ALEMANIA teme contagiarse de las protestas estudiantiles contra la guerra

Publicado en University World News
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2024051106081081 

ALEMANIA

Las protestas en los campus de EE.UU. son una «advertencia» para Alemania - Ministro

Michael Gardner 11 mayo 2024

Las protestas propalestinas en las universidades alemanas han llevado a la ministra federal de Educación e Investigación, Bettina Stark-Watzinger, a pedir a las instituciones que tomen medidas en medio de la preocupación por los «incidentes antisemitas».

«Es insoportable hasta qué punto ha crecido el odio a Israel y a los judíos en numerosas universidades occidentales», declaró Stark-Watzinger, advirtiendo de que las protestas violentas similares a las de las universidades estadounidenses deberían ser una advertencia para Alemania. En esta situación, tanto el gobierno como las universidades están llamados a tomar las medidas adecuadas.

Las universidades deberían ejercer sistemáticamente su derecho a determinar a quién se debe permitir o denegar el acceso a sus instalaciones. «En casos especialmente graves, las universidades deberían reservarse el derecho a dar de baja a los estudiantes», declaró Stark-Watzinger.

Temores de escalada

Felix Klein, Comisario del Gobierno Federal para la Vida Judía en Alemania y la Lucha contra el Antisemitismo, teme que las actividades antiisraelíes puedan intensificarse.

«He observado con gran preocupación un agresivo ambiente antiisraelí en las instituciones alemanas de enseñanza superior, un ambiente que también está motivado por el antisemitismo», dijo Klein. «Puede que aún no hayamos alcanzado las deplorables dimensiones de Estados Unidos. Pero, por desgracia, la actitud antisemita generalizada está muy extendida y puede llevar muy fácilmente a una escalada.»

Klein también hizo un llamamiento a las universidades para que denieguen a quienes no pertenezcan a una institución el derecho a realizar actividades políticas en sus instalaciones y denuncien a la policía los allanamientos y las alteraciones del orden público. 

Las actividades del gobierno federal en la lucha contra el antisemitismo se guían por el término tal como lo define la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), aunque el gobierno amplía un poco esta definición al señalar que «el Estado de Israel, al ser percibido como un colectivo judío, puede ser objeto de tales ataques».

De hecho, la propia IHRA pone esto último como ejemplo para explicar su definición, aunque también aclara que «una crítica a Israel similar a la que se hace contra cualquier otro país no puede considerarse antisemita».

Activismo estudiantil en Alemania

La policía desalojó el martes una acampada de protesta propalestina en la Freie Universitaet de Berlín, según un informe de Reuters. El centenar de manifestantes, que ocupaban 24 tiendas de campaña, pedían el fin de las operaciones militares israelíes en Gaza.

La universidad dijo que los manifestantes habían intentado entrar en los edificios universitarios, con el objetivo de ocuparlos, y que la universidad había presentado denuncias penales.

«Este tipo de protesta no está orientada al diálogo. La ocupación de propiedades universitarias no es aceptable. El debate académico y el diálogo son bienvenidos, pero no de esta forma", declaró Guenter Ziegler, presidente de la Freie Universität de Berlín, según Reuters.

Varios centenares de profesores de las universidades berlinesas firmaron posteriormente una carta abierta en la que se comprometían a «apoyar a nuestros estudiantes a pie de calle, pero también a protegerlos y a no dejarlos en ningún caso a merced de la policía».

En la carta se lee además que, independientemente de que estén de acuerdo o no con todas las reivindicaciones del campamento de protesta, los profesores defienden el derecho de sus alumnos a manifestarse pacíficamente, incluida la ocupación de las instalaciones universitarias.

«El derecho de reunión y de opinión son derechos democráticos fundamentales que también, y especialmente, deben protegerse en las universidades. Dado el anuncio de que Rafah está a punto de ser bombardeada y que la crisis humanitaria en Gaza se está agravando, la urgencia de la causa a la que se refieren los manifestantes también debería ser plausible para quienes no comparten todas las reivindicaciones individuales que plantean o no consideran adecuada la forma de acción que han adoptado", afirma la carta abierta.

La carta termina con un llamamiento de los profesores a las direcciones de las universidades para que se abstengan de hacer que la policía actúe contra sus propios estudiantes, así como de seguir persiguiéndoles penalmente.  

Lugares de “debate público crítico”

«El diálogo con los estudiantes y la protección de las universidades como lugares de debate público crítico deben tener la máxima prioridad; ambas cosas son incompatibles con la actuación policial en el campus. Sólo con el diálogo y el debate podemos, como profesores y universidades, hacer justicia a nuestra misión", dice la carta.

Comentando la carta abierta, Ralf Michaels, director del Instituto Max Planck de Derecho Privado Comparado e Internacional, subraya que las universidades son «un lugar de debate, no de represión».

Michaels cree que la dirección de la universidad debería haber discutido los problemas con los estudiantes en lugar de llamar a la policía antes de que nada hubiera ocurrido realmente.

El mismo día en que se desalojó la acampada de Berlín, se levantó una acampada más pequeña de 15 tiendas en la Universidad de Bonn, donde los estudiantes dijeron a University World News que pedían el fin inmediato y el reconocimiento público del «genocidio» en Gaza.

También querían que se pusiera fin a las sanciones contra los académicos que se solidarizaran con las protestas de Gaza y transparencia en lo que respecta a la cooperación financiera y académica de la universidad con Israel, especialmente en lo relativo a la investigación relacionada con acciones bélicas, y que se pusiera fin a toda cooperación con instituciones que contribuyan al mantenimiento de crímenes de guerra.

En una sentada de unos 300 estudiantes que protestaban contra la guerra de Gaza en la Humboldt-Universität zu Berlin (Universidad Humboldt de Berlín) a principios de mayo, según la policía, se produjeron unas 40 detenciones por «consignas antisemitas» y por «obstaculizar a los agentes el cumplimiento de su deber».

También se ha levantado un campamento en la Universidad de Colonia, la mayor institución de Alemania, en el que los estudiantes declaran que se consideran «parte de una protesta mundial».

Los estudiantes, que no dan sus nombres por temor a ser acusados de antisemitismo, exigen «el fin del genocidio». Alemania, declaran, tiene una «responsabilidad histórica», lo que implica que «tenemos que evitar que los descendientes de aquellos pueblos entre los que nosotros, como alemanes, cometimos un holocausto, violen ellos mismos los derechos humanos».

Puede ponerse en contacto con Michael Gardner en: michael.gardner@uw-news.com

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GERMANY
US campus protests are a ‘warning’ for Germany – Minister

Michael Gardner  11 May 2024

Pro-Palestinian protests at German universities have prompted Federal Education and Research Minister Bettina Stark-Watzinger to call on institutions to take action amidst concern over “antisemitic incidents”.

“The extent to which hatred of Israel and Jews has grown at numerous Western universities is unbearable,” said Stark-Watzinger, warning that violent protests similar to those at US universities ought to be a warning for Germany. In this situation, both the government and the universities are called on to take appropriate action.

Universities ought to consistently exercise their right to determine who should be allowed or denied access to their premises. “In particularly severe cases, universities should reserve their right to de-register students,” Stark-Watzinger said.

Escalation fears

Felix Klein, the Federal Government Commissioner for Jewish Life in Germany and the Fight against Antisemitism, fears that anti-Israel activities could escalate.

“With great concern, I have been observing an aggressive anti-Israeli mood at German higher education institutions, a mood which is also motivated by antisemitism,” said Klein. “We may not have reached the deplorable dimensions in the USA yet. But unfortunately, a general antisemitic attitude is widespread and can very easily lead to an escalation.”

Klein also called on universities to deny those not belonging to an institution the right to engage in political activities on its premises and report trespassing and breach of the peace to the police. 

The federal government’s activities in combating antisemitism are guided by the term as defined by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), although the government expands this definition somewhat by noting that “the state of Israel, being perceived as a Jewish collective, may be the target of such attacks”.

While the latter is in fact given by the IHRA itself as an example to explain its definition, it also clarifies that “criticism of Israel similar to that levelled against any other country cannot be regarded as antisemitic”.

Student activism in Germany

Police cleared a pro-Palestinian protest encampment at the Freie Universitaet Berlin on Tuesday, according to a report by Reuters. The 100 or so protesters occupying 24 tents, were calling for an end to Israeli military operations in Gaza. 

The university said protesters had tried to enter university buildings, aiming to occupy them, and the university had filed criminal complaints.

“This kind of protest is not dialogue oriented. An occupation of university property is not acceptable. We welcome academic debate and dialogue – but not in this form,” said Guenter Ziegler, president of Freie Universität Berlin, according to Reuters.

Several hundred teachers at Berlin universities subsequently signed an open letter pledging their commitment to “support our students at eye-level, but also to protect them and in no circumstances leave them at the mercy of the police”. 

The letter further reads that regardless of whether they agree with all the demands of the protest camp, the teachers stand up for their students’ right to peaceful protest, including occupying university premises.

“Right of assembly and opinion are fundamental democratic rights which also, and particularly, have to be protected at universities. Given the announcement that Rafah is about to be bombed and that the humanitarian crisis in Gaza is worsening, the urgency of the cause the protestors are referring to should also be plausible for those not sharing all the individual demands they raise or not regarding the form of action they have taken appropriate,” the open letter states.

It ends with the teachers calling on university managements to refrain from having police take action against their own students as well as from further criminal law prosecution.  

Sites of ‘critical public debate’

“Dialogue with the students and the protection of the universities as places of critical public debate ought to take top priority – both of which are incompatible with police action on the campus. Only with dialogue and debate do we as teachers and universities do justice to our mission,” the letter says.

Commenting on the open letter, Ralf Michaels, director of the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, stresses that universities are “a place of discussion, not of repression”.

Michaels believes that university management should have discussed issues with the students instead of calling in the police before anything had really happened. 

On the same day the encampment in Berlin was cleared, a smaller 15-tent encampment was set up at Bonn University, where students told University World News they were calling for an immediate end to and public recognition of “genocide” in Gaza.

They also wanted an end to sanctions against academics who stood in solidarity with the Gaza protests and transparency in regard to the university’s financial and academic cooperation with Israel, especially with respect to research related to war actions, and termination of any cooperation with institutions contributing to the maintenance of war crimes.

At a sit-in by around 300 students protesting the war in Gaza at Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt University Berlin) early in May, according to the police, around 40 arrests were made because of “antisemitic slogans” and “officers being obstructed in the performance of their duty”.

A camp has also been set up at the University of Cologne, Germany’s largest brick and mortar institution, with students declaring that they see themselves as “part of a global-wide protest”.

The students, who do not give their names for fear of being charged for antisemitism, are demanding “an end to genocide”. Germany, they declare, bears a “historical responsibility”, implying that “we have to keep the descendants of those people among whom we as Germans committed a holocaust from violating human rights themselves”.

Michael Gardner can be contacted at: michael.gardner@uw-news.com

La industria editorial científica frente al libre mercado y el acceso abierto

Publicado en El Cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/redoblar-la-apuesta/ 

Redoblar la apuesta La centralidad de la universidad pública en la dimensión política de las ciencias

Por Viviana Martinovich

Mayo 26, 2024

En el amplio escenario de las ciencias y las tecnologías, desde hace unos meses se viene produciendo en la Argentina un corrimiento discursivo que apela a cifras macroeconómicas vacías que se conjugan con narrativas falaces del tipo “mientras haya chicos con hambre es injustificable que se financien ciertas investigaciones”. Al parecer, esto fue lo que dijo el actual presidente del CONICET, Daniel Salamone. ¿Nos perdimos de algo? Porque está claro que los recursos del desfinanciamiento y el desmantelamiento tanto del sistema científico y tecnológico como de las universidades públicas no están yendo a cubrir las necesidades básicas del sector más empobrecido de la población.

Esta misma trampa discursiva es la que ponderan ciertos medios periodísticos que promueven las patentes como instrumento para reducir la pobreza: “En un país con el 50% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos que apostar a la innovación científico-tecnológica. No podemos perder cuatro años más. ¿Qué esperamos?”, se preguntaba hace unos días en una entrevista un doctor en biología molecular. Lo que estamos esperando es que nos digan cómo se redistribuyen las ganancias de la innovación, porque de aprobarse el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) las empresas no van a tener que liquidar en el país los dólares que reciban por el cobro de sus exportaciones, con lo cual una mayor innovación puede ir de la mano de un mayor empobrecimiento de la población.

Cuando se resquebraja el decorado queda en evidencia que la apelación generalizada a la pobreza encubre proyectos que, en realidad, promueven una mayor concentración de capitales. Según datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los mayores aumentos en el número de solicitudes de patente se produjeron en la India, país que sigue manteniendo un gran porcentaje de su población en condiciones de extrema marginalidad. Queda claro que las ciencias válidas para este modelo son aquellas que están al servicio del capitalismo más extractivista y que son funcionales a las reglas del libre mercado, sin importar cuán perjudiciales puedan ser sus prácticas y sus productos para los ecosistemas humanos y naturales, de allí que queden fuera del juego el amplio espectro de expresiones científicas que no sean funcionales a la dinámica acumulativa.

Esta articulación entre el Estado y ciertos sectores de la comunidad científica para ampliar la cuota de mercado de empresas trasnacionales en perjuicio de la propia producción nacional no es reciente, sino que es un proceso que a nivel global ya lleva un largo recorrido y que se ha profundizado a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los tantos oligopolios que han crecido de la mano de la comunidad científica global y los fondos gubernamentales de cientos de países de diversos colores políticos es la gran industria editorial científica. ¿Y cómo es el engranaje? Los Estados, a través de sus agencias de financiamiento, otorgan fondos para llevar a cabo investigaciones que incluyen partidas para pagar la publicación de sus resultados en revistas de la gran industria editorial científica, desfinanciando, desprestigiando y excluyendo del sistema a las revistas científicas editadas bajo modelos no comerciales como, por ejemplo, las editadas por las universidades nacionales.

Y ésta no es una narrativa creada desde las “periferias”. Según un estudio publicado por la editorial del mítico Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, “desde principios de la década de 2010, más de la mitad de todos los artículos de revistas revisadas por pares han sido publicados por unas pocas empresas con fines de lucro que controlan la mayoría de las publicaciones académicas y contribuyen a una estructura de mercado oligopólica”. Según este estudio, en el período 2015-2018, sólo por el pago de los cargos de procesamiento editorial o article processing charges (APC), la comunidad científica pagó a las editoriales Springer Nature, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis y Sage un total de 1.060 millones de dólares.

Pero, ¿cómo llegan a ser oligopólicas? Las filas libertarias pregonan que, en la lógica del libre mercado, la competencia es la base de toda relación productiva. Sin embargo, la mayor trampa de este tipo de discursos es que esa competencia llevaría a una “auto-regulación” del mercado sin intervenciones, cuando en realidad se trata de una competencia altamente manipulada: si cuando evalúan tu desempeño, las comisiones evaluadoras te exigen que publiques en revistas de este grupo de editoriales comerciales, el negocio está asegurado: ya no son las empresas las que mueven los hilos, sino que son los sectores más conservadores de la propia comunidad científica los que hacen el trabajo por ellas.

Sin embargo, el relato construye simbólicamente la idea de que se trata de compañías que han logrado capturar el interés de la comunidad científica de forma “natural”, por sus propias capacidades operativas, cuando en realidad hay un mecanismo creado hace más de seis décadas que es reproducido por inercia por los Estados nacionales, las universidades, las comisiones evaluadoras y hasta áreas de docencia e investigación de hospitales públicos.

Este mecanismo fue promovido también durante años por fundaciones destinadas al financiamiento de investigaciones como Wellcome Trust o Bill & Melinda Gates Foundation. Sin embargo, mientras estas instituciones están cambiando sus políticas para desarticular la concentración de poder de las compañías editoriales, muchas instituciones de América Latina parecerían mirar para otro lado.

En su nueva política de “acceso abierto”, la Bill & Melina Gates Foundation establece que ya “no pagará los gastos de procesamiento de artículos (APC)” y que “cualquier tarifa de publicación será responsabilidad de los beneficiarios y sus coautores”. Ante este giro que implica una revalorización de otros modelos de publicación no comerciales, rápidamente las grandes editoriales comenzaron a ajustar sus modelos de negocios para seguir manteniendo su cuota de mercado.

En una nota publicada en Nature, titulada ¿Quién debe pagar la publicación en acceso abierto?, Katharine Sanderson menciona que los cargos por procesamiento de artículos o article processing charges (APC) “se han convertido en una parte integral (y a veces impopular) de la revolución del acceso abierto”, y entre las nuevas opciones que se están explorando destaca los nuevos modelos propuestos por la editorial PLOS: por un lado, el “community action publishing” (CAP), que establece tasas anuales fijas para las instituciones y da a sus investigadores oportunidades ilimitadas de publicar en ciertas revistas de esa editorial y, por otro, el modelo “global equity”, que propone tarifas anuales móviles ajustadas a las posibilidades de cada institución.

Si bien las nociones de “acción comunitaria” o de “equidad global” de PLOS parecerían proponer que la comunidad científica recupere la conducción de sus propios medios de comunicación, se trata en realidad de una apropiación de términos utilizados por los movimientos de Acceso Abierto y de Ciencia Abierta para instalar la idea de un pago institucional, es decir que las universidades paguen “planes” a menor precio para asegurarse que todas las investigaciones de cada institución se canalicen a través de esa editorial.

¿Pero se trata sólo de una cuestión económica o la industrialización de los medios de comunicación de las ciencias provocó efectos nocivos aún mayores? Al igual que otras industrias centradas en la reproducción y concentración de dividendos, la industria editorial científica busca aumentar su producción sin importar los efectos negativos sobre el ecosistema en el cual se inserta. La voracidad por el aumento de la producción provocó una demanda de híper publicación que invadió el sistema de artículos y provocó una crisis de los procesos de revisión por pares, generó “fábricas de artículos” o “paper mills”, empresas que producen artículos falsos, que aparentan ser investigaciones reales, con el propósito de vender la autoría. Incluso se está produciendo una desarticulación del interés genuino por la discusión como motor para la generación de acuerdos y consensos sobre la propia práctica científica.

Esta situación prendió las alarmas de los grandes financiadores de las ciencias y en diversas regiones del mundo se comenzaron a revalorizar modelos realmente más equitativos y colaborativos, que proponen repensar la práctica científica por fuera del esquema de industrialización y de la lógica competitiva planteada por el libre mercado, proponiendo un giro hacia la innovación abierta, la producción colectiva de conocimientos y el conocimiento como bien público. En esta línea, el Consejo de la Unión Europea en mayo de 2023 pidió a la Comisión Europea y a los Estados miembros “que apoyen políticas encaminadas a un modelo de publicación científica sin ánimo de lucro, de acceso abierto y multi-formato, sin costos para autores ni para lectores”, que es el modelo más utilizado por las revistas científicas de América Latina.

Las revistas que asumen este modelo de publicación, hoy denominadas “revistas de acceso abierto diamante” o “diamond open access journals”, en el caso de la Argentina han sido sostenidas durante años en las universidades nacionales por investigadores e investigadoras, sin una política universitaria clara de reivindicación, revalorización y puesta en valor. Y en el contexto actual de continuo descrédito de la importancia social de la universidad pública, y del desmantelamiento de medios de comunicación que aseguren la federalización de la información, entendemos que desde las universidades hay que redoblar la apuesta y generar una política universitaria de revistas científicas que permita reconocer la importancia de que el país cuente con sus propios canales de comunicación de las ciencias, que aseguren la pluralidad de perspectivas, reduzcan la contaminación y la erosión del sistema provocada por la gran industria editorial, y promuevan la recuperación de la discusión entre pares como una de las experiencias más enriquecedoras de la práctica científica.

Pero para que las revistas de acceso abierto diamante se tornen una alternativa real al modelo comercial es necesario consolidar la infraestructura tecnológica involucrada en las nuevas plataformas de publicación electrónica y asignar los recursos correspondientes, no en términos individuales, revista por revista, sino a través de los portales nacionales de revistas científicas y de las redes colaborativas de trabajo como la Red Sara, de manera de promover un crecimiento consorciado al interior de las universidades y entre universidades.

A contramano de la trampa discursiva creada desde el oficialismo y reproducida por diversos medios, creemos que la reducción del empobrecimiento no viene de la mano de las reglas del libre mercado, sino de la creación de capacidades vinculadas a la resolución de problemas sociales, al sostenimiento de redes de trabajo colaborativo y no competitivo, y a la generación de alianzas que posibiliten la apropiación de infraestructuras tecnológicas abiertas. Todas estas son prácticas que cotidianamente se llevan a cabo en las universidades nacionales, por lo que generar una política universitaria de revistas científicas no es más que un reconocimiento al gran trabajo que ya se viene haciendo al interior de cada universidad, y una puesta en valor del diálogo que entablan nuestras revistas con la producción académica y científica de otras regiones del mundo.

 

* La autora es docente-investigadora. Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. Mail vivianamartinovich@gmail.com

 

ESPAÑA: el nuevo rector de la Universidad de Salamanca y su cártel de citas

Publicado en El País
https://elpais.com/ciencia/2024-05-30/mensajes-internos-revelan-que-el-nuevo-rector-de-salamanca-organizo-un-cartel-de-citas-a-si-mismo.html 

Mensajes internos revelan que el nuevo rector de Salamanca organizó un cártel de citas a sí mismo

El catedrático Juan Manuel Corchado exigió durante años a sus trabajadores que le citasen hasta 20 veces en cada estudio

MANUEL ANSEDE

Madrid - 29 MAY 2024 

Juan Manuel Corchado presumía hace tres años de ser el cuarto mejor científico de España y uno de los 250 mejores del planeta en el campo de la informática, pero logró este fulgurante ascenso en los rankings haciendo trampas a escala industrial. El catedrático, que acaba de ser nombrado rector de la Universidad de Salamanca, se convirtió en uno de los más citados del mundo porque, entre otras prácticas fraudulentas, organizó lo que se denomina un cártel de citas: un grupo de científicos conchabados para citarse unos a otros. EL PAÍS ha tenido acceso a mensajes internos del grupo de Corchado que desnudan sus malas prácticas.

Sus trampas son tan burdas que las detecta cualquiera que mire. En la ciencia, las referencias incluidas al final de los estudios funcionan como una moneda. Cuanto más te citen otros científicos en sus trabajos, mayor es tu prestigio, que se convierte en ascensos, subidas de sueldo e incluso proyectos millonarios. A Corchado le citan muchísimo, pero solo unos pocos colaboradores cercanos. El matemático Roberto Casado Vara firmó el 9 de enero de 2019 una publicación sobre la seguridad informática en redes de distribución eléctrica. El 94% de las referencias (29 de 31) eran citas a trabajos de Corchado, aunque no tuviesen nada que ver: estudios sobre el riesgo de cáncer de vejiga, el CO₂ en el océano, vertidos de petróleo, mareas rojas de microalgas.

Durante años, Corchado ha dado instrucciones a sus trabajadores para que incluyan en cada publicación referencias a sí mismo o a la revista que él edita: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal (ADCAIJ). Así falseaba su propio impacto científico y el de su revista en los rankings. El 7 de junio de 2017, una ayudante de Corchado escribió a sus subordinados este mensaje: “Recopilad todo lo que tengáis (trabajos de fin de máster, proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado, tesis, etcétera) e incluid en los mismos 20 referencias de entre las que os adjunto en el documento Word y 10 artículos de ADCAIJ”. El archivo adjunto incluía casi medio centenar de publicaciones de Corchado. La colaboradora insistió un rato después: “Como sé que andamos todos ahora a tope, para que sea más fácil, os adjunto las referencias ya solo para copiar y pegar”.

Mensajes similares eran constantes. El 26 de julio de 2017, otra ayudante diferente escribió al grupo: “Buenas a todos. Por favor, me dice Juan Manuel que referenciemos estos artículos suyos en los próximos papers [estudios] que vayamos a enviar a revistas o conferencias. Os pongo aquí la lista, no os olvidéis de añadir alguno”. A continuación, adjuntaba un listado de trabajos de Corchado, encabezado por uno sobre vertidos de petróleo.

Solo el 9 de enero de 2019, Roberto Casado Vara publicó tres trabajos en los que entre el 97% y el 100% de las referencias eran citas a Corchado o a ADCAIJ. El catedrático, nacido en Salamanca hace 53 años, es uno de los científicos más citados del mundo según el ranking elaborado cada año por la Universidad de Stanford. Lo más sorprendente es que Casado Vara, mucho más joven, también entró en esa prestigiosa clasificación en 2022, apenas tres años después de presentar su tesis doctoral, dirigida por Corchado. Este periódico ha preguntado a ambos por estas prácticas, sin recibir respuesta.

Los mensajes eran a menudo multitudinarios. El 1 de febrero de 2018, la instrucción de una de las ayudantes fue: “Corchado me ha pedido que citéis artículos de ADCAIJ cuando escribáis vuestros artículos sean de lo que sean (conferencias, trabajos de fin de máster, de revista, etcétera)”. El 12 de marzo de 2018, una de las colaboradoras más cercanas al catedrático envió un mensaje de correo electrónico a 40 personas para manipular unas publicaciones de unos congresos recientes organizados por ellos mismos: “Os indicaremos esta semana qué agradecimientos, referencias y autores finales tenéis que subir en las versiones Camera_ready [listas para imprimir]”. En todos estos mensajes estaba Corchado en copia. Decenas de los destinatarios, muchos de los cuales se sintieron coaccionados, acabaron abandonando el grupo.

El matemático Roberto Casado Vara firmó una publicación sobre la seguridad informática en redes de distribución eléctrica, en la que el 94% de las referencias (29 de 31) son citas a trabajos de Corchado, incluso sobre el cáncer y el CO₂ en el océano.

El catedrático ha utilizado las actas de congresos publicadas en la editorial Springer como coladero para incluir ristras de citas a sí mismo. Informado por este periódico, el director de integridad científica de Springer Nature, Chris Graf, afirma que van a examinar “minuciosamente” el caso del catedrático salmantino. “Si corresponde, tomaremos medidas editoriales una vez que esta investigación haya concluido”, asevera Graf. Otra editorial, Elsevier, ya retiró un estudio de Corchado y tres colaboradores en 2019 por plagiar un trabajo de fin de máster.

El investigador hacía distintos tipos de trampas para amañar diferentes rankings. Publicaba en el repositorio científico de la Universidad de Salamanca documentos plagados de autocitas, para que los registrase el motor de búsqueda de Google Académico, de cuyos indicadores se nutrían rankings como Guide2Research, en el que Corchado rozaba el podio nacional. “Ocupar el cuarto lugar en España y 247 en todo el mundo me llena de orgullo, ya que representa el buen trabajo que estamos realizando como grupo”, publicó el 25 de mayo de 2021 en sus redes sociales. Corchado llegó a publicar un único párrafo con 227 citas a sí mismo y otras 139 a su revista ADCAIJ.

El rector salmantino, tras las noticias sobre sus trampas publicadas en EL PAÍS desde marzo, está siendo investigado por el Comité Español de Ética de la Investigación, según anunció el viernes 17 de mayo el Ministerio de Ciencia. Aquel mismo día, Corchado utilizó el canal oficial de la Universidad de Salamanca para emitir un comunicado sin firma, a las 22:22, en el que defendía su “honorabilidad e integridad científica” y animaba a valorar el impacto de sus publicaciones en dos de las bases de datos más usadas por la comunidad científica: Scopus, de la editorial holandesa Elsevier, y Web of Science, de la multinacional londinense Clarivate.

Un análisis de quién cita a Corchado en Scopus revela que en solo 75 publicaciones sus colaboradores mencionan casi 1.700 veces al catedrático salmantino y 520 a su revista ADCAIJ. Uno de esos trabajos está firmado por Pedro Tomás Nevado-Batalla, profesor de Derecho de la Universidad de Salamanca y exconsejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura con el Partido Popular. En su publicación, sobre la necesidad de modernizar la administración pública, aparecen 42 citas a Corchado y siete a ADCAIJ, incluyendo estudios sobre el cáncer de vejiga, los vertidos de petróleo y las mareas de microalgas. El 92% de las citas son al catedrático salmantino o a su revista. Nevado-Batalla asegura que ignoraba que le hubiesen añadido esas referencias y afirma que va a solicitar una aclaración. “Necesariamente debe existir alguna explicación para algo tan extravagante”, apunta.

El matemático Domingo Docampo, exrector de la Universidad de Vigo y experto en los cárteles de citas, muestra su indignación. “Es mezquino y deleznable. Son publicaciones insustanciales, sin contenido real, que constituyen vehículos para el acarreo de citas en una red que muestra claramente el carácter piramidal de una granja de citas comandada por alguien que tiene influencia sobre los que firman los trabajos”, lamenta. “Corchado nunca se debería haber presentado a un cargo de esta categoría, para representar a una institución del prestigio de la Universidad de Salamanca”, sentencia.

La ceremonia solemne de toma de posesión del nuevo rector se celebrará este viernes en el paraninfo universitario. Corchado ganó las elecciones el 7 de mayo, tras aprovechar la extraña dimisión por sorpresa del anterior rector para presentarse como único candidato. Recibió el apoyo del 6,5% de los 33.000 universitarios que estaban convocados a votar, con la mitad del profesorado votando en blanco en señal de protesta. El catedrático creó en 2018 el Air Institute, una entidad privada con la que maneja proyectos de millones de euros de la Junta de Castilla y León.

Docampo insta a actuar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a las autoridades académicas y a los responsables de las revistas científicas. “Tenemos un problema serio. Hay que proteger las carreras de los más jóvenes, que se pueden ver contaminados. Esto está ocurriendo a nivel mundial”, advierte.

El epidemiólogo Alberto Ruano, experto en mala conducta científica, lo tiene claro: “Esto es un caso de libro de cártel de citas”. Ruano, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, también invita a Corchado a renunciar. “Es probable que deba dimitir, porque está haciendo daño a la institución a la que representa, un daño que afecta a la credibilidad de la Universidad de Salamanca y nos está salpicando a todos los profesores universitarios españoles”, opina el epidemiólogo, que insta al Ministerio y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a tomar medidas para evitar casos como el de Corchado.

El catedrático de Salamanca, además de añadir miles de autocitas a sus propias publicaciones y de exigir a sus trabajadores que también le citasen, se ha beneficiado de multitud de perfiles falsos de científicos inexistentes, como Devika Rout y Marcus Ress, dedicados a mencionar compulsivamente sus estudios en el repositorio ResearchGate. Desde marzo, Corchado ha ejecutado un borrado masivo de estos perfiles fraudulentos y también de las publicaciones con trampas burdas que subió al repositorio científico Gredos de la Universidad de Salamanca.

Corchado ha denegado desde el 23 de abril múltiples peticiones de EL PAÍS para que explique sus prácticas, pero el 13 de marzo sí concedió una entrevista a este periódico. En aquella conversación telefónica, el salmantino afirmó que había “20 o 30″ perfiles falsos dedicados a citarle y, en apenas dos minutos, ofreció dos explicaciones contradictorias: que los habían creado extrabajadores para hacerle daño y que los había fabricado “un chico” para demostrar que ResearchGate se podía amañar. A continuación, Corchado aseguró que había borrado esos perfiles gracias a sus conocimientos en ciberseguridad. Un portavoz de ResearchGate, sin embargo, explica que no les consta ningún ataque informático y que solo el autor de un perfil puede borrarlo con su clave.

Uno de los referentes internacionales en métodos de evaluación de los científicos, Ismael Ràfols, señala al sistema. “Esta corrupción ocurre porque hay un determinado sistema de evaluación, que valora publicar mucho y que te citen. En Europa hemos empezado una reforma y España tiene muchos deberes por delante”, afirma Ràfols, de la Universidad de Leiden (Países Bajos).

La entidad guardiana de la calidad de la universidad española es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dirigida desde hace un año por una nueva directora, Pilar Paneque, que está impulsando cambios para dejar de medir a los investigadores al peso. “La ANECA va en la buena dirección, pero tiene resistencias de catedráticos tradicionales que han llegado arriba, como este señor. El caso de Corchado parece una parodia y demuestra que es necesario reformar el sistema de evaluación que genera la corrupción”, zanja Ràfols.

La propia Pilar Paneque cree que sus reformas desincentivarán las malas prácticas y reducirán la presión sobre los investigadores, sobre todo los más jóvenes. “Tenemos mucho que avanzar en integridad científica y ética en la investigación y todo tiene que empezar por el compromiso y el control de la propia institución. Cada universidad sabe perfectamente lo que produce cada uno de sus investigadores y puede detectar cualquier tipo de comportamiento anómalo con facilidad”, opina Paneque. En el caso de Corchado, este viernes será su coronación como rector en el paraninfo de la Universidad de Salamanca.