El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró este jueves, en Nueva Delhi (India), que la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) será decisiva para el equilibrio de poder en el mundo digital y para el desarrollo económico de los países. Durante su discurso en la Sesión Plenaria de la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial, el mandatario destacó que el avance acelerado de la tecnología ocurre en un contexto de fragilidad del multilateralismo y puede ampliar las desigualdades globales.
“La Cuarta Revolución Industrial avanza rápidamente mientras el multilateralismo retrocede peligrosamente. Es en este contexto que la gobernanza global de la Inteligencia Artificial asume un papel estratégico”, dijo. Según Lula, “sin acción colectiva, la Inteligencia Artificial profundizará desigualdades históricas” y debe orientarse a fortalecer “la democracia, la cohesión social y la soberanía de los países”.
El presidente también llamó la atención sobre el impacto estructural de la tecnología en la economía, la política y la organización social. Afirmó que los algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial no son sólo herramientas técnicas, sino parte de una disputa de poder. “Los algoritmos no son apenas aplicaciones de códigos matemáticos que sostienen el mundo digital. Son parte de una compleja estructura de poder”, aseveró.
Ceremonia de Apertura de la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA)/ Cerimônia de Abertura da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial (IA). Foto: Ricardo Stuckert / PREl primer mandatario brasileño destacó que la tecnología puede aportar beneficios relevantes en áreas como la productividad industrial, los servicios públicos, la medicina y la seguridad alimentaria y energética, pero advirtió que también representa riesgos significativos, incluidos la desinformación, la manipulación electoral y la precarización del trabajo.
“Toda innovación tecnológica de gran impacto posee carácter dual y nos confronta con cuestiones éticas y políticas. Contenidos falsos manipulados por Inteligencia Artificial distorsionan procesos electorales y ponen en riesgo la democracia”, dijo.
Otro punto central del discurso fue la concentración de infraestructura, capacidad computacional y datos en manos de pocas empresas globales. Lula defendió la regulación de las grandes plataformas tecnológicas y enfatizó que el actual modelo económico digital favorece una apropiación desigual del valor.
“Capacidades computacionales, infraestructura y capital permanecen excesivamente concentrados en pocos países y empresas. Los datos generados por nuestros ciudadanos, empresas y organismos públicos están siendo apropiados por pocos conglomerados, sin una contrapartida equivalente en generación de valor y renta en nuestros territorios”, afirmó.
Según el presidente, cuando pocas empresas controlan los algoritmos y la infraestructura digital, “no estamos hablando de innovación, sino de dominación”, y la regulación de las llamadas Big Tech es esencial para proteger los derechos digitales, la integridad de la información y las economías nacionales.
Lula también mostró las iniciativas brasileñas orientadas a la soberanía tecnológica y al desarrollo económico mediante la IA, incluido el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial lanzado en 2024 y políticas para atraer inversiones en Centros de Datos.
Afirmó que estas medidas buscan mejorar los servicios públicos, estimular la generación de empleo e ingresos y posicionar al país en la economía digital global.
El presidente recordó además que 2.6 mil millones de personas permanecen desconectadas, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y defendió que el desarrollo de la Inteligencia Artificial debe priorizar la inclusión.
“Colocar al ser humano en el centro de nuestras decisiones es una tarea urgente. El régimen de gobernanza de estas tecnologías definirá quién participa, quién es explotado y quién quedará al margen de este proceso”, sentenció.
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Publicado en dpl news
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La arquitectura digital de Brasil en 2026: espectro, infraestructura estratégica e Inteligencia Artificial
Por Mayara Figueiredo y Paula Bertolini
Brasil ingresa en 2026 con una agenda digital ambiciosa que combina política de espectro, fortalecimiento de infraestructura estratégica, mayor conectividad y simplificación de marcos regulatorios. El país apunta a consolidar el despliegue de 5G, posicionarse como hub regional de cables submarinos y Data Centers, y avanzar hacia una regulación más moderna, en un año que estará fuertemente condicionado por dos factores principales: el cierre del ciclo estratégico actual de la Anatel y el contexto político asociado al año electoral.
Política de espectro
Este año se consolidará un plan de licitaciones por fases con mayor previsibilidad regulatoria, incluyendo la preparación de pliegos para bandas estratégicas como 450 MHz, 700 MHz y 850 MHz, alineando política de espectro con objetivos de cobertura rural, corredores logísticos y expansión de capacidad. Se requería especial atención a la banda de 6 GHz, donde el desafío es equilibrar su uso licenciado para redes móviles de próxima generación con la preservación del ecosistema Wi-Fi sin licencia. Sin embargo, la banda fue retirada de la lista de espectro a ser subastado en una reciente revisión de entregables de la agenda regulatoria de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para 2026 y no hay previsión de cuándo será incluida nuevamente.
Tras recibir el aval del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Anatel avanzó con la licitación de la banda de 700 MHz, considerada estratégica para expandir la cobertura 4G y 5G en zonas rurales y de baja densidad, con publicación de bases y subasta estimada para abril. En las bases para la licitación se detallan bloques regionales en las modalidades FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time Division Duplex), autorización por 20 años y posibilidad de descuento de hasta 70% del valor ofertado mediante la asunción de compromisos adicionales de interés colectivo.
En paralelo, Brasil avanzará hacia una gestión del espectro más estratégica y orientada a resultados, en línea con la recalibración competitiva iniciada tras la revisión del PGMC. La Anatel deberá equilibrar la promoción de la competencia basada en infraestructura con la necesidad de preservar incentivos de inversión de largo plazo, en un contexto de debate sobre límites máximos de espectro y distribución de costos en la cadena digital. La clave estará en diseñar reglas proporcionadas que fomenten la rivalidad sin comprometer economías de escala, eficiencia ni sostenibilidad económica del sector.
En cuanto a la política pública en materia espectral, el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional 2026 señala que la política de espectro continúa orientada a consolidar el despliegue de 5G y preparar el terreno para futuras evoluciones tecnológicas. En ese marco, el gobierno destaca el papel de la Anatel en la conducción de procesos de licitación y en el reordenamiento (refarming) de bandas, con el objetivo de optimizar el uso de frecuencias ya asignadas y habilitar nuevas porciones para servicios móviles avanzados.
El documento enfatiza que la planificación del espectro no se limita a subastas recaudatorias, sino que incorpora compromisos de inversión, cobertura y obligaciones de hacer, alineadas con la estrategia nacional de transformación digital.
Infraestructura estratégica digital: cables submarinos y Data Centers
La estrategia del gobierno de Brasil para este año parte de la premisa de que la infraestructura digital es un pilar del desarrollo económico, la inclusión social y la autonomía tecnológica. En el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional se plantea la ampliación y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones como condición para aumentar la competitividad, integrar el territorio y reducir desigualdades regionales. En este marco, los cables submarinos son vistos como activos estratégicos para garantizar conectividad internacional robusta, reducir la dependencia de rutas concentradas y mejorar la resiliencia y seguridad de las comunicaciones del país. Es por eso que el gobierno puso a consulta pública el año pasado la Política Nacional de Cables Submarinos, y se espera que este año se cristalice en una estrategia.
El gobierno enfatiza la necesidad de diversificar las rutas internacionales de datos y fortalecer la capacidad nacional de conexión directa con otros continentes. La estrategia combinará coordinación con el sector privado, instrumentos de financiamiento público y marcos regulatorios que favorezcan inversiones en nuevas conexiones y en la ampliación de capacidad. El objetivo no es sólo técnico, sino geopolítico: posicionar a Brasil como hub digital regional, reduciendo vulnerabilidades externas y aumentando su protagonismo en la economía digital global.
En cuanto a los Data Centers, la estrategia promueve la atracción de inversiones para instalar y expandir Centros de Datos en territorio brasileño, aprovechando ventajas como la matriz energética relativamente limpia y el tamaño del mercado interno. Entre las iniciativas en curso se encuentra el llamado Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centros de Datos (ReData). El programa combina incentivos fiscales con contrapartidas obligatorias, como destinar el 2% de las inversiones a I+D y reservar el 10% de la capacidad instalada al mercado interno. Para 2026, están previstos R$ 5,200 millones en incentivos en el marco del régimen. Días atrás, el proyecto logró aprobación en la Cámara de Diputados y se espera que termine su aval en el Congreso en los próximos días.
La localización de datos en el país es entendida como un factor clave para generar empleo calificado, estimular cadenas de valor tecnológicas y reforzar la autonomía operativa del Estado y de las empresas brasileñas.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología estratégica para el desarrollo productivo, la modernización del Estado y la inserción internacional de Brasil. El enfoque del gobierno es consolidar una política nacional de IA que combine innovación, inclusión y soberanía tecnológica.
En el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional se plantea fortalecer la investigación científica, la formación de talento especializado y la articulación entre universidades, centros de investigación y sector privado, con el objetivo de posicionar al país como referente regional en el desarrollo y aplicación de soluciones basadas en IA. También se enfatiza el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la gestión pública y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Toda la política pública relacionada con la IA está enmarcada en el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA), que articula acciones estratégicas en infraestructura, formación de talento, inclusión digital y promoción del uso de IA en áreas como salud, educación, medio ambiente y productividad industrial. Con una inversión prevista de más de 23,000 millones de reales entre 2024 y 2028, el plan refuerza el compromiso del país con una transformación digital justa, inclusiva y centrada en las personas.
En este marco, Brasil avanzará en distintos frentes como el Programa IA 4.0 Brasil, que busca acelerar la adopción de la IA en el sector productivo. Para ello, el país cuenta con infraestructura de vanguardia, como la supercomputadora Santos Dumont, operada por el Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC).
Asimismo, el gobierno aborda la dimensión ética y regulatoria de la Inteligencia Artificial, destacando la importancia de un marco normativo que garantice derechos, protección de datos y uso responsable de la tecnología. Brasil debate desde 2023 el Proyecto de Ley 2338, que establece un marco regulatorio integral para los sistemas de IA. Inspirado en el modelo europeo, pero adaptado a las características sociales y económicas del país, el proyecto clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, establece prohibiciones para usos considerados inaceptables, y propone la creación de un sistema nacional de regulación y gobernanza. El texto actualmente está en revisión en una comisión especial de la Cámara de Diputados y podría ser votado en las próximas semanas.
Agenda regulatoria de Anatel
En un contexto de transformación tecnológica, convergencia de mercados y creciente complejidad competitiva, la Anatel tiene una marcada hoja de ruta para los próximos meses. En el artículo, “Perspectivas regulatorias para el sector de las telecomunicaciones en 2026”, publicado por Carlos Baigorri y Alexandre Freire en el portal Teletime, el regulador ofrece un panorama de los principales cambios y desafíos que enfrentará la Agencia durante este año: la necesidad de mejorar los instrumentos regulatorios clásicos, como la gestión del espectro, los procesos de licitación y los límites de concentración; la guillotina regulatoria y la revisión de los marcos estructurantes, como los relativos a las obligaciones regulatorias del Servicio de Acceso Condicional (SeAC) y el Reglamento de Uso del Espectro, entre otros.
En 2026, la Anatel consolidará un giro hacia una regulación más prospectiva mediante la implementación del Entorno Regulatorio Experimental, formalizado por la Resolución n.º 776/2025 y la puesta en marcha de su primer sandbox regulatorio. Este mecanismo permitirá probar modelos de negocio y tecnologías innovadoras en un entorno controlado y con garantías jurídicas, incluso cuando no se ajusten plenamente a la normativa vigente, generando evidencia empírica para una toma de decisiones más informada. Así, la Agencia busca pasar de un enfoque reactivo a uno basado en aprendizaje institucional continuo, reduciendo barreras a la innovación sin perder de vista la competencia, la seguridad y el interés público.
También profundizará la recalibración de su política de competencia tras la revisión del PGMC en 2025, ajustando sus instrumentos regulatorios a un mercado transformado por la subasta 5G, la reorganización del sector móvil y la entrada de nuevos actores.
El concepto de guillotina regulatoria es quizás el más relevante que marca esta gestión de Anatel: un instrumento para mejorar la calidad normativa y fortalecer la seguridad jurídica, eliminando reglas obsoletas, ineficaces o desproporcionadas en un sector marcado por la convergencia y la rápida evolución tecnológica. La iniciativa parte del principio de que sólo deben subsistir aquellas regulaciones que sean necesarias, efectivas y adecuadas, reduciendo costos de transacción y promoviendo la competencia. Para 2026, el enfoque apunta a “regular mejor” en lugar de “regular más”, privilegiando claridad, coherencia y previsibilidad como bases de una regulación moderna y orientada a resultados.
Además, revisará las obligaciones regulatorias del Servicio de Acceso Condicional (SeAC) ante la creciente convergencia tecnológica y la competencia de plataformas OTT. La iniciativa evaluará los costos regulatorios derivados de normas sublegales –sin modificar obligaciones establecidas por ley– con el objetivo de identificar posibles simplificaciones y corregir asimetrías competitivas. El proceso, ya sometido a consulta pública, busca adaptar el marco regulatorio a la nueva dinámica del mercado audiovisual bajo criterios de proporcionalidad, neutralidad tecnológica y eficiencia.
En el citado artículo de Teletime, ambos funcionarios también destacan como un hito decisivo la construcción de un enfoque regulatorio capaz de seguir el ritmo de la rápida incorporación de la IA por parte de los proveedores de servicios, aunque entienden que la premisa debe ser “regular sin sofocar”.
Asimismo, la Anatel avanzará hacia un nuevo paradigma regulatorio para el sector satelital, marcado por la expansión acelerada de constelaciones no geoestacionarias y la creciente ocupación de la órbita baja. A partir de la alerta regulatoria emitida en 2025, la Agencia reconoce que el marco vigente requiere una revisión estructural frente a la concentración económica en el mercado espacial y a los riesgos asociados a la generación de desechos orbitales, la coordinación del tráfico y la explotación de recursos finitos como el espectro y las posiciones orbitales. La Iniciativa n.º 24 de la Agenda Regulatoria 2025-2026 abre así una fase de análisis para evaluar la incorporación de criterios explícitos de sostenibilidad en línea con directrices de la UIT y la COPUOS, con el objetivo de garantizar acceso equitativo, preservar la competencia y asegurar la viabilidad de largo plazo del entorno orbital.
En la reciente actualización de la agenda, publicada en febrero, el Consejo Director de la Anatel estableció nuevas iniciativas regulatorias para 2026:
- simplificación y consolidación de la regulación de remuneración por el uso de redes, incluidas disposiciones para el Servicio de Comunicación Multimedia (SCM);
- reevaluación del Reglamento General de Licenciamiento (RGL) para su alineación con la Súmula n.º 28/2025;
- reevaluación del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (RQUAL).
Radiodifusión y TV 3.0: transición tecnológica en curso
En 2026, Brasil avanza en la implantación de la TV 3.0, nuevo estándar de televisión abierta integrado a Internet, mediante decreto federal y su inclusión en la agenda digital de 2026 presentada en el Mensaje al Congreso. El inicio comercial está previsto para agosto de 2026, con implementación gradual hasta 2035.
La propuesta es transformar la TV abierta en una plataforma híbrida, con interactividad, contenido bajo demanda y nuevos servicios digitales, preservando el acceso gratuito y masivo de la radiodifusión.
En el ámbito del espectro, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para actualizar los requisitos técnicos y operativos de la radiodifusión en el nuevo entorno tecnológico. La propuesta reserva principalmente la banda de 216 a 372 MHz para la TV 3.0, con uso específico entre aproximadamente 250 MHz y 322 MHz, mientras que la banda de 174 a 216 MHz se destinará preferentemente a las emisoras públicas federales.
El objetivo es garantizar mayor eficiencia espectral, calidad superior de imagen y sonido, protección contra interferencias y convivencia ordenada con otros servicios.
El Ministerio de las Comunicaciones, por su parte, es responsable de la política pública y del cronograma de implementación, coordinando el proceso con el sector y con el Foro SBTVD. La transición aún depende de la consolidación de las reglas regulatorias, la homologación de equipos y la planificación final de redes y canales, con el fin de asegurar una migración gradual, segura e inclusiva hacia la nueva generación de la televisión abierta brasileña.
Regulación de ciberseguridad
En el plano legislativo, continúa en tramitación el Proyecto de Ley 4752/2025, que propone la creación de una Autoridad Nacional de Ciberseguridad y un marco legal moderno para la protección de infraestructuras críticas, datos estratégicos y respuesta coordinada a incidentes.
Sectores específicos como el financiero y el de infraestructura crítica ya cuentan con requisitos de ciberseguridad reforzados por normas regulatorias propias; sin embargo, aún no existe un marco regulatorio amplio y consolidado aprobado.
El gobierno federal analiza distintos modelos para crear una autoridad nacional de ciberseguridad, incluida la posibilidad de transformar o adaptar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para asumir esa función. El debate surge porque las competencias actualmente están fragmentadas entre varios organismos, lo que dificulta la respuesta a los ataques.
La propuesta es centralizar estándares mínimos de seguridad, la coordinación de la prevención y la respuesta a incidentes, así como la integración entre el sector público y el privado.
El Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional 2026 destaca la continuidad de la implementación de la Política Nacional de Seguridad de la Información y Cibernética y el fortalecimiento de la gobernanza coordinada por el Gabinete de Seguridad Institucional, con foco en la protección de datos gubernamentales, redes públicas y servicios esenciales.
El documento también refuerza la ampliación de la capacidad de prevención y respuesta a incidentes, incluyendo monitoreo de amenazas, integración entre organismos y protección de infraestructuras digitales estratégicas.
Conectividad y financiamiento: el papel en evolución del FUST
El Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), históricamente un mecanismo de financiamiento pasivo, se ha convertido en un instrumento activo de política pública.
En 2025, el fondo registró R$ 3,200 millones aplicados en proyectos de conectividad, según datos oficiales del Ministerio de Comunicaciones, incluyendo expansión de redes e inclusión digital en localidades con cobertura insuficiente. Este nivel de ejecución representa un salto operativo respecto a años anteriores, reflejando un uso más efectivo de sus recursos.
Para 2026, el Consejo Gestor del FUST autorizó un presupuesto de R$ 1,284 millones, que deberá incorporarse a la Ley de Presupuesto Anual (presupuesto federal). Además, el fondo ya interactúa con agentes financieros: el BNDES reportó R$ 1,100 millones en operaciones que utilizan recursos del FUST para inversiones en conectividad, especialmente en las regiones Norte y Nordeste.
Proveedores regionales
La Cámara de Diputados avanzó en la creación de un programa orientado a ampliar la conectividad en áreas rurales y remotas mediante el fortalecimiento de pequeños proveedores de Internet, hoy responsables de gran parte de la conectividad de banda ancha en pequeñas comunidades de Brasil.
La propuesta crea el Programa Nacional de Incentivo a los Proveedores Regionales (PNIPR), con prioridad de acceso a crédito de bancos públicos y a recursos del FUST, además de incentivos tributarios para la adquisición de equipos por empresas que operen en regiones de baja cobertura.
El texto también prevé cooperación entre la Unión, estados y municipios para mapear vacíos de conectividad y formar mano de obra local, reconociendo el papel central de estos proveedores en la expansión de la banda ancha en ciudades pequeñas. Actualmente, aunque el FUST puede financiar redes, no existen mecanismos específicos que favorezcan a estos operadores ni regímenes tributarios dirigidos a los ISPs.
La propuesta aún debe ser aprobada por otras comisiones y por el Senado para convertirse en ley, pero señala una posible prioridad de política pública para 2026 al orientar recursos e incentivos hacia la expansión de la infraestructura de acceso, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.
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Publicado en Wired
https://es.wired.com/articulos/america-latina-busca-su-propio-camino-en-la-regulacion-de-la-ia
América Latina busca su propio camino en la regulación de la IA
Claudia Del Pozo
20 de enero de 2026
Mientras Brasil, El Salvador y Perú ya han regulado la inteligencia artificial, el resto de la región avanza con borradores y estrategias mayormente inspiradas en el modelo europeo. Sin embargo, expertos advierten que los marcos globales están en transición y que Latinoamérica enfrenta el reto de crear regulaciones que no sean simples copias, sino que respondan a sus propias realidades económicas, sociales e institucionales.
El tema de la regulación de la IA está en boca de muchos políticos de América Latina. Los gobiernos de la región buscan aprovechar las promesas de impacto económico y social de una tecnología que, por más de medio siglo, ha habitado tanto el terreno de la investigación como el del imaginario colectivo. La ciencia ficción ha dejado claro que con mucho poder viene mucha responsabilidad, y hoy los estados esperan con ansias estar a la altura para canalizar el desarrollo y adopción tecnológica de una forma que lleve a una nueva etapa de prosperidad económica en la que la tecnología contribuya de manera tangible a mejorar la calidad de vida.
El canal predilecto para aterrizar estas posibilidades en realidades, hasta la fecha, parece ser a través de la regulación. Esta busca no solo proteger a individuos y a nuestras sociedades de posibles afectaciones a nuestras libertades, sino también establecer responsabilidades claras, estándares mínimos y mecanismos de cumplimiento, creando un contexto más propicio para la inversión, innovación y adopción de la IA. Las regulaciones existentes proponen diferentes balances entre permitir la innovación y salvaguardar derechos y valores fundamentales.
Si bien todos tienen el mismo objetivo, existen diferentes tipos de acercamientos regulatorios, desde el enfoque europeo, que privilegia un enfoque basado en riesgos, hasta el enfoque estadounidense, que impulsa la innovación a toda costa, entre otros. Hasta la fecha, los esfuerzos regulatorios y de gobernanza en la región se han basado principalmente en la regulación de IA de la Unión Europea (UE), siguiendo el famoso efecto Bruselas.
Una de las hipótesis que explica esta influencia es que la UE fue la primera, y prácticamente la única jurisdicción en establecer un marco tan exhaustivo. Otras personas expertas como Franco Giandana, analista político en la organización de derechos humanos Access Now, lo explica por el precedente que dejó en la región la adopción de legislaciones inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. En ese sentido, explica que si los datos personales ya se regulan bajo esquemas europeos como consecuencia del efecto Bruselas, resulta esperable que tal efecto tenga similar impacto en materia de regulación de IA.
A la fecha, tan solo Brasil, El Salvador y Perú han regulado dicha tecnología, mientras que la mayoría de los países están avanzando con borradores, estrategias o políticas y marcos basados en principios éticos. En términos de innovación regulatoria, destaca Colombia por ser de los únicos países en haber realizado un sandbox regulatorio, un ejercicio que permite probar el impacto de una ley antes de promulgarla.
Si bien muchos países de América Latina han avanzado en conversaciones y marcos regulatorios sobre IA, el escenario global está en transición. Paloma Baytelman, maestra en Comunicación, Tecnología y Sociedad por la New York University (NYU) y consultora asociada del GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, comparte que lo que se observa tanto en Estados Unidos como en Europa son ajustes y reequilibrios en los enfoques regulatorios, atravesados por tensiones entre innovación, competitividad, protección de derechos y capacidad institucional. Explica que “en ese contexto, resulta clave que los países de la región reconozcan que los modelos de referencia están evolucionando y que incorporen esa dinámica en sus propios debates, evitando trasplantes normativos acríticos que no dialoguen con sus propias realidades”.
Hoy, los países de América Latina se enfrentan al desafío de diseñar regulaciones que respondan al contexto global y, a su vez, reflejen las realidades locales. En este sentido, se han identificado cuatro desafíos característicos que las regulaciones existentes abordan de manera insuficiente y que son clave considerar en los marcos de la región.
Protección de recursos naturales
América Latina ocupa una posición estratégica en la cadena global de la inteligencia artificial, comenta Baytelman, en parte por los recursos naturales que sustentan la infraestructura digital global y también porque atrae inversiones en infraestructura como data centers, y es una fuente creciente de datos para entrenar y operar sistemas de IA. Continúa diciendo que sin marcos regulatorios adecuados, “existe el riesgo de profundizar un modelo extractivo en el que la región provee insumos críticos mientras asume los costos ambientales y sociales, quedando al margen de los beneficios”. Llama a incorporar esta dimensión en la regulación de la IA de la región para avanzar hacia una mayor soberanía digital y un desarrollo tecnológico más equilibrado y sostenible.
Por ejemplo, la monopolización del agua para el funcionamiento de centros de datos ha dejado a comunidades sin agua. Este fue el caso en la ciudad mexicana de Querétaro, donde se estima que los dos centros de datos consumen seis veces la cantidad de agua destinada a la población, a pesar de una sequía que dejó al 14.8% de la población sin este recurso (Lagos, 2025).
Una región consumidora, no desarrolladora
Por otro lado, María Lorena Flórez Rojas, editora de Gobernanza Algorítmica en Data for Policy, señala que por ahora, la región es consumidora y no desarrolladora de sistemas de IA. De acuerdo con Flórez, esta dinámica responde, en gran medida, a la dependencia tecnológica considerable de la región en materia de software y hardware”. Destacó que “los modelos más innovadores de la región, dejando de lado los unicornios, están montados sobre las APIs de las big tech”. Esto significa que la mayoría de las aplicaciones de IA en la región se construyen y operan sobre infraestructuras externas, cuyos límites técnicos, económicos y contractuales se definen fuera del control nacional. En otras palabras, no responden al contexto local, lo que puede llevar a discriminaciones, daño social y pérdidas de oportunidad y libertad.
Con el afán de contrarrestar esta narrativa consumidora, la región está empezando a esbozar sus propias soluciones. Entre ellas, destaca Latam-GPT, una iniciativa encabezada por el Centro Nacional de IA de Chile (CENIA) que busca cambiar la dependencia tecnológica de la región al crear un modelo de lenguaje extenso (LLM) regional (Lagos, 2025).
Aprovechamiento de crisis humanitarias
Regular para la IA en América Latina también significa abordar una realidad incómoda. Las empresas tecnológicas están aprovechando contextos de fragilidad económica y crisis humanitarias para emplear mano de obra en condiciones precarias con remuneraciones muy por debajo de los estándares justos (Medina, 2023). Esta subcontratación suele darse en una de las partes más intensivas en mano de obra de la cadena de valor de la IA: el etiquetado de datos, una práctica que está altamente presente en países como Venezuela (Hao y Hernández, 2022).
Capacidad por implementar limitada
Alejandro Barros, director del Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica de Chile (OptIA) e investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, comparte la importancia de que los estados reconozcan sus propias limitantes regulatorias. Países que optaron por copiar el modelo regulatorio de la UE hoy enfrentan críticas por una regulación que se queda en papel (Smart y Montori, 2025). En este sentido, Barros habla de una debilidad estructural en América Latina donde “la falta de recursos humanos, financieros y de modelos de gobernanza adecuados termina socavando la implementación efectiva de marcos regulatorios ambiciosos”.
Como ejemplo, apunta al caso de la Agencia de Protección de Datos Personales chilena, diseñada para garantizar la aplicación de la nueva ley de protección de datos aprobada en diciembre de 2024, pero sobre la cual existen “serias dudas de si podrá implementarse adecuadamente a partir de diciembre del 2026”, aclaró. Este antecedente evidencia los desafíos a los que se enfrentan los estados para avanzar hacia esquemas regulatorios que tomen en consideración los desafíos de implementación de los mismos en términos de recursos, fases y gobernanza.
La influencia de las big tech
Además de los cuatro retos mencionados, el panorama se complica con el rol central que han ganado las grandes empresas tecnológicas internacionales en la discusión regulatoria de la IA en América Latina. Una investigación llevada a cabo por la organización brasileña Agencia Pública y más de 15 medios reveló la influencia de las empresas tecnológicas globales en las leyes y políticas de América Latina a través de un intenso cabildeo y conexiones estratégicas, moldeando las regulaciones a su favor (Agencia Pública, 2025). En Brasil, por ejemplo, la relajación de las disposiciones más estrictas de la principal propuesta de regulación de IA se produjo tras un viaje a Washington por parte del senador proponente (McQue, Martins, et al, 2025). El académico brasileño Filipe Medon del Centro de Tecnologia e Sociedade de FGV Direito Rio, explica cómo algunas grandes empresas tecnológicas, a veces, recurren a la propagación del miedo como una de las estrategias anti-regulatorias, en particular a través del argumento de que cualquier intento de regulación podría frenar la innovación y dejar a los países “rezagados” en la carrera tecnológica.
Desafortunadamente para la región, la espera tiene un costo. Mientras los congresos se tardan, las decisiones técnicas ya se tomaron: qué modelos se usan, qué datos se entrenan, qué estándares se imponen y qué valores quedan incorporados en los sistemas que la región consume.
En conjunto, la regulación de la inteligencia artificial en América Latina se encuentra en una fase incipiente o “en beta”, marcada por una fuerte urgencia normativa, pero con avances limitados en capacidades, innovación y gobernanza de datos. Mientras el debate regulatorio avanza, la región continúa dependiendo en gran medida de modelos, infraestructuras y estándares desarrollados fuera de sus fronteras, lo que plantea desafíos para la soberanía de datos, la adecuación de los sistemas al contexto local y la distribución de beneficios económicos.
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