Publicado en APS NEWS (American Physical Society)
https://www.aps.org/publications/apsnews/updates/china-risk.cfm
La política actual de Estados Unidos con respecto a China: El riesgo para la ciencia abierta
9 de agosto de 2021 | Philip H. Bucksbaum, S. James Gates Jr., Robert Rosner, Frances Hellman, James Hollenhorst, Baha Balantekin y Jonathan Bagger.
Le escribimos para compartir con usted nuestras preocupaciones sobre el enfoque actual de nuestro gobierno federal en cuanto a la seguridad de la investigación. El libre intercambio de información entre grupos de investigación de todo el mundo es esencial para el progreso de la ciencia. Sin embargo, el gobierno estadounidense está imponiendo nuevas restricciones a los contactos con China, basándose en la reciente preocupación de que este país esté robando conocimientos y tecnología desarrollados en los laboratorios de investigación estadounidenses. La transferencia no autorizada de conocimientos y experiencia técnica supone una amenaza real para la seguridad nacional.
Pero una respuesta que ahogue los contactos científicos legítimos sólo agrava el problema que pretende resolver. Esto conducirá inevitablemente a la pérdida de competitividad y prestigio internacional de Estados Unidos y amenazará nuestro futuro progreso económico. Un enfoque más eficaz de la seguridad en la investigación equilibra las responsabilidades del gobierno y de los científicos para abordar el problema. Los científicos debemos reforzar nuestra colaboración con el gobierno federal para garantizar que la investigación fundamental siga estando abierta a todos.
Hace una década, el término "seguridad en la investigación" se refería principalmente a la protección de la información clasificada. Pero ahora, junto con la "ciberseguridad" y la "seguridad de los datos", la expresión "seguridad de la investigación" se ha ampliado para incluir trabajos que se consideran de interés nacional a pesar de NO estar clasificados, como la Ciencia de la Información Cuántica, y se ha convertido en parte del zeitgeist nacional. A principios de enero, la Casa Blanca ordenó a todas las agencias federales de financiación, en un memorando presidencial de seguridad nacional (NSPM-33), que establecieran nuevas directrices de seguridad en la investigación "para reforzar la protección de la Investigación y el Desarrollo (I+D) apoyados por el Gobierno de los Estados Unidos contra la interferencia y la explotación por parte de gobiernos extranjeros" [1]. Esto se estableció en los últimos días de la administración Trump, pero las preocupaciones expresadas son bipartidistas y la orden sigue vigente.
La atención se centra especialmente en China. El FBI ha realizado algunas detenciones de alto perfil, pero a diferencia de los famosos casos de décadas pasadas que giraban en torno al acceso a información clasificada en los laboratorios de armamento, muchos de los ahora acusados son científicos consumados dedicados a la investigación universitaria en ciencia fundamental, con estrechas colaboraciones en China.
En respuesta a la presión de las agencias de financiación y del FBI, la mayoría de las universidades de investigación también están instituyendo nuevos procedimientos para proteger sus investigaciones, incluso si no están clasificadas, son fundamentales y están destinadas a la publicación abierta.
¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Está el gobierno federal respondiendo a la "mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial" (como la describió el Director de Inteligencia Nacional) [2], o se trata de una reacción exagerada y xenófoba (como sugieren algunos miembros del Congreso), una nueva encarnación del macartismo, ahora centrada en China? [3]. No cabe duda de que los científicos de ascendencia china han sido objeto de ataques desproporcionados [4]. Pero además, es importante entender que estos últimos temores sobre la seguridad de la investigación tienen una conexión más profunda con el cambiante panorama de la cooperación y la competencia internacional en la investigación.
Estados Unidos fue preeminente en la ciencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y lo sigue siendo en muchas áreas; pero hoy en día los campos de investigación más activos son verdaderamente internacionales. Los programas de postgrado de EE.UU. han sido durante mucho tiempo un imán para los mejores y más brillantes solicitantes de cualquier parte del mundo. Hoy en día, casi la mitad de los estudiantes de posgrado de Física que estudian en universidades estadounidenses son de otros países. Cuando se gradúan, muchos se quedan en Estados Unidos, enriqueciendo nuestra economía. Pero el mundo se está poniendo al día.
China, especialmente, se ha centrado en competir con Estados Unidos en materia de investigación. Con un presupuesto total de I+D sólo ligeramente inferior al nuestro [5], China ha estado construyendo su infraestructura de investigación, incluyendo cientos de nuevos programas universitarios e instalaciones de investigación de primera clase en muchas áreas.
Por supuesto, en la mayoría de los sentidos esto es una buena noticia para la ciencia. Un mayor número de colegas y más lugares de formación en investigación ampliarán inevitablemente el progreso en áreas de la física que nos preocupan profundamente. Muchos de nosotros no sólo nos hemos alegrado de ello, sino que hemos contribuido a estimularlo asistiendo o ayudando a organizar conferencias en China, celebrando escuelas de verano y talleres allí, e incluso dedicando parte de nuestro esfuerzo de investigación a colaboraciones o a la creación de nuevos laboratorios. Todos estos esfuerzos están dando sus frutos para ambos países. China es ahora líder mundial en el número de artículos presentados a la Physical Review y a muchas otras revistas de investigación importantes. Los científicos estadounidenses se benefician de las grandes inversiones en investigación realizadas por China, como el experimento de neutrinos del reactor de Daya Bay.
Sin embargo, recientemente se han dado casos de prácticas de investigación injustas y poco éticas por parte de China, como contratos de talento con cláusulas destinadas a mantenerlos en secreto, emitidos por institutos de investigación chinos que compiten no sólo para alcanzar a sus homólogos estadounidenses, sino para dar un salto adelante. También hay casos documentados de espionaje en la investigación llevados a cabo por agentes extranjeros entrenados que se hacen pasar por científicos legítimos, así como acusaciones de coacción a estudiantes chinos por parte de su propio gobierno para inducirles a revelar investigaciones previas a su publicación [6]. Puede que estas prácticas nefastas no estén muy extendidas, pero son realmente inquietantes [7].
En el momento de escribir este artículo, el FBI afirma que sus casos de contrainteligencia relacionados con la transferencia indebida de tecnología a China han aumentado drásticamente, representando ahora un tercio de su carga de casos de contrainteligencia [8]. El FBI afirma que ha descubierto cientos de violaciones de la seguridad en la investigación, lo que ha dado lugar a algunas condenas por espionaje. El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que el 80% de sus procesamientos por "espionaje económico" afectan ahora a China. Ha puesto en marcha una "Iniciativa China" para hacer hincapié en esta nueva prioridad estratégica [9]. Una lista actualizada de acusaciones, condenas y exoneraciones contiene más de una docena de profesores universitarios en el momento de escribir este artículo, así como varios otros investigadores y estudiantes [10].
Son estadísticas aleccionadoras e inquietantes que sugieren que China está utilizando las colaboraciones científicas para perjudicar a Estados Unidos. Pero una mirada más atenta revela una verdad más profunda y aún más inquietante: las reacciones del gobierno estadounidense a estos graves problemas están creando remedios que son peores que la enfermedad que intentan curar. Los científicos estadounidenses se encuentran ahora bajo sospecha simplemente por no revelar sus conexiones y financiación de programas de talento chinos, conexiones que fueron fuertemente alentadas por nuestro gobierno hace sólo una década, cuando China comenzaba su impulso para construir universidades y modernizar su infraestructura de investigación [11].
Los estudiantes chinos también están bajo sospecha. Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que excluiría de Estados Unidos a todos los estudiantes y postdoctorados chinos en campos STEM, a pesar de que prácticamente ninguno de estos jóvenes tiene ninguna conexión con el sistema militar chino o con programas de talento patrocinados por el gobierno, ni ningún indicio de que estén participando en el espionaje internacional [12]. Una ley así podría privar a nuestro país de algunos de sus futuros científicos con más talento. Esta legislación extrema tiene pocas posibilidades de convertirse en ley; pero el mero hecho de que tales medidas sean políticamente atractivas es realmente escalofriante.
Los procesos penales de la Iniciativa China del Departamento de Justicia contra los científicos académicos van a juicio ahora, y en muchos casos las acusaciones del gobierno no se sostienen. Algunos casos están siendo desestimados o abandonados antes de llegar a juicio. En otros se reducen significativamente los cargos. Las sentencias que se ganan contra los académicos son a menudo sólo por no revelar las conexiones extranjeras. En concreto, de los trece profesores procesados por el Departamento de Justicia en el momento de escribir este artículo, todos menos dos están acusados de no revelar sus vínculos con China. Para que quede claro, los vínculos con instituciones distintas de la propia, en particular los que implican financiación, se consideran "conflictos de compromiso" y no revelarlos es una práctica inaceptable, pero tales omisiones no suelen considerarse un delito perseguible por el Departamento de Justicia, sino que dan lugar a sanciones por parte de la institución de la persona o de organismos como la NSF que la financia. Se trata de una táctica de acusación "dura", en la que las investigaciones de contraespionaje y las detenciones del FBI conducen a juicios por la infracción de recibir fondos de investigación o un salario y no informar de ello. Se han llevado esposados a destacados científicos, se han disuelto sus grupos de investigación y se ha arruinado su reputación por no revelar debidamente una actividad.
Como científicos, entendemos que la integridad en los informes de investigación es esencial. Pero también tenemos la obligación de denunciar las respuestas salvajemente desproporcionadas cuando las vemos, y la respuesta actual es esa.
Muchos científicos estadounidenses, y en particular los de origen chino, temen ahora que cualquier contacto con nuestros colegas en China pueda ser castigado, por muy alejado que esté del espionaje o del robo real [13]. La participación en programas de talento está ahora explícitamente prohibida por orden del DOE dentro de los Laboratorios Nacionales [14]. Según esta orden, incluso las actividades benignas que son esenciales para la realización de la ciencia, como la participación en comités consultivos científicos internacionales para los institutos de investigación chinos, requieren ahora una exención que debe ser aprobada por la propia Secretaria de Energía. Ni que decir tiene que el resultado de esta orden es la reducción de la mayoría de estas actividades, y Estados Unidos es más pobre por ello. Algunos investigadores dudan incluso en participar en revisiones anónimas de trabajos de investigación o propuestas de subvención si el autor resulta estar en China.
La valiosa asociación de investigación entre los científicos y el gobierno que apreciamos en Estados Unidos está ahora amenazada por dos lados: los gobiernos extranjeros están explotando nuestros contactos internacionales para su propia ventaja geopolítica; y nuestro propio gobierno está respondiendo deteniéndonos. Esto no tiene sentido. ¿Cómo podemos volver a la cordura? La clave del progreso puede ser apreciar que el FBI y el Departamento de Justicia dicen estar tan preocupados por los peligros de la extralimitación como nosotros, pero no tienen las herramientas para resolver este asunto sin nuestra participación activa. Gracias a las conversaciones mantenidas con funcionarios federales, hemos sabido que en algunos casos recientes en los que la comunidad investigadora ha descubierto y reparado infracciones éticas de sus miembros, el Departamento de Justicia y el FBI han estado dispuestos a dejar que nuestra comunidad se encargue de la infracción, y se han preservado las carreras. Este es un enfoque que nosotros, como comunidad, deberíamos adoptar.
Nosotros, los científicos y estudiantes dedicados a la investigación científica y tecnológica, debemos intensificar nuestro compromiso con la integridad de la investigación. La tradicionalmente alta consideración del público por nuestra honestidad y su confianza en la importancia de nuestro trabajo no debe darse por sentada; hay que ganársela. Los elementos de la integridad en la investigación incluyen la objetividad, la honestidad, la apertura, la responsabilidad, la equidad, la divulgación y la administración [15]. Tres elementos de especial relevancia en este caso son la pronta revelación de posibles conflictos de compromiso; la garantía de que la información que se intercambia entre los científicos estadounidenses e internacionales no es sólo unidireccional; y la protección de la información de la investigación previa a la publicación contra la transferencia prematura no autorizada a los competidores.
El gobierno federal debe preservar la ciencia abierta en Estados Unidos. El gobierno es nuestro garante de que la investigación fundamental realizada en los Estados Unidos, es decir, cualquier investigación destinada a ser publicada en abierto, permanezca sin restricciones en la mayor medida posible. La investigación que no puede publicarse abiertamente por motivos de seguridad nacional debe restringirse mediante los métodos establecidos de clasificación de seguridad. Estos principios se han establecido en la Directiva Presidencial NSDD-189 establecida durante la administración Reagan [16] y reafirmada por las administraciones posteriores de ambos partidos y por revisiones independientes [17]. Pedimos a la actual administración que reafirme esta directiva.
Los lectores habituales de estas páginas saben que la APS ha estado trabajando con nuestros miembros para promover los ideales que acabamos de describir [18]. La APS consulta con el Congreso sobre la legislación y con la Casa Blanca y las agencias federales sobre cómo elaborar y aplicar las mejores políticas científicas. La APS se defiende cuando las políticas están mal orientadas y presenta informes a los tribunales federales para asegurarse de que la voz de nuestra comunidad se escuche en asuntos críticos. La APS está trabajando para informar y educar a nuestros miembros sobre nuestras propias responsabilidades como científicos. Nuestro reciente seminario web de Delta Phy sobre la seguridad de la ciencia y China es un ejemplo y también lo es nuestra declaración sobre la ética de la ciencia.
Por último, la APS ha convocado una serie de reuniones directas entre destacados físicos estadounidenses y nuestros homólogos en China para entablar un diálogo cara a cara sobre estas cuestiones. La dirección de la APS asiste a estas reuniones, y compartimos la sensación de que ambas delegaciones saben que estas cuestiones no pueden resolverse hasta que los científicos las abordemos nosotros mismos. Aunque nuestras dos naciones seguirán compitiendo vigorosamente en muchas áreas, confiamos en que los científicos puedan unirse como comunidad para asumir la responsabilidad de la conducta ética de la ciencia. Esto reduciría las tensiones internacionales en la investigación fundamental y restauraría las asociaciones básicas que pueden hacer avanzar las fronteras de la ciencia y la tecnología para todos.
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August 9, 2021 | Philip H. Bucksbaum, S. James Gates Jr., Robert Rosner, Frances Hellman, James Hollenhorst, Baha Balantekin, and Jonathan Bagger.
We are writing to share with you our concerns about our federal government’s current approach to research security. Free information exchange between research groups worldwide is essential for progress in science. Yet the US government is placing new restrictions on Chinese contact based on recent concerns that China is stealing knowledge and technology developed in US research labs. There are real threats to national security posed by unauthorized transfer of knowledge and technical expertise. But a response that chokes off legitimate scientific contacts only compounds the problem it seeks to solve. This will inevitably lead to the loss of US competitiveness and international prestige and threaten our future economic progress. A more effective approach to research security balances the responsibilities of the government and the scientists to address the problem. We scientists need to strengthen our partnership with the federal government to ensure that fundamental research remains open to all.
A decade ago the term “research security” referred mainly to the protection of classified information. But now, along with “cybersecurity” and “data security,” the phrase “research security” has been broadened to include work that is deemed of national interest despite NOT being classified, such as Quantum Information Science, and has become part of the national zeitgeist. In early January, all federal funding agencies were directed by the White House in a national security Presidential memo (NSPM-33) to establish new research security guidelines “to strengthen protections of United States Government-supported Research and Development (R&D) against foreign government interference and exploitation” [1]. This was established in the waning days of the Trump administration, but the concerns expressed are bipartisan and the order is still in force. The focus is especially on China. The FBI has made some high-profile arrests, but unlike famous cases of past decades which revolved around access to classified information at the weapons labs, many of those now accused are accomplished scientists engaged in university research in fundamental science, with close collaborations in China. Responding to pressure from funding agencies and the FBI, most research universities are also instituting new procedures to protect their research, even if it is unclassified, fundamental, and intended for open publication.
Why? What has changed? Is the federal government responding to the “greatest threat to democracy and freedom world-wide since World War II” (as described by the Director of National Intelligence) [2], or is this a xenophobic over-reaction (as suggested by some members of Congress), a new incarnation of McCarthyism, now focused on China? [3]. Certainly scientists of Chinese descent have been disproportionately targeted [4]. But in addition, it is important to understand that these latest fears about research security have a deeper connection to the changing landscape of international cooperation and competition in research.
The US was preeminent in science in the decades following World War II and is still so in many areas; but nowadays the most active research fields are truly international. US graduate degree programs have long been magnets for the best and brightest applicants from anywhere in the world. Today, nearly half of our Physics graduate students studying in American universities are from other countries. When they graduate, many stay in the United States, enriching our economy. But the world is catching up.
China, especially, has focused on competing with the US in research. With a total R&D budget that is only slightly smaller than our own [5], China has been building its research infrastructure, including hundreds of new university programs, and leadership-class research facilities in many areas.
Of course, in most ways this is good news for science. More colleagues and more research training venues will inevitably expand progress in areas of physics we care deeply about. Many of us have not only welcomed this but helped to spur it along by attending or helping to organize conferences in China, holding summer schools and workshops there, and even spending some of our research effort in collaborations or in setting up new laboratories. All these efforts are paying off for both countries China now leads the world in the number of papers submitted to the Physical Review and many other leading research journals. US scientists benefit from major research investments by China, such as the Daya Bay reactor neutrino experiment.
Recently, however, there have been cases of unfair and unethical research practices from China, such as talent contracts with clauses intended to keep them secret issued by Chinese research institutes competing not just to catch up with their US counterparts, but to leap ahead. There are also documented cases of research espionage carried out by trained foreign operatives posing as legitimate scientists, as well as allegations of coercion of Chinese students by their own government to induce them to reveal pre-publication research [6]. These nefarious practices might not be widespread, but they are truly disturbing [7].
As of this writing, the FBI claims that its counterintelligence cases involving improper technology transfer to China have risen dramatically, now accounting for fully one-third of its counterintelligence case load [8]. The FBI claims it has uncovered hundreds of breaches of research security, and this has led to some convictions for espionage. The Department of Justice (DOJ) says that 80% of its prosecutions for “economic espionage” now involve China. It has begun a “China Initiative” to emphasize this new strategic priority [9]. An updated list of accusations, convictions, and exonerations contains more than a dozen university professors as of this writing, as well as several other research scientists and students [10].
These are sobering and disturbing statistics that suggest China is using science collaborations to harm the US. But a closer look reveals a deeper and even more disturbing truth: the reactions by the US government to these serious problems are creating remedies that are worse than the disease they attempt to cure. US scientists have now come under suspicion simply for failing to disclose their connections and funding from Chinese talent programs, connections that were strongly encouraged by our government only a decade ago when China was beginning its push to build universities and modernize its research infrastructure [11]. Chinese students have also come under suspicion. A bill was introduced in Congress that would exclude from the US all Chinese students and postdocs in STEM fields, despite the fact that virtually none of these young people has any connection to the Chinese military system or government sponsored talent programs, or any indication that they are participating in international espionage [12]. Such a law could deprive our country of some of its most talented future scientists. This extreme legislation has little chance of becoming law; but the mere fact that such measures are politically appealing is truly chilling.
The DOJ China Initiative criminal prosecutions of academic scientists are going to trial now, and in many cases the government’s allegations are not holding up. Some cases are being dismissed or dropped before coming to trial. Others see significant reductions in the charges. The judgments won against academics are often just failures to disclose foreign connections. To be specific, of thirteen professors prosecuted by the Department of Justice as of this writing, all but two are charged with failure to disclose ties to China. To be clear, ties to institutions other than one’s own, particularly those that involve funding, are considered “conflicts of commitment” and failure to disclose these is an unacceptable practice, but such failures to disclose are generally not considered a crime prosecutable by the DOJ but instead result in sanctions by the individual’s institution or agencies such as the NSF who fund the individual. This is a “hardball” prosecutorial tactic, where counterintelligence investigations and arrests by the FBI lead to trials for the infraction of receiving research funds or salary and not reporting it. Prominent scientists have been taken away in handcuffs, their research groups disbanded, and reputations ruined—over failure to properly disclose an activity. As scientists we understand that integrity in research reporting is essential. But we also have an obligation to call out wildly disproportionate responses when we see them, and the current response is that.
Many US scientists, and particularly those of Chinese origin, now fear that any contact with our colleagues in China is likely to be punished, no matter how divorced from real espionage or theft [13]. Participation in talent programs is now explicitly forbidden by DOE order within the National Labs [14]. According to this order, even benign activities that are essential for the conduct of science, such as serving on international science advisory committees for Chinese research institutes, now require a waiver that must be approved by the Secretary of Energy herself. Needless to say, the result of such an order is to curtail most of these activities, and the United States is the poorer for it. Some researchers are even hesitating to participate in anonymous reviews of research papers or grant proposals if the author happens to be in China.
The valuable research partnership between scientists and government that we cherish in the United States is now under threat from two sides: foreign governments are exploiting our international contacts for their own geopolitical advantage; and our own government is responding by arresting us. This makes no sense. How can we return to sanity? The key to progress may be appreciating that the FBI and Justice Department say they are just as concerned about the dangers of overreach as we are but don’t have the tools to solve this issue without our active participation. We have learned from discussions with federal officials that in some recent instances where the research community has discovered and repaired ethical breaches by its members, the Justice Department and FBI have been willing to let our community handle the infraction, and careers have been preserved. This is an approach that we, as a community, should embrace.
We, the scientists and students engaged in science and technology research, must intensify our commitment to research integrity. The public’s traditionally high regard for our honesty and their confidence in the importance of our work must not be taken for granted; it must be earned. The elements of research integrity include objectivity, honesty, openness, accountability, fairness, disclosure, and stewardship [15]. Three elements of particular relevance here include the prompt disclosure of potential conflicts of commitment; the assurance that information exchanged between US and international scientists is not just one-way; and the protection of pre-publication research information from unauthorized premature transfer to competitors.
The Federal government must preserve open science in the United States. The government is our guarantor that fundamental research performed in the United States, by which we mean any research intended for open publication remains unrestricted to the maximum extent possible. Research that cannot be published openly because of national security concerns should be restricted through the established methods of security classification. These principles have been laid out in Presidential Directive NSDD-189 established during the Reagan administration [16] and reaffirmed by subsequent administrations from both parties and by independent reviews [17]. We call on the current administration to reaffirm this directive.
Regular readers of these pages know that the APS has been working with our members to promote the ideals that we have just described [18]. APS consults with Congress on legislation and with the White House and federal agencies on how to craft and implement the best science policies. APS pushes back when policies are misdirected and briefs the Federal Courts to make sure that our community’s voice is heard in critical matters. APS is working to inform and educate our members about our own responsibilities as scientists. Our recent Delta Phy webinar on science security and China is one example and so is our statement on science ethics.
Finally, APS has convened a series of direct meetings between leading US physicists and our counterparts in China to engage in face-to-face dialog on these issues. APS leadership attends these meetings, and we share a strong sense that both delegations know that these issues cannot be resolved until scientists address them ourselves. Although our two nations will continue to be engaged in vigorous competition in many areas, we are confident that scientists can come together as a community to take responsibility for the ethical conduct of science. This would reduce the international tensions in fundamental research and restore the basic partnerships that can advance the frontiers of science and technology for all.
References
John Ratcliffe, "China is National Security Threat No. 1," Wall Street Journal (Dec. 3, 2020).
A recent Delta Phy webinar on this topic is worth watching on the APS YouTube channel.
China: The Risk to Academia, FBI report (2019).
Cyber-Espionage & Intellectual Property Theft, Briefing by FBI Special Agent Scott McGaunn, The Society for Science at User Research Facilities webinar (May, 2021).
Many sources document this policy, for example: Trends in U.S.-China Science and Technology Cooperation: Collaborative Knowledge Production for the Twenty-First Century?
Many of these principles are described in the National Academies Report Fostering Integrity in Research, NAP21896, National Academies (2017).
National Security Decision Directive 189 (1985), reaffirmed in 2001 and in 2010.
These principles are described in the recent NSF-commissioned JASON report, Fundamental Research Security, JSR-19-2I, (December 2019).
