Publicado en The Wire
https://science.thewire.in/education/science-policy-monopoly-of-journal-subscriptions-and-commodification-of-research/
El monopolio de las suscripciones a revistas y la mercantilización de la investigación
09/02/2021
La propuesta de una "política de ciencia abierta" que garantice que los resultados y la información generada por toda la investigación financiada con fondos públicos sean de libre acceso para todos y que todos tengan libre acceso a las suscripciones masivas de importantes revistas científicas en todo el mundo ha sido, comprensiblemente, bien recibida por la gente, especialmente por los académicos y los estudiosos. Por lo tanto, es una propuesta que exige un análisis más detallado de sus méritos y posibles deméritos.
Accesibilidad de la investigación financiada con fondos públicos
La primera pregunta que surge es: ¿por qué esta información no es ya de libre acceso para todos? Al fin y al cabo, toda la investigación financiada con fondos públicos se financia en última instancia con los impuestos públicos y todos pagamos impuestos con cada artículo que compramos, por no hablar de todos los demás gastos e impuestos. De hecho, ya existen varios planes de la Comisión de Subvenciones Universitarias (UGC) para que los resultados de la investigación sean accesibles a las instituciones educativas. Entre ellos se encuentra IndCat (1991), que cuenta con un depósito de 1,42 millones (crores) de libros y 2,7 miles (lakh) de tesis de investigación de acceso abierto (OA) aportados por 317 universidades (de un total de 789); Shodh ganga (2010), también OA, tiene 1. 9 miles (lakh) de tesis de 375 universidades; E-Shodh Sindhu (2016) cuenta con más de 7.000 revistas electrónicas y 30 miles (lakh) de libros electrónicos para consulta de 178 universidades y 84 institutos técnicos, y N-List abre más de 6.000 revistas electrónicas y 32 miles (lakh) de libros electrónicos a unas 3,000 colegios.
El problema es que un gran número de estudiantes que están terminando sus tesis de máster o de doctorado aún no las depositan en Shodhganga. E-Shodh Sindhu fusionó tres iniciativas de consorcio, a saber, el Consorcio de Bibliotecas Digitales UGC-INFONET, la Infraestructura Nacional de Servicios Bibliotecarios y de Información para el Contenido Académico (N-LIST) y el Consorcio INDEST-AICTE, y proporciona acceso a recursos electrónicos cualitativos, incluidos textos completos, bases de datos bibliográficas y factuales, a las instituciones miembros, incluidas las técnicas financiadas por el gobierno central, las universidades y los institutos de enseñanza superior, con tarifas de suscripción más bajas. Por lo tanto, los recursos disponibles dependen de lo que cada institución pueda suscribir.
Para estas instituciones miembros, E-ShodhSindhu ofrece un enorme recurso para que los investigadores y profesores puedan descargar gratuitamente artículos, textos, normas técnicas y documentos políticos. Sin embargo, el alcance de lo que puede descargarse está limitado a las suscripciones elegidas por las respectivas instituciones. Incluso en instituciones muy financiadas, como los IIT, un gran número de revistas, editoriales y sitios web de pago permanecen fuera de los límites debido a la escasez financiera.
Dado que la propuesta actual es un vástago del proyecto de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (STIP) que se publicó a principios de 2021, también tenemos que examinar de cerca esta política y cómo y por qué ha cambiado.
La primera Resolución de Política Científica de 1958 pretendía promover el "cultivo de la ciencia y la investigación científica" asegurando un suministro adecuado de científicos, que trabajarían para ser autosuficientes. Veinticinco años más tarde, la Declaración de Política Tecnológica de 1983 desplazó el foco de atención de la ciencia a la "tecnología", que sería tanto autóctona como importada, e integraría así "los sectores socioeconómicos con el sistema nacional de I+D".
Otra generación más tarde, cuando la economía india se abrió a la IED y más de 100 empresas mundiales habían establecido centros de I+D en India, la Política de Ciencia y Tecnología de 2003 se centró en la "inversión" necesaria para la I+D. La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2013 llevó esto más lejos, para enfatizar la "competitividad global de la India" para posicionar a "la India entre las cinco principales potencias científicas mundiales en C&T". La última Política de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2021 promueve el "espíritu empresarial" y la integración de los "sistemas de conocimientos tradicionales" para "hacer que el ecosistema indio de CTI sea competitivo a nivel mundial".
Es en el contexto de este ecosistema político, en el que "las empresas multinacionales extranjeras (EMN) colaborarán con entidades nacionales del sector privado y público", donde podemos llegar a la pregunta de qué significa "acceso abierto". Cuando cualquier autor/investigador/institución publica un libro, una monografía o un informe, o cuando un investigador publica un artículo científico en una revista y ese material está disponible gratuitamente en Internet para todo el mundo, esa disponibilidad se denomina acceso abierto. Hay muchos intentos de hacer que los artículos científicos sean gratuitos, pero es mucho más difícil hacer lo mismo con los libros, informes y materiales de organizaciones privadas.
La mayoría de las instituciones educativas y de investigación de los países ricos cuentan con versiones mejor financiadas de E-ShodhSindhu que proporcionan acceso gratuito al material impreso a su personal y estudiantes. Además, hay bibliotecas digitales como JSTOR que ofrecen acceso gratuito a un gran número de libros y artículos científicos. Sin embargo, no todos son gratuitos para todo el mundo y las nuevas publicaciones no suelen estar incluidas. Asimismo, grupos basados en la afiliación, como Research Gate y Academia.edu, también ayudan a los investigadores a poner su trabajo a disposición de los demás. Sin embargo, nada de esto permite a la mayoría de los investigadores indios estar en igualdad de condiciones en el contexto internacional.
La mercantilización de los productos de la investigación científica
El problema es que, gracias a esta competitividad global, los productos de la investigación científica se han convertido en mercancías comerciales. Antes, la mayoría de las revistas académicas eran publicadas por sociedades académicas, patronatos o asociaciones, por lo que las publicaciones no solían ser muy caras o estaban disponibles gratuitamente para los miembros del grupo. Ahora, la publicación de la mayoría de las revistas ha pasado a manos de editores comerciales. Estas revistas exigen que el autor o los autores presenten una copia electrónica del manuscrito a la editorial, que luego se publica con o sin proceso de revisión y se vende a un precio. La editorial no paga a los autores ni a los revisores, sino que se embolsa todos los beneficios.
El procedimiento habitual es que el lector pague una cuota a la revista para leer o descargar un artículo. Algunos artículos se denominan de "acceso abierto". Esto significa que el lector puede descargar el artículo "gratuitamente". Estos trabajos de acceso abierto se dividen en dos categorías: el autor paga una cuota fija por la publicación o el editor decide incluir algunos en esa categoría como su contribución al "interés público". Es por ello que muchos países han ordenado que cualquier publicación resultante del dinero de los contribuyentes esté disponible gratuitamente para todos. Por ejemplo, en febrero de 2013, el gobierno de EE.UU. anunció su nueva política de acceso abierto, que obligaba a que todas las publicaciones derivadas de la investigación financiada por los contribuyentes fueran gratuitas tras un período de embargo de un año.
Sin embargo, ambos procedimientos convierten el conocimiento en una mercancía, por la que el lector o el investigador tienen que pagar por una investigación que debería haber sido gratuita en primer lugar, mientras que el pago lo recibe una entidad que no ha tenido nada que ver con la investigación de todos modos. Este sistema puede ser extremadamente problemático para la mayoría de los creadores y usuarios de conocimientos, que no disponen de recursos para realizar el pago.
Así, incluso si un ciudadano necesita una estadística socioeconómica básica sobre la India en un sitio inaugurado oficialmente por el entonces ministro, el Departamento de Estadística, en el año 2000, tiene que pagar más de 54.000 rupias por seis meses, mientras que una institución, más de 1 lakh por 12 meses. Y eso que todos los datos han sido recogidos por una serie de instituciones financiadas con fondos públicos. Cualquier revista nacional o internacional de ciencias naturales o sociales tiene una suscripción mínima anual de más de 3.000 rupias y sólo hay más de 3.000 o 4.000 revistas científicas de alto impacto.
¿Quiénes son los editores de estas revistas con los que el gobierno quiere negociar una política de "una nación, una suscripción" en interés del pueblo? Cinco empresas que controlan más de las tres cuartas partes de los ingresos estimados de las revistas son Elsevier (3.615mn en 2019), Wiley-Blackwell (1.800mn), Taylor & Francis (767mn), Springer (717mn) y Sage (398mn). La American Chemical Society (605 millones de dólares) se encuentra entre ellas.
El profesor Vincent Larivière (Universidad de Montreal) ha informado de que sólo Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor y Francis y Sage publicaron más del 50% de los artículos en 2013. Esta proporción debe ser mucho mayor ahora. Tres de ellas, Elsevier, Wiley y ACS, han presentado recientemente una demanda en la India pidiendo que se bloquee a dos sitios web, Sci-Hub y Library Genesis (o Libgen), para que no permitan la descarga gratuita de artículos de investigación y libros. En Occidente ya habían presentado demandas contra estos sitios web, acusándolos de piratería. Evidentemente, estos editores desean proteger los enormes beneficios que obtienen de un producto (el conocimiento) que no han creado. Al negociar las suscripciones a granel con ellos, ¿el gobierno de la India les sirve a ellos o a los ciudadanos?
Debido al elevado precio de las suscripciones a las revistas propiedad de estas empresas, Sci-Hub y Libgen surgieron para devolver a la comunidad académica lo que ésta había producido, pero que se veía obligada a dar gratuitamente, o previo pago de tasas, a los editores. Libgen fue fundada en 2008 por científicos rusos, mientras que Sci-Hub fue iniciada en 2011 por Alexandra Elbakyan, una joven investigadora de informática de Kazajistán. Los dos sitios web representan una forma de liberarse literalmente de la esclavitud de las publicaciones monopolísticas de alto coste y alto robo. En la actualidad, Libgen afirma ofrecer acceso gratuito a más de 80 millones de artículos de revistas científicas, mientras que Sci-Hub cuenta con un número equivalente de artículos en su colección.
Teniendo en cuenta que la India es el tercer productor mundial de artículos científicos, los investigadores indios descargan cada año unos siete millones de artículos de estos sitios web. A una media de 40 dólares por artículo, esto representa una pérdida anual de unos 300 millones de dólares para las empresas editoriales, sólo en la India, en comparación con los 200 millones de dólares que los institutos de investigación indios gastan en suscripciones a revistas y artículos de pago. Incluso los estudiantes universitarios estadounidenses son aficionados a estos sitios. ¿No es de extrañar que las empresas mundiales estén preocupadas?
Ámbito legal
Cuando la información es tan crucial para la investigación internacional y el comercio mundial, la siguiente pregunta es: ¿quién debe controlar su flujo y cuál es la posición legal al respecto? Hasta ahora, en virtud de la legislación internacional sobre derechos de autor, las empresas han logrado establecer un dominio sobre la posesión y el uso de todo el conocimiento. Sin embargo, por sentido moral, el conocimiento creado por hombres y mujeres individuales debería pertenecer a toda la humanidad. Esta ha sido la base del desafío legal ofrecido a las corporaciones sobre la conversión del conocimiento tradicional en propiedad comercial.
Utilizando la disposición sobre el estado del arte del régimen de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y el contenido de la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales, una base de datos reunida por el Consejo de Investigación Científica e Industrial y el Ministerio de AYUSH que contiene información sobre más de 2,3 millones de fórmulas medicinales en varios idiomas, ha conseguido que se anulen o retiren decenas de solicitudes de patente de esta información.
El propio régimen de derechos de propiedad intelectual depende de varias leyes, como la Ley de Marcas y Mercancías de 1940, la Ley de Derechos de Autor de 1957, la Ley de Patentes de 1970, la Ley de Indicaciones Geográficas de Productos de 1999, la Ley de Diseños de 2000, la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Semiconductores de 2000, la Ley de Protección de Plantas y Variedades y Derechos de los Agricultores de 2001 y la Ley de Diversidad Biológica de 2002. En virtud de la Ley de Derechos de Autor, se crea un derecho de autor cuando se crea la obra y se le da una forma material, siempre que sea original. La Ley prevé el registro, pero, a diferencia de la legislación estadounidense, no confiere ningún derecho o privilegio especial con respecto a la obra registrada con derechos de autor. Sólo es material probatorio para los tribunales y, por tanto, sólo hace presumir que la persona inscrita en el registro es el verdadero autor.
En las demandas urgentes por infracción y en los procedimientos penales, el registro puede ser de gran ayuda. Pero la notificación de los derechos de autor no es necesaria para reclamar la protección. Cuando una revista o una publicación publica cualquier trabajo de investigación, la ley establece que, en ausencia de un contrato en contrario, el propietario de la publicación será el primer titular de los derechos de autor. Esto es lo que permite a las revistas poseer los derechos de autor del conocimiento científico.
Así que la cuestión final es si el gobierno de la India debe tratar de abordar el problema básico de la propiedad del conocimiento, y su posterior comercialización, mediante la negociación de un mejor acuerdo con los propietarios de las revistas para el acceso a tarifas menos exorbitantes; o debe examinar cómo cambiar la ley para dar la propiedad a los creadores del conocimiento.
Las anteriores suscripciones masivas negociadas por Uruguay y Egipto les costaron unas 48 rupias per cápita, mientras que India gasta actualmente unas 12 rupias per cápita. Para que la India llegue a un acuerdo al mismo ritmo que Uruguay y Egipto supondría un gasto de aproximadamente 6.500 crores de rupias (o 890 millones de dólares). Tal y como están las cosas, en la India la financiación pública de la investigación es escasa y cada día más escasa debido a las políticas favorables al mercado. Por otro lado, cambiar la ley significaría modificar las disposiciones legales existentes o, al menos, aprobar una legislación con respecto a la investigación financiada con fondos públicos y sus productos dentro de la India, así como el libre acceso a dicha investigación a nivel mundial.
El artículo 57 de la Ley de Derechos de Autor concede a un autor "derechos especiales" para reclamar la propiedad, que subsisten incluso después de que el autor haya fallecido, pero esta reclamación sólo puede hacerse cuando la obra ha sido distorsionada, mutilada o modificada, de manera que perjudica el honor o la reputación del autor. Sin embargo, la elección de las opciones dependería realmente de los compromisos políticos del gobierno y de hasta qué punto los productores de conocimiento son capaces de organizarse y reclamar sus derechos.
¿Qué otras opciones tenemos? En la situación actual de las leyes de derechos de autor acordadas por la India y el dominio de unos pocos editores importantes que poseen la mayoría de las revistas, las opciones no son fáciles. Si el gobierno está realmente interesado en mejorar el acceso de los académicos indios a los datos y a las publicaciones de investigación en la India, tiene que empezar por casa. Hay que establecer leyes y normas que digan que los resultados de todos los datos recogidos y las investigaciones realizadas a costa de los contribuyentes (estatales y centrales) deben estar disponibles gratuitamente en Internet. Siempre que se trate de cuestiones de privacidad, estos bancos de datos pueden ser anónimos.
En cuanto a las publicaciones comerciales, con las leyes actuales, tendremos que depender de una versión más eficiente y ampliada de E-ShodhSindhu. Esto significaría que el servicio debería estar a disposición de cualquier organización a precios subvencionados a gran escala en un formato de cafetería. Las tarifas podrían indexarse para que los paquetes más pequeños cuesten menos y las tarifas aumenten progresivamente con el tamaño del paquete. Mientras tanto, el Gobierno también puede crear un sitio web en el que figuren las fuentes (nacionales e internacionales) que ofrecen descargas gratuitas de documentos sobre distintos temas.
Mientras tanto, debemos tener muy claro que Sci-Hub y Library Genesis están prestando un servicio enormemente útil a los académicos de todo el mundo. Pasará mucho tiempo antes de que algún organismo oficial de la India pueda ofrecer un servicio comparable. Lo mejor que podemos esperar es que las causas judiciales contra ellos languidezcan el mayor tiempo posible, ya que lo hacen por causas mucho menos loables.
Dunu Roy es ecologista, ingeniero y fundador del Hazards Centre, con sede en Delhi. Dinesh Mohan es profesor honorario del IIT de Delhi y trabaja en temas de transporte y seguridad. Este artículo apareció originalmente en India Legal y se ha vuelto a publicar aquí con permiso.
****************************The Monopoly of Journal Subscriptions and the Commodification of Research09/02/2021
The proposal for an “open science policy” that will ensure that the results of, and information generated by, all publicly-funded research become freely accessible by everyone and that all will have free access to bulk subscriptions of important scientific journals across the world has understandably been welcomed by people, especially scholars and academia. It is, therefore, a proposal that demands closer scrutiny of its merits and possible demerits.
Accessibility of publicly-funded research
The first question that arises is, why isn’t this information already freely accessible to everyone? After all, all publicly-funded research is eventually funded from public taxes and we all pay taxes through every item we buy, leave alone all the other cesses and duties. In fact, there are already several University Grants Commission (UGC) schemes to make research findings accessible to educational institutions. These include IndCat (1991) that has a store of 1.42 crore books and 2.7 lakh research theses for open access (OA) contributed by 317 universities (out of a total of 789); Shodh ganga (2010), also OA, has 1.9 lakh theses from 375 universities; E-Shodh Sindhu (2016) has over 7,000 e-journals and 30 lakh e-books for reference by 178 universities and 84 technical institutes and N-List opens up over 6,000 e-journals and 32 lakh e-books to about 3,000 colleges.
The trouble is that a large number of students who are completing their Masters or PhD theses are still not depositing them with Shodhganga. E-Shodh Sindhu merged three consortia initiatives, namely, UGC-INFONET Digital Library Consortium, National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content(N-LIST) and INDEST-AICTE Consortium, and provides access to qualitative electronic resources, including full-text, bibliographic and factual databases, to member institutions, including centrally-funded technical ones, universities and colleges, at lower rates of subscription. Hence, the resources available depend on what each institution can subscribe to.
For such member institutions, E-ShodhSindhu provides a tremendous resource for researchers and teachers to download articles, texts, technical standards and policy documents free of charge. However, the range of what may be downloaded is limited to the subscriptions opted for by the respective institutions. Even at heavily funded institutions like the IITs, a large number of journals, publishers and paid websites remain out of bounds because of the financial crunch.
Since the current proposal is an offspring of the draft Science, Technology and Innovation Policy (STIP) that was released at the beginning of 2021, we also need to have a closer look at this policy and how and why it has changed.
The first Science Policy Resolution of 1958 aimed to promote the “cultivation of science and scientific research” by ensuring an adequate supply of scientists, who would work towards self-reliance. Twenty-five years later, the Technology Policy Statement of 1983 shifted the focus from science to “technology” that would be indigenous as well as imported and thus integrate “socio-economic sectors with the national R&D system”.
Another generation later, as the Indian economy was opened up for FDI and over 100 global companies had set up R&D centres in India, the Science and Technology Policy of 2003 focused on the “investment” required for R&D. The Science, Technology, and Innovation Policy of 2013 took this further, to emphasise “India’s global competitiveness” to position “India among the top five global scientific powers in S&T”. The latest Science Technology and Innovation Policy of 2021 promotes “entrepreneurship” and integrating “Traditional Knowledge Systems” to “make the Indian STI ecosystem globally competitive”.
It is in the context of this policy ecosystem, where “Foreign Multinational Companies (MNCs) will collaborate with domestic private and public sector entities” that we can come to the question of what does “open access” mean? When any author/researcher/institution publishes a book, monograph or report or when a researcher publishes a scientific paper in a journal and that material becomes available free on the internet to everyone, that availability is termed open access. There are many attempts to make scientific papers available free, but it is much more difficult to do the same for books, reports and materials from private organisations.
Most educational and research institutions in rich countries have better funded versions of E-ShodhSindhu that provide free access to printed material to their staff and students. In addition, there are digital libraries such as JSTOR that provide free access to a large number of books and scientific papers. However, all are not free to everyone and new publications are usually not included. Similarly, membership based groups such as Research Gate and Academia.edu also help researchers make their work available to others. However, none of this gives most Indian scholars a level playing field in the international context.
Commodification of the output of scientific research
The problem is that through this global competitiveness, the products of scientific research have been turned into commercial commodities. Earlier, most academic journals were published by academic societies, trusts or associations, and so the publications were usually not very expensive or available free to the group’s members. Now, the publication of most journals has been turned over to commercial publishers. These journals require the author(s) to submit a soft copy of the manuscript to the publisher, which is then published with or without a review process and sold at a price. The publisher does not pay the authors or the reviewers, but pockets all the profits.
The standard procedure is for a reader to pay a fee to the journal to read or download a paper. Some papers are termed as “open access”. This means that the reader can download the paper “free” of charge. Such open access papers fall under two categories: the author pays a fixed charge for publication or the publisher decides to include a few in that category as their contribution to “public interest”. It is because of this that many countries have mandated that any publication resulting from taxpayer’s money be available free to everyone. For example, in February 2013, the US government announced its new OA policy which mandated all publications arising from taxpayer-funded research to be made free after a year’s embargo period.
Both the procedures, however, make knowledge into a commodity, for which either the reader or the researcher has to pay for research that should have been free in the first place, while the payment is received by an entity that has had nothing to do with the research anyway! Such a system can be extremely problematic for the majority of knowledge creators and users who do not have the resources to make the payment.
Hence, even if a citizen requires a basic socio-economic statistic about India from a site officially inaugurated by the then minister, Department of Statistics in 2000, he has to pay over Rs 54,000 for six months, while an institution, over Rs 1 lakh for 12 months. This is when all the data has been collected by a host of publicly funded institutions. Any national or international journal in the natural or social sciences has a minimum annual subscription of over Rs 3,000 and there are more than 3,000 to 4,000 high-impact scientific journals alone.
Who are the publishers of these journals that the government wishes to negotiate with for a “one nation, one subscription” policy in the interests of the people? Five companies that control more than three-fourths of the estimated revenue from journals are Elsevier ($3,615mn in 2019), Wiley-Blackwell ($1,800mn), Taylor & Francis ($767mn), Springer ($717mn) and Sage ($398mn). American Chemical Society ($605mn) is nestled among them.
Professor Vincent Larivière (University of Montreal) has reported that Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, and Sage alone published more than 50 percent of the articles in 2013. This proportion has to be much higher now. Three of them Elsevier, Wiley, and ACS recently filed a suit in India asking that two websites Sci-Hub and Library Genesis (or Libgen) be blocked from making available free downloads of research papers and books. They filed cases against these websites earlier in the West, accusing them of piracy. Evidently, these publishers wish to protect the enormous profits they make from a product (knowledge) that they have not created. By negotiating bulk subscriptions with them, is the government of India serving them or the people?
It is because of the high price of the subscriptions to the journals owned by these firms that Sci-Hub and Libgen emerged to give back to the academic community what it had produced, but been compelled to give free, or on payment of charges, to the publishers. Libgen was founded in 2008 by Russian scientists, while Sci-Hub was started in 2011 by Alexandra Elbakyan, a young IT researcher from Kazakhstan. The two websites represent a way of literally breaking free from the bondage of high-cost and high-theft monopolistic publications. Currently, Libgen claims to provide free access to more than 80 million science magazine articles, while Sci-Hub has an equivalent number of papers in its collection.
Considering that India is the world’s third-largest producer of scientific articles, Indian researchers download about seven million papers every year from these websites. At an average of $40 per paper, this represents an annual loss of about $300mn to the publishing corporations, from India alone, as compared to the $200mn that Indian research institutes spend on subscriptions to paywalled journals and articles. Even American college students are aficionados of these sites. Is it any wonder that the global corporations are worried?
Legal purview
Where information is so crucial for international research as well as global commerce, the next question is, who should control its flow and what is the legal position regarding this? So far, under international copyright law, the corporations have managed to establish a stranglehold over the possession and use of all knowledge. By moral sense, however, knowledge created by individual men and women should belong to all humanity. This has been the basis of the legal challenge offered to corporations over converting traditional knowledge into commercial property.
Using the prior art provision in the Intellectual Property Rights (IPR) regime and contents of the Traditional Knowledge Digital Library, a database assembled by the Council of Scientific and Industrial Research and the AYUSH Ministry containing information on over 2.3 million medicinal formulations in multiple languages, has succeeded in getting dozens of applications to patent this information either cancelled or withdrawn.
The IPR regime itself depends on various laws such as The Trade and Merchandise Marks Act, 1940; The Copyright Act, 1957; The Patent Act, 1970; The Geographical Indications of Goods Act, 1999; The Designs Act, 2000; The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000; The Protection of Plants & Varieties and Farmers Rights Act, 2001; and The Biological Diversity Act, 2002. Under the Copyrights Act, a copyright is created when the work is created and given a material form, provided it is original. The Act provides for registration, but, unlike US law, it does not confer any special rights or privileges with respect to the registered copyrighted work. It is only evidentiary material for courts and therefore, only raises a presumption that the person in the Register is the actual author.
In urgent infringement suits and criminal proceedings, registration may be of tremendous help. But copyright notice is not necessary to claim protection. When a magazine or journal publishes any research work, the law states that, in the absence of a contract to the contrary, the proprietor of the publication shall be the first owner of copyright. This is what enables journals to own the copyrights to scientific knowledge.
So the final question is whether the government of India should try to address the basic problem of proprietorship of knowledge, and its subsequent commercialisation, by negotiating for a better deal from journal proprietors for access at less exorbitant fees; or should it examine how to change the law to give proprietary ownership to the creators of the knowledge?
The earlier bulk subscriptions negotiated by Uruguay and Egypt, cost them about Rs 48 per capita, while India currently spends about Rs 12 per capita. For India to arrive at an agreement at the same rate as Uruguay and Egypt would mean an expenditure of roughly Rs 6,500 crore (or $890mn). As it is, in India, public funding for research is scarce and becoming scarcer by the day through market-friendly policies. Changing the law, on the other hand, would either mean modifying existing legal provisions or at least passing legislation with respect to publicly funded research and its products within India as well as free access to such research globally.
Section 57 of the Copyright Act grants an author “special rights” to claim proprietorship, that subsist even after the author has expired, but this claim may be made only when the work has been distorted, mutilated or modified, so that it is prejudicial to the author’s honour or repute. However, the choice of options would really depend upon the government’s political commitments and to what extent the producers of knowledge are able to organise and claim their entitlements.
What other choices do we have? In the present situation of copyright laws agreed by India and the stranglehold of a few major publishers owning most of the journals, the choices are not easy. If the government is really interested in improving Indian scholars’ access to data and research publications in India, it has to start at home. Laws and rules have to be put in place which say that results of all data gathered and research done at taxpayers’ expense (state and central) must be available free of charge on the internet. Wherever privacy issues are involved, such data banks can be anonymised.
As far as commercial publications are concerned, under the present laws, we will have to depend upon a more efficient and expanded version of E-ShodhSindhu. This would mean that the service should be available to any organisation at bulk subsidised rates in a cafeteria format. The charges could be indexed so that smaller bundles cost less and the charges increase progressively with the size of the bundle. In the meantime, the government can also set up a website where sources (national and international) providing free downloads of documents on different topics are listed.
Meanwhile, we must be quite clear that Sci-Hub and Library Genesis are providing an enormously useful service to scholars all over the world. It will be a long time before any official agency in India will be able to provide a comparable service. The best we can hope for is that the court cases against them languish for as long as possible as they do for much less laudable causes.
Dunu Roy is an ecologist, engineer and founder of the Delhi-based Hazards Centre. Dinesh Mohan is Honorary Professor, IIT Delhi, and works on transportation and safety issues. This article originally appeared on India Legal and has been republished here with permission.
