Perú toma medidas contra los defraudadores científicos
Legislación establece penas por compra de autoría y otras fechorías
21 DE DICIEMBRE DE 2023
POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA
Una versión de este artículo apareció en Science, Vol 383, número 6678.
Los legisladores peruanos están a punto de aprobar una ley que facilitaría la investigación y el castigo de los investigadores que incurran en prácticas editoriales fraudulentas, como pagar para que se añada su nombre a un artículo científico.
La medida se produce en un momento en que la Agencia Nacional de Ciencia de Perú trata de tomar medidas enérgicas contra la compra de autorías y otras prácticas contrarias a la ética. Recientemente ha retirado a dos científicos acusados de infracciones de un registro nacional que es clave para recibir subvenciones del gobierno, ascensos laborales y bonificaciones salariales. Además, las autoridades están investigando a muchos más investigadores a raíz de un informe publicado en octubre en los medios de comunicación en el que se identificaba a 180 personas presuntamente implicadas en fraudes editoriales, entre ellas 72 inscritas en el registro nacional que trabajan en 14 universidades de Perú.
La nueva legislación facultará a las universidades y a los funcionarios del gobierno para disuadir y castigar este tipo de conductas, y dotará a Perú de algunas de las medidas más enérgicas contra el fraude editorial en América Latina. Las prácticas dudosas de publicación "trascienden las meras violaciones éticas" porque permiten a los investigadores obtener financiación pública y privada bajo falsos pretextos, afirma Edward Málaga Trillo, neurobiólogo y congresista, impulsor de los proyectos de ley, que se espera que los legisladores finalicen a principios del próximo año. "Estos individuos están perpetrando un fraude".
Como en muchas otras naciones, la comunidad académica peruana ha estado luchando con una creciente ola de falsos autores y problemas relacionados. Una de las causas, según algunos investigadores, es una ley de 2014 que pretendía estimular la investigación recompensando a los investigadores que aumentaran su producción editorial. Por ejemplo, según un sistema de puntuación utilizado por las universidades, los investigadores pueden ganar cinco puntos por la autoría en una revista de alto impacto, y dos puntos cuando la revista es de menor impacto. Acumular puntos puede reportar primas y ascensos profesionales.
Según los investigadores, la ley crea incentivos perversos. En su reportaje de octubre, los periodistas del programa de televisión Punto Final informaron de que investigadores peruanos pagaban a intermediarios de autoría hasta 500 dólares por añadir sus nombres a artículos que no habían contribuido a escribir. La recompensa puede ser considerable: Algunas universidades privadas con fines de lucro en Perú pagan bonos de publicación de 2,500 dólares, dice la bióloga Gisella Orjeda Fernández, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien dirigió la principal agencia científica de Perú, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), de 2017 a 2020. "Hay todo un ambiente que incuba esta [mala conducta]", dice Orjeda Fernández.
Según el presidente del Concytec, Benjamín Marticorena Castillo, los 72 investigadores presuntamente implicados en el fraude editorial constituyen un "alarmante" 1% de todos los científicos inscritos en el registro nacional de Perú, conocido como Renacyt.
Se descubrió que uno de los dos investigadores que el Concytec ya ha expulsado del registro se había apropiado del currículum vitae de un investigador español y había vuelto a publicar artículos de ese investigador con su propio nombre. El otro investigador expulsado había asumido la identidad de un científico venezolano.
Los responsables del Concytec han pedido a las universidades que aclaren sus relaciones con los 70 investigadores registrados restantes, muchos de los cuales parecen ser profesores no titulares o antiguos alumnos de otras naciones. Si se prueban las acusaciones, dice Marticorena Castillo, "estos individuos están orquestando esquemas criminales; son organizaciones criminales."
Las señales de alarma pueden ser obvias, señala Nahuel Monteblanco, presidente de Cientificos.pe, una asociación de científicos peruanos que investiga la mala conducta científica. Muchos de los trabajos citados por Punto Final tienen numerosos coautores afincados en distintos países y con pocas publicaciones previas sobre el mismo tema. "Si tu colega publica sistemáticamente 20 artículos al año con colaboradores de Nepal, Afganistán, Kuwait o Indonesia, eso es muy sospechoso", dice Monteblanco. "Para un investigador de carrera legítima eso es imposible".
Sin embargo, la legislación vigente otorga al Concytec y a las 93 universidades públicas y privadas de Perú una autoridad limitada para investigar y sancionar estas faltas. Los dos proyectos de ley presentados ahora al Congreso pretenden cambiar esta situación. Uno modificaría una ley que regula las universidades, mientras que el otro otorga nuevas competencias al Concytec. La legislación define el fraude como "plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, informes y cualquier otro producto académico relacionado con la investigación científica". Los investigadores que cometan infracciones menores podrían ser suspendidos del registro nacional de 2 a 5 años, y los que cometan infracciones más graves podrían ser suspendidos permanentemente y potencialmente enfrentarse a cargos penales que conlleven penas de prisión.
Málaga Trillo declaró a ScienceInsider que él mismo fue víctima de un fraude editorial cuando un antiguo colega universitario afirmó falsamente que él y Málaga Trillo habían colaborado en proyectos de investigación y eran coautores de artículos. El colega no fue sancionado formalmente, afirma Málaga Trillo, pero abandonó la universidad tras ser denunciado.
Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Perú, espera que la nueva legislación anime a los investigadores a "sancionar socialmente" y denunciar a los colegas que se desvíen de las normas éticas. "Necesitamos una comunidad científica mucho más fuerte para aislar" a los defraudadores, afirma.
Orjeda Fernández está de acuerdo. "No deberíamos dudar", dice, "en expulsar a los culpables".
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Peru moves to crack down on scientific fraudsters
Legislation sets penalties for buying authorship and other misdeeds
A version of this story appeared in Science, Vol 383, Issue 6678.
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Lawmakers in Peru are poised to approve legislation that would make it easier to investigate and punish researchers who engage in fraudulent publishing practices, including paying to have their names added to a scientific paper.
The move comes as Peru’s national science agency seeks to crack down on authorship buying and other unethical practices. It recently removed two scientists accused of violations from a national registry that is key to receiving government grants, job promotions, and salary bonuses. And officials are investigating many more researchers in the wake of an October media report that identified 180 individuals allegedly involved in publishing fraud, including 72 listed on the national registry who work at 14 universities in Peru.
The new legislation will empower universities and government officials to deter and punish such behavior, and would give Peru some of the strongest measures against publishing fraud in Latin America. Shady publishing practices “transcend mere ethical violations” because they enable researchers to obtain government and private funding under false pretenses, says Edward Málaga Trillo, a neurobiologist and member of Congress who is the driving force behind the bills, which lawmakers are expected to finalize early next year. “These individuals are perpetrating fraud.”
As in many other nations, Peru’s academic community has been struggling with a rising tide of fake authorship and related problems. One cause, some researchers say, is a 2014 law that aimed to stimulate research by rewarding researchers who boost their publishing output. For example, under a scoring system used by universities, researchers can earn five points for authorship in a high-impact journal, and two points when the journal is lower impact. Amassing points can bring bonus payments and career advancement.
The law creates perverse incentives, researchers say. In their October report, journalists with the TV program Punto Final reported that Peruvian researchers were paying authorship brokers up to $500 to add their names to papers that they did not help write. The reward can be substantial: Some private, for-profit universities in Peru pay publishing bonuses of $2500, says biologist Gisella Orjeda Fernandez of the National University of San Marcos, who led Peru’s lead science agency, the National Council of Science, Technology and Technological Innovation (Concytec), from 2017 to 2020. “There is a whole environment that incubates this [misconduct],” Orjeda Fernandez says.
The 72 researchers that Punto Final alleged were involved in publishing fraud comprise an “alarming” 1% of all scientists on Peru’s national registry, known as Renacyt, says Concytec President Benjamín Marticorena Castillo.
One of the two researchers that Concytec has already removed from the registry was found to have appropriated the curriculum vitae of a Spanish researcher and republished articles by that researcher under their own name. The other expelled researcher had assumed the identity of a Venezuelan scientist.
Concytec officials have asked universities to clarify their relationships with the remaining 70 registered researchers, many of whom appear to be nontenured lecturers or former students from other nations. If the allegations are proved, Marticorena Castillo says, “These individuals are orchestrating criminal schemes; they are criminal organizations.”
The warning signs can be obvious, notes Nahuel Monteblanco, president of Cientificos.pe, an association of Peruvian scientists that investigates scientific misconduct. Many of the papers cited by Punto Final have numerous co-authors who are based in many different nations and have few prior publications on the same subject. “If your colleague consistently publishes 20 articles a year with collaborators from Nepal, Afghanistan, Kuwait, or Indonesia, that’s highly suspect,” Monteblanco says. “For a legitimate career researcher that is impossible.”
Existing law, however, gives Concytec and Peru’s 93 public and private universities limited authority to investigate and punish such misconduct. The two bills now before Congress aim to change that. One would amend a law covering universities, whereas the other gives new powers to Concytec. The legislation defines fraud to include “plagiarism, fabrication or falsification of information in publications, projects, reports and any other academic product related to scientific research.” Researchers who commit lesser violations could be suspended from the national registry for 2 to 5 years, and those committing more serious infractions could be permanently suspended and potentially face criminal charges that carry prison sentences.
Málaga Trillo told ScienceInsider that he himself was a victim of publishing fraud when a former university colleague falsely claimed he and Málaga Trillo had collaborated on research projects and co-authored papers. The colleague was not formally sanctioned, Málaga Trillo says, but left the university after being reported.
Alberto Gago, president of the National Academy of Sciences of Peru, hopes the new legislation will embolden researchers to “socially sanction” and report colleagues who deviate from ethical norms. “We need a much stronger scientific community to isolate” fraudsters, he says.
Orjeda Fernandez agrees. “We should not hesitate,” she says, “to expel the guilty.”
