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miércoles, 28 de mayo de 2025

¿Una revista depredadora? Cómo la élite editorial convierte el vocabulario en un arma

Publicado en Research Information
https://www.researchinformation.info/analysis-opinion/predatory-journal-how-the-publishing-elite-weaponise-vocabulary/ 




¿Una revista depredadora? Cómo la élite editorial convierte el vocabulario en un arma


21 de mayo de 2025


El Prof. Emmanuel Andrès escribe que los actores establecidos utilizan este término para desacreditar a los recién llegados y preservar su territorio.


En la última década, un nuevo monstruo se ha colado en el mundo de la publicación académica: la revista depredadora.


Esta criatura se alimenta de la ambición de la comunidad investigadora, a la que atrae con la promesa de una publicación rápida y una revisión por pares que apenas deja rastro. Es peligroso, poco ético, incluso criminal, nos dicen. Un auténtico parásito científico.


Pero espere: ¿de qué estamos hablando exactamente? 


Cuanto más se analiza este debate, más claro resulta: «depredador» se ha convertido menos en un descriptor significativo que en una etiqueta conveniente, utilizada, a menudo agresivamente, por los actores establecidos para desacreditar a los recién llegados y preservar su territorio. Sí, las revistas depredadoras como las descritas anteriormente existen. Sin embargo, el problema al que nos enfrentamos ahora es que cada vez se confunden más -quizá intencionadamente- con las revistas legítimas no depredadoras. Aquellas que pretenden desafiar el modelo heredado de publicación académica con muros de pago.


El monstruo conveniente


El término «revista depredadora» se acuñó en un contexto específico: el auge de los modelos de acceso abierto, la proliferación de plataformas en línea y la interrupción de la edición tradicional. Jeffrey Beall, un bibliotecario académico bienintencionado, publicó una lista negra de editoriales cuestionables, que pronto se convirtió en una herramienta para trazar los límites de la ciencia «legítima». En 2017, después de mucho debate, él mismo retiró la lista, tras lo cual no se han realizado actualizaciones. Aun así, hoy en día se siguen utilizando copias desfasadas de la Lista de Beall como punto de referencia. 


Desde entonces, el término se ha utilizado como un arma. Sin garantías procesales, sin derecho de réplica, sólo con un hierro de marcar. Si se califica a una revista de «depredadora», se puede descartar por completo. No es necesario evaluar su calidad editorial, su proceso de revisión por pares, su estado de indexación o su tasa de rechazo. Basta con sospechar.


¿La ironía? Hoy en día, muchas revistas «depredadoras» están indexadas en PubMed, Web of Science o DOAJ; declaran sus factores de impacto, aplican la revisión por pares y siguen las directrices del Comité de Ética en las Publicaciones (COPE). Sin embargo, algunas siguen siendo objeto de acusaciones, no por sus defectos, sino por atreverse a trastocar el ancien régime.


Un ejemplo: Journal of Clinical Medicine


Tomemos como ejemplo la revista Journal of Clinical Medicine (J. Clin. Med.), de la que soy editor jefe desde 2018, publicada por MDPI. La revista está indexada en las principales bases de datos, tiene un factor de impacto respetable (>3), cuenta con un sólido proceso de revisión y publica miles de artículos revisados por pares anualmente. Es miembro de la COPE, participa en la OASPA, el ICMJE y otros marcos éticos, mantiene una política editorial transparente y divulga las tasas de rechazo y los plazos de revisión por pares.


También cuenta con un consejo editorial internacional, un comité de ética y un mecanismo formal de corrección posterior a la publicación. Sin embargo, a menudo se la incluye en el grupo de las «depredadoras». ¿Por qué? Porque publica rápido. Porque acepta contribuciones de regiones infrarrepresentadas. Porque no pretende ser un club de caballeros para unos pocos elegidos.   


La respetabilidad como monopolio


Seamos claros: las estafas académicas existen. Hay revistas verdaderamente fraudulentas, con direcciones falsas, consejos editoriales inventados y sin una verdadera revisión por pares. Pero, ¿debemos pretender que el extremo opuesto -algunas revistas tradicionales que cobran más de 10.000 dólares por el acceso abierto y recurren a revisores no remunerados- es un modelo de virtud?


Hay que preguntarse: si una revista de bajo coste ofrece una rápida revisión por pares, procesos transparentes y está ampliamente indexada, y aun así se la califica de «depredadora», ¿es por su ética? ¿O porque amenaza un ecosistema cerrado?


La palabra «depredador» se ha convertido en un dispositivo de control. Una palabra de higiene social. Preserva los privilegios de los que tenían los medios, el tiempo y las redes para publicar en revistas con una cola de dos años. Deslegitima a los recién llegados, especialmente a los que proceden de instituciones con escasa financiación, del Sur Global o de universidades que no son de élite.


¿Quién teme al acceso abierto? 


Quizá el verdadero problema no sea el fraude, sino el acceso. El pecado de las llamadas revistas depredadoras no es la mala calidad, sino la accesibilidad. Es la asequibilidad. Es la rapidez. Y en la mente de algunos guardianes, estos rasgos son descalificadores. Porque si cualquiera puede publicar, ¿qué pasa con el prestigio?


Debemos reconocer que la publicación científica no es sólo una meritocracia, sino una economía simbólica. Una en la que la jerarquía importa. Una en la que quién publica dónde es moneda de cambio. En este contexto, el término «depredador» no es neutro. Es una herramienta económica y política.


No se trata de una defensa ingenua de la mala ciencia. Las revistas basura existen y hay que denunciarlas. Pero una sospecha generalizada hacia todas las revistas de acceso abierto, de revisión rápida y nativas digitales -especialmente las que se publican fuera de la anglosfera- es una pereza intelectual que ya no nos podemos permitir. 


Antes de tachar una revista de «depredadora», pregúntese:


  ¿Está indexada en bases de datos reconocidas?

  ¿Es miembro de COPE?

  ¿Es verificable mediante el recurso Think.Check.Submit?

  ¿Divulga su política editorial y de revisión por pares?

  ¿Tiene una estructura de tarifas transparente?

  ¿Sus artículos son visibles, citables y corregidos cuando es necesario?


Si la respuesta es afirmativa, tal vez la revista no sea un depredador. Tal vez sólo sea un extraño. Y en el estratificado mundo de la publicación académica, eso a veces es peor. 


En conclusión: leamos antes de juzgar


Entonces, ¿debe publicar en una revista depredadora? Por supuesto que no. Pero, ¿debería confiar en las voces más ruidosas de esta caza de brujas? En absoluto.


Al fin y al cabo, un sistema verdaderamente depredador es aquel que se beneficia del control de acceso, monopoliza el prestigio y castiga la visibilidad que llega sin permiso. Tal vez el verdadero depredador sea el que llama a los demás por ese nombre.


El Profesor Emmanuel Andrès es Catedrático de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia). Es redactor jefe de la Revista de Medicina Clínica.


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Predatory journal? How the publishing elite weaponise vocabulary

21 May 2025


The term is used by established actors to discredit newcomers and preserve their turf, writes Prof. Emmanuel Andrès

Over the past decade, a new monster has crept into the world of scholarly publishing: the predatory journal.

Lurking beneath suspicious emails, crouched behind over-polished websites and generic editorial boards, this creature feeds on the ambition of the research community, luring them with promises of fast publication and peer review so quick it barely leaves a trace. It’s dangerous, unethical, even criminal, we’re told. A true scientific parasite.

But wait: what are we talking about, exactly? 

The more one looks into this debate, the clearer it becomes: “predatory” has become less a meaningful descriptor than a convenient label – used, often aggressively, by established actors to discredit newcomers and preserve their turf. Yes, predatory journals as described above do exist. However, the issue we now face is that these are increasingly – perhaps intentionally – conflated with legitimate, non-predatory journals. Those that seek to challenge the legacy, paywalled model of academic publishing

The convenient monster

The term “predatory journal” was coined in a specific context: the rise of open-access models, the proliferation of online platforms, and the disruption of legacy publishing. Jeffrey Beall, a well-meaning academic librarian, published a blacklist of questionable publishers, which soon became a tool for drawing the boundaries of “legitimate” science. In 2017, after much debate, he removed the list himself, after which no updates have been made. Yet, outdated copies of Beall’s List continue to be used as a point of reference today.  

Since then, the term has been wielded like a weapon. No due process, no right of reply – just a branding iron. Label a journal “predatory,” and you can dismiss it entirely. No need to assess its editorial quality, its peer-review process, its indexing status, or its rejection rate. Suspicion alone is sufficient.

The irony? Many “predatory” journals today are indexed in PubMed, Web of Science, or DOAJ; they declare their impact factors, enforce peer review, and follow Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines. Yet some still face accusations – not for their flaws, but for daring to disrupt the ancien régime.

Case in point: Journal of Clinical Medicine

Take the Journal of Clinical Medicine (J. Clin. Med.), of which I have been Editor-in-Chief since 2018, published by MDPI. The journal is indexed in major databases, has a respectable impact factor (>3), has a robust review process, and publishes thousands of peer-reviewed articles annually. It is a member of the COPE, participates in OASPA, ICMJE, and other ethical frameworks, maintains a transparent editorial policy, and discloses rejection rates and peer-review timelines.

It also has an international editorial board, an ethics committee, and a formal post-publication correction mechanism. And yet it is often lumped into the “predatory” pile. Why? Because it publishes quickly. Because it accepts submissions from under-represented regions. Because it doesn’t pretend to be a gentlemen’s club for a select few.   

Respectability as a monopoly

Let us be clear: academic scams do exist. There are truly fraudulent journals, with fake addresses, fabricated editorial boards, and no real peer review. But must we pretend that the opposite extreme – some legacy journals charging more than $10,000 for open access while relying on unpaid reviewers – is a model of virtue?

One must ask: if a lower-cost journal offers rapid peer review, transparent processes, and is widely indexed – yet is still called “predatory” – is it because of its ethics? Or because it threatens a closed ecosystem?

The word “predatory” has become a gatekeeping device. A word that performs social hygiene. It preserves the privileges of those who had the means, time, and networks to publish in journals with a two-year queue. It delegitimises the newcomers, especially those from underfunded institutions, the Global South, or non-elite universities.

Who’s afraid of open access?  

The real issue, perhaps, is not fraud, but access. The sin of so-called predatory journals is not poor quality – it is accessibility. It is affordability. It is speed. And in the minds of some gatekeepers, these traits are disqualifying. Because if anyone can publish, what becomes of the prestige?

We must recognise that scientific publishing is not only a meritocracy – it is a symbolic economy. One in which hierarchy matters. One where who publishes where is a currency. In this context, the term “predatory” is not neutral. It is an economic and political tool.

This is not a naïve defence of bad science. Junk journals exist, and they should be called out. But a blanket suspicion toward all open-access, fast-review, digitally native journals – especially those run outside the Anglosphere – is an intellectual laziness we can no longer afford. 

Before dismissing a journal as “predatory,” ask:

  •   Is it indexed in recognised databases?

  •   Is it a member of COPE?

  •   Is it verifiable using the Think.Check.Submit resource?

  •   Does it disclose its editorial and peer-review policies?

  •   Does it have a transparent fee structure?

  •   Are its articles visible, citable, and corrected when needed?

If the answer is yes, then maybe the journal is not a predator. Maybe it’s just an outsider. And in the stratified world of academic publishing, that’s sometimes worse.  

In conclusion: let’s read before we judge

So, should you publish in a predatory journal? Absolutely not. But should you trust the loudest voices in this witch hunt? Also absolutely not.

In the end, a truly predatory system is one that profits from gatekeeping, monopolises prestige, and punishes visibility that comes without permission. Perhaps the real predator is the one calling others by that name.

Prof. Emmanuel Andrès is Professor of Internal Medicine at the University Hospital of Strasbourg in France. He is Editor-in-Chief at the Journal of Clinical Medicine.



domingo, 9 de febrero de 2025

IA = brutal consumo de agua dulce y energía + control monopólico de datos

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2025/02/08/opinion/015a1eco




La insoportable levedad de la inteligencia artificial

Silvia Ribeiro*

El desarrollo vertiginoso, no regulado y generalmente innecesario de los sistemas de inteligencia artificial ha provocado un aumento brutal en el consumo de agua dulce y energía a nivel global y especialmente en las comunidades donde se instalan grandes centros de datos. Esto trae aparejado un aumento global de los gases de efecto invernadero que aceleran la crisis climática, además de impactos ambientales y en la salud.

No es un desarrollo empujado por la demanda. Tiene poderosos actores que lo impulsan agresivamente: la oligarquía tecnológica que ahora gobierna desde Estados Unidos sin tener ni un voto (https://tinyurl.com/2z3faabt). Es una estrategia deliberada para aumentar la dependencia de los usuarios y el control sobre datos y conductas de éstos.

Tecnologías con inteligencia artificial general existen desde hace décadas y pueden o no ser útiles para automatizar algunas actividades, dependiendo del contexto, necesidades, alternativas, costos e impactos que conllevan. El desarrollo reciente de la llamada inteligencia artificial generativa (IAG) se diferencia en que no sólo recopila y sistematiza datos, también produce nuevo contenido que puede ser textos, imágenes, sonido, incluso nuevas formas biológicas. Ese tipo de inteligencia artificial sustenta aplicaciones como ChatGPT y similares. Requiere procesos amplios de entrenamiento con grandes modelos de lenguaje y conjuntos de datos cada vez más voluminosos, todo lo cual conlleva un aumento exponencial del uso de computadoras, servidores, infraestructura y, por tanto, de energía, agua, recursos y generación de contaminación y basura (https://tinyurl.com/39vzy8mv).

La digitalización en todas las ramas industriales y su uso individual en plataformas y redes sociales genera inmensos volúmenes de datos que para funcionar requiere muchas computadoras interconectadas, o sea centros de datos que puedan almacenar, procesar, extrapolar, reinterpretar. Estos centros son la base física de las nubes de computación. Actualmente, tres de las mayores empresas de la oligarquía tecnológica –Amazon, Microsoft y Google– controlan 66 por ciento de las nubes de computación a nivel global y, junto a Meta (dueña de Facebook), 70 por ciento de los cables submarinos.

Cecilia Rikap, de la University College de Londres, entrevistada en la serie Data Vampires del analista canadiense Paris Marx, explica que las grandes tecnológicas establecieron una estrategia deliberada de centralización de la información digital en sus meganubes. Se presenta ante empresas, instituciones y gobiernos como una solución eficiente para no crear su propia infraestructura digital, con contratos que supuestamente pueden interrumpir. En realidad, debido a las permanentes actualizaciones de programas y aplicaciones de interconexión, se hace muy difícil a los que contratan esos servicios poder retirarse e incluso controlar el uso de su información. Las dueñas de las nubes ganan vendiendo el servicio, mientras aumentan su acceso a más datos y ganan con el negocio de vender o usar la interpretación de éstos para influenciar elecciones de consumo, políticas o cualquier otra (https://tinyurl.com/y5ammzkw).

En 2018 había 430 grandes centros de datos a nivel global. A finales de 2023 eran 992, actualmente superan el millar. Con el uso de inteligencia artificial generativa, se estima que la cantidad de grandes centros de datos se duplicará cada 4 años, la mayoría a hiperescala, categoría para los que tienen más de 5 mil servidores y 10 mil pies cuadrados de superficie. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) está instalando un centro con más de 50 mil servidores en Minnesota (https://tinyurl.com/yxmy3a7x).

Con el éxito de ventas de ChatGPT, todas las grandes tecnológicas han invertido en desarrollar aplicaciones con IAG. China acaba de anunciar DeepSeek, una aplicación mucho más barata que las de EU (https://tinyurl.com/mup99p2t). También han incorporado sistemas de IAG a los buscadores, teléfonos móviles y diversos dispositivos, a menudo sin dar opción a no usarlos, lo cual multiplica exponencialmente la demanda de agua y energía sin que podamos decidir sobre ello.

Según Sasha Luccioni, científica informática entrevistada en Data Vampires, la diferencia entre hacer un cálculo matemático en una calculadora manual con batería solar o usar ChatGPT, puede multiplicar hasta 50 mil veces el uso energía. Una pregunta y respuesta en ChatGPT o un buscador con inteligencia artificial consume entre 0.5 y un litro de agua (https://tinyurl.com/yxmy3a7x). Además, sujeto a frecuentes errores y sin dar fuentes.

El requerimiento de agua y energía es brutal y ha llevado a conflictos con varias poblaciones donde se instalan los centros de datos (https://tinyurl.com/5n8rtfnd). Singapur, Irlanda y Países Bajos han establecido moratorias a la instalación de dichos centros por el alto uso de recursos.

En América Latina, los principales sitios de instalación de megacentros de datos son Sao Paulo, Brasil, y Querétaro, México. En tercer lugar está Quilicura, en Santiago de Chile, donde ya hay protestas de la población contra estas instalaciones (https://tinyurl.com/5n8rtfnd).

Los impactos locales y globales ambientales, de salud, sociales, políticos de la IAG son graves y sobre todas y todos. Las ganancias son para un pequeño grupo de ultrarricos.

Investigadora del grupo ETC

sábado, 14 de septiembre de 2024

SUDÁFRICA: Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria. Esto es nocivo

Publicado en The Conversation
https://theconversation.com/big-companies-like-nestle-are-funding-health-research-in-south-africa-why-this-is-wrong-223932?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%204%202024%20-%202897229423&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%204%202024%20-%202897229423+CID_e35ffb82212a4de4236162b9e42b9d13&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term=Big%20companies%20like%20Nestl%20are%20funding%20health%20research%20in%20South%20Africa%20-%20why%20this%20is%20wrong  



Grandes empresas, como Nestlé, financian la investigación sanitaria en Sudáfrica: por qué es un error


Publicado: 3 de marzo de 2024 


En 2021, el director del Centro de Excelencia en Seguridad Alimentaria de la Alianza Universitaria Africana de Investigación de la Universidad de Pretoria fue nombrado miembro del consejo de administración de la transnacional alimentaria Nestlé.


En aquel momento, un grupo de más de 200 académicos de alto nivel escribió una carta abierta sobre los conflictos de intereses. La cartera de alimentos de Nestlé, según admite ella misma, incluye más del 60% que no se ajustan a la definición de productos saludables.


En diciembre del año pasado, el mismo centro anunció que había firmado un memorando de entendimiento con Nestlé. En él señalaban su intención de "forjar una asociación transformadora" para configurar "el futuro de la investigación y la educación en materia de alimentación y nutrición" y transformar "los sistemas alimentarios de África".


No se trata de un caso aislado


En todas las universidades africanas, las empresas con productos nocivos para la salud financian la investigación y la educación relacionadas con la salud.


Nestlé, por ejemplo, "comparte conocimientos especializados" con "ocho universidades de África".


Entre ellas se encuentran el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la Universidad de Ghana y el Centre Suisse de Recherches Scientifiques de Costa de Marfil.


Las actividades financiadas en virtud de acuerdos con universidades incluyen prácticas, seminarios y programas de formación, así como patrocinios para estudiantes de postgrado en investigación.


En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.


Prejuicios, aunque sean inconscientes


Es bien sabido que los vínculos financieros entre empresas e instituciones académicas dan lugar a conflictos de intereses.


Un documento de 2017, Industry sponsorship and Research Outcome, descubrió que "la financiación de la industria lleva a los investigadores a favorecer a las corporaciones, ya sea consciente o inconscientemente".


Aquellos que asesoran a gobiernos y organizaciones benéficas sobre política dietética advierten cómo "las asociaciones financieras o personales actuales o pasadas con las partes interesadas hacen que sea difícil distinguir el sesgo sútil e inconsciente de la impropiedad deliberadamente oculta." 


En Sudáfrica, Nestlé ha financiado un premio de pediatría para estudiantes de último curso de medicina de la Universidad de Witwatersrand. También financia una beca de gastroenterología pediátrica de dos años en la Universidad de Stellenbosch.


Otra investigación encontró que de 168 estudios financiados por la industria, 156 (93%) mostraron resultados sesgados, todos a favor de los patrocinadores de la industria.


En 2018, alrededor del 13 % de los artículos de investigación publicados en las 10 revistas de nutrición más citadas estaban respaldados por la industria alimentaria y eran favorables a ella. Dicho respaldo a menudo se oculta.  


Un problema creciente 


El mundo se enfrenta a una pandemia de enfermedades no transmisibles -hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer-, todas ellas relacionadas con las consecuencias de una mala alimentación, como el retraso del crecimiento y la obesidad.


Una comisión de la revista Lancet para 2023 informa de que "sólo cuatro sectores industriales son ya responsables de al menos un tercio de las muertes mundiales", y uno de ellos es la alimentación insana.


Estos cuatro sectores industriales están ampliando sus mercados en África y en otros lugares del Sur global, donde la inadecuada regulación de la venta y comercialización de alimentos, bebidas, alcohol, tabaco y productos agroquímicos poco saludables ofrece oportunidades que las empresas pueden explotar.


Donde hay humo ...


Los productos comerciales más conocidos que perjudican la salud son los relacionados con el tabaco, ahora ampliamente regulados para disminuir los daños.


La industria tabaquera utilizó muchas tácticas para impedir su regulación. Financiaron investigaciones e instituciones enteras para producir "pruebas" que apoyaran a la industria o sembraran dudas sobre los efectos nocivos del tabaco.


En 2019, académicos de salud pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, descubrieron que el departamento de psiquiatría había aceptado financiación de la Fundación Philip Morris por un Mundo sin Humo.


Posteriormente, el departamento canceló el contrato. Esto siguió a la indignación de la comunidad universitaria en general. En 2020, el Consejo de la UCT adoptó una política que prohibía a cualquier empleado aceptar financiación de la industria tabacalera. 


En otro ejemplo, una investigación científica publicada en 1967 implicaba a las grasas saturadas como causa principal de las enfermedades cardiacas. Al hacerlo, restaba importancia al papel del azúcar. Tuvieron que pasar más de 40 años para que se descubriera que esta investigación había sido pagada por la industria azucarera.


La disminución de la financiación de la investigación en Sudáfrica obliga a los académicos a estar especialmente vigilantes. Debemos proteger nuestros centros de enseñanza superior de los sesgos de la investigación.


No basta con declarar estos intereses y suponer que así se eliminará el conflicto de intereses.


Por el contrario, los académicos de la salud pública necesitan desarrollar sistemas mucho más sólidos para gestionar los conflictos de intereses en todos los niveles del mundo académico.


Las estructuras de gobierno de las universidades necesitan mecanismos para responder a las iniciativas contrarias a la salud pública.


El Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Ciudad del Cabo ha pedido que se ponga fin al patrocinio de las empresas de leche de fórmula infantil para la educación, la investigación o el desarrollo de políticas.


Un curso en línea y un conjunto de herramientas para comités de ética de la investigación sobre conflictos de intereses en la investigación sanitaria ofrecen algunas orientaciones práctica


Estas y otras iniciativas señalan el camino a seguir para que las universidades estén alerta ante los peligros de estas «relaciones de regalo» y estén mejor equipadas para proteger su integridad.


Lori Lake ha contribuido a este artículo. Es especialista en comunicación y educación del Instituto de la Infancia, Departamento de Pediatría y Salud Infantil, Universidad de Ciudad del Cabo.


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Big companies, like Nestlé, are funding health research in South Africa - why this is wrong

Published: March 3, 2024 


In 2021, the director of the African Research University Alliance Centre of Excellence in Food Security at the University of Pretoria was appointed to the board of the transnational food corporation Nestlé.

At the time a group of more than 200 senior academics wrote an open letter, about conflicts of interest. Nestlé’s portfolio of foods, by its own admission, includes more than 60% that don’t meet the definition of healthy products.

In December last year, the same centre announced it had signed a memorandum of understanding with Nestlé. It signalled their intent to “forge a transformative partnership” to shape “the future of food and nutrition research and education” and transform “Africa’s food systems”.

This is not an isolated case. 

Across African universities, companies with products that are harmful to health fund health-related research and education.


Nestlé, for example, “shares expertise” with “eight universities in Africa”.


These include the Institute of Applied Science and Technology at the University of Ghana and the Centre Suisse de Recherches Scientifiques in Côte d’Ivoire.


Activities funded under agreements with universities include internships, seminars and training programmes as well as sponsorships for graduate research students. 


In South Africa, Nestlé has funded a prize in paediatrics for final year medical students at the University of the Witwatersrand. It also funds a two-year paediatric gastroenterology fellowship at Stellenbosch University.

Bias – even if it’s unconscious


Financial links between corporations and academic institutions are well known to lead to conflicts of interest.


A 2017 paper, Industry sponsorship and Research Outcome, found that “industry funding leads researchers to favour corporations either consciously or unconsciously”.


Those advising governments and charities on dietary policy warn how “current or past financial or personal associations with interested parties make it difficult to distinguish subtle, unconscious bias from deliberately concealed impropriety.”  


Other research found that of 168 industry-funded studies, 156 (93%) showed biased results, all in favour of industry sponsors.


In 2018 around 13% of research articles published in the top 10 most-cited nutrition journals were backed by and favourable to the food industry. Such backing is often hidden.  


A growing problem 


The world is facing a pandemic of non-communicable diseases – hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, cancer – all linked to the consequences of poor nutrition such as stunting and obesity.


A 2023 Lancet commission reports that “just four industry sectors already account for at least a third of global deaths”, one of which is unhealthy food.


These four industry sectors are expanding their markets in Africa and elsewhere in the global south where the inadequate regulation of the sales and marketing of unhealthy foods, drinks, alcohol, tobacco and agrichemical products provides opportunities for corporations to exploit.


Where there’s smoke …  


The most well-known commercial products that harm health are tobacco-related, now widely regulated to decrease harm.


The tobacco industry used many tactics to prevent their regulation. They funded research and whole institutions to produce “evidence” to support the industry or sow doubt about the harmful impacts of tobacco.


In 2019 public health academics at the University of Cape Town in South Africa discovered that the psychiatry department had accepted funding from the Philip Morris Foundation for a Smoke-Free World.


The department subsequently cancelled the contract. This followed outrage from the broader university community. In 2020, the UCT Council adopted a policy disallowing any employee from accepting funding from the tobacco industry.  


In another example scientific research published in 1967 implicated saturated fat as the main cause of heart disease. In so doing it downplayed the role of sugar. It took over 40 years to uncover that this research was paid for by the sugar industry.


The decline in research funding in South Africa means that academics need to be especially vigilant. We need to protect our higher education institutions from research bias.


It is not enough to simply declare these interests and assume that this will eliminate the conflict of interest.


Instead, public health academics need to develop much more robust systems to manage conflicts of interest at all levels of academia. 


Governance structures at universities need mechanisms to respond to initiatives which run counter to public health.


The Department of Paediatrics and Child Health at the University of Cape Town has called for the end to sponsorship by infant formula milk companies for education, research or policy development.


An online course and toolkit for research ethics committees on conflict of interest in health research provides some practical guidance. 


These and other initiatives point the way forward for universities to be alert to the dangers of these “gift relationships” and to be better equipped to protect their integrity.


Lori Lake contributed to this article. She is a Communication and Education Specialist at the Children’s Institute, Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town.


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