Publicado en SciDevNet
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- Nuevo gobierno argentino recorta fondos cruciales para el sector
- Becarios e investigadores de trayectoria inician plan de lucha
- Nuevas autoridades buscan aumentar participación privada
[BUENOS AIRES] En un escenario marcado por la inestabilidad política,
el derrumbe de la actividad productiva y una inflación desbocada,
la ciencia argentina enfrenta uno de sus momentos más difíciles.
El gobierno de Javier Milei —el economista ultraliberal que fue investido presidente
del país en diciembre de 2023— ha recortado y suspendido el envío de fondos
para el funcionamiento del sector, cuyos integrantes empiezan a organizarse
para resistir esas decisiones.
“No tenemos aguinaldo ni jubilación,
no se nos considera trabajadores y resulta fácil
despedirnos”.Juliana Yantorno, investigadora argentina
Tras concretar su anuncio de campaña de cerrar el Ministerio de Ciencia, al que
degradó al rango de Secretaría, Milei ordenó destinar al sector el mismo
presupuesto que 2023, cuando el país sufre una inflación interanual del 250 por ciento.
A esa pérdida en términos reales se suman severas restricciones al
funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), uno de los organismos de investigación más prestigiosos de la región.
Entre otras medidas, la gestión de su nuevo presidente, el médico veterinario
Daniel Salamone —a quien Milei consultó años atrás por la clonación de su perro,
finalmente concretada en Estados Unidos—, redujo la cantidad de becas
doctorales de 1.300 a 600, cesó a 40 empleados administrativos y puso
en duda la continuidad de otros 1.200.
Ante este panorama, el grupo Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) decidió
organizarse en asambleas y “ruidazos” en la sede del CONICET, que incluso
ocupó pacíficamente el 14 de febrero.
JCP había ganado visibilidad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019),
que también redujo el presupuesto científico y evitó resolver los reclamos de los
12.000 becarios del CONICET, la mitad de su planta.
Estos jóvenes investigadores perciben el equivalente a unos US$ 600, mucho
menos que pares chilenos, uruguayos o brasileños. “No tenemos aguinaldo
ni jubilación, no se nos considera trabajadores y resulta fácil despedirnos”,
plantea su referente Juliana Yantorno, en diálogo telefónico con SciDev.Net.
Los institutos de investigación del organismo tampoco están recibiendo las
erogaciones correspondientes para sus gastos de mantenimiento. La situación
es tan crítica que los investigadores destinan dinero de su bolsillo a la compra
de insumos o el pago de servicios básicos.
Doscientos de los 280 directores de los institutos que integran el CONICET
formaron a principios de este año la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia
y Tecnología (RAICYT), que busca concientizar sobre la situación y activar una
campaña de solidaridad internacional que ya incluye
el apoyo de tres premios Nobel.
La RAICYT, además, estudia presentar recursos de amparo ante la posibilidad
de que se pierdan proyectos de investigación en marcha, varios de ellos
con financiación internacional.
También está en alerta la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
de Buenos Aires, que advirtió que podría quedarse sin fondos en abril,
mientras que la Universidad Nacional de San Martín describió una situación
“insostenible”, con la posibilidad de que sus laboratorios dejen de funcionar
y sus aulas queden vacías.
¿Regreso a los 90?
Salamone —quien no respondió al pedido de entrevista para esta nota
— pretende imprimir un cambio sustancial al organismo: valorar la productividad
de los investigadores según la cantidad de artículos científicos publicados,
un fenómeno creciente pero problemático en la región.
También busca atraer fondos de inversión, aumentar la participación privada
e impulsar startups basadas en conocimiento, opciones ya puestas sobre
la mesa ante representantes de las embajadas china, alemana y estadounidense.
“Quiere que sostengamos nuestras propias producciones”, afirma Yantorno,
crítica del ingreso de capitales privados, ya que “en general se meten
para hacer copy-paste [de un desarrollo financiado por el Estado] y llevárselo”.
En este punto, Lino Barañao —ministro de Ciencia entre 2007 y 2018
— tiene una mirada más benévola: “Las empresas de base tecnológica crean
puestos de trabajo y generan ingresos mejor distribuidos, ya que el grueso
del dinero va a los empleados, no al capital”.
Aunque reconoce que la participación privada aún es baja, el investigador superior
del CONICET Jorge Geffner advierte que “la solución no pasa por ahí,
sino por una fuerte inversión del Estado, que en Argentina no llega al 0,5 por ciento”
del PIB.
“El país pasó por épocas similares”, recuerda Barañao. “En los 90, cuando
trabajaba en el CONICET, llegamos a cobrar US$ 50 por mes”.
Esos años serían recordados como los de la “fuga de cerebros”,
un escenario que hoy corre riesgo de repetirse.
Criticado desde el peronismo (que gobernó el país durante 16 de los últimos
20 años) por haber sido el único ministro en mantener su cargo durante el macrismo,
Barañao reconoce que en su gestión “hubo ajustes presupuestarios,
pero la línea se mantuvo. Si se destruye la estructura y se desmantelan los
grupos de trabajo, no se puede rearmar nada. Hoy no le están poniendo menos
combustible a la máquina; la están desmantelando”.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe
de SciDev.Net
