jueves, 23 de octubre de 2025

UNIÓN EUROPEA: Soberanía tecnológica y rezago en el mercado de semiconductores

Publicado en dplnews
https://dplnews.com/chip-europeo-cambiar-la-ley-de-semiconductores-traeria-soberania-y-competencia/



Chip europeo: ¿cambiar la ley de semiconductores traería soberanía y competencia?

Los 27 Estados miembros quieren una nueva Ley de Chips, como marco actualizado para un desarrollo sin contratiempos y que asegure la soberanía europea ante el nuevo escenario geopolítico. Lo de siempre pero, en este caso, con foco en los semiconductores, los cuales son considerados como columna vertebral para el desarrollo de verticales clave. Proponen mayor cooperación con terceros pero, al mismo tiempo, resiliencia y capacidades propias para hacer frente a cualquier contratiempo. El desafío es estar a tono con las novedades y el riesgo es que las reglas maten la innovación o, peor aún, que Europa lidere pero sólo desde el escritorio.

¿Nueva ley de Chips?

La Coalición de Semiconductores (Semicom) presentó a la Comisión Europea, con aval de los 27 miembros del bloque, un documento que pide reforzar la Ley de Chips para fortalecer la industria local de semiconductores. El texto considera que los chips son la columna vertebral de los sectores de crecimiento actuales de alto valor y que es fundamental una posición europea sólida en esta industria.

Las prioridades de las directrices son:

  1. Reforzar la colaboración entre industria, investigación pymes y empresas emergentes al tiempo de apoyar a los líderes europeos en innovación.
    • Fomentar fuertes alianzas industriales europeas complementarias, desde los proveedores y los actores de investigación hasta los mercados finales, para fortalecer y mejorar la viabilidad de toda la industria europea.
  2. Armonizar la financiación entre la Unión Europea y los Estados miembros: coordinar fondos, acelerar la aprobación de proyectos estratégicos y movilizar capital privado.
    • Garantizar que el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) refleje la importancia de sectores y tecnologías estratégicos, como los semiconductores, y se base en estrategias y leyes.
  3. Impulsar la formación de una cantera de talentos europeos en la materia.
    • Apoyar la colaboración entre instituciones académicas de la Unión Europea, alentar a las partes interesadas a aumentar el intercambio de talento e investigadores y establecer un Programa Europeo de Competencias Chips.
  4. Apoyar el desarrollo de chips y componentes; promover una fabricación limpia, eficiente y circular.
    • Promover una fabricación más limpia a partir de la sustitución de sustancias peligrosas, el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia hídrica y el uso circular de materiales residuales en los procesos de producción y a lo largo de toda la cadena de valor.
  5. Fomentar la colaboración global con socios estratégicos afines.
    • Atraer capacidades estratégicas de fuera del bloque para complementar y reforzar el ecosistema europeo.

El documento se presenta bajo tres objetivos clave: prosperidad, lo que es igual a desarrollo para la creación de valor en distintos mercados; indispensabilidad, que se traduce en liderazgo europeo en la cadena de valor; y resiliencia, a través de un suministro estable y fiable de semiconductores. Considera como punto de partida, entre otros, que la meta de una participación de mercado del 20% planteada en la ley actual es poco realista y que no hay una dirección estratégica de cómo lograrlo.

Según datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés), Europa redujo su participación en el mercado global de chips en 2024 hasta 9.2%, pero se mantuvo en el podio de injerencia, detrás de Estados Unidos (50.4%) y Corea del Sur (21.1%). El mercado global está valuado en 630,500 millones de dólares; los sectores de ordenadores y comunicaciones demandan 68% de los chips a nivel global.



El texto está firmado por los nueve países parte de Semicom (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Países Bajos), entidad creada en marzo pasado para “reforzar la competitividad y seguridad en Europa en el ámbito de los semiconductores”. También cuenta, según los involucrados, con respaldo de la industria.

Todos los firmantes se mostraron “dispuestos a colaborar con la Comisión Europea para proponer, redactar, adoptar e implementar una revisión rigurosa de la ley de Chips de la UE, que impulse el crecimiento continuo de un ecosistema europeo de semiconductores sólido e innovador”.

Actualización

La ley europea de chips actual corre desde el 21 de septiembre de 2023 tras la aprobación del Parlamento y el Consejo. Se presentó con los siguientes objetivos: reforzar el liderazgo tecnológico y de investigación de Europa para avanzar hacia la producción de chips más pequeños y rápidos, establecer un marco para aumentar la capacidad de producción hasta 2030; desarrollar y reforzar la capacidad de innovación en el diseño, fabricación y embalaje de chips avanzados; desarrollar una comprensión en profundidad de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores; y abordar la escasez de capacidades, atraer nuevos talentos y fomentar la generación de una mano de obra cualificada.

Se propusieron, además, acciones específicas, algunas de las cuales fueron nuevamente recogidas en este punto de partida para su actualización. Entre ellas se encuentran inversiones en tecnologías de próxima generación; herramientas para la generación de prototipos y pruebas piloto; apoyo a empresas emergentes innovadoras; asociaciones internacionales y otras. Ya aparecían por entonces conceptos asociados como la necesidad de cooperación, pero asegurando un desarrollo que promueva la soberanía tecnológica del continente y la importancia de atraer y retener talento para hacer frente a los desafíos venideros.

Salir del escritorio

La tecnología e infraestructuras digitales tienen un papel fundamental en la vida de los ciudadanos y, ya hace rato, el mundo comprendió su importancia para el desarrollo económico de los países. Europa pretende ser escenario central en el recital de la innovación, algo que al momento ha logrado más desde el escritorio que en el campo de juego. Los actores quieren generar nuevas estrategias para que el bloque gane injerencia en el panorama geopolítico global y, con dudas en el cuándo, posiblemente la Unión Europea tome el guante y avance en una nueva versión de la Ley de Chips, aunque esto no aporte de forma directa, pero sí tangencialmente, a un liderazgo local en la materia.

La búsqueda de liderazgo europeo tiene argumentos sólidos, desde lo económico y por el propio impacto que las nuevas tecnologías prometen generar en las sociedades, pero también –esto más aún cuando se habla de regulación y no de logros tangibles, que también existen en territorio europeo– responde a una necesidad discursiva de no perder terreno frente a otras potencias, un punto largamente debatido este año por el conflicto arancelario con Estados Unidos. El origen de esta nueva etapa de interés por el liderazgo digital de Europa tiene como punto de partida la pandemia (y la recuperación post-pandemia) y la guerra Rusia-Ucrania, que dejó de manifiesto la necesidad de menor dependencia en las cadenas de valor.

Al tiempo que se puso en marcha una ley de Inteligencia Artificial o la propia Ley de Chips, por citar algunos ejemplos, Europa reconoce algunos desafíos por delante y el principal de ellos es funcionar como un equipo. Ya lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Nuestro mayor activo es el mercado único, pero (…) sigue estando incompleto principalmente en tres ámbitos: finanzas, energía y telecomunicaciones”. La industria coincide y, en el plano de las telecomunicaciones, pide a gritos reglas afines a la consolidación como paso necesario para “brindar conectividad de vanguardia, segura y resiliente” al continente.

En el aspecto más tecnológico se sugieren, otra vez, acciones para “mantener la resiliencia digital de Europa, incluso cuando haya volatilidad geopolítica”, como pidió Microsoft en una carta abierta en la que también consideró clave avanzar en nuevas medidas de ciberseguridad (incluido aquí la protección de la privacidad como base), reforzar la competitividad económica y apalancar la construcción de un ecosistema de IA y Nube. Los actores van cambiando, pero los pedidos son siempre similares, al igual que el argumento: hay que actuar para que Europa no quede “aún más rezagada” en una carrera tecnológica que se acelera.

Así, Europa se propone actualizar la Ley de Chips para adecuar el marco legal a los cambios de los últimos años pero, más que eso, evalúa acciones para no perder pisada al resto en el mercado que lo ubica en tercera posición en el globo. El problema es si, de nuevo, los temas tecnológicos pueden resolverse sólo desde el escritorio o, en realidad, si la fuerza de las acciones es suficiente en Europa para que la letra acompañe un liderazgo de hechos y sea funcional al desarrollo y no barrera para la innovación. Lo cierto es que se abre un nuevo debate, que tendrá actores y argumentos similares a los que hubo en la previa de la normativa hoy vigente.




jueves, 16 de octubre de 2025

U.S.A.: las revistas en la mira. La Admón. Trump abandera la crítica contra la corrupción de la industria editorial y farmacéutica... para imponer su propia agenda

Publicado en Inside Higher Ed
https://www.insidehighered.com/news/government/science-research-policy/2025/10/02/scientific-publishing-industry-faces-federal?utm_source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=011cae14d5-DNU_2021_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc04421-011cae14d5-236508634&mc_cid=011cae14d5&mc_eid=500f40f791 



2 de octubre de 2025


Las revistas científicas en el punto de mira


Las autoridades federales están planteando preocupaciones de larga data sobre las revistas de investigación y las estructuras de incentivos académicos que las sustentan. Pero los expertos afirman que el Gobierno por sí solo no puede reformar el sector.


Por  Kathryn Palmer


Las críticas de larga data a las publicaciones académicas están contribuyendo a alimentar los ataques de la Administración Trump contra la empresa científica del país.


Durante años, algunos miembros de la comunidad científica han dado la voz de alarma sobre el fraude en la investigación, las fábricas de artículos, la escasez de revisores cualificados y el alto coste de las suscripciones a revistas académicas y las tarifas de acceso abierto. Las investigaciones también sugieren que esos problemas tienen su origen en las estructuras de incentivos académicos que recompensan a los científicos por publicar un gran volumen de artículos en revistas muy citadas. 


En los últimos meses, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y Jayanta Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud, han puesto en el punto de mira a la industria editorial científica, cambiando políticas y utilizando sus plataformas para expresar sus propias críticas. Se han comprometido a abordar las preocupaciones sobre el sesgo, la desinformación y el acceso. En agosto, Bhattacharya escribió en un memorándum que parte de su estrategia para reconstruir la confianza del público en la ciencia incluirá centrarse en «investigaciones replicables, reproducibles y generalizables» como «la base de la verdad en la ciencia biomédica». La cultura de «publicar o perecer», añadió, «favorece la promoción de solo los resultados favorables, y el trabajo de replicación es poco valorado o recompensado».


Aunque numerosos expertos entrevistados por Inside Higher Ed afirmaron que algunas de las quejas del Gobierno sobre las publicaciones científicas son reales, se muestran escépticos sobre que las soluciones propuestas hasta ahora por el HHS y los NIH vayan a dar lugar a reformas significativas. Y uno de ellos advirtió que la Administración Trump, que sigue promoviendo la desinformación sobre las vacunas, entre otras cosas, está explotando esa realidad para promover su propia agenda ideológica.


«Todos sabemos que la ciencia y las publicaciones científicas se enfrentan a enormes problemas. Pero gran parte de la comunidad científica finge que no hay ningún problema», afirma Luís A. Nunes Amaral, profesor de ingeniería de la Universidad Northwestern y coautor de un artículo que identificó un aumento de los fraudes en la investigación durante los últimos 15 años. «Esta actitud empodera a los demagogos para que luego vengan y señalen problemas que son reales y reconocibles. Esto les da cierta sensación de [legitimidad], pero en realidad no están tratando de mejorar las cosas, sino de destruirlas».


Además de cancelar cientos de subvenciones de investigación del NIH que no se ajustan a las opiniones ideológicas de la administración Trump y proponer recortar el 40 % del presupuesto del NIH, el intento de la administración de reformar las publicaciones académicas podría acabar dando al Gobierno más control sobre las revistas que durante mucho tiempo han actuado como guardianas de la investigación científica validada.


«Completamente corrupto» 


Incluso antes de convertirse en el máximo responsable de salud pública del país a principios de este año, Kennedy calificó a varias revistas médicas de prestigio, entre ellas The New England Journal of Medicine y The Lancet, de «absolutamente corruptas», y afirmó durante su campaña presidencial de 2024 que quería emprender acciones legales contra ellas. Aunque todavía no ha demandado a ninguna revista, en mayo el secretario del HHS amenazó con prohibir a los científicos financiados por el Gobierno publicar en esas y otras revistas, alegando que están controladas por la industria farmacéutica.


La influencia de la industria farmacéutica es una preocupación que también han planteado los editores de revistas médicas. En 2009, Marcia Angell, antigua redactora jefe de NEJM, escribió que los vínculos financieros de los investigadores con las empresas farmacéuticas hacían que «ya no fuera posible creer gran parte de la investigación clínica que se publica».


Sin embargo, en un artículo de opinión publicado por STAT en junio, Angell y otros dos antiguos editores del NEJM explicaron que las revistas no crearon el problema, sino que los investigadores han llegado a depender del apoyo de las empresas farmacéuticas. No obstante, señalaron que las revistas han tomado medidas para mitigar la influencia de la industria, entre ellas exigir a los autores que revelen sus vínculos con las empresas pertinentes.


«Kennedy tiene razón al afirmar que la dependencia de la investigación médica de la financiación farmacéutica es un problema», escribieron los antiguos editores. «Pero las medidas de Kennedy como director del HHS, entre ellas los profundos recortes a los Institutos Nacionales de Salud y los ataques a nuestras mejores revistas médicas, agravarán ese problema».


Kennedy también ha planteado la idea de lanzar una revista gubernamental interna como solución para erradicar la corrupción. Pero Ivan Oransky, investigador médico y cofundador de Retraction Watch, dijo que eso también podría plantear dudas sobre la credibilidad.


«No estoy muy seguro de qué se consigue con la creación de una revista. No es más que otra revista que tendrá que competir con otras revistas», afirmó. «La otra pregunta es: ¿será imparcial y equilibrada? ¿Se interesará por la verdad y por difundir la buena ciencia o solo por la ciencia que [Kennedy] considera que vale la pena? Es un temor real, dadas muchas de sus declaraciones y lo que está tratando de hacer».


(Kennedy ha defendido numerosas afirmaciones médicas sin fundamento o desacreditadas, entre ellas que las vacunas causan autismo).


«Un desastre total»


Aunque Oransky reconoció que las publicaciones académicas son efectivamente «un desastre total» que «fomentan incentivos terribles que dificultan la confianza en toda la literatura científica», afirmó que «reorganizar las tumbonas del Titanic» no solucionará nada.


«El NIH es una importante fuente de financiación de la investigación, así que ¿por qué no cambian sus incentivos?», dijo. «Podrían cambiar el sistema de revisión por pares del NIH para que nadie privilegie las citas y las revistas de alto impacto».


Kennedy no es el único que ha cuestionado la integridad de las revistas médicas.


En abril, el entonces fiscal interino del Distrito de Columbia, Edward R. Martin Jr., envió cartas a numerosas revistas, entre ellas The Journal of the American Medical Association y CHEST (una revista publicada por el Colegio Americano de Médicos del Tórax), cuestionándolas por lo que él denominó sesgo político.


Y antes de asumir su cargo, Bhattacharya y Martin Kulldorff, un antiguo bioestadístico de la Universidad de Harvard, lanzaron su propia revista, The Journal of the Academy of Public Health, vinculada al sitio web de noticias de derecha RealClearPolitics, como contrapunto a las revistas convencionales. Durante la pandemia, Bhattacharya y Kulldorff fueron coautores de la Declaración de Great Barrington, que instaba a los responsables de salud pública a reducir las recomendaciones de confinamiento destinadas a mitigar la propagación de la enfermedad y que recibió críticas generalizadas por parte de los responsables de los NIH en ese momento. A los críticos les preocupa que la nueva revista se convierta en una plataforma para algunas de las investigaciones dudosas impulsadas por la administración Trump.


Dejando a un lado las preocupaciones políticas, la revista presume de pagar a los revisores y de ofrecer todo su contenido de forma gratuita, políticas que algunos defensores de la ciencia también han pedido que implementen más revistas. En julio, los NIH aceleraron la implementación de una política de la era Biden que exige a los investigadores financiados con fondos federales que depositen su trabajo en repositorios de acceso público designados por la agencia, incluido el PubMed Central, gestionado por los NIH, inmediatamente después de su publicación.


Pero abrir el acceso a la investigación científica no será suficiente para restaurar la confianza del público en la ciencia, afirmó Meagan Phelan, directora de comunicaciones de la familia de revistas Science.


«Si tu objetivo es recuperar la confianza del público, también tienes que escuchar las áreas de interés y preocupación públicas», afirmó, señalando que el proceso científico no siempre es bien comprendido por el público en general. «¿Qué tipo de cosas harán, además de publicar, para escuchar realmente las preocupaciones del público y ayudar a recuperar su confianza? No es tan sencillo como simplemente hacer que todo esto sea gratuito».


Como directora de los NIH, Bhattacharya también se ha comprometido a controlar la industria editorial académica con fines lucrativos, valorada en 19 000 millones de dólares, que los académicos, que suelen escribir y revisar artículos sin recibir compensación alguna, llevan mucho tiempo criticando por considerarla explotadora. En julio, los NIH propusieron limitar los gastos de procesamiento de artículos (APC) que algunas revistas cobran a los investigadores para que sus publicaciones sean de libre acceso, y que pueden oscilar entre cientos y miles de dólares.  


Bhattacharya ha afirmado que la medida tiene como objetivo acabar con los «incentivos perversos» que enriquecen a la industria editorial y hacer que «sea mucho más difícil para una pequeña élite científica decidir qué es verdad y qué es mentira».


Los científicos deben liderar la reforma


Aunque los científicos y los defensores del acceso abierto también han criticado los APC, varios afirman que no creen que el plan del NIH de implementar un límite artificial sea una estrategia lo suficientemente completa como para reformar las estructuras de incentivos académicos o de publicación científica.  


«Hoy en día, la publicación es un sistema muy complicado que tiene muchos objetivos entrelazados y contrapuestos. No es fácil cambiar una palanca y pensar que va a tener el efecto que queremos», afirma Jennifer Trueblood, directora del programa de ciencias cognitivas de la Universidad de Indiana en Bloomington. «A primera vista, limitar los APC puede parecer lógico para mucha gente. Pero, ¿cómo respondería una editorial comercial a eso? Podrían simplemente trasladar los costes a las bibliotecas y los lectores».


En cuanto a la reforma de las estructuras de incentivos que incitan a algunos científicos a publicar investigaciones defectuosas, el NIH tampoco podrá hacerlo por sí solo.


«El cambio debe ser liderado por los científicos», afirma Trueblood. «Las instituciones académicas deben replantearse cómo evalúan a los científicos y asegurarse de que esa evaluación no alimenta un sistema que apoya la publicación comercial». 


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October 02, 2025

Scientific Journals in the Hot Seat

Federal officials are raising long-standing concerns with research journals and the academic incentive structures propping them up. But experts say the government alone can’t overhaul the industry.

By  Kathryn Palmer


Long-standing criticisms of academic publishing are helping to fuel the Trump administration’s attacks on the nation’s scientific enterprise.

For years, some members of the scientific community have raised alarm about research fraud, paper mills, a paucity of qualified peer reviewers and the high cost of academic journal subscriptions and open-access fees. Research also suggests those problems are rooted in academic incentive structures that reward scientists for publishing a high volume of papers in widely cited journals. 

In recent months, Robert F. Kennedy Jr., secretary of the Department of Health and Human Services, and Jayanta Bhattacharya, director of the National Institutes of Health, have taken aim at the scientific publishing industry, changing policies and using their platforms to lodge their own criticisms. They’ve pledged to address concerns about bias, misinformation and access. In August, Bhattacharya wrote in a memo that part of his strategy to rebuild public trust in science will include focusing on “replicable, reproducible, and generalizable research” as “the basis for truth in biomedical science.” The “publish or perish” culture, he added, “favors the promotion of only favorable results, and replication work is little valued or rewarded.”

While numerous experts Inside Higher Ed interviewed said some of the government’s grievances about scientific publishing are real, they’re skeptical that the solutions the HHS and NIH have proposed so far will yield meaningful reforms. And one warned that the Trump administration—which continues to promote misinformation about vaccines, among other things—is exploiting that reality to further its own ideological agenda.  

“We all know there are enormous problems facing science and scientific publishing. But a lot of the scientific community is pretending there are no problems,” said Luís A. Nunes Amaral, an engineering professor at Northwestern University who co-authored a paper that identified a surge in research fraud over the past 15 years. “This attitude empowers demagogues to then come and point out issues that are real and recognizable. This gives them some sense of [legitimacy], but in reality they are not trying to improve things; they are trying to destroy them.”

In addition to terminating hundreds of NIH research grants that don’t align with the Trump administration’s ideological views and proposing to cut 40 percent of the NIH’s budget, the administration’s quest to reshape academic publishing could end up giving the government more control over journals that have long acted as the gatekeepers of validated scientific research.

‘Utterly Corrupt’  

Even before he became the nation’s top public health official earlier this year, Kennedy characterized multiple top medical journals, including The New England Journal of Medicine and The Lancet, as “utterly corrupt,” saying during his 2024 presidential campaign that he wanted to take legal action against them. Although he hasn’t sued any journals yet, as HHS secretary Kennedy threatened in May to bar government-funded scientists from publishing in those and other journals, claiming that they are controlled by the pharmaceutical industry.

Influence from the pharmaceutical industry is a concern editors of medical journals have also raised. In 2009, Marcia Angell, former editor in chief of NEJM, wrote that researchers’ financial ties to pharmaceutical companies made it “no longer possible to believe much of the clinical research that is published.”    

However, in an opinion article STAT published in June, Angell and two other former NEJM editors explained that journals didn’t create the issue, but researchers have come to rely on support from pharmaceutical companies. However, they noted that journals have taken steps to mitigate industry influence, including requiring authors to disclose ties to relevant companies.

“Kennedy is right that the dependence of medical research on pharmaceutical funding is a problem,” the former editors wrote. “But Kennedy’s actions as head of HHS—including his deep cuts to the National Institutes of Health and targeting of our best medical journals—will make that problem worse.” 

Kennedy has also floated the idea of launching an in-house government journal as a solution to rooting out corruption. But Ivan Oransky, a medical researcher and cofounder of Retraction Watch, said that could also raise credibility questions. 

“I’m not quite sure what creating a journal accomplishes. It’s just another journal that will have to compete with other journals,” he said. “The other question is, will it be fair and balanced? Will it be interested in what’s true and getting good science out there or only in science that [Kennedy] believes is worthwhile? That’s a real fear given a lot of his pronouncements and what he’s trying to do.”

(Kennedy has espoused numerous unsubstantiated or debunked medical claims, including that vaccines cause autism.)  

‘Hot Mess’

While Oransky acknowledged that academic publishing is indeed a “hot mess” that “encourages awful incentives that make it difficult to trust all of the scientific literature,” he said, “Rearranging deck chairs on the Titanic” won’t fix anything.

“The NIH is a major funder of research, so why don’t they change their incentives?” he said. “They could change the peer-review system at the NIH so that nobody privileges citations and high-impact-factor journals.”

Kennedy isn’t the only one who’s questioned the integrity of medical journals. 

In April, then-interim U.S. attorney for the District of Columbia Edward R. Martin Jr. sent letters to numerous journals, including The Journal of the American Medical Association and CHEST (a journal published by the American College of Chest Physicians), questioning them about what he called political bias.

And before taking his post, Bhattacharya and Martin Kulldorff, a former Harvard University biostatistician, launched their own journal—The Journal of the Academy of Public Health, which is linked to the right-wing news site RealClearPolitics—as a counter to mainstream journals. During the pandemic, Bhattacharya and Kulldorff co-authored the Great Barrington Declaration, which called on public health officials to scale back stay-at-home recommendations aimed at mitigating the spread of disease and received widespread criticism from NIH officials at the time. Critics worry that the new journal may become a platform for some of the dubious research pushed by the Trump administration. 

Political concerns aside, the journal touts that it pays peer reviewers and makes all of its content freely available—policies some science advocates have also called for more journals to implement. In July, the NIH sped up the implementation of a Biden-era policy that requires federally funded researchers to deposit their work into agency-designated public-access repositories, including the NIH-run PubMed Central, immediately upon publication.

But opening access to scientific research won’t be enough to restore public trust in science, said Meagan Phelan, communications director for the Science family of journals. 

“If your goal is to restore public trust, you also have to listen to areas of public interest and concern,” she said, noting that the scientific process isn’t always well understood by the general public. “What kinds of things will they do alongside publishing to really listen to public concern and help restore public trust? It’s not as simple as just making this stuff free.”

As NIH director, Bhattacharya has also pledged to rein in the $19 billion for-profit academic publishing industry, which academics, who typically author and peer review articles without compensation, have long criticized as exploitative. In July, the NIH proposed capping the article processing charges (APCs) some journals levy on researchers to make their publications freely available, which can range from hundreds to thousands of dollars.  

Bhattacharya has said the move is aimed at both ending the “perverse incentives” enriching the publishing industry and making it “much harder for a small number of scientific elite to say what’s true and false.”

Scientists Need to Lead Reform

While scientists and open-access advocates have also criticized APCs, several say they don’t think the NIH’s plan to implement an artificial cap is a comprehensive enough strategy to reform scientific publishing or academic incentive structures.

“Publishing now is a really complicated system that has a lot of competing, intertwined goals. It’s not easy to change one lever and think it’s going to have the effect that we want,” said Jennifer Trueblood, director of the cognitive science program at Indiana University at Bloomington. “On the surface, capping APCs may make sense to a lot of people. But how would a commercial publisher respond to that? They could easily just shift costs back to libraries and readers.”

And as for reforming the incentive structures tempting some scientists to publish faulty research, the NIH won’t be able to do that alone, either.

“A change needs to be led by scientists,” Trueblood said. “Academic institutions need to rethink how they’re evaluating scientists and making sure that evaluation isn’t feeding into a system that is supporting commercial publishing.”



miércoles, 15 de octubre de 2025

Investigador mexicano es despedido en EE.UU. tras usar ChatGPT

Publicado en Proceso
https://www.proceso.com.mx/ciencia-tecnologia/2025/10/13/investigador-mexicano-es-despedido-en-eeuu-tras-usar-chatgpt-360672.html


Investigador mexicano es despedido en EE.UU. tras usar ChatGPT

Investigador mexicano es despedido en Estados Unidos tras integrar ChatGPT a su rutina. 

Reportes señalan uso con verificación y ajuste editorial antes de entregar materiales


CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Kevin Cantera, investigador mexicano radicado en Nuevo México, Estados Unidos, fue despedido de una empresa de tecnología educativa tras más de 17 años de servicio. Su salida ocurrió después de incorporar de forma intensiva herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT para acelerar su trabajo de redacción y organización de contenidos con revisión humana. El caso se conoció a partir de una columna reciente de The Washington Post y fue retomado por medios internacionales.


Cómo ocurrió la adopción de la IA en el trabajo


De acuerdo con reportes periodísticos que retomaron su testimonio, la compañía donde laboraba promovió entre el personal la experimentación con aplicaciones de IA. El mensaje interno —según esas versiones— señalaba que su adopción no implicaría recortes de personal. Cantera siguió esa directriz y comenzó a emplear asistentes generativos para ajustes de estilo, síntesis de información y propuestas de estructura de textos, manteniendo control editorial sobre los resultados.


Uso de IA según el trabajador

El investigador mexicano indicó que su productividad aumentó tras perfeccionar sus indicaciones (“prompts”) y que la herramienta le permitió entregar materiales en menos tiempo. Detalló que el flujo de trabajo incluía verificación manual de datos, revisión de tono y validación de la información antes de integrar cualquier salida generada por IA a documentos de uso interno o externo.


Cronología del despido tras implementación de IA

Meses después de que la empresa alentó el uso de IA, la organización realizó un ajuste de personal. En ese proceso fue incluido Cantera, junto con otros empleados con antigüedad. No se difundieron públicamente los criterios específicos de la reestructura ni el detalle de puestos alcanzados. La separación de Cantera se produjo sin que mediara un señalamiento público de incumplimiento de políticas internas sobre el uso de estas herramientas.


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Casos recientes de empresas que ajustaron plantillas tras integrar IA 

Varios corporativos han reconfigurado roles al tiempo que incorporan IA en sus procesos, con resultados diversos. Los siguientes ejemplos ilustran escenarios que van desde la reducción por attrition (no reemplazar vacantes) hasta recortes en equipos o contratistas, y muestran que la IA puede convivir con estrategias responsables cuando hay objetivos y salvaguardas definidos:


Klarna (fintech, Suecia). Reportó que su asistente conversacional realiza hoy el trabajo equivalente a cientos de agentes de soporte, lo que contribuyó a reducir su plantilla principalmente mediante attrition y a mejorar ingresos por empleado. La empresa sostiene que la IA permitió absorber picos de demanda y estandarizar respuestas, mientras reorientaba talento a funciones de mayor complejidad.

BT Group (telecom, Reino Unido). Anunció un plan plurianual para recortar decenas de miles de puestos hacia 2030, atribuyendo parte de esa reducción a automatización e IA, junto con el avance de su red de fibra y 5G. La empresa planteó una transición gradual con reentrenamiento y reasignación de funciones técnicas.

IBM (EE.UU.). Señaló que miles de roles de back office podrían automatizarse en el mediano plazo y pausó contrataciones en esas funciones. La compañía enmarcó la decisión en su estrategia de IA híbrida, con foco en productividad y seguridad, y en el rediseño de tareas administrativas.

Dropbox (EE.UU.). Recortó parte de su plantilla en 2023 como parte de una “reorientación” hacia productos potenciados por IA, además del contexto macroeconómico. La dirección describió un cambio de estructura para acelerar el desarrollo de funciones inteligentes dentro de su ecosistema.

Duolingo (EE.UU.). Replanteó su operación hacia una estrategia “AI-first” que redujo la dependencia de contratistas para ciertas tareas de contenido. La empresa ha subrayado que el objetivo fue reorganizar procesos y priorizar calidad y velocidad en producción, manteniendo al personal de tiempo completo.



UNIÓN EUROPEA: Soberanía tecnológica y rezago en el mercado de semiconductores

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