martes 05 de julio de 2022 , p. 4a
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara hace unos días que las bibliotecas “no podrán poner las obras y producciones para consulta pública sin previa autorización de los titulares de los derechos”, prevalece la polémica e incertidumbre entre la comunidad bibliotecaria, editorial, cinéfila, musical y televisiva que continúa manifestándose contra la decisión de la Corte.
El director de la Biblioteca Nacional de México (BNM), Pablo Mora Pérez-Tejeda, aseguró en entrevista con La Jornada que mientras no se emita una última sentencia o concluya el proceso jurídico de la Ley Federal del Derecho de Autor, a la cual debe sujetarse la Ley General de Bibliotecas (LGB), hasta el momento, “no se ha dado un duro golpe al derecho de acceso al conocimiento de los mexicanos. No hay que alarmarse”.
El investigador explicó que “la Ley Federal del Derecho de Autor específicamente salvaguarda la protección y los derechos de los autores en nuestro país, por lo tanto, su reglamento es de carácter obligatorio. La SCJN emitió un documento sobre el tema de derechos de autor ante los recientes amparos que se solicitaron de los editores sobre la salvaguarda para proteger sus obras y producciones; estoy enterado de que este recurso es parte de un proceso jurídico que no ha terminado”, por lo que, matizó, “debemos esperar el resolutivo para dar alguna opinión”.
El carácter público no está en riesgo, afirma–¿Las bibliotecas públicas pueden intervenir en el caso?
–Sólo si se requiere. La BNM y sus especialistas podrían emitir sugerencias basadas en los temas relativos a su operación, en apego a las facultades que la propia ley les confiere. Además, podrían establecer sus políticas internas con base en las disposiciones aplicables; corresponde al Poder Legislativo la creación de ordenamientos con carácter obligatorio (artículo 38, de la LGB).
“Por lo pronto, estamos colaborando en la elaboración de un Reglamento General de la LGB para puntualizar medidas concretas y coadyuvantes para dar confianza a los autores y productores de los bienes documentales que depositan.
“Por esa razón, considero que todavía no hay que alarmarse. Actualmente, contamos con un presupuesto otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México que garantiza la adquisición de obras específicas con el propósito de enriquecer tanto el acervo como las colecciones. Por otra parte, nuestra fuente de mayor abastecimiento son el depósito legal y las donaciones.”
El depósito legal es una norma jurídica que obliga a los editores y productores del país a entregar de forma gratuita sus productos a las bibliotecas Nacional de México, del Honorable Congreso de la Unión, y de México, para su consulta, organización, preservación y custodia.
Según la página oficial de la BNM, se reciben “dos piezas de libros, folletos, mapas, partituras, carteles, revistas, periódicos, así como otros materiales impresos del ámbito cultural, científico y técnico, además de un solo ejemplar de obras publicadas en formato electrónico o digital”.
Para el también especialista en literatura mexicana e hispanoamericana de los siglos XIX y XX, la figura de la biblioteca pública “no está en riesgo de ninguna manera”, siempre y cuando se respeten las leyes, como se ha venido haciendo.
“Las bibliotecas nacionales o depositarias tienen la misión de conformar, preservar y difundir la producción que es también patrimonio cultural decisivo en tanto constituye la memoria de un país. Sus objetivos son también garantías que se ofrecen a los productores de libros, revistas y materiales documentales, cuya compra, depósito o donación preserva la producción impresa de México.
“Evidentemente, hay grandes compañías editoras que tienen un interés meramente comercial en los libros, pero éste, en todo caso, enriquece una labor cultural importante al generar objetos impresos en un país que tiene la necesidad de formar lectores.
“A la BNM acuden (en su mayoría) estudiantes e investigadores de bachillerato o universidad. Además, hay un aforo permanente de investigadores procedentes del extranjero. Estas visitas se deben a la gran riqueza del patrimonio nacional y mundial que resguarda nuestra institución.
“La BNM cuenta con el servicio de consulta dentro de sus instalaciones, bajo la supervisión y control de su personal, cumpliendo en todo momento con lo ordenado en Ley Federal de Derechos de Autor. No se permite el préstamo domiciliario de los ejemplares físicos.
“El trabajo de las bibliotecas no compite ni desvía a la industria editorial de México, sino todo lo contrario, la pone al servicio de los usuarios respetando los derechos de autor y de sus productores. Las bibliotecas juegan un papel importantísimo en toda la historia de la humanidad, porque son agentes que contribuyen a la construcción de una sociedad más abierta y democrática”, concluyó Pablo Mora, quien asumió la dirección de la BNM en 2016.
“La gente está mudando poco a poco a lo digital, dependiendo de sus recursos y el acceso a Internet. La ley llega en este momento donde también se empieza a editar digitalmente. De allí nace la inquietud sobre si un libro virtual podría salirse de control con piratería y llegar a todos lados”, detalló el funcionario en entrevista con La Jornada.
Agregó que el problema grave con esta última resolución de la Corte “es que con las nuevas regulaciones se aplicarían parejo tanto para el material físico, como el electrónico. El digital corre más peligro de ser clonado, los físicos no. De acuerdo con las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley General de Bibliotecas, los libros no podrían ser consultados sin un permiso escrito de los autores.
“Este fallo de la SCJN fue emitido en respuesta a dos amparos, no es un asunto definitivo, aún le falta mucho a este proceso legal para llegar a una conclusión, hay que esperar a que se procesen los aproximadamente 50 amparos que faltan.
“El depósito legal es una figura que existe desde el siglo XVII, donde todas las editoriales que publiquen en el país deben entregar seis ejemplares, dos a cada biblioteca depositaria: la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de México. Antes se apelaba a la buena voluntad, ahora hay una penalización si no se dan.
“Cuando vi por primera vez esto, me gustó muchísimo. Es decir que, después de casi seis meses que dura el registro y producción, puedes consultar, prácticamente, cualquier libro que se publicó en México.
“Ahora bien, solicitar un permiso para poner libros a disposición de los usuarios en una biblioteca pública sí nos pone en un aprieto. ¿Qué sucedería? El depósito legal tiene dos voluntades: la primera es preservar la memoria histórica a través de materiales escritos y, ahora también, digitales, eso lo hacen en casi todos los países. Y la segunda, es dar acceso a mayor número de personas a la información que se va generando.
Museos de publicaciones“Si sólo pensamos en la memoria, no es de mucha utilidad si no hay una democratización del conocimiento, del saber, de la literatura y de todo lo que viene. El depósito legal se limitaría a sólo recibir libros, sin poder consultarlos, sería una ley que se quedaría coja. Una biblioteca que tiene libros sin mostrarlos se convierte en museo.
“Hay gente que no puede comprarlos, por ello las bibliotecas públicas son un sitio que no cuesta ni un centavo, dónde se pueden revisar los libros que quieran y que tengamos, entre más sean, mucho mejor.”
Como ejemplo, el director señaló que el título más consultado de la Biblioteca Vasconcelos es Álgebra de Baldor, una obra “muy cara. Si no se tuviera en la biblioteca, un estudiante no podría cursar las materias de preparatoria o universidad con éxito, porque no tendría el material suficiente.
“Hago mucho hincapié en los libros físicos, porque desde hace 30 años se dice que van a desaparecer y siguen, se venden y compran; es el medio más usado para leer. Esta determinación tendría que haber sido enfocada exclusivamente a los libros digitales.
“Hemos tenido muchas reuniones con la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca del Congreso, con el nuevo director de la Dirección General de Bibliotecas, Rodrigo Borja; con la Cámara Nacional de la Industria Mexicana, la Liga de Editoriales Independientes, entre otros, de allí pudimos recoger que hay una inquietud con el asunto de los materiales digitales.
“La propuesta que consideramos fue dar acceso abierto a los libros físicos y almacenar los electrónicos hasta encontrar una vía para evitar la piratería. No se puede garantizar que ningún sistema de protección cibernética sea completamente infalible. El modelo que estamos pensando es crear una sala del depósito legal, donde se pueda revisar los ejemplares digitales en tablets (sin acceso a Internet).
“Realmente, los piratas no van a la biblioteca a robar un libro, lo consiguen en librerías y lo clonan para venderlo; aquí no hay mucha discusión. Otro argumento de la nueva ley, es que se perjudicaba a las editoriales independientes; sin embargo, ellas son las que más entregan el depósito legal, tienen una mayor intención en difundir sus obras.
“El mercado tiene sus reglas; competir contra las grandes editoriales es muy complicado. La biblioteca se puede volver un terreno mucho más neutro, se organizan espacios para empezar a hablar de un libro y, si no tiene suficiente dinero, puede ir a consultarlo y, si le gusta, ahorrar y conseguirlo.
“Me agrada que este tema invite a hablar de las bibliotecas, estos espacios que siempre están ahí; esto ha servido para replantear su papel el día de hoy. La Biblioteca de México recibe hasta 3 mil 500 personas al día, van por libros, a conversar, a las actividades culturales, pero sobre todo a consultar libros”, concluyó el autor de Los imponderables.
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La decisión tomada hace unos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que las bibliotecas que reciben el llamado deposito legal por parte de las editoriales no podrán ofrecer las obras y producciones para consulta pública, sin previa autorización de los titulares de derechos de autor, generó controversia entre autores, bibliotecarios y lectores “porque atenta contra el derecho de acceso al conocimiento y la cultura”.
Tras el fallo de la SCJN, organizaciones como Creative Commons México, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Wikimedia México, comun.al, Laboratorio de Resiliencia Digital, así como los bibliotecarios Alejandra Quiroz Hernández y Marcial Alejandro García Pérez, entre otros, expresaron a través de un comunicado que el Congreso debe legislar para que las bibliotecas no requieran autorización de los titulares de derechos de autor para ofrecer obras en consulta pública.
Los firmantes señalan que “a pesar de que la Segunda Sala de la SCJN determinó la constitucionalidad del depósito legal, lamentablemente no ponderó el derecho de acceso a la cultura y validó que los titulares de derechos de autor deben autorizar previamente la consulta pública de las obras en resguardo, lo que amenaza sustancialmente la labor de las bibliotecas y el derecho de acceso al conocimiento de la población, y puede fomentar el incremento del hostigamiento legal de los grandes titulares de derechos de autor en contra de las bibliotecas”.
Concede privilegiosLos firmantes explican que la SCJN interpretó que editores y productores pueden establecer medidas tecnológicas de protección (candados digitales) en las obras entregadas a las bibliotecas depositarias, con lo que se obstaculiza gravemente la labor de éstas para preservar y poner a disposición el acervo.
“Esta situación se agrava por que las reformas de 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor hacen ilegal la elusión de medidas tecnológicas de protección, aun cuando se trate de actividades legales o de interés público, como las tareas de preservación que hacen las bibliotecas.”
Lamentaron que la SCJN no haya garantizado el derecho de acceso a la cultura con su decisión, dejando inoperante de facto la LGB y la figura del depósito legal al no contemplar que la divulgación de las obras por las bibliotecas obedece al interés público y no debe depender de la autorización de los titulares de derechos, como ocurre en Estados Unidos, Australia, Canadá y Polonia.
En el comunicado, los firmantes hicieron un llamado al Congreso “para que legisle, como en muchos países, para que las bibliotecas cuenten con excepciones que les permitan hacer su labor de interés público sin requerir autorización de los titulares. Estas reformas deben ensanchar las excepciones y limitaciones al derecho de autor y a la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas de protección”.
Anteponen intereses mercatilesEnfatizaron que la labor de las bibliotecas “no puede quedar supeditada a los intereses de la industria ni de los grandes titulares de derechos de autor. La protección legal de las bibliotecas es fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la cultura de todas y todos los mexicanos.”
Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el escritor Luigi Amara comentó que “el ataque que viven hoy las bibliotecas públicas en México, en una supuesta defensa del derecho de autor (que sólo demuestra el afán de lucro obsceno de la industria editorial), es aberrante y atenta contra el derecho fundamental a la cultura.
“La urgencia de poner candados al depósito legal no proviene de los autores, sino de la industria. No es una defensa del derecho de autor, sino del copyright; es decir, del afán de lucro. Muchos editores no se dan cuenta de que hoy la circulación digital ¡es clave para vender!”, expresó.
En las redes sociales, usuarios coincidieron en señalar que las excepciones al derecho de autor para las bibliotecas públicas no afectan las ventas de la industria editorial, pero excluirlas sí impide que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento.
Los internautas criticaron que las leyes las hacen “la gente que no lee. ¿Quieren que leer se convierta en delito?”
