modelo son aquellas que están al servicio del capitalismo más extractivista y que son funcionales a las reglas del libre mercado, sin importar cuán perjudiciales puedan ser sus prácticas y sus productos para los ecosistemas humanos y naturales, de allí que queden fuera del juego el amplio espectro de expresiones científicas que no sean funcionales a la dinámica acumulativa.

Esta articulación entre el Estado y ciertos sectores de la comunidad científica para ampliar la cuota de mercado de empresas trasnacionales en perjuicio de la propia producción nacional no es reciente, sino que es un proceso que a nivel global ya lleva un largo recorrido y que se ha profundizado a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los tantos oligopolios que han crecido de la mano de la comunidad científica global y los fondos gubernamentales de cientos de países de diversos colores políticos es la gran industria editorial científica. ¿Y cómo es el engranaje? Los Estados, a través de sus agencias de financiamiento, otorgan fondos para llevar a cabo investigaciones que incluyen partidas para pagar la publicación de sus resultados en revistas de la gran industria editorial científica, desfinanciando, desprestigiando y excluyendo del sistema a las revistas científicas editadas bajo modelos no comerciales como, por ejemplo, las editadas por las universidades nacionales.

Y ésta no es una narrativa creada desde las “periferias”. Según un estudio publicado por la editorial del mítico Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, “desde principios de la década de 2010, más de la mitad de todos los artículos de revistas revisadas por pares han sido publicados por unas pocas empresas con fines de lucro que controlan la mayoría de las publicaciones académicas y contribuyen a una estructura de mercado oligopólica”. Según este estudio, en el período 2015-2018, sólo por el pago de los cargos de procesamiento editorial o article processing charges (APC), la comunidad científica pagó a las editoriales Springer Nature, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis y Sage un total de 1.060 millones de dólares.

Pero, ¿cómo llegan a ser oligopólicas? Las filas libertarias pregonan que, en la lógica del libre mercado, la competencia es la base de toda relación productiva. Sin embargo, la mayor trampa de este tipo de discursos es que esa competencia llevaría a una “auto-regulación” del mercado sin intervenciones, cuando en realidad se trata de una competencia altamente manipulada: si cuando evalúan tu desempeño, las comisiones evaluadoras te exigen que publiques en revistas de este grupo de editoriales comerciales, el negocio está asegurado: ya no son las empresas las que mueven los hilos, sino que son los sectores más conservadores de la propia comunidad científica los que hacen el trabajo por ellas.

Sin embargo, el relato construye simbólicamente la idea de que se trata de compañías que han logrado capturar el interés de la comunidad científica de forma “natural”, por sus propias capacidades operativas, cuando en realidad hay un mecanismo creado hace más de seis décadas que es reproducido por inercia por los Estados nacionales, las universidades, las comisiones evaluadoras y hasta áreas de docencia e investigación de hospitales públicos.

Este mecanismo fue promovido también durante años por fundaciones destinadas al financiamiento de investigaciones como Wellcome Trust o Bill & Melinda Gates Foundation. Sin embargo, mientras estas instituciones están cambiando sus políticas para desarticular la concentración de poder de las compañías editoriales, muchas instituciones de América Latina parecerían mirar para otro lado.

En su nueva política de “acceso abierto”, la Bill & Melina Gates Foundation establece que ya “no pagará los gastos de procesamiento de artículos (APC)” y que “cualquier tarifa de publicación será responsabilidad de los beneficiarios y sus coautores”. Ante este giro que implica una revalorización de otros modelos de publicación no comerciales, rápidamente las grandes editoriales comenzaron a ajustar sus modelos de negocios para seguir manteniendo su cuota de mercado.

En una nota publicada en Nature, titulada ¿Quién debe pagar la publicación en acceso abierto?, Katharine Sanderson menciona que los cargos por procesamiento de artículos o article processing charges (APC) “se han convertido en una parte integral (y a veces impopular) de la revolución del acceso abierto”, y entre las nuevas opciones que se están explorando destaca los nuevos modelos propuestos por la editorial PLOS: por un lado, el “community action publishing” (CAP), que establece tasas anuales fijas para las instituciones y da a sus investigadores oportunidades ilimitadas de publicar en ciertas revistas de esa editorial y, por otro, el modelo “global equity”, que propone tarifas anuales móviles ajustadas a las posibilidades de cada institución.

Si bien las nociones de “acción comunitaria” o de “equidad global” de PLOS parecerían proponer que la comunidad científica recupere la conducción de sus propios medios de comunicación, se trata en realidad de una apropiación de términos utilizados por los movimientos de Acceso Abierto y de Ciencia Abierta para instalar la idea de un pago institucional, es decir que las universidades paguen “planes” a menor precio para asegurarse que todas las investigaciones de cada institución se canalicen a través de esa editorial.

¿Pero se trata sólo de una cuestión económica o la industrialización de los medios de comunicación de las ciencias provocó efectos nocivos aún mayores? Al igual que otras industrias centradas en la reproducción y concentración de dividendos, la industria editorial científica busca aumentar su producción sin importar los efectos negativos sobre el ecosistema en el cual se inserta. La voracidad por el aumento de la producción provocó una demanda de híper publicación que invadió el sistema de artículos y provocó una crisis de los procesos de revisión por pares, generó “fábricas de artículos” o “paper mills”, empresas que producen artículos falsos, que aparentan ser investigaciones reales, con el propósito de vender la autoría. Incluso se está produciendo una desarticulación del interés genuino por la discusión como motor para la generación de acuerdos y consensos sobre la propia práctica científica.

Esta situación prendió las alarmas de los grandes financiadores de las ciencias y en diversas regiones del mundo se comenzaron a revalorizar modelos realmente más equitativos y colaborativos, que proponen repensar la práctica científica por fuera del esquema de industrialización y de la lógica competitiva planteada por el libre mercado, proponiendo un giro hacia la innovación abierta, la producción colectiva de conocimientos y el conocimiento como bien público. En esta línea, el Consejo de la Unión Europea en mayo de 2023 pidió a la Comisión Europea y a los Estados miembros “que apoyen políticas encaminadas a un modelo de publicación científica sin ánimo de lucro, de acceso abierto y multi-formato, sin costos para autores ni para lectores”, que es el modelo más utilizado por las revistas científicas de América Latina.

Las revistas que asumen este modelo de publicación, hoy denominadas “revistas de acceso abierto diamante” o “diamond open access journals”, en el caso de la Argentina han sido sostenidas durante años en las universidades nacionales por investigadores e investigadoras, sin una política universitaria clara de reivindicación, revalorización y puesta en valor. Y en el contexto actual de continuo descrédito de la importancia social de la universidad pública, y del desmantelamiento de medios de comunicación que aseguren la federalización de la información, entendemos que desde las universidades hay que redoblar la apuesta y generar una política universitaria de revistas científicas que permita reconocer la importancia de que el país cuente con sus propios canales de comunicación de las ciencias, que aseguren la pluralidad de perspectivas, reduzcan la contaminación y la erosión del sistema provocada por la gran industria editorial, y promuevan la recuperación de la discusión entre pares como una de las experiencias más enriquecedoras de la práctica científica.

Pero para que las revistas de acceso abierto diamante se tornen una alternativa real al modelo comercial es necesario consolidar la infraestructura tecnológica involucrada en las nuevas plataformas de publicación electrónica y asignar los recursos correspondientes, no en términos individuales, revista por revista, sino a través de los portales nacionales de revistas científicas y de las redes colaborativas de trabajo como la Red Sara, de manera de promover un crecimiento consorciado al interior de las universidades y entre universidades.

A contramano de la trampa discursiva creada desde el oficialismo y reproducida por diversos medios, creemos que la reducción del empobrecimiento no viene de la mano de las reglas del libre mercado, sino de la creación de capacidades vinculadas a la resolución de problemas sociales, al sostenimiento de redes de trabajo colaborativo y no competitivo, y a la generación de alianzas que posibiliten la apropiación de infraestructuras tecnológicas abiertas. Todas estas son prácticas que cotidianamente se llevan a cabo en las universidades nacionales, por lo que generar una política universitaria de revistas científicas no es más que un reconocimiento al gran trabajo que ya se viene haciendo al interior de cada universidad, y una puesta en valor del diálogo que entablan nuestras revistas con la producción académica y científica de otras regiones del mundo.

 

* La autora es docente-investigadora. Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. Mail vivianamartinovich@gmail.com