Publicado en Science
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La orden de Trump pretende politizar las decisiones sobre las subvenciones federales para la ciencia
Los investigadores están preocupados por el plan que otorga a los cargos políticos más control sobre el destino de los fondos
8 de agosto de 2025
Por Jeffrey Mervis
Los defensores de la investigación están expresando su alarma por una directiva de la Casa Blanca sobre la concesión de subvenciones federales publicada ayer que, según ellos, amenaza con aumentar el control del presidente Donald Trump sobre las decisiones de las agencias científicas sobre qué financiar. Entre otros cambios, exigiría a los cargos políticos aprobar las nuevas solicitudes de subvenciones, les permitiría invalidar el asesoramiento de los revisores pares sobre las decisiones de concesión y les facilitaría la rescisión de las subvenciones en curso.
Aunque muchos de los cambios descritos en la orden ya se están aplicando en organismos de investigación como los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), su existencia podría reforzar el poder de los cargos designados por Trump, afirma Carrie Wolinetz, antigua administradora sénior de los NIH.
«Ya hemos visto cómo esta administración ha tomado medidas para ejercer su autoridad que han provocado retrasos, congelaciones y la cancelación de miles de millones de dólares en subvenciones», afirma Wolinetz, ahora cabildero de Lewis-Burke Associates. «Esto codificaría esas acciones de una manera que representa la verdadera politización de la ciencia, lo que sería una muy mala idea».
El objetivo declarado de la nueva orden ejecutiva es «reforzar la supervisión y la coordinación de la concesión de subvenciones por parte de las agencias... y poner fin al despilfarro ofensivo del dinero de los contribuyentes». Se nombraría a un cargo político no profesional en cada agencia para supervisar los anuncios de la agencia sobre los tipos de investigación que desea apoyar y las decisiones sobre qué propuestas deben financiarse antes de que se libere el dinero.
La Casa Blanca ha estado avanzando en esa dirección desde que Trump regresó al cargo y nombró a Elon Musk para dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Musk se ha marchado, pero el personal del DOGE sigue en su puesto en la mayoría de las agencias y está ejerciendo diversos grados de control sobre las decisiones de concesión de subvenciones, según informan Science y otros medios de comunicación.
«La Administración Trump ya ha puesto fin a muchas subvenciones derrochadoras», afirma la orden. «[Esto] ayuda a garantizar que los burócratas no puedan cometer los mismos errores en el futuro».
Pero la principal demócrata del comité científico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirma que la nueva orden ejecutiva conducirá a peores decisiones, en lugar de mejores, sobre qué proyectos se financian. «Esta orden ejecutiva es sencillamente obscena», declaró la representante Zoe Lofgren (demócrata por California) a la revista Science. «¿En qué mundo cree Donald Trump que los estadounidenses quieren que los cargos políticos —que, por si acaso hay que recordárselo al presidente, son burócratas no elegidos— tomen decisiones sobre qué proyectos científicos se financian?».
Uno de los principales cambios es que la orden otorgaría a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) la capacidad de rescindir una subvención «por conveniencia». Las agencias ya pueden revocar una subvención «por causa justificada», afirma Wolinetz, lo que incluye el uso indebido de fondos públicos o trabajos que se desvían significativamente del objetivo previsto. Sin embargo, este año los jueces federales se han puesto repetidamente del lado de los científicos financiados por la NSF y los NIH que han acudido a los tribunales para impedir que la administración cancele unilateralmente las subvenciones sin explicar las razones adecuadas y por ignorar los requisitos legales de gasto en algunas áreas.
Los defensores de la ciencia temen que la nueva redacción de las subvenciones esbozada en las directrices de ayer permita al Gobierno de Trump eludir esas órdenes judiciales y poner fin a cualquier proyecto de investigación que no le guste en cualquier momento. «La persona encargada será un comisario político al servicio del presidente», afirma un antiguo alto cargo de investigación de la NSF que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. «Y cada agencia tendrá un comisario junior que dependerá directamente de la OMB».
La orden ejecutiva también podría reforzar la campaña de la OMB para reducir el gasto de las agencias en costes indirectos, es decir, las instalaciones y el apoyo administrativo necesarios para llevar a cabo investigaciones financiadas con fondos federales en los campus de todo el país. En la actualidad, las instituciones negocian individualmente con el Gobierno para fijar las tasas de reembolso, que varían mucho y se añaden automáticamente a la cantidad concedida para llevar a cabo la investigación. Pero la orden establece que las agencias deben favorecer a las instituciones con tasas de costes indirectos más bajas, lo que convierte los costes indirectos en un factor importante a la hora de decidir qué proyectos científicos financiar.
Esa es otra mala idea, afirma Matt Owens, presidente de COGR, una de las diez organizaciones científicas que están instando al Congreso y a la OMB a adoptar un método de reembolso alternativo que, según ellos, refleja lo que realmente gastan las universidades. «La administración se niega a reconocer y pagar los verdaderos costes de la investigación fundamental para la seguridad de la nación y la salud de su población», afirma Owens.
La orden aborda otras cuestiones de larga data relacionadas con la concesión de subvenciones. Por ejemplo, insta a las agencias a financiar un grupo más amplio de instituciones en lugar de un número reducido de ganadores habituales y afirma que los beneficiarios deben detallar y cumplir «criterios claros para medir el éxito». También refuerza algunas posturas controvertidas recientes de la administración Trump, entre ellas que todas las subvenciones «promuevan de forma demostrable las prioridades políticas del presidente» y que ninguna de ellas cuestione la «noción de que el sexo es una característica elegida o mutable».
Al igual que con todas las órdenes ejecutivas, el impacto real no se notará hasta que la Casa Blanca comience a aplicar la directiva. Mientras tanto, los defensores de la ciencia esperan que el Congreso actúe para bloquear o modificar algunas de sus disposiciones con el lenguaje de la legislación pendiente sobre el presupuesto federal del próximo año. Las comisiones de asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes ya se han opuesto a las propuestas anteriores de la Casa Blanca de aplicar una tasa fija baja a los costes indirectos, por ejemplo.
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ScienceInsider
Science and Policy
Trump order aims to politicize decisions on federal science grants
Researchers worried by plan giving political appointees more control over where funding goes
8 Aug 2025
By Jeffrey Mervis
Research advocates are expressing alarm over a White House directive on federal grantmaking released yesterday that they say threatens to enhance President Donald Trump’s control over science agency decisions on what to fund. It would, among other changes, require political appointees to sign off on new grant solicitations, allow them to overrule advice from peer reviewers on award decisions, and let them more easily terminate ongoing grants.
Although many changes described in the order are already underway at research agencies such as the National Institutes of Health and National Science Foundation (NSF), its existence could strengthen the hand of Trump appointees, says Carrie Wolinetz, a former senior administrator at NIH.
“We’ve already seen this administration take steps to exert its authority that have resulted in delays, freezes, and termination of billions of dollars in grants,” says Wolinetz, now a lobbyist for Lewis-Burke Associates. “This would codify those actions in a way that represents the true politicization of science, which would be a really bad idea.”
The stated purpose of the new executive order is “to strengthen oversight and coordination of agency grantmaking … while ending [the] offensive waste of tax dollars.” It would install a noncareer political appointee at every agency to oversee agency announcements of what types of research it wants to support and decisions on which proposals should be funded before the money is released.
The White House has been moving in that direction since Trump returned to office and named Elon Musk to lead the so-called Department of Government Efficiency (DOGE). Musk has left, but DOGE staffers remain in place at most agencies and are exerting varying degrees of control over grantmaking decisions, according to reporting by Science and other media.
“The Trump Administration has already terminated many wasteful grants,” the order asserts. “[This] helps ensure that bureaucrats can’t make the same mistakes in the future.”
But the top Democrat on the science committee in the U.S. House of Representatives says the new executive order will lead to worse, not better, decisions on what gets funded. “This Executive Order is nothing short of obscene,” Representative Zoe Lofgren (D–CA) told Science in a statement. “In what world does Donald Trump think that Americans want political appointees—who, need I remind the President, are unelected bureaucrats—making decisions on what science gets funded?”
In one major change, the order would give the White House Office of Management and Budget (OMB) the ability to terminate a grant “for convenience.” Agencies can already revoke a grant “for cause,” Wolinetz says, which covers improper use of government funds or work that deviates significantly from the intended focus. But federal judges this year have repeatedly sided with NSF- and NIH-funded scientists who have gone to court to stop the administration from unilaterally killing grants without spelling out adequate reasons and for ignoring statutory requirements for spending in some areas.
Science advocates fear the new grant language outlined yesterday’s guidance would allow the Trump administration to evade those court orders and terminate any research project it doesn’t like at any point. “The person in charge will be a political commissar serving at the will of the president,” says one former high-level NSF research official who requested anonymity for fear of reprisals. “And each agency will have a junior commissar reporting directly to OMB.”
The executive order could also bolster OMB’s campaign to drive down what agencies spend on indirect costs, that is, the facilities and administrative support needed to carry out federally funded research on campuses across the country. Institutions now negotiate individually with the government to set reimbursement rates that vary widely and are automatically added to the amount awarded to carry out the research. But the order says agencies should favor institutions with lower indirect cost rates, making indirect costs a major factor in the decision on what science to fund.
That’s another bad idea, says Matt Owens, president of COGR, one of 10 scientific organizations that are urging Congress and OMB to adopt an alternative reimbursement method they say accounts for how much universities actually spend. “The administration refuses to acknowledge and pay for the true costs of research critical to the security of the nation and the health of its people,” Owens says.
The order touches on several other long-running issues in grantmaking. For example, it urges agencies to fund a larger pool of institutions rather than a smaller number of repeat winners and says grantees should spell out and meet “clear benchmarks for measuring success.” It also doubles down on some controversial recent stances by the Trump administration, including that all awards “demonstrably advance the president’s policy priorities” and that none of them question the “notion that sex is a chosen or mutable characteristic.”
As with all executive orders, the real impact won’t be felt until the White House begins to implement the directive. In the meantime, science advocates are hoping Congress will act to block or modify some of its provisions with language in pending legislation on next year’s federal budget. Senate and House appropriation panels have already objected to earlier White House proposals for a low, flat rate on indirect costs, for example.
doi: 10.1126/science.z5rchs3
