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Ucrania exige que las editoriales de revistas y las agencias de clasificación de universidades dejen de trabajar con Rusia
10 mar 2022 | Noticias
Las empresas privadas controlan la circulación de la información científica y el prestigio de las universidades. Ahora se les presiona para que actúen, pero algunos advierten del peligro de acabar con una cultura de apertura científica
Por David Matthews
Ucrania reclama una nueva oleada de sanciones científicas contra Rusia, esta vez centradas en las editoriales académicas y las empresas que elaboran las tablas de clasificación de las universidades.
Gobiernos europeos como el de Alemania, Países Bajos y Suecia ya han suspendido proyectos de investigación conjuntos con Rusia en represalia por la invasión de Ucrania.
Las mayores editoriales del mundo, que controlan el flujo global y la acreditación de la información científica y recopilan los datos de las citas que sustentan las clasificaciones universitarias, aún no han tomado ninguna medida, pero ahora están discutiendo sus próximos pasos.
A finales de la semana pasada, el Ministerio de Educación y Ciencia ucraniano, con el apoyo de sus universidades, publicó una lista detallada de sanciones a la investigación que creen que, en última instancia, ayudarán a socavar la maquinaria bélica de Moscú.
Entre ellas se incluye el bloqueo del acceso a la investigación publicada en línea para los ciudadanos e instituciones rusas, y la prohibición de que los ciudadanos rusos editen o revisen en revistas internacionales.
"Al igual que la UE y Estados Unidos han impuesto duras sanciones tecnológicas para bloquear las importaciones rusas de bienes tecnológicos, hay que negar a los usuarios rusos el acceso a los productos de información científica, lo que a la larga debilitará las capacidades militares de Rusia", declaró Serhii Nazarovets, investigador de cienciometría de la Universidad Borys Grinchenko de Kiev, que se encuentra actualmente en la capital asediada.
Nazarovets, que dirige un blog ucraniano sobre bibliotecas, ha lanzado una petición exigiendo la actuación de las editoriales occidentales, y señala que empresas desde Apple hasta McDonalds se han retirado, pero las editoriales académicas siguen tratando con Rusia.
"Sospecho que las editoriales académicas no querrán renunciar al dinero ruso", dijo.
Por su parte, los editores afirman que todavía están pensando en cómo responder exactamente, pero se inclinan por mantener a Rusia en el sistema mundial de revistas, si es que eso es posible en el contexto de las paralizantes sanciones occidentales.
"El mundo académico, la ciencia, ha sido uno de los grandes ejemplos en los que no se piensa en el país de origen", dijo Caroline Sutton, directora ejecutiva de STM, un organismo comercial cuyos miembros publican colectivamente dos tercios de todos los artículos académicos.
Los debates están en curso, pero los miembros no están en general a favor de una prohibición total de la publicación de artículos de académicos rusos, dijo.
"El progreso científico depende de la apertura y la colaboración internacional", dijo un portavoz de Elsevier, la mayor editorial del mundo. "Las restricciones a la publicación de investigaciones no sólo pueden perjudicar a los autores individuales, que pueden tener puntos de vista diferentes a los de sus gobiernos, sino también a los de otros países".
Daños colaterales
Pero la mayoría de las sanciones causan daños colaterales, señala Jeroen Bosman, experto en comunicaciones académicas de la Biblioteca de la Universidad de Utrecht.
"Creo que es demasiado fácil oponerse a estas sanciones diciendo que la circulación global del conocimiento es algo bueno", dijo. "Las sanciones no pretenden limitar el intercambio de información, sino golpear la economía y los intereses rusos y presionar a todas las instituciones rusas, especialmente las que forman parte del establishment, para que se opongan a la guerra y a sus atrocidades".
Incluso si los editores quisieran prohibir los artículos rusos, o los editores y revisores rusos, las revistas podrían no acatar la medida, ya que tradicionalmente son editorialmente independientes de sus propietarios comerciales", señaló Sutton. "No se puede pulsar un interruptor y ahora nuestro sistema está cerrado a Rusia", dijo.
Ha habido ejemplos aislados de revistas que han tomado medidas. El Journal of Molecular Structure, por ejemplo, ha dicho que no considerará los manuscritos de los investigadores que trabajan en instituciones rusas.
También está la cuestión del acceso a la investigación. Las editoriales venden a las universidades rusas suscripciones a las revistas, pero no está claro si esto puede continuar dadas las sanciones occidentales, dijo Sutton. STM está hablando con su asesor jurídico y con expertos en sanciones. "¿Podemos ofrecer una suscripción? ¿Aunque no cobremos? ¿Podemos no hacerlo?", preguntó.
Un posible precedente es Irán. Las sanciones occidentales prohíben a las editoriales recibir dinero de las universidades iraníes, pero las editoriales pueden seguir publicando las investigaciones de los académicos iraníes, siempre y cuando las examinen para asegurarse de que no pueden utilizarse, por ejemplo, para ayudar a construir una bomba nuclear.
Pero si a las editoriales se les prohíbe recibir dinero de las universidades rusas, pero siguen queriendo permitir que los investigadores rusos utilicen y consulten las revistas, se podría llegar a la absurda situación de que Rusia publique y acceda a contenidos de forma gratuita mientras el resto del mundo tiene que pagar.
"Digamos que vamos a aceptar el contenido ruso, pero quizá la sanción diga que no podemos cobrar. ¿Es eso lo correcto desde el punto de vista ético? ¿Ahora vamos a dar servicios de publicación gratuitos?", dijo Sutton.
Rankings universitarios
Otra de las reivindicaciones ucranianas parece técnica, pero podría decirse que es tan importante como el acceso a las revistas. Quieren que las editoriales occidentales dejen de indexar las investigaciones publicadas en Rusia en las bases de datos cienciométricas.
Estas bases de datos, como Scopus, propiedad de Elsevier, y Web of Science, propiedad de la empresa de análisis Clarivate, con sede en Londres, contienen grandes cantidades de datos de citas que se utilizan para medir qué académicos, universidades y países son líderes en investigación.
Estos datos son cruciales para la elaboración de las controvertidas clasificaciones universitarias mundiales, que son críticas para la reputación. La clasificación universitaria del Times Higher Education (THE), por ejemplo, se basa en parte en la base de datos Scopus de Elsevier.
"Esto me parece una exigencia de eliminar los datos que permiten considerar prestigiosas a las universidades rusas", afirma Lisa Hinchliffe, profesora de servicios de información de la Universidad de Illinois. "Las elimina de ciertas tablas de clasificación. Porque si se elimina ese trabajo, las clasificaciones rusas caerán estrepitosamente".
Esto no sería un revés menor para Rusia. El prestigio de los rankings ha estado en el centro de la política de educación superior rusa en la última década. En 2013, el propio presidente Vladimir Putin puso en marcha el proyecto "5 - 100", un esfuerzo para impulsar a cinco universidades rusas a estar entre las 100 mejores para 2020.
El proyecto ha fracasado rotundamente; según la última clasificación del THE, ni una sola institución rusa está entre las 100 mejores.
El gobierno de Ucrania también ha escrito directamente a las organizaciones de clasificación para exigirles que excluyan a las universidades rusas.
Los propios clasificadores están divididos sobre cómo responder a la invasión. Una de las principales empresas de clasificación, QS, ha declarado que "eliminará" las universidades rusas y bielorrusas de las nuevas clasificaciones, mientras que THE ha declarado que dejará las universidades rusas.
La lógica, explicó THE en un comunicado, es que la invasión puede debilitar a las universidades rusas. "Como tal, permitiremos que las clasificaciones hagan lo que están diseñadas para hacer, y mostraremos al mundo el impacto de esas decisiones", dijo THE.
"Los editores y las empresas de datos que controlan las principales clasificaciones universitarias mundiales (THE, QS) son empresas de servicios globales, y hemos visto una enorme presión sobre las empresas de servicios, desde el comercio minorista hasta las financieras, pasando por el transporte, para aislar a Rusia dado su descarado ataque a Ucrania", dijo Kris Olds, experto en empresas de servicios de educación superior de la Universidad de Wisconsin-Madison. En su opinión, estas empresas deben actuar o revelar una justificación detallada de su inacción.
Clarivate ha suspendido la evaluación de nuevas revistas en Rusia y Bielorrusia para su indexación en Web of Science, dijo una portavoz. Pero sigue discutiendo su respuesta con sus socios académicos, subrayó.
Aunque los editores y clasificadores occidentales dudan en dejar de lado a Rusia, Moscú parece alejarse de las revistas internacionales a pesar de todo.
El 7 de marzo, el gobierno dijo que planea abolir los requisitos para que los científicos rusos publiquen en revistas internacionales indexadas en Scopus o Web of Science. En su lugar, el Ministerio de Educación y Ciencia "introducirá urgentemente su propio sistema para evaluar la eficacia de la investigación científica", según la agencia de noticias rusa Tass.
Vemos que Rusia dice: vale, vamos a desarrollar nuestro propio [sistema cienciométrico]", dijo Hinchliffe. "Lo cual podría funcionar internamente, pero parece muy poco probable que el mundo, como THE, adopte un sistema ruso en lugar de [...] Elsevier".
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Ukraine demands journal publishers and university rankings agencies stop working with Russia10 Mar 2022 | News
Private companies control the circulation of scientific information and the prestige of universities. They are now under pressure to act, but some caution against ending a culture of scientific openness
By David Matthews
Ukraine is demanding a new wave of scientific sanctions against Russia, this time focusing on academic publishers and companies that produce university league tables.
European governments including Germany, the Netherlands and Sweden have already stopped joint research projects with Russia in retaliation for the invasion of Ukraine.
The world’s biggest publishers, who control the global flow and accreditation of scientific information, and compile the citation data that underpins university rankings, have not yet taken any action, but are now discussing their next steps.
At the end of last week, Ukraine’s Ministry of Education and Science, backed by its universities, issued a detailed list of research sanctions they think will ultimately help undermine Moscow’s war machine.
These include blocking access to published research online for Russian citizens and institutions, and banning Russian citizens from editing or reviewing in international journals.
“Just as the EU and the US have imposed tough technological sanctions to block Russia's imports of technological goods, Russian users need to be denied access to scientific information products, which in the long run will weaken Russia's military capabilities,” said Serhii Nazarovets, a scientometrics researcher at Borys Grinchenko Kyiv University, who is currently in the besieged capital.
Nazarovets, who runs a Ukrainian blog about libraries, has launched a petition demanding action from western publishers, and points out that companies from Apple to McDonalds have pulled out, but academic publishers are still dealing with Russia.
“I suspect that academic publishers will not want to give up Russian money,” he said.
For their part, publishers say they are still figuring out exactly how to respond, but are leaning towards keeping Russia in the global journal system – if that is even possible in the context of crippling western sanctions.
“Academia, science scholarship, this has been one of the great examples of where we don't think about what country of origin you have,” said Caroline Sutton, the chief executive of STM, a trade body whose members collectively publish two thirds of all academic articles.
Discussions are ongoing, but members are currently not on the whole in favour of an outright ban on publishing articles from Russian academics, she said.
“Scientific progress depends on openness and international collaboration,” said a spokesman for Elsevier, the world’s biggest publisher. “Restrictions on research publishing may not only harm individual authors, who may have different views from their governments, but also those in other countries.”
Collateral damage
But most sanctions cause collateral damage, points out Jeroen Bosman, an expert in scholarly communications at Utrecht University Library.
“I think it is too easy to oppose these sanctions by saying global circulation of knowledge is a good thing,” he said. “The sanctions do not aim to limit information sharing but aim to hit the Russian economy and interests and pressure all Russian institutions, especially those part of the establishment, to oppose the war and its atrocities.”
Even if publishers wanted to ban Russian articles, or Russian editors and reviewers, journals might not go comply, as they are traditionally editorially independent from their business owners,” Sutton noted. “You can't just flip a switch and now our system is closed to Russia,” she said.
There have been isolated examples of journals taking action. The Journal of Molecular Structure, for example, has said it will not consider manuscripts by researchers working at Russian institutions.
Then there is the question of access to research. Publishers sell Russian universities journal subscriptions, but it is unclear if this can continue given western sanctions, Sutton said. STM is currently speaking to its legal counsel and sanctions experts. “Can we deliver a subscription? Even if we don't charge? Can we not?” she asked.
One potential precedent is Iran. Western sanctions ban publishers from taking money from Iranian universities, but publishers can still publish research from Iranian scholars, so long as they screen it to make sure it can’t be used to, for example, help build a nuclear bomb.
But if publishers are banned from taking money from Russian universities, but still want to allow Russian researchers to use and view journals, then this could lead to the absurd situation of Russia publishing and accessing content for free while the rest of the world has to pay.
“Say we're going to accept the Russian content, but maybe the sanction says we can't charge. Is that the right ethical thing? Now we're going to give free publishing services?” said Sutton.
University rankings
Another of the Ukrainian demands sounds technical, but is arguably just as important as access to journals. They want western publishers to stop indexing research published in Russia in scientometric databases.
These databases, like Elsevier-owned Scopus, and Web of Science, owned by the London-headquartered analytics firm Clarivate, contain vast quantities of citation data that are used as a measure of which academics, universities and countries are research leaders.
Crucially, this data underpins controversial, but reputationally critical global university rankings. The Times Higher Education (THE) university rankings, for example, are partly based on Elsevier’s Scopus database.
“This appears to me to be a demand to remove the data that enables Russian universities to be seen as prestigious,” said Lisa Hinchliffe, professor of information literacy services at the University of Illinois. “It removes them from certain league tables. Because if that work is removed, then the Russian rankings will fall dismally.”
This would be no minor setback for Russia. Rankings prestige has been at the heart of Russian higher education policy over the last decade. In 2013, president Vladimir Putin himself launched the ‘5 – 100’ project, an effort to propel five Russian universities into the top 100 by 2020.
The project has utterly failed; according to the THE’s latest rankings, not a single Russian institution is in the top 100.
Ukraine’s government has also directly written to rankings organisations to demand they exclude Russian universities.
The rankers themselves are divided on how to respond to the invasion. One of the major ranking firms QS, has said it will “redact” Russian and Belarusian universities from new rankings, while THE said it will leave Russian universities in.
The logic, explained THE in a statement, is that the invasion is likely to weaken Russian universities. “As such, we will allow the rankings to do what they are designed to do, and show the world the impact of those decisions,” THE said.
“Publishers and the data firms that control key world university rankings (THE, QS) are global services firms, and we've seen enormous pressure on services firms, from retail, to financial, to transport, to isolate Russia given its brazen attack on the Ukraine,” said Kris Olds, an expert on higher education service companies at the University of Wisconsin-Madison. Either these companies need to act, or disclose a detailed rationale for inaction, he believes.
Clarivate has suspended the evaluation of new journals in Russia and Belarus for indexing in Web of Science, said a spokeswoman. But it is still continuing to discuss its response with academic partners, she stressed.
Even if Western publishers and rankers are hesitant to cut Russia off, Moscow appears to be moving away from international journals regardless.
On March 7, the government said it plans to abolish requirements for Russian scientists to publish in international journals indexed in Scopus or Web of Science. Instead, the Ministry of Education and Science would urgently “introduce its own system for assessing the effectiveness of scientific research,” according to Russia’s Tass news agency.
“We see Russia saying, okay, we're going to develop our own [scientometric system],” said Hinchliffe. “Which might work internally, but it seems highly unlikely that the globe, like THE would adopt a Russian system in place of […] Elsevier.”
