CHILE (y ALyC): los boletos para la ciencia mundial son muy caros: APCs y Congresos científicos

Publicado en The Transmitter
https://www.thetransmitter.org/science-and-society/scientific-talent-is-global-access-to-the-worlds-scientific-stage-is-not/ 

El talento científico es global. El acceso al escenario científico mundial no lo es.

La neurociencia en Chile, y en toda América Latina, no carece de talento ni de ideas, pero los sistemas que hacen visible la ciencia —las revistas de prestigio, las conferencias y las redes de colaboración— están fijando precios que cada vez excluyen más a sus investigadores.

Por Vicente Medel

3 de agosto de 2026 | 8 minutos de lectura

Vicente Medel
Profesor asistente, Facultad de Ciencias Biológicas
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ver la Copa del Mundo desde Chile fue una experiencia extraña. Estábamos fuera del torneo, pero conocemos el juego, lo seguimos de cerca y entendemos algo que cada Mundial deja muy claro: el talento no es lo mismo que el acceso.

Lo mismo ocurre en la ciencia. El talento y las ideas están en todas partes, pero las revistas científicas, las conferencias y las redes que les dan visibilidad siguen concentradas en un reducido número de países ricos. La visibilidad de la investigación tiene su propia infraestructura. Depende de las tarifas de publicación, de los presupuestos para viajes y del acceso a redes profesionales que no están distribuidas de manera equitativa.

La pregunta en América Latina no es si contamos con buenos laboratorios o con ideas de relevancia internacional. Los tenemos. La pregunta es por qué hacer visibles esas capacidades resulta tan costoso.

Chile ofrece un caso de estudio útil para comprender con claridad este problema. Con frecuencia se le describe como uno de los puntos más destacados de la ciencia en América Latina. No se encuentra entre los países más pobres de la región y cuenta con universidades sólidas y una dinámica comunidad dedicada a la neurociencia.

A principios de este año, mis colaboradores y yo realizamos una encuesta entre investigadores y estudiantes en formación de esa comunidad para comprender cómo se ha desarrollado el campo. Encontramos científicos que trabajan en neurofisiología, neurobiología celular y molecular, neurociencia cognitiva y neurociencia de sistemas, abarcando tanto enfoques básicos como aproximaciones más integradoras. Aproximadamente dos tercios de los participantes informaron haber obtenido su doctorado en Chile, lo que sugiere que la expansión de este campo no es simplemente el resultado de la formación académica en el extranjero.

Un panorama amplio: Los intereses de investigación se concentraron principalmente en la neurofisiología y la neurobiología celular y molecular, aunque la neurociencia cognitiva y la neurociencia de sistemas también estuvieron ampliamente representadas. La neurociencia clínica y traslacional, así como la neurociencia computacional y teórica, fueron seleccionadas con menor frecuencia. Los porcentajes se basan en los 66 participantes que autorizaron el uso de sus datos. Debido a que los encuestados podían seleccionar más de un área, los porcentajes no suman el 100 %.

Nuestra investigación también reveló que este trabajo ha generado un amplio y visible conjunto de publicaciones presentes en la literatura científica internacional. De acuerdo con OpenAlex, una base de datos de acceso abierto que registra publicaciones científicas, entre 1941 y 2026 se publicaron 14 870 trabajos relacionados con la neurociencia con afiliaciones chilenas. Aproximadamente 11 000 de esas publicaciones aparecieron después del año 2000.

Este logro merece reconocimiento, pero no debe utilizarse como prueba de que el sistema actual para identificar el talento científico a nivel mundial está funcionando adecuadamente. Desde una perspectiva bibliométrica, la neurociencia chilena puede parecer una historia de éxito: la producción científica, las colaboraciones internacionales, la publicación en acceso abierto y la visibilidad han aumentado. Sin embargo, el presupuesto destinado a la investigación en Chile cuenta una historia muy distinta. Estos logros han sido alcanzados por una comunidad que trabaja bajo condiciones de financiamiento muy diferentes a las de la comunidad científica internacional en la que se espera que participen los investigadores chilenos. En consecuencia, el éxito en las publicaciones puede ocultar tanto la precariedad que existe detrás de los logros actuales como el talento que nunca recibe el apoyo suficiente para poder participar. Los llamados en favor de la diversidad y de la ciencia abierta no bastan para incrementar la participación de América Latina si las condiciones de participación siguen siendo tan desiguales.

Artículos accesibles: El acceso abierto se ha convertido en una práctica habitual entre los neurocientíficos chilenos. Este gráfico muestra, por año, el porcentaje promedio de artículos de neurociencia publicados en acceso abierto por investigadores con afiliaciones institucionales chilenas.

Fuente: Base de datos OpenAlex.

Una subvención de investigación en Chile es suficiente para mantener con vida un laboratorio modesto, pero no basta para que publicar en revistas de prestigio resulte una posibilidad realmente alcanzable. Las publicaciones en acceso abierto se han vuelto comunes entre los neurocientíficos chilenos, lo que facilita que nuestro trabajo sea leído, citado y difundido. Sin embargo, el costo de publicar en acceso abierto puede convertirse rápidamente en una carga difícil de asumir para un laboratorio chileno.

Para un neurocientífico que inicia su carrera, un presupuesto anual típico de investigación ronda los 30 000 dólares. Muchas revistas de acceso abierto de alto impacto cobran cargos por procesamiento de artículos (APC) superiores a 5 000 dólares, y algunas superan ampliamente los 7 000 dólares. Un solo artículo aceptado puede consumir varios meses del presupuesto anual, sin contar los gastos en reactivos, pagos a participantes, apoyo para estudiantes, reparación de equipos o costos imprevistos. Para un laboratorio bien financiado en un país de altos ingresos, un APC puede representar simplemente un gasto administrativo. Para un laboratorio chileno, en cambio, constituye una decisión existencial: publicar en una revista donde el trabajo pueda recibir atención o preservar el presupuesto necesario para que la investigación continúe.

La crisis de la revisión por pares añade otra capa de dificultad. Muchos investigadores, debido a sus múltiples ocupaciones, están cada vez menos dispuestos a revisar manuscritos para revistas de menor impacto y prefieren reservar su tiempo para colaborar con publicaciones de mayor prestigio, lo que genera una silenciosa trampa del prestigio. Las revistas más asequibles suelen enfrentar mayores dificultades para conseguir evaluaciones rigurosas y oportunas. Para los investigadores con recursos limitados, optar por una revista más económica suele implicar menos prestigio, procesos de revisión más lentos y una menor visibilidad de su trabajo.

Impacto en el financiamiento: Los cargos por procesamiento de artículos (APC) absorben proporciones diferentes de una subvención de investigación para un investigador en etapa inicial (30 000 dólares) y de una subvención para un investigador consolidado (50 000 dólares) en Chile. Los montos de referencia del financiamiento se basan en las subvenciones otorgadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, y los valores de los APC corresponden a ejemplos ilustrativos obtenidos de las tarifas de publicación disponibles públicamente en revistas de neurociencia y disciplinas afines.

Las conferencias científicas generan el mismo problema. La cuota de inscripción es solo una parte del costo. Para una persona que viaja desde Santiago, el gasto total puede incluir un vuelo de larga distancia, varias noches de hotel, alimentación y transporte local, además de la inscripción al congreso, lo que representa una parte significativa del presupuesto anual de investigación. Asistir a reuniones científicas en Estados Unidos, Europa, Asia o Australia puede costar fácilmente varios miles de dólares.

Los congresos regionales en Sudamérica, como el Congreso de la Federación de Neurociencias de América Latina y el Caribe (FALAN), suelen ser más accesibles porque las cuotas de inscripción son menores y los desplazamientos son más cortos. La participación en congresos científicos no debería ser un lujo añadido a la investigación. Es el espacio donde los investigadores en formación conocen a futuros mentores, donde nacen las colaboraciones y donde el trabajo científico adquiere visibilidad.

Viajes costosos: Este gráfico muestra el costo estimado de asistir a un congreso de neurociencias desde Santiago, según el destino. Cada escenario se calcula sumando la cuota de inscripción, el boleto de avión de ida y vuelta, el hospedaje y los gastos diarios, considerando cinco días de congreso y cinco noches de alojamiento. Las barras muestran la proporción promedio que estos costos representan respecto a un fondo de investigación chileno para un investigador en etapa inicial (30 000 dólares) y para un investigador consolidado (50 000 dólares). Los escenarios de costos de viaje son estimaciones ilustrativas basadas en las cuotas de inscripción a congresos de neurociencias y ciencias del cerebro (FENS, SfN, OHBM y AAIC), cuyo promedio se aproximó a 850 dólares para reuniones internacionales y a 180 dólares para un congreso regional en Sudamérica, combinados con estimaciones aproximadas de pasajes aéreos, hospedaje y gastos diarios en ciudades representativas de cada destino. Las barras de error muestran la desviación estándar entre los distintos escenarios urbanos dentro de cada categoría de destino.

Por estas razones, el discurso habitual sobre el aumento de la diversidad me parece incompleto. Muchas revistas, sociedades científicas e instituciones del Norte Global afirman que desean contar con más autores internacionales, más colaboradores de América Latina y más voces procedentes de fuera de los centros tradicionales de producción científica. Creo que muchas de ellas lo dicen con sinceridad. Sin embargo, la participación no depende únicamente de recibir una invitación para formar parte de un programa. También depende de que los investigadores puedan asumir los costos de estar presentes. Las invitaciones, los paneles y los números especiales no modifican esa realidad económica, y los sistemas de exención de cuotas solo ofrecen una solución parcial. Chile, por ejemplo, casi nunca reúne los requisitos para obtener exenciones automáticas, a pesar de que sus presupuestos científicos distan mucho de los de los sistemas de investigación de los países más ricos. Muchas políticas de exención se basan en la clasificación del ingreso nacional de un país, y no en el tamaño de las subvenciones, las condiciones locales de financiamiento o el poder adquisitivo.

Si las revistas de mayor prestigio y las sociedades científicas realmente desean una neurociencia más global, deben ir más allá de la inclusión simbólica. Las exenciones, los apoyos para viajes y los fondos destinados a publicaciones deberían considerar las condiciones reales en las que trabajan los científicos: el tamaño de las subvenciones, los presupuestos locales de investigación y el costo que implica participar desde fuera de los centros tradicionales de producción científica. Esto es especialmente importante en América Latina, donde el financiamiento para la investigación suele depender de prioridades políticas cambiantes. Los nuevos gobiernos pueden suspender convocatorias, retrasar pagos o reducir el apoyo a la ciencia. Como consecuencia, los laboratorios se ven obligados a participar en un sistema científico global con costos elevados, mientras intentan planificar su trabajo en un entorno local impredecible.

Puedo diagnosticar este problema con mayor seguridad de la que tengo para proponer una solución. Sin embargo, una cosa parece clara: la buena voluntad, por sí sola, no cambiará la situación si no se modifica también quién paga el costo de adquirir visibilidad. Una respuesta seria debería considerar la visibilidad científica como un objetivo compartido y no como una mercancía. Las editoriales que obtienen beneficios de investigaciones financiadas con recursos públicos deberían subvencionar de manera cruzada la publicación de trabajos procedentes de sistemas de investigación con escasos recursos, así como de países de ingresos bajos y medianos y de aquellos con elevados niveles de desigualdad. Las sociedades científicas deberían utilizar parte de los ingresos obtenidos por los congresos para financiar la participación de investigadores de regiones donde asistir resulta estructuralmente costoso. Las agencias financiadoras deberían dejar de premiar la publicación en revistas cuyos costos exceden los recursos que ellas mismas conceden. Asimismo, los colaboradores de instituciones con mayores recursos deberían contemplar en sus presupuestos no solo la generación de datos, sino también la visibilidad científica de sus socios.

En la actualidad, gran parte del sistema científico mundial funciona como un estadio con las puertas abiertas, pero con boletos muy costosos. En principio, todos están invitados; en la práctica, solo algunos pueden permitirse entrar de manera habitual. La neurociencia chilena ilustra claramente esta tensión. Sus investigadores publican trabajos que merecen formar parte de la conversación científica internacional, demostrando que es posible producir ciencia de alto nivel fuera de los centros tradicionales de poder. Sin embargo, lograr esa presencia exige con frecuencia que ellos y sus instituciones compensen las limitaciones del financiamiento, los elevados costos de publicación y el acceso restringido a recursos que los sistemas científicos más ricos consideran normales. Su visibilidad no debe interpretarse como prueba de que las condiciones de participación sean iguales para todos.

La neurociencia chilena y latinoamericana no necesita aplausos desde la tribuna. Necesita un escenario en el que la calidad pueda salir al campo de juego sin tener que demostrar primero que puede pagar el precio de la entrada. Si la ciencia mundial realmente se toma en serio la calidad, también debe tomarse en serio el costo del prestigio.

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Scientific talent is global. Access to the world’s scientific stage is not.

Neuroscience in Chile, and across Latin America, does not lack talent or ideas, but the systems that make science visible—prestigious journals, conferences and networks—increasingly price its researchers out.

By Vicente Medel

3 August 2026 | 8 min read

Vicente Medel

Assistant professor, Faculty of Biological Sciences

Pontificia Universidad Católica de Chile

Watching the World Cup from Chile was a strange experience. We were outside the tournament, but we know the game, follow it closely and understand something that every World Cup shows clearly: Talent is not the same as access.

This is also true in science. Talent and ideas are everywhere, but the journals, conferences and networks that make them visible are still concentrated in a small number of wealthy countries. Research visibility has its own infrastructure. It depends on publication fees, travel budgets and access to professional networks that are not evenly distributed.

The question in Latin America is not whether we have good laboratories or internationally relevant ideas. We do. The question is why making them visible is so expensive.

Chile offers a useful case study for seeing this problem clearly. It is often described as one of Latin America’s scientific bright spots. It is not among the poorest countries in the region, and it has strong universities and a vibrant neuroscience community.

Earlier this year, my collaborators and I surveyed researchers and trainees in that community to understand how the field has developed. We found scientists working across neurophysiology, cellular and molecular neurobiology, cognitive neuroscience and systems neuroscience, spanning both basic and more integrative approaches. About two-thirds of respondents reported completing their Ph.D. in Chile, suggesting that the field’s expansion is not simply the result of training abroad.

Big tent: Research interests were concentrated primarily in neurophysiology and cellular and molecular neurobiology, with cognitive and systems neuroscience also well represented. Clinical and translational neuroscience and computational and theoretical neuroscience were less frequently selected. Percentages are based on the 66 respondents who authorized use of their data. Because respondents could select more than one area, percentages do not sum to 100 percent.

That research, we found, has also produced a large and visible body of work, present in international literature. According to OpenAlex, an open-access database that tracks research publications, 14,870 neuroscience-related publications with Chilean affiliations were published between 1941 and 2026. Approximately 11,000 of those publications were published after 2000. 

This achievement deserves recognition, but it should not be used as evidence that the current system for identifying global talent is working. By bibliometric measures, Chilean neuroscience may look like a success story: Publication output, international collaborations, open-access publishing and visibility have all increased. Yet the budget for research in Chile tells a different story. These achievements have been produced by a community working under funding conditions that differ sharply from those of the international scientific community Chilean researchers are expected to participate in. Publication success can therefore hide both the precarity behind existing achievements and the talent that never receives sufficient support to participate. Calls for diversity and open science are not enough to support more Latin American participation if the conditions of participation remain so unequal.

Accessible papers: Open access has become a common practice among Chilean neuroscientists. This graph shows, by year, the average percentage of open-access neuroscience articles published by researchers with Chilean institutional affiliations.

Source: OpenAlex database

A Chilean research grant is enough to keep a modest laboratory alive but not enough to make prestige publishing feel attainable. Open-access publications have become common among neuroscientists in Chile, making our work easier to read, cite and circulate. But the cost of open-access publishing can quickly become hard to manage for a Chilean lab.

For an early-career neuroscientist, a typical annual research budget is roughly $30,000. Many high-impact open-access journals charge article processing fees (APCs) of more than $5,000, and some charge well above $7,000. One accepted paper can consume months of budget, never mind the expense of reagents, participant payments, students, equipment repairs or unexpected costs. For a well-funded laboratory in a high-income country, an APC may be an administrative expense. For a Chilean laboratory, it’s an existential decision: Publish where the work may receive attention, or preserve the budget needed to keep the work going.

The peer-review crisis adds another layer of challenge. Many busy researchers are less willing to review for lower-impact journals, opting to reserve their time to review for high-status journals, which creates a quiet prestige trap. More affordable journal options often struggle to secure timely and rigorous reviews. For researchers with limited budgets, choosing a cheaper route comes with less prestige, slower review and less visibility.

Funding hit: Article processing charges absorb different shares of an early-career ($30,000) and a senior researcher grant ($50,000) in Chile. Funding benchmarks are based on the National Agency of Research and Development research grant amounts in Chile, and APC values are illustrative examples drawn from publicly listed publication fees for journals in neuroscience and related fields.

Conferences create the same problem. Registration is only one part of the cost. For someone traveling from Santiago, the full trip can include a long-haul flight, several hotel nights, meals and local transport in addition to those conference fees—adding up to an important part of a yearly research budget. Attending meetings in the United States, Europe, Asia or Australia can easily reach several thousand dollars. Regional meetings in South America, such as the Congress of the Federation of Latin American and Caribbean Neurosciences (FALAN), are usually cheaper because registration fees are lower and travel is shorter. Conference participation should not be a luxury add-on to science. It is how trainees meet future mentors, how collaborations begin and how work becomes visible.

Expensive trips: This graph shows the estimated cost of attending a neuroscience meeting from Santiago by destination. Each scenario is calculated as registration plus round-trip airfare, lodging and daily local costs, using five meeting days and five lodging nights. Bars show the mean cost share of an early-career ($30,000) and a senior ($50,000) Chilean research fund. Travel-cost scenarios are illustrative estimates of neuroscience and brain-science meeting registration fees (FENS, SfN, OHBM, AAIC) averaged and approximated to $850 for international meetings and $180 for a regional South American meeting, combined with approximate airfare, lodging and daily local costs for representative destination cities. Error bars show the standard deviation across city-level scenarios within each destination category.

For these reasons, the usual language around increasing diversity feels incomplete to me. Many journals, societies and institutions in the Global North say they want more international authors, more Latin American collaborators and more voices outside the usual centers. I believe many of them mean it. But participation is not only a matter of being invited to a program. It also depends on whether researchers can pay the costs of being present. Invitations, panels and special issues do not change that arithmetic, and the waiver system only partially helps. Chile, for example, almost never qualifies for automatic waivers, even though its scientific budgets still do not resemble those of wealthy research systems. Many waiver policies are based on national income categories, not on grant size, local funding conditions or purchasing power.

If elite journals and scientific societies want a more global neuroscience, they need to look beyond symbolic inclusion. Waivers, travel support and publication funds should factor in the real conditions in which scientists work: grant size, local research budgets and the cost of participating from outside the usual centers. This matters especially in Latin America, where scientific funding often depends on changing political priorities. New governments can freeze calls, delay payments or reduce support for science. Laboratories are then asked to participate in a global system with high prices, while trying to plan their work under unpredictable local conditions.

I can diagnose the problem more confidently than I can prescribe its cure. But one thing seems clear: Goodwill will not move the needle without also changing who pays to be seen. A serious response would treat scientific visibility as a shared goal, not a commodity. Publishers that profit from publicly funded research should cross-subsidize publication for underfunded systems and for low- and middle-income countries, as well as countries with high levels of income inequality. Scientific societies should use conference revenue to fund participation from regions where attendance is structurally expensive. Funding agencies should stop rewarding publication venues whose costs their own grants cannot cover. Wealthy collaborators should budget for the visibility of their partners, not just for the data they help produce. 

Right now, too much of global science works like a stadium with open doors but expensive tickets. Everyone is invited in principle, but only some can routinely afford to enter. Chilean neuroscience shows the tension clearly. Its researchers are publishing work that belongs in the international conversation, showing that important science can be conducted outside the traditional centers of power. Yet making those contributions often requires them and their institutions to compensate for limited funding, high publication costs and reduced access to resources that wealthier research systems take for granted. Their visibility should not be mistaken as evidence that the conditions required for participation are equal.

Chilean and Latin American neuroscience does not need applause from the sidelines. It needs a field in which quality can enter the pitch without first proving that it can afford the ticket. If global science is serious about quality, it also has to become serious about the price of prestige.

Demandan a las editoriales ELSEVIER, SPRINGER NATURE, WILEY e INFORMA por cobrar APCs exorbitantes

Publicado en Retraction Watch
https://retractionwatch.com/2026/07/31/federal-lawsuit-major-publishers-article-processing-charges-false-claims-act/

Demanda federal acusa a cuatro grandes editoriales de extorsionar mediante cargos por procesamiento de artículos

Una demanda presentada al amparo de la False Claims Act de Estados Unidos acusa a cuatro grandes editoriales de haber llevado a cabo durante una década un plan para defraudar al gobierno mediante el cobro de cargos exorbitantes por procesamiento de artículos.

El caso, que dejó de estar bajo reserva judicial el 30 de julio, sostiene que Elsevier, Springer Nature, Wiley e Informa obligaron a instituciones de investigación estadounidenses a presentar reclamaciones falsas al gobierno para obtener el reembolso de cuotas por artículos de hasta diez veces el costo real de procesarlos.

Juan Pablo Alperin, profesor de la Universidad Simon Fraser y codirector del Scholarly Communications Lab, con sede en Vancouver, está representado por dos abogados que durante la última década han obtenido resultados destacados en casos relacionados con la False Claims Act (FCA). Alperin y sus abogados presentaron originalmente la demanda bajo reserva judicial en marzo de 2024. El gobierno decidió no intervenir en el caso el 23 de julio de este año, y un juez ordenó hacer pública la demanda, lo que ahora permite a Alperin continuar el litigio de manera independiente.

Según el expediente judicial, Sage también figuraba originalmente como demandada, y Stefanie Haustein, investigadora de la Universidad de Ottawa, aparecía como demandante. Ambas fueron retiradas de la demanda la semana pasada.

Las cuotas de las editoriales varían, pero los cargos por procesamiento de artículos (APC) para publicar en acceso abierto pueden oscilar entre unos cientos de dólares en revistas pequeñas y varios miles, y en algunos casos superar los 10 000 dólares por artículo. Alperin sostiene en la demanda que el costo real de procesar esos artículos se sitúa entre 200 y 1 000 dólares. El gobierno de Estados Unidos exige que los artículos derivados de investigaciones financiadas con recursos federales estén disponibles gratuitamente. La demanda alega que las editoriales responden a este mandato «extorsionando» APC y transferencias de derechos de autor a investigadores principales «desprevenidos», quienes tienen un «comprensible deseo de publicar en medios prestigiosos para avanzar en sus carreras».

Alperin afirma que conoció detalles internos sobre la fijación de precios de los APC como integrante de la Open Access Scholarly Publishing Association, incluidos «actos abiertamente ilícitos» y «conversaciones conspirativas» entre las editoriales, según señala la demanda. Esto incluía estrategias empresariales para ocultar la viabilidad de opciones gratuitas de acceso abierto, con el fin de asegurar que las instituciones estadounidenses beneficiarias de subvenciones siguieran pagando APC innecesarios, de acuerdo con la denuncia.

Alperin declaró a Retraction Watch que presentó el caso al amparo de la FCA para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas de fijación de precios de algunas editoriales no responden al interés público y para exigirles responsabilidad por esas prácticas. Ha realizado una amplia investigación sobre los APC, en la que ha concluido que las editoriales fijan estratégicamente sus precios, en lugar de basarlos en costos razonables de producción.

«En términos más generales, el objetivo es contribuir a crear un mercado más transparente y funcional, porque el mercado de la publicación en acceso abierto es, en muchos sentidos, profundamente disfuncional», declaró. «En parte, se busca ayudar a crear un mercado transparente y equitativo, y garantizar que la mayor cantidad posible del dinero reservado para la investigación pueda destinarse» a ese propósito.

El debate sobre los APC no es nuevo, afirmó Eugenie Reich, abogada con sede en Boston que representa a Alperin. Lo novedoso, añadió, es identificar una reclamación jurídica en la que la discusión pública se cruce con el derecho.

«Ese debate sin duda ha existido, pero, hasta donde tengo conocimiento, nunca se había alegado públicamente que esto constituya un fraude contra el gobierno», declaró. «Creo que, según la demanda, ahí es donde las editoriales se han metido en problemas: al utilizar las políticas de acceso público como un medio para aumentar los cobros, sabiendo que esos cargos recaerían sobre subvenciones gubernamentales».

La demanda sostiene que las editoriales han «manipulado el mercado» para dificultar la publicación sin pagar «precios de prestigio, precios de lujo», tanto mediante la concentración del mercado como a través de las condiciones relativas a los derechos de autor, añadió Reich.

«Por eso considero importante distinguir entre una empresa que simplemente quiere obtener ganancias de un bien de lujo y una empresa que, de manera consciente, traslada esos cargos al gobierno», afirmó en una entrevista.

Reich representó al investigador independiente Sholto David en una acción basada en la FCA contra el Dana-Farber Cancer Institute, que concluyó en diciembre de 2025 con un acuerdo por 15 millones de dólares. El instituto admitió que sus investigadores utilizaron imágenes y datos «presentados de manera engañosa o duplicados» para respaldar solicitudes de subvenciones ante los National Institutes of Health. Como denunciante en el caso, David recibió una parte del acuerdo, mientras que la mayor parte del monto regresó al gobierno federal.

Reich también formó parte del equipo que representó al denunciante en un caso de la FCA contra Biogen, empresa que aceptó pagar 900 millones de dólares para resolver acusaciones de que había pagado ilegalmente sobornos a médicos. El gobierno también decidió no intervenir en ese caso.

John R. Thomas, del despacho Hafemann, Magee & Thomas, LLC, con sede en Roanoke, Virginia, y el otro abogado que representa a Alperin, fue uno de los litigantes en un caso de la FCA contra la Universidad de Duke que terminó en un acuerdo por 112,5 millones de dólares, de los cuales casi 34 millones fueron entregados a su hermano Joseph, el denunciante del caso. Thomas ha escrito para Retraction Watch tanto sobre esta ley como sobre los aspectos que los denunciantes deberían considerar en el contexto de una reclamación basada en la FCA.

Un portavoz de Springer Nature afirmó que la editorial no podía hacer comentarios de inmediato sobre el asunto. Wiley y Elsevier declinaron hacer declaraciones. Informa no respondió.

Los abogados especializados en casos de la FCA expresaron opiniones divididas sobre la demanda. Pamela Coyle Brecht, abogada especializada en la representación de denunciantes en Filadelfia, calificó la presentación como un «caso de nicho» basado en una «teoría singular».

Sin embargo, Renée Brooker, abogada de Tycko & Zavareei LLP con sede en Washington, D. C., afirmó que el hecho de que los demandados sean editoriales de revistas puede resultar «llamativo», pero que las teorías jurídicas en las que se sustenta el caso son ampliamente conocidas y han sido probadas en el ámbito de la False Claims Act (FCA). Brooker señaló que una gran variedad de casos qui tam involucra a demandados que no presentaron directamente las supuestas reclamaciones falsas, en particular en denuncias contra la industria farmacéutica. Con frecuencia, estas empresas son acusadas de infringir la FCA, mientras que una farmacia o el consultorio de un médico presentaron las reclamaciones falsas sin saberlo.

El caso constituye un ejemplo destacado de cómo las partes que no presentan directamente reclamaciones falsas al gobierno pueden, aun así, enfrentar responsabilidad jurídica, afirmó Eva Gunasekera, abogada especializada en la representación de denunciantes en Tycko & Zavareei y exasesora principal del Departamento de Justicia para casos de fraude sanitario.

«Es un excelente recordatorio de la amplitud del alcance de la False Claims Act», afirmó.

Por ley, los casos de la FCA se presentan bajo reserva judicial para proteger a los denunciantes y conceder al gobierno tiempo suficiente para investigar las acusaciones y decidir si desea intervenir. Brooker añadió que no resulta sorprendente que el gobierno haya decidido no intervenir en este caso.

«Eso no dice absolutamente nada sobre el fondo del caso», afirmó. «Durante los últimos 15 años, los abogados que representan a los denunciantes han tenido cada vez más éxito al ayudar al Departamento de Justicia a litigar casos qui tam en los que este decidió no intervenir, porque el Departamento de Justicia no puede encargarse de todo».

La Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de declaraciones.

En febrero, un juez federal desestimó una demanda en la que se alegaba que seis grandes editoriales habían infringido la legislación antimonopolio al coludirse para «fijar en 0 dólares el precio de los servicios de revisión por pares». La demanda, presentada por Lucina Uddin, neurocientífica de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), incluía también como demandadas a Elsevier, Springer Nature y Wiley, además de Sage, Taylor & Francis y Wolters Kluwer.

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Federal lawsuit accuses four major publishers of extorting article processing charges

A lawsuit filed under the U.S. False Claims Act accuses four major publishers of perpetrating a decade-long scheme to defraud the government by charging exorbitant article processing charges.  

The case, which became unsealed July 30, claims Elsevier, Springer Nature, Wiley and Informa forced U.S. research institutions to submit false claims to the government for reimbursement through article fees up to 10 times the cost of processing the articles.

Juan Pablo Alperin, a professor at Simon Fraser University and codirector of the Scholarly Communications Lab based in Vancouver, is represented by two attorneys who have had blockbuster success in FCA cases over the past decade. He and his attorneys originally filed the case under seal in March 2024. The government declined to intervene in the case on July 23 of this year, and a judge ordered the complaint unsealed, which now allows Alperin to pursue the case independently.

Sage was also originally listed as a defendant in the case, according to the court docket, and University of Ottawa researcher Stefanie Haustein was a plaintiff. Both were dropped from the suit last week.

Publishers’ fees vary, but APCs for open access can range from hundreds of dollars for small journals up to thousands, with some topping $10,000 per paper. The real costs  of processing such articles are between $200 and $1,000, Alperin claims in the complaint. The U.S. government requires papers based on federally funded research be freely available. The lawsuit alleges the publishers address this mandate by “extorting” APCs and copyright transfers from “unknowing” PIs who have an “understandable desire to publish in prestigious venues to advance in their careers.”

Alperin alleges he learned insider details about APC pricing as a member of the Open Access Scholarly Publishing Association, including “outright unlawful conduct” and “conspiratorial discussions” among the publishers, the complaint states. This included strategies by the companies to shield the viability of free open access options to ensure U.S. grantee institutions continued paying unnecessary APCs, according to his complaint.

Alperin told Retraction Watch he brought the FCA case to spotlight how pricing practices by some publishers are not in the public interest and to hold them accountable for those practices. He has conducted extensive research on APCs, which has found publishers use APC pricing strategically, rather than based on reasonable production expenses.

“More broadly, the goal is to help to create a more transparent and functioning market, because the market of open access publishing is one that is in many ways very dysfunctional,” he told us. “In part, the goal is helping to create a market that is transparent, equitable, and that ensures as much of the money that’s been set aside for research can go towards” that intent.  

Debate about APCs is not new, said Eugenie Reich, a Boston-based attorney who is representing Alperin. What is new is identifying a legal claim where the public discussion intersects with the law, she said.

“That discussion has definitely existed, but it’s never, as far as I’m aware, been publicly alleged that this is fraud on the government,” she told us. “I think that’s where publishers have gotten themselves into trouble per the complaint, by using public access policies as a way of increasing charges, knowing that the charges would hit government grants.”

The complaint alleges the publishers have “fixed the market” to make it difficult to publish without paying “prestige prices, luxury prices,” both through market concentration and through copyright terms, Reich added.

“That’s why I think it is important to distinguish between a business that just wants to make money from a luxury good and a business that is knowingly passing such charges through to the government,” she said in an interview.  

Reich represented sleuth Sholto David in an FCA action against Dana-Farber Cancer Institute, which settled the case in December 2025 for $15 million. The institute admitted researchers used “misrepresented and/or duplicated” images and data in support of grant applications to the National Institutes of Health. As the relator in the case, David received a portion of the settlement, with the bulk of the amount going back to the federal government.

Reich was also part of the team representing the whistleblower in an FCA case against Biogen, which agreed to pay $900 million to resolve claims the company unlawfully paid kickbacks to physicians. The government also declined to intervene in that case.

John R. Thomas of Hafemann, Magee & Thomas, LLC, in Roanoke, Virginia, the other lawyer representing Alperin, was one of the attorneys in an FCA case against Duke University that resulted in a $112.5 million settlement, nearly $34 million of which went to his brother Joseph, the whistleblower in the case. He has written for Retraction Watch about the act as well as about what whistleblowers should consider in the context of an FCA claim.

A Springer Nature spokesperson said the publisher could not immediately comment on the matter. Wiley and Elsevier declined to comment. Informa did not respond.

FCA attorneys had mixed views of the complaint. Pamela Coyle Brecht, a whistleblower attorney in Philadelphia, called the filing a “niche case” with a “unique theory.”

However, Renée Brooker, a Washington, D.C.-based attorney with Tycko & Zavareei LLP, said the fact the defendants are journal publishers may be “eye-grabbing,” but the legal theories underpinning the case are tried and true in the FCA realm.. A wide swath of qui tam cases involve defendants that did not directly submit the alleged false claims, Brooker said, particularly complaints against the pharmaceutical industry. Such companies are frequently accused of FCA violations, while a pharmacy or doctor’s office unknowingly filed the false claims.

The case is a prime example of parties that don’t directly submit false claims to the government still facing liability, said Eva Gunasekera, a whistleblower attorney at Tycko & Zavareei and former senior counsel for healthcare fraud at the DOJ.

“It’s a great reminder of how broad in scope the False Claims Act is,” she said.

By law, FCA cases are filed under seal to protect whistleblowers and to give the government time to investigate the claims and decide if it wishes to intervene. That the government did not intervene in this case is not surprising, Brooker added.

“It says nothing at all about the merits of the case,” she said. “Over the last 15 years, the relator’s bar [has been] more and more successful with helping the DOJ to litigate declined qui tam cases because DOJ cannot do it all.”

The U.S. Attorney for the District of Massachusetts declined to comment. The DOJ did not respond to a message for comment.

In February, a federal judge dismissed a lawsuit that alleged six major publishers violated antitrust law by colluding to “fix the price of peer review services at $0.”  Filed by UCLA neuroscientist Lucina Uddin, the case also included Elsevier, Springer Nature and Wiley as defendants, as well as Sage, Taylor & Francis and Wolters Kluwer.