2 de octubre de 2025
Las revistas científicas en el punto de mira
Las autoridades federales están planteando preocupaciones de larga data sobre las revistas de investigación y las estructuras de incentivos académicos que las sustentan. Pero los expertos afirman que el Gobierno por sí solo no puede reformar el sector.
Por Kathryn Palmer
Las críticas de larga data a las publicaciones académicas están contribuyendo a alimentar los ataques de la Administración Trump contra la empresa científica del país.
Durante años, algunos miembros de la comunidad científica han dado la voz de alarma sobre el fraude en la investigación, las fábricas de artículos, la escasez de revisores cualificados y el alto coste de las suscripciones a revistas académicas y las tarifas de acceso abierto. Las investigaciones también sugieren que esos problemas tienen su origen en las estructuras de incentivos académicos que recompensan a los científicos por publicar un gran volumen de artículos en revistas muy citadas.
En los últimos meses, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y Jayanta Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud, han puesto en el punto de mira a la industria editorial científica, cambiando políticas y utilizando sus plataformas para expresar sus propias críticas. Se han comprometido a abordar las preocupaciones sobre el sesgo, la desinformación y el acceso. En agosto, Bhattacharya escribió en un memorándum que parte de su estrategia para reconstruir la confianza del público en la ciencia incluirá centrarse en «investigaciones replicables, reproducibles y generalizables» como «la base de la verdad en la ciencia biomédica». La cultura de «publicar o perecer», añadió, «favorece la promoción de solo los resultados favorables, y el trabajo de replicación es poco valorado o recompensado».
Aunque numerosos expertos entrevistados por Inside Higher Ed afirmaron que algunas de las quejas del Gobierno sobre las publicaciones científicas son reales, se muestran escépticos sobre que las soluciones propuestas hasta ahora por el HHS y los NIH vayan a dar lugar a reformas significativas. Y uno de ellos advirtió que la Administración Trump, que sigue promoviendo la desinformación sobre las vacunas, entre otras cosas, está explotando esa realidad para promover su propia agenda ideológica.
«Todos sabemos que la ciencia y las publicaciones científicas se enfrentan a enormes problemas. Pero gran parte de la comunidad científica finge que no hay ningún problema», afirma Luís A. Nunes Amaral, profesor de ingeniería de la Universidad Northwestern y coautor de un artículo que identificó un aumento de los fraudes en la investigación durante los últimos 15 años. «Esta actitud empodera a los demagogos para que luego vengan y señalen problemas que son reales y reconocibles. Esto les da cierta sensación de [legitimidad], pero en realidad no están tratando de mejorar las cosas, sino de destruirlas».
Además de cancelar cientos de subvenciones de investigación del NIH que no se ajustan a las opiniones ideológicas de la administración Trump y proponer recortar el 40 % del presupuesto del NIH, el intento de la administración de reformar las publicaciones académicas podría acabar dando al Gobierno más control sobre las revistas que durante mucho tiempo han actuado como guardianas de la investigación científica validada.
«Completamente corrupto»
Incluso antes de convertirse en el máximo responsable de salud pública del país a principios de este año, Kennedy calificó a varias revistas médicas de prestigio, entre ellas The New England Journal of Medicine y The Lancet, de «absolutamente corruptas», y afirmó durante su campaña presidencial de 2024 que quería emprender acciones legales contra ellas. Aunque todavía no ha demandado a ninguna revista, en mayo el secretario del HHS amenazó con prohibir a los científicos financiados por el Gobierno publicar en esas y otras revistas, alegando que están controladas por la industria farmacéutica.
La influencia de la industria farmacéutica es una preocupación que también han planteado los editores de revistas médicas. En 2009, Marcia Angell, antigua redactora jefe de NEJM, escribió que los vínculos financieros de los investigadores con las empresas farmacéuticas hacían que «ya no fuera posible creer gran parte de la investigación clínica que se publica».
Sin embargo, en un artículo de opinión publicado por STAT en junio, Angell y otros dos antiguos editores del NEJM explicaron que las revistas no crearon el problema, sino que los investigadores han llegado a depender del apoyo de las empresas farmacéuticas. No obstante, señalaron que las revistas han tomado medidas para mitigar la influencia de la industria, entre ellas exigir a los autores que revelen sus vínculos con las empresas pertinentes.
«Kennedy tiene razón al afirmar que la dependencia de la investigación médica de la financiación farmacéutica es un problema», escribieron los antiguos editores. «Pero las medidas de Kennedy como director del HHS, entre ellas los profundos recortes a los Institutos Nacionales de Salud y los ataques a nuestras mejores revistas médicas, agravarán ese problema».
Kennedy también ha planteado la idea de lanzar una revista gubernamental interna como solución para erradicar la corrupción. Pero Ivan Oransky, investigador médico y cofundador de Retraction Watch, dijo que eso también podría plantear dudas sobre la credibilidad.
«No estoy muy seguro de qué se consigue con la creación de una revista. No es más que otra revista que tendrá que competir con otras revistas», afirmó. «La otra pregunta es: ¿será imparcial y equilibrada? ¿Se interesará por la verdad y por difundir la buena ciencia o solo por la ciencia que [Kennedy] considera que vale la pena? Es un temor real, dadas muchas de sus declaraciones y lo que está tratando de hacer».
(Kennedy ha defendido numerosas afirmaciones médicas sin fundamento o desacreditadas, entre ellas que las vacunas causan autismo).
«Un desastre total»
Aunque Oransky reconoció que las publicaciones académicas son efectivamente «un desastre total» que «fomentan incentivos terribles que dificultan la confianza en toda la literatura científica», afirmó que «reorganizar las tumbonas del Titanic» no solucionará nada.
«El NIH es una importante fuente de financiación de la investigación, así que ¿por qué no cambian sus incentivos?», dijo. «Podrían cambiar el sistema de revisión por pares del NIH para que nadie privilegie las citas y las revistas de alto impacto».
Kennedy no es el único que ha cuestionado la integridad de las revistas médicas.
En abril, el entonces fiscal interino del Distrito de Columbia, Edward R. Martin Jr., envió cartas a numerosas revistas, entre ellas The Journal of the American Medical Association y CHEST (una revista publicada por el Colegio Americano de Médicos del Tórax), cuestionándolas por lo que él denominó sesgo político.
Y antes de asumir su cargo, Bhattacharya y Martin Kulldorff, un antiguo bioestadístico de la Universidad de Harvard, lanzaron su propia revista, The Journal of the Academy of Public Health, vinculada al sitio web de noticias de derecha RealClearPolitics, como contrapunto a las revistas convencionales. Durante la pandemia, Bhattacharya y Kulldorff fueron coautores de la Declaración de Great Barrington, que instaba a los responsables de salud pública a reducir las recomendaciones de confinamiento destinadas a mitigar la propagación de la enfermedad y que recibió críticas generalizadas por parte de los responsables de los NIH en ese momento. A los críticos les preocupa que la nueva revista se convierta en una plataforma para algunas de las investigaciones dudosas impulsadas por la administración Trump.
Dejando a un lado las preocupaciones políticas, la revista presume de pagar a los revisores y de ofrecer todo su contenido de forma gratuita, políticas que algunos defensores de la ciencia también han pedido que implementen más revistas. En julio, los NIH aceleraron la implementación de una política de la era Biden que exige a los investigadores financiados con fondos federales que depositen su trabajo en repositorios de acceso público designados por la agencia, incluido el PubMed Central, gestionado por los NIH, inmediatamente después de su publicación.
Pero abrir el acceso a la investigación científica no será suficiente para restaurar la confianza del público en la ciencia, afirmó Meagan Phelan, directora de comunicaciones de la familia de revistas Science.
«Si tu objetivo es recuperar la confianza del público, también tienes que escuchar las áreas de interés y preocupación públicas», afirmó, señalando que el proceso científico no siempre es bien comprendido por el público en general. «¿Qué tipo de cosas harán, además de publicar, para escuchar realmente las preocupaciones del público y ayudar a recuperar su confianza? No es tan sencillo como simplemente hacer que todo esto sea gratuito».
Como directora de los NIH, Bhattacharya también se ha comprometido a controlar la industria editorial académica con fines lucrativos, valorada en 19 000 millones de dólares, que los académicos, que suelen escribir y revisar artículos sin recibir compensación alguna, llevan mucho tiempo criticando por considerarla explotadora. En julio, los NIH propusieron limitar los gastos de procesamiento de artículos (APC) que algunas revistas cobran a los investigadores para que sus publicaciones sean de libre acceso, y que pueden oscilar entre cientos y miles de dólares.
Bhattacharya ha afirmado que la medida tiene como objetivo acabar con los «incentivos perversos» que enriquecen a la industria editorial y hacer que «sea mucho más difícil para una pequeña élite científica decidir qué es verdad y qué es mentira».
Los científicos deben liderar la reforma
Aunque los científicos y los defensores del acceso abierto también han criticado los APC, varios afirman que no creen que el plan del NIH de implementar un límite artificial sea una estrategia lo suficientemente completa como para reformar las estructuras de incentivos académicos o de publicación científica.
«Hoy en día, la publicación es un sistema muy complicado que tiene muchos objetivos entrelazados y contrapuestos. No es fácil cambiar una palanca y pensar que va a tener el efecto que queremos», afirma Jennifer Trueblood, directora del programa de ciencias cognitivas de la Universidad de Indiana en Bloomington. «A primera vista, limitar los APC puede parecer lógico para mucha gente. Pero, ¿cómo respondería una editorial comercial a eso? Podrían simplemente trasladar los costes a las bibliotecas y los lectores».
En cuanto a la reforma de las estructuras de incentivos que incitan a algunos científicos a publicar investigaciones defectuosas, el NIH tampoco podrá hacerlo por sí solo.
«El cambio debe ser liderado por los científicos», afirma Trueblood. «Las instituciones académicas deben replantearse cómo evalúan a los científicos y asegurarse de que esa evaluación no alimenta un sistema que apoya la publicación comercial».
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October 02, 2025
Scientific Journals in the Hot Seat
Federal officials are raising long-standing concerns with research journals and the academic incentive structures propping them up. But experts say the government alone can’t overhaul the industry.
By Kathryn Palmer
Long-standing criticisms of academic publishing are helping to fuel the Trump administration’s attacks on the nation’s scientific enterprise.
For years, some members of the scientific community have raised alarm about research fraud, paper mills, a paucity of qualified peer reviewers and the high cost of academic journal subscriptions and open-access fees. Research also suggests those problems are rooted in academic incentive structures that reward scientists for publishing a high volume of papers in widely cited journals.
In recent months, Robert F. Kennedy Jr., secretary of the Department of Health and Human Services, and Jayanta Bhattacharya, director of the National Institutes of Health, have taken aim at the scientific publishing industry, changing policies and using their platforms to lodge their own criticisms. They’ve pledged to address concerns about bias, misinformation and access. In August, Bhattacharya wrote in a memo that part of his strategy to rebuild public trust in science will include focusing on “replicable, reproducible, and generalizable research” as “the basis for truth in biomedical science.” The “publish or perish” culture, he added, “favors the promotion of only favorable results, and replication work is little valued or rewarded.”
While numerous experts Inside Higher Ed interviewed said some of the government’s grievances about scientific publishing are real, they’re skeptical that the solutions the HHS and NIH have proposed so far will yield meaningful reforms. And one warned that the Trump administration—which continues to promote misinformation about vaccines, among other things—is exploiting that reality to further its own ideological agenda.
“We all know there are enormous problems facing science and scientific publishing. But a lot of the scientific community is pretending there are no problems,” said Luís A. Nunes Amaral, an engineering professor at Northwestern University who co-authored a paper that identified a surge in research fraud over the past 15 years. “This attitude empowers demagogues to then come and point out issues that are real and recognizable. This gives them some sense of [legitimacy], but in reality they are not trying to improve things; they are trying to destroy them.”
In addition to terminating hundreds of NIH research grants that don’t align with the Trump administration’s ideological views and proposing to cut 40 percent of the NIH’s budget, the administration’s quest to reshape academic publishing could end up giving the government more control over journals that have long acted as the gatekeepers of validated scientific research.
‘Utterly Corrupt’
Even before he became the nation’s top public health official earlier this year, Kennedy characterized multiple top medical journals, including The New England Journal of Medicine and The Lancet, as “utterly corrupt,” saying during his 2024 presidential campaign that he wanted to take legal action against them. Although he hasn’t sued any journals yet, as HHS secretary Kennedy threatened in May to bar government-funded scientists from publishing in those and other journals, claiming that they are controlled by the pharmaceutical industry.
Influence from the pharmaceutical industry is a concern editors of medical journals have also raised. In 2009, Marcia Angell, former editor in chief of NEJM, wrote that researchers’ financial ties to pharmaceutical companies made it “no longer possible to believe much of the clinical research that is published.”
However, in an opinion article STAT published in June, Angell and two other former NEJM editors explained that journals didn’t create the issue, but researchers have come to rely on support from pharmaceutical companies. However, they noted that journals have taken steps to mitigate industry influence, including requiring authors to disclose ties to relevant companies.
“Kennedy is right that the dependence of medical research on pharmaceutical funding is a problem,” the former editors wrote. “But Kennedy’s actions as head of HHS—including his deep cuts to the National Institutes of Health and targeting of our best medical journals—will make that problem worse.”
Kennedy has also floated the idea of launching an in-house government journal as a solution to rooting out corruption. But Ivan Oransky, a medical researcher and cofounder of Retraction Watch, said that could also raise credibility questions.
“I’m not quite sure what creating a journal accomplishes. It’s just another journal that will have to compete with other journals,” he said. “The other question is, will it be fair and balanced? Will it be interested in what’s true and getting good science out there or only in science that [Kennedy] believes is worthwhile? That’s a real fear given a lot of his pronouncements and what he’s trying to do.”
(Kennedy has espoused numerous unsubstantiated or debunked medical claims, including that vaccines cause autism.)
‘Hot Mess’
While Oransky acknowledged that academic publishing is indeed a “hot mess” that “encourages awful incentives that make it difficult to trust all of the scientific literature,” he said, “Rearranging deck chairs on the Titanic” won’t fix anything.
“The NIH is a major funder of research, so why don’t they change their incentives?” he said. “They could change the peer-review system at the NIH so that nobody privileges citations and high-impact-factor journals.”
Kennedy isn’t the only one who’s questioned the integrity of medical journals.
In April, then-interim U.S. attorney for the District of Columbia Edward R. Martin Jr. sent letters to numerous journals, including The Journal of the American Medical Association and CHEST (a journal published by the American College of Chest Physicians), questioning them about what he called political bias.
And before taking his post, Bhattacharya and Martin Kulldorff, a former Harvard University biostatistician, launched their own journal—The Journal of the Academy of Public Health, which is linked to the right-wing news site RealClearPolitics—as a counter to mainstream journals. During the pandemic, Bhattacharya and Kulldorff co-authored the Great Barrington Declaration, which called on public health officials to scale back stay-at-home recommendations aimed at mitigating the spread of disease and received widespread criticism from NIH officials at the time. Critics worry that the new journal may become a platform for some of the dubious research pushed by the Trump administration.
Political concerns aside, the journal touts that it pays peer reviewers and makes all of its content freely available—policies some science advocates have also called for more journals to implement. In July, the NIH sped up the implementation of a Biden-era policy that requires federally funded researchers to deposit their work into agency-designated public-access repositories, including the NIH-run PubMed Central, immediately upon publication.
But opening access to scientific research won’t be enough to restore public trust in science, said Meagan Phelan, communications director for the Science family of journals.
“If your goal is to restore public trust, you also have to listen to areas of public interest and concern,” she said, noting that the scientific process isn’t always well understood by the general public. “What kinds of things will they do alongside publishing to really listen to public concern and help restore public trust? It’s not as simple as just making this stuff free.”
As NIH director, Bhattacharya has also pledged to rein in the $19 billion for-profit academic publishing industry, which academics, who typically author and peer review articles without compensation, have long criticized as exploitative. In July, the NIH proposed capping the article processing charges (APCs) some journals levy on researchers to make their publications freely available, which can range from hundreds to thousands of dollars.
Bhattacharya has said the move is aimed at both ending the “perverse incentives” enriching the publishing industry and making it “much harder for a small number of scientific elite to say what’s true and false.”
Scientists Need to Lead Reform
While scientists and open-access advocates have also criticized APCs, several say they don’t think the NIH’s plan to implement an artificial cap is a comprehensive enough strategy to reform scientific publishing or academic incentive structures.
“Publishing now is a really complicated system that has a lot of competing, intertwined goals. It’s not easy to change one lever and think it’s going to have the effect that we want,” said Jennifer Trueblood, director of the cognitive science program at Indiana University at Bloomington. “On the surface, capping APCs may make sense to a lot of people. But how would a commercial publisher respond to that? They could easily just shift costs back to libraries and readers.”
And as for reforming the incentive structures tempting some scientists to publish faulty research, the NIH won’t be able to do that alone, either.
“A change needs to be led by scientists,” Trueblood said. “Academic institutions need to rethink how they’re evaluating scientists and making sure that evaluation isn’t feeding into a system that is supporting commercial publishing.”
