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¿Está la investigación latinoamericana en declive?
Las restricciones presupuestarias relacionadas con la pandemia y los gobiernos contrarios a la ciencia están pasando factura a los investigadores de la región.
Ellie Bothwell informa
13 de julio de 2021
Ellie Bothwell
Twitter: @elliebothwell
Cuando los comentaristas describen los sistemas de ciencia e investigación en América Latina, el panorama suele ser sombrío. La falta de financiación y recursos, la fuga de cerebros y los altos niveles de burocracia son algunos de los retos más citados para la educación superior en la región.
Una cuestión clave en el último año ha sido si la pandemia de Covid-19 cambiará este panorama para bien o para mal.
"Es muy paradójico", dice Alma Maldonado, investigadora de educación superior del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México.
"Por un lado, la ciencia ha sido tan relevante durante la pandemia... y los científicos han obtenido cierto reconocimiento por su trabajo. Por otro, hay limitaciones con el presupuesto, y no hay suficiente dinero para financiar todo".
Pero muchos investigadores concluyen que es el escenario más sombrío el que prevalecerá.
Fernanda Estevan, profesora asociada de la Escuela de Economía de São Paulo, afirma que "la situación fiscal de Brasil ha sido muy difícil por lo menos desde 2014. Luego, la pandemia no hizo más que empeorar las cosas".
Por ejemplo, el gobierno ha congelado la contratación de empleados del sector público, incluidos los académicos de las universidades federales, para ayudar a financiar su paquete de ayuda para la pandemia, una medida que ya está teniendo un impacto en la producción de investigación del país, dice Estevan.
Por su parte, Andrés Zahler, profesor asociado y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, afirma que en Chile "las necesidades a corto plazo se han disparado" como consecuencia de la crisis de Covid. Sin embargo, la ciencia y la tecnología se apoyan mejor en políticas a largo plazo, añade.
Pero la pandemia no es el único acontecimiento que los académicos temen que debilite el sistema de investigación de la región.
En México, el gobierno está realizando varios cambios legislativos que, según los académicos, reducirán aún más la financiación de la investigación, limitarán su influencia en la futura política científica y recortarán la libertad académica.
El año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Amlo, impulsó una legislación que eliminaba 109 "fondos fiduciarios" semiindependientes. Los fondos están valorados en unos 68.000 millones de pesos (2.400 millones de libras), de los que aproximadamente un tercio se dedica a la ciencia y la investigación.
Los fondos se crearon para garantizar una financiación sostenida de programas específicos, como grandes proyectos de investigación, becas para estudiantes y mantenimiento de equipos de investigación. Pero ahora el gobierno administrará el dinero directamente, haciendo que la financiación dependa de las asignaciones presupuestarias anuales. El presidente dijo que el dinero era necesario para apoyar la respuesta del país a la pandemia.
El gobierno mexicano también está proponiendo un nuevo y controvertido proyecto de ley de ciencia. María Brenda Valderrama Blanco, investigadora en biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los miembros fundadores de ProCienciaMx, una red de científicos que busca influir en la política científica, dice que la legislación no menciona la ciencia básica y no dice nada sobre la participación de la comunidad científica en el establecimiento de las prioridades de investigación y la evaluación de la investigación. En su lugar, las prioridades de investigación serán decididas por un único comité gubernamental, dirigido por el presidente. El proyecto de ley también elimina el objetivo de invertir el 2% del producto interior bruto en ciencia y tecnología y no incluye ningún detalle sobre los mecanismos de financiación de los proyectos de investigación, añade.
"Por lo tanto, no hay obligación de invertir. E incluso si quieren invertir, no hay ninguna estructura para hacerlo: ningún instrumento, ninguna convocatoria de financiación, nada. Es como una cesta vacía", dice.
"El gobierno dice: 'Tenéis libertad de investigación, podéis investigar en el campo que queráis, pero sólo habrá financiación para nuestras prioridades'. Además, no habrá financiación para los proyectos regionales y locales, sólo para los nacionales'".
La comunidad académica ha respondido a la legislación propuesta con su propio borrador de un nuevo proyecto de ley de ciencia, y se espera que se presenten una o dos versiones alternativas más en las próximas semanas, dice Valderrama. Su esperanza es que los proyectos de ley se discutan al menos en el Congreso, algo que, según ella, no ha sucedido hasta ahora bajo el gobierno de Amlo.
"En los últimos tres años, todas las leyes se han aprobado sin discusión. El gobierno envía los proyectos de ley y la cámara los aprueba sin cambiar una sola coma", dice.
"Si la ley de ciencia [del gobierno] pasa sin cambiar una sola coma, la viabilidad de la investigación en México desaparecerá. No habrá libertad de investigación, ni financiación de la ciencia básica, ni instrumentos para las diferentes prioridades, ni discusión, ni evaluación. Es una ley anticientífica".
Valderrama agrega que si el proyecto se convierte en ley, pueden pasar de 20 a 30 años "antes de que tengamos una mayoría [que nos apoye] en el Congreso, y que la mayoría acepte priorizar una ley de ciencia" para revertir los cambios.
"La ciencia no es muy importante en México, desde el punto de vista político", dice.
Los académicos en Brasil también son víctimas de un gobierno anticiencia. La administración de Jair Bolsonaro recortó el presupuesto de inversión del Ministerio de Ciencia en un 34% este año, mientras que se espera que la principal agencia de financiación federal del país, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, tenga menos recursos para las becas de investigación.
Bolsonaro se había comprometido anteriormente a aumentar el gasto en investigación y desarrollo del 1% al 3% del PIB, pero hasta ahora no se ha materializado.
También hay una gran incertidumbre en el mundo académico brasileño, ya que la administración ya va por su tercer ministro de educación desde que llegó al poder en enero de 2019 (sin incluir el nombramiento de un ministro que renunció antes de asumir el cargo por inconsistencias relacionadas con las credenciales académicas en su CV).
Estevan, de São Paulo, afirma que cada vez más investigadores se trasladan a universidades del extranjero debido al empeoramiento de las condiciones de investigación en Brasil.
"Recibimos constantemente nuevas orientaciones e instrucciones", dice, y cita como dos ejemplos recientes un cambio en la forma de asignar las becas a los estudiantes de máster y doctorado y un posible ajuste en la forma de clasificar los programas de posgrado y, por tanto, de financiarlos. Añade que estos cambios de política son a menudo repentinos y confusos, sin explicaciones claras sobre su justificación o sus implicaciones.
"Ya sería difícil con la pandemia y con la situación fiscal, pero tener un gobierno tan contrario a la ciencia y al conocimiento sólo ha empeorado las cosas", dice Estevan.
Otros países de la región son más acogedores para la ciencia desde el punto de vista ideológico, pero los académicos afirman que en la práctica ha habido pocos avances. Chile, por ejemplo, estableció un Ministerio de Ciencia por primera vez en 2018, pero aún no ha cumplido su promesa de hacer que la investigación esté mejor financiada y priorizada, mientras que en Argentina, como en muchos otros países latinoamericanos, el gasto en I+D como proporción del PIB apenas ha cambiado en 20 años.
El chileno Zahler, experto en políticas de ciencia, tecnología e innovación, dice que desde que se creó el Ministerio de Ciencia, el presupuesto para la ciencia ha disminuido en términos absolutos, y que todavía no hay "voluntad política desde el más alto nivel del gobierno para que este pequeño ministerio impulse la investigación de una manera más fuerte". Añade que las instituciones que dependen del ministerio "son relativamente débiles en términos de capacidad administrativa, debido a los bajísimos presupuestos [que les dificultan] la contratación de buenas personas, su mantenimiento, el desarrollo del conocimiento y la realización de mejores políticas".
"Yo diría que el Ministerio de Ciencia es una promesa aún por cumplir", afirma.
Sin embargo, el país está redactando una nueva constitución, que se votará en referéndum el año que viene, y Zahler confía en que esto aumente la relevancia y el impacto de la investigación académica.
"Es una gran oportunidad para situar el conocimiento, la ciencia y la innovación en el centro de nuestra constitución y pensar en cómo podemos convertirnos en un país estable y fuerte para el futuro", afirma.
En la lista de deseos de Zahler destaca el nombramiento de asesores científicos principales en los departamentos gubernamentales.
En la vecina Argentina, Rodolfo Barrere, coordinador de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica e Interamérica, afirma que el sistema de investigación del país es "bastante grande en términos de recursos humanos para los estándares latinoamericanos, pero no tan bien desarrollado en términos de recursos financieros".
En 2019, había 2,91 investigadores por cada 1.000 personas empleadas en Argentina (en comparación con un promedio regional de 1,23), pero el gasto de Argentina en I+D fue de apenas el 0,49% del PIB (en comparación con el 0,58% en toda América Latina).
Barrere añade que los bajos niveles de investigación en el sector empresarial argentino, al igual que ocurre en otros países en desarrollo, impiden que la nación alcance su objetivo de invertir el 1% de su PIB en I+D. Sólo el 20% del gasto en I+D en Argentina procede de la industria, en comparación con el 62% en Estados Unidos, el 41% en Canadá y el 36% en el conjunto de la región latinoamericana.
"Algunas de nuestras universidades están muy bien desarrolladas en materia de I+D y participan en redes internacionales, y hay casos en los que intentan relacionarse con el sector empresarial; pero no hay una demanda en ese sentido, por lo que es muy difícil conseguirlo", afirma Barrere.
El mexicano Maldonado afirma que uno de los problemas del desarrollo de la enseñanza superior en América Latina es que los responsables políticos tienden a presentar una falsa dicotomía entre centrarse en la investigación internacional de categoría mundial y dar prioridad a la ciencia local y regional.
"O queremos formar parte de la producción mundial de investigación, y entonces las políticas tienden a empujar a los académicos a publicar en inglés y en revistas con impacto y a producir patentes. O presionamos para fortalecer nuestro propio sistema, aumentar las publicaciones en español, y no nos importa lo que hace el mundo", dice, y añade que una alternativa "más creativa" sería tratar de avanzar en ambas áreas.
Independientemente de los cambios que se realicen, los expertos latinoamericanos parecen ser unánimes en que el aumento de la inversión universitaria y de investigación es crucial para la prosperidad de la región.
"Si queremos que el país prospere, no hay otra alternativa que invertir en tecnología, invertir en ciencia", dice el chileno Zahler. "Si no lo hacemos, el país se quedará estancado en un nivel de crecimiento muy bajo. Al ritmo que vamos, Chile tardará 100 años en convertirse en un país innovador".
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