Publicado en Science
https://www.science.org/content/article/nih-s-proposed-caps-open-access-publishing-fees-roil-scientific-community?fbclid=IwY2xjawO8D09leHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwaGtucDVmRlphMjRYb3FWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjj1qKqn_qRfeT9begn5fX7hFoIiFFkFZxZd9WohjvLEexz6BXQ3082ZiT-g_aem_Bp5F5ErWOmk5khGC2Dcovg
Los límites propuestos por los NIH para las tarifas de publicación de acceso abierto agitan a la comunidad científica
La política, que se implementará el próximo año, recibió más de 900 comentarios, la mayoría de ellos críticos
12 de diciembre de 2025
Por Phie Jacobs
En algún momento del próximo año, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) anunciarán nuevos límites sobre la cantidad de fondos que los beneficiarios pueden gastar en tarifas de publicación para que sus artículos sean de acceso abierto, o de lectura gratuita. La agencia afirma que su objetivo es reducir las tasas de procesamiento de artículos (APC), que considera "desproporcionadamente elevadas», una meta que muchos investigadores apoyan. Sin embargo, los comentarios públicos publicados la semana pasada por más de 900 investigadores, instituciones académicas y editoriales revelan una profunda preocupación por una propuesta que un comentarista, el radiólogo Geoffrey Young, del Mass General Brigham, califica de «bienintencionada, pero errónea».
En su solicitud de comentarios públicos del 30 de julio, los NIH escribieron que el pago de elevadas APC (hasta 12,690 dólares por artículo en Nature) reduce los fondos disponibles para actividades de investigación. Sin embargo, muchos encuestados afirman que los límites máximos propuestos para las APC, que oscilan entre 2,000 y 6,000 dólares, no abordan los problemas más profundos del sector editorial científico y podrían impedir de forma injusta que algunos investigadores publiquen en revistas prestigiosas, lo que podría perjudicar sus posibilidades de ser contratados o de obtener una beca o un ascenso. «La batalla debe librarse entre los NIH y los editores, sin utilizar a los científicos como intermediarios», escribe un investigador anónimo que se encuentra en los inicios de su carrera. «Los costes de publicación son demasiado elevados, pero el coste de publicar está fuera de nuestro alcance».
Los comentaristas también afirman que los límites propuestos para el APC parecen entrar en conflicto con el mandato de «embargo cero» de la agencia, que exige a los investigadores que reciben financiación federal que hagan público su trabajo tras su publicación. La política propuesta «parece poner a los investigadores en una posición imposible», escribe James Gold, investigador de esquizofrenia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Aunque los científicos pueden cumplir técnicamente este requisito enviando una versión de su artículo que haya sido aceptada por una revista, pero que aún no haya sido formateada ni editada, a un repositorio aprobado por los NIH, algunas editoriales de renombre han adoptado políticas que prohíben específicamente a los autores hacerlo.
Las APC están destinadas a compensar los ingresos por suscripción cuando la investigación se hace de acceso abierto. Pero las universidades suelen pagar las suscripciones a las revistas, mientras que las APC suelen salir de los propios presupuestos de los investigadores. Muchos becarios ya renuncian a comprar materiales o equipos de laboratorio o utilizan sus propios fondos personales para pagar las tasas, según una encuesta realizada en 2022 por la AAAS, que publica Science. (El departamento de noticias de Science es editorialmente independiente).
Las principales editoriales científicas sostienen que las tarifas son necesarias para la publicación y difusión de investigaciones de alta calidad. Taylor & Francis, Elsevier y Springer Nature, algunas de las editoriales de artículos científicos más grandes y rentables del mundo, presentaron extensos comentarios en los que argumentaban que las editoriales desempeñan un papel clave al coordinar la revisión por pares, editar y dar formato a los manuscritos, y filtrar el fraude y el plagio. Como escribe Springer Nature, el precio de las APC «refleja el coste real de la publicación y el valor que añadimos. Las APC varían según las revistas, ya que las revistas más selectivas requieren una mayor inversión». (La revista de acceso abierto Gold de Science, Science Advances, cobra una APC de 5,450 dólares. La AAAS, una organización sin ánimo de lucro, también presentó una respuesta detallada a la solicitud de comentarios públicos del NIH).
Algunos científicos, aunque reconocen que algunos APC son excesivamente elevados, también defienden los costes de publicación. «Publicar ciencia de primer nivel cuesta dinero», escribe Kathleen Gould, bióloga celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. «No pagar los costes de publicación», escribe Matthew Bogyo, biólogo químico de la Universidad de Stanford, «es como contratar a alguien para que te construya una casa y decirle que no vas a pagar los clavos».
Stefanie Haustein, científica de la información de la Universidad de Ottawa, no se cree los argumentos de los editores. Las principales editoriales del mundo, a las que ella describe como «explotadoras», venden principalmente prestigio y factor de impacto, afirma, y operan sistemáticamente con márgenes de beneficio que superan con creces los de otras industrias lucrativas. Según un preprint reciente de Haustein y sus colegas publicado en arXiv, el margen de beneficio de Elsevier en los últimos cinco años siempre ha superado el 37 %. Aunque algunas revistas científicas y sin ánimo de lucro también cobran tarifas relativamente altas, las APC que cobran las editoriales comerciales representan miles de millones de dólares que pasan de los investigadores financiados con fondos federales a los accionistas privados. Los críticos también han señalado que muchas revistas de primer nivel siguen sin detectar casos de fraude, lo que plantea dudas sobre qué es exactamente lo que se paga con las APC.
Muchos comentaristas temen que la política propuesta por los NIH tenga consecuencias no deseadas. «Limitar simplemente los costes permitidos en las subvenciones de los NIH es una medida poco eficaz que probablemente causará más daño que beneficio», escribe un comentarista anónimo. Un análisis reciente del equipo de Haustein, por ejemplo, revela una diferencia significativa entre los límites y los cargos impuestos por las revistas en las que publican los autores financiados por los NIH, lo que sugiere que la política limitaría aún más las opciones y aumentaría las desigualdades. Los investigadores consolidados de instituciones bien financiadas tienen más probabilidades de contar con fondos independientes para pagar los elevados APC de muchas revistas de primer nivel, mientras que los investigadores más noveles pueden verse obligados a publicar en revistas relativamente desconocidas y de bajo impacto.
Los comentaristas también afirman que cualquier límite máximo propuesto probablemente se convierta en un mínimo en lugar de un máximo, lo que animaría a las revistas más baratas a inflar artificialmente sus tarifas, al tiempo que podría incentivar a las revistas más caras a escatimar en calidad para reducir los costes. Y Haustein señala que, si bien las revistas más pequeñas y menos influyentes pueden verse afectadas, es probable que las grandes editoriales encuentren formas de eludir los límites de las APC, posiblemente impulsando «acuerdos transformadores» con instituciones que cubran tanto el acceso a contenidos de pago como las APC, en lugar de cobrarlas a los autores individuales. Según ella, los límites propuestos por los NIH pueden acabar creando «una concentración aún mayor del mercado».
«Por favor, concédenos la libertad académica necesaria para tomar las decisiones editoriales que sean mejores para nosotros y nuestra investigación», escribe Mary Cushman, hematóloga de la Universidad de Vermont.
En un correo electrónico enviado a Science, un portavoz de los NIH escribió que la agencia «revisará y considerará todos los comentarios que ha recibido sobre la propuesta a medida que avancemos en el proceso de desarrollo de la política». Otras opciones siguen siendo objeto de debate en los NIH y entre los editores. Una de ellas proporcionaría a los autores y a sus instituciones más flexibilidad al limitar los reembolsos de las APC al 0,8 % de los costes directos de una subvención de investigación —el promedio calculado por la agencia de lo que los investigadores utilizan actualmente para pagar estas tasas— o a 20,000 dólares durante la vigencia de la subvención, lo que sea mayor. Algunas editoriales que se oponen en general a la idea de que los NIH impongan límites a las APC han respaldado a regañadientes este enfoque como la opción menos objetable.
En su propuesta, los NIH también plantearon la idea de establecer límites máximos más altos para las APC en el caso de las revistas que pagan a los revisores por pares. Algunos comentaristas están a favor de estos pagos —casi inexistentes en la actualidad— porque los revisores dedican muchas horas de trabajo cualificado de forma gratuita. Sin embargo, a otros les preocupa que este modelo incremente aún más los costes de publicación e incentive a investigadores sin escrúpulos a aceptar más encargos de los que pueden realizar con el tiempo y la experiencia de que disponen. «Creo que una política de este tipo abriría una caja de Pandora de efectos negativos para la ciencia en general», escribe Gail Bishop, investigadora de inmunología de la Universidad de Iowa.
Otra opción que está considerando el NIH sería eliminar por completo la financiación de la agencia para los APC y simplemente exigir a los autores que publiquen preprints sin revisar, de forma similar a la política adoptada recientemente por la Fundación Gates. Mientras que algunos comentaristas se muestran entusiasmados con esta idea, otros se preocupan por las consecuencias de eludir la revisión por pares.
Haustein y otros comentaristas señalan que una verdadera reforma requeriría cambios más profundos en una cultura académica que, a la hora de evaluar a los investigadores, da tanta importancia a métricas como la productividad y los factores de impacto de las revistas. «Los investigadores como yo estamos obligados a publicar como parte de las expectativas de nuestro trabajo», escribe Jolene Ramsey, bióloga de la Universidad Texas A&M. «A menos que los NIH estén dispuestos a imponer la eliminación de tales requisitos de las directrices de graduación, permanencia y promoción de todas las universidades que reciben financiación federal, esta idea [de limitar el uso de las subvenciones de investigación para pagar los APC] es completamente insostenible».
«Nos encontramos realmente entre la espada y la pared», escribe Ondine Cleaver, bióloga molecular del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas. «El NIH dice que DEBEMOS publicar mucho. DEBEMOS publicar en acceso abierto. Y, sin embargo, propone recortar los fondos destinados a la publicación. ¿Cómo podemos sobrevivir a esto?».
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NIH’s proposed caps on open-access publishing fees roil scientific community
12 Dec 2025
By Phie Jacobs
Sometime next year, the National Institutes of Health (NIH) will announce new limits on how much funding grantees can spend on publication fees to make their articles open access, or free to read. The agency says it aims to reduce “unreasonably high” article-processing charges (APCs), a goal many researchers embrace. But public comments released last week from more than 900 researchers, academic institutions, and publishers reveal deep concerns about a proposal that one commenter, radiologist Geoffrey Young at Mass General Brigham, calls “well-intentioned, but misguided.”
In its 30 July request for public comment, NIH wrote that paying high APCs—up to $12,690 per paper, at Nature—lessens the funds available for research activities. But many respondents say the proposed APC caps, which range from $2000 to $6000, fail to address deeper problems in the scientific publishing industry and could inequitably block some researchers from publishing in prestigious journals, potentially hurting their chance of being hired or winning a grant or promotion. “The battle should be fought between the NIH and publishers, not using scientists as intermediaries,” writes one anonymous early-career researcher. “Publication costs are too high, but the cost to publish is out of our hands.”
Commenters also say the proposed APC limits appear to conflict with the agency’s “zero-embargo” mandate, which requires researchers who receive federal funding to make their work publicly available upon publication. The proposed policy “appears to be putting investigators in an impossible position,” writes James Gold, a schizophrenia researcher at the University of Maryland School of Medicine. Although scientists can technically fulfill this requirement by submitting a version of their paper that has been accepted by a journal but not yet formatted or copy edited to an NIH-approved repository, some high-profile publishers have adopted policies specifically barring authors from doing so.
APCs are meant to make up for subscription revenue when research is made open access. But universities generally pay for journal subscriptions, whereas APCs often come out of researchers’ own budgets. Many grantees already forgo purchasing lab materials or equipment or use their own personal funds to pay the fees, according to a 2022 survey by AAAS, which publishes Science. (Science’s News department is editorially independent.)
Major scientific publishers argue the fees are necessary for the publication and dissemination of high-quality research. Taylor & Francis, Elsevier, and Springer Nature—some of the world’s largest and most profitable publishers of scientific papers—all submitted lengthy comments arguing that publishers play a key role by coordinating peer review, editing and formatting manuscripts, and filtering out fraud and plagiarism. As Springer Nature writes, APC pricing “reflects the true cost of publishing and the value we add. APCs vary across journals because more selective journals require greater investment.” (Science’s gold open-access journal, Science Advances, charges an APC of $5450. AAAS, a nonprofit, also submitted a detailed response to NIH’s request for public comment.)
Some scientists, while acknowledging that some APCs are unreasonably high, also defended publishing costs. “It costs money to publish Gold Standard Science,” writes Kathleen Gould, a cell biologist at Vanderbilt University School of Medicine. “Not paying for publication costs,” writes Stanford University chemical biologist Matthew Bogyo, “is like hiring someone to build a house but saying you will not cover the costs of nails.”
Stefanie Haustein, an information scientist at the University of Ottawa, doesn’t buy publishers’ arguments. The world’s top publishing companies, which she describes as “exploitative,” mainly sell prestige and impact factor, she says, and consistently operate with profit margins that far exceed those in other lucrative industries. According to a recent preprint from Haustein and colleagues published on arXiv, Elsevier’s profit margin over the past 5 years has always exceeded 37%. Although some society and nonprofit journals also charge relatively high fees, APCs charged by commercial publishers represent billions of dollars that flow from federally funded researchers to private shareholders. Critics have also pointed out that many top-tier journals still fail to catch instances of fraud, raising questions about what exactly the APCs are paying for.
Many commenters fear NIH’s proposed policy will have unintended consequences. “Simply capping allowable costs on NIH grants is a blunt instrument that is likely to produce more harm than good,” one anonymous commenter writes. A recent analysis by Haustein’s team, for example, reveals a significant gap between the caps and the charges imposed by journals where NIH-funded authors actually publish, suggesting the policy would further constrain choices and widen inequities. Established investigators at well-funded institutions are more likely to have independent funding to pay the high APCs of many top-tier journals, whereas more junior investigators may be forced to publish in relatively obscure, low-impact ones.
Commenters also say any proposed cap is likely to become a floor rather than a ceiling—encouraging cheaper journals to artificially inflate their fees while potentially incentivizing more expensive journals to skimp on quality to drive down costs. And Haustein notes that whereas smaller and less influential journals may be impacted, large publishers will likely find ways to get around APC caps, possibly by pushing “transformative agreements” with institutions that cover both access to paywalled content and APCs, rather than charging them to individual authors. NIH’s proposed limits, she says, may end up creating “even more market concentration.”
“Please give us the ongoing academic freedom to make choices in publishing that are best for us and our research,” writes Mary Cushman, a hematologist at the University of Vermont.
In an email to Science, a spokesperson for NIH wrote that the agency “will review and consider all the comments it has received on the proposal as we move forward in the policy development process.” Other options are still under discussion at NIH and among publishers. One would provide authors and their institutions more flexibility by capping reimbursements for APCs at 0.8% of a research grant’s direct costs—the agency’s calculated average of what researchers currently use to pay these fees—or $20,000 over the length of the award, whichever is greater. Some publishers generally opposed to the idea of NIH-enforced APC caps have reluctantly endorsed this approach as the least objectionable option.
In its proposal, NIH also floated the idea of setting higher APC caps for journals that pay peer reviewers. Some commenters favor such payments—almost nonexistent today—because reviewers currently provide many hours of skilled labor for free. But others worry this model would further drive up publication costs and incentivize unscrupulous researchers to take on more assignments than they have time or expertise to do well. “I think such a policy would open a Pandora’s Box of ill effects for science in general,” writes Gail Bishop, an immunology researcher at the University of Iowa.
Yet another option NIH is considering would scrap agency funding for APCs altogether and simply require authors to post unreviewed preprints, akin to recent policy adopted by the Gates Foundation. Whereas some commenters are enthusiastic about this idea, others worry about the consequences of bypassing peer review.
True reform, Haustein and commenters note, would require deeper changes to an academic culture that stresses metrics such as productivity and journal impact factors when evaluating researchers. “Researchers such as myself are required to publish as part of our job expectations,” writes Jolene Ramsey, a biologist at Texas A&M University. “Unless the NIH is prepared to enforce removal of such requirements from university graduation, tenure, and promotion guidelines for all schools that receive any federal funding, then this idea [of limiting use of research grant funding to pay APCs] is completely untenable.”
“We are really caught between a rock and a hard place here,” writes Ondine Cleaver, a molecular biologist at the University of Texas Southwestern Medical Center. “NIH says we MUST publish a lot. We MUST publish open access. And yet is proposing to cut funds allowable to publish. How can we survive this?”
doi: 10.1126/science.zdmzuny
