Así funcionan los ‘rankings’ universitarios internacionales

Publicado en El País
https://elpais.com/economia/formacion/2023-07-07/asi-funcionan-los-rankings-universitarios-internacionales.html 

Así funcionan los ‘rankings’ universitarios internacionales La presencia en las clasificaciones internacionales refleja el prestigio de las instituciones, analizando aspectos que van desde la investigación y la reputación académica a la empleabilidad y la sostenibilidad

Nacho Meneses

Madrid - 07 jul 2023 

Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, Stanford... Cada vez que sale una nueva edición de cualquiera de los rankings internacionales de educación superior (ya sea el de Shanghái (ARWU), el QS o el Times Higher Education (THE), por citar tres de los más conocidos) destacando las mejores universidades del mundo, el hecho de no encontrar ninguna universidad española entre las 100 primeras levanta invariablemente muchas cejas, y la reflexión es la misma: ¿dónde están las instituciones españolas?

Tomando, como ejemplo, el ranking de QS, la primera institución académica española es la Universidad de Barcelona, en el puesto 149. Después vienen la Autónoma de Barcelona (164), la Complutense de Madrid (171) y la Autónoma de Madrid (199). Sería muy fácil argumentar que ello solo evidencia una falta de calidad académica y de relevancia internacional, pero sería una conclusión tan fácil de articular como profundamente errónea. ¿Los motivos? Son muchos, pero los trataremos de explicar a continuación.

Lo primero es poner los datos en una perspectiva correcta: “Si hay unas 20.000 universidades en el mundo con docencia e investigación reconocidas, estar en el Top 200 mundial es estar en el 1 % de las mejores. Y estar entre las 1.000 primeras es pertenecer al 5 % de las mejores”, explican desde CRUE Universidades Españolas. Una evaluación que comparten tanto en QS como en THE: “Aparecer en la lista ya es tener una posición fuerte, y estar en las 200 primeras es un logro espectacular. Pero lo mismo se puede decir del Top 500, donde hay 14 universidades españolas”, recuerda Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS.

Otros indicadores sirven también para evidenciar la relevancia del sistema universitario español: es, para empezar, uno de los sistemas de enseñanza superior más sostenibles de Europa, con cuatro universidades en el Top 100. Además, si alrededor del 20 % de la investigación mundial se realiza, en la actualidad, gracias a la colaboración internacional, en España ese porcentaje se eleva al 50 %, ya que la mitad de su investigación se lleva a cabo con socios transfronterizos.

En lo que respecta a sus publicaciones científicas, el 30 % de los trabajos españoles se publica en el 10 % de las revistas académicas de mayor impacto, un 6 % más que la media mundial, según explican desde QS. Solo entre 2018 y 2022, España ha producido unos 420.000 artículos académicos y generado más de 2,5 millones de citas.

¿Para qué sirven los ‘rankings’?

La relevancia, para CRUE, es evidente, “dado que contribuyen a la reputación internacional de la institución y favorecen la movilidad académica y la atracción y captación del talento. No obstante, esto último, en el caso del profesorado, está muy condicionado por las contribuciones y recursos que puedan ofrecer nuestras universidades, que están lejos de las mejores universidades del mundo”. Así, mientras las universidades españolas tienen un gran atractivo entre el estudiantado internacional, no sucede lo mismo entre el profesorado de otros países. Y es que “España gasta, en sus universidades, del orden de un 20 % menos por estudiante sobre el PIB que la media de la OCDE. Y si hablamos del Top 150, entre tres y cuatro veces menos de media”, señalan desde CRUE.

¿Qué impacto tiene disponer de un claustro internacional? Para Sowter, un profesorado internacional planta la semilla necesaria para una colaboración académica entre universidades de distintos países, lo que a su vez mejorará la reputación académica internacional y atraerá un mayor número de citas.

De cara a los estudiantes, este tipo de clasificaciones puede constituir una valiosa herramienta a la hora de decidir dónde estudiar, ya sea en su propio país o en el extranjero. Para el profesorado, puede servir para buscar empleo en instituciones que perciben como más destacadas en sus respectivos campos. Para los Gobiernos, constituyen una fuente de información a tener en cuenta al dar forma a su política educativa. Y, en las instituciones, pueden promover un diálogo constructivo sobre su propio rendimiento: según una encuesta de liderazgo universitario elaborada por la OCDE, un 68 % los usa como una herramienta interna para implementar cambios organizativos, de gestión o académicos, además de ser instrumentales a la hora de identificar otras instituciones con las que asociarse.

¿Qué aspectos analizan?

Para elaborar estas tablas, las organizaciones responsables de los distintos rankings analizan una gran cantidad de información que va desde el prestigio internacional a la producción científica, la reputación académica, la empleabilidad e incluso la sostenibilidad de las instituciones. No todos lo hacen de la misma manera ni con el mismo enfoque: si la clasificación de Shanghái, para algunos la más relevante, se basa en métricas de producción y notoriedad científica (publicaciones, premios Nóbel, etcétera), en THE existe un enfoque más académico y de producción científica, y en QS se incorporan además indicadores relacionados con los resultados laborales y la sostenibilidad. En los dos últimos casos, una gran parte de la evaluación proviene de encuestas de reputación internacionales.

En el caso del ranking de Times Higher Educacion (THE), un 33 % de la puntuación proviene precisamente de una encuesta de reputación académica internacional que sirve para analizar tanto el entorno de aprendizaje como la calidad y cantidad de su investigación. Aquí se examina el prestigio percibido en la enseñanza de las instituciones (por ejemplo, un alto porcentaje de estudiantes de posgrado es indicativo de educación efectiva en los niveles más altos). Un 30 % adicional analiza la influencia de su investigación en trabajos académicos de otras partes del mundo (es decir, cuántas veces aparecen citados). Mientras, en el QS, un 30 % corresponde a la reputación académica percibida y un 20 % a la reputación de los empleadores.

“Las citas nos muestran cuánto contribuye cada universidad a la suma del conocimiento humano: nos dice qué investigaciones han destacado, cuáles han sido recogidas y desarrolladas por otros académicos y, lo que es más importante, destaca aquello que se ha compartido más globalmente para expandir los límites de nuestro conocimiento, independientemente de la disciplina que se trate”, cuenta Phil Baty, director de Asuntos Globales en THE. Solo en su ranking se examinaron 121 millones de citas en 15,5 millones de publicaciones de distinto tipo.

Los ‘rankings’ importan, pero hay más

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de considerar estas clasificaciones es que no se trata (ni pretenden ser) el único baremo al que acudir, como recuerda Sowter: “No son ninguna autoridad en la elección individual de nadie. Deberían tomarse como una fuente de información más entre muchos otros factores que usen [por ejemplo] los estudiantes a la hora de tomar la decisión correcta y que son personales para cada uno de ellos (…). Se trata de que la opinión que se formen de la calidad de una determinada institución se base en su propia definición, y no en otra universal para todos elaborada por una organización de rankings que puede hallarse a miles de kilómetros de ellos”.

Por otro lado, las organizaciones responsables de elaborar estos rankings tienen también en cuenta la sensibilidad y los intereses tanto de los alumnos como de la sociedad en general. Por eso, tanto QS como THE incluyen en sus distintas clasificaciones aspectos como la sostenibilidad o la inserción laboral [si bien desde QS afirman ser los únicos que incluyen dichas consideraciones en su ranking principal]: “Esta es una generación de estudiantes que se enfrentan a un mercado laboral muy difícil y a numerosas fuerzas disruptivas; una generación muy concienciada con la sostenibilidad y con la necesidad de que tanto las instituciones a las que acudan, como la educación que reciban, reflejen esos valores”, añade Jessica Turner, CEO de QS.

Cómo mejorar en las clasificaciones

En lo que respecta a las universidades españolas, cabe preguntarse qué pasos podrían tomar para mejorar su posición de cara al futuro. Pero lo cierto es que no hay una única estrategia para ello. No se trata, por un lado, de simplemente publicar más, sino de que la calidad de esas publicaciones sea lo suficientemente buena como para tener un impacto en la comunidad académica global. Por otro lado, “se puede contratar más profesores, o comunicar con mayor eficiencia las capacidades y la reputación de cada universidad... Pero realmente no tiene sentido enfocarse solo en los aspectos medidos por los rankings, ya que hay muchas otras cosas que se interrelacionan con ellos. Así que la mejor manera de mejorar en una clasificación es mejorar la propia universidad, no según los baremos de ningún ranking, sino según el que cada institución haya elaborado para ellos mismos”, reflexiona Sowter.

Entre esos factores, precisa, las peculiaridades de cada universidad constituyen una dimensión crítica que se acabará viendo reflejada en las clasificaciones. “Nosotros usamos dos grandes encuestas universitarias para evaluar la reputación de cada universidad. Y esas encuestas responden no solo a la destreza y el prestigio, sino también a la innovación y a la existencia de un carácter distintivo, según el cual las instituciones entiendan en qué son mejores y sean capaces de ofrecer una identidad propia a su comunidad y a cualquier parte interesada”.

En cualquier caso, como recuerdan desde CRUE, es importante no perder de vista si una universidad realmente contribuye, y en qué medida, “a una verdadera transformación social que mejore la calidad de vida de las personas, con una mayor equidad y sostenibilidad”.

USA: Los servicios de inteligencia de EE.UU. confirman que compran datos personales de estadounidenses

Publicado en Tech Crunch
https://techcrunch.com/2023/06/13/us-intelligence-report-purchase-americans-personal-data/

Los servicios de inteligencia de EE.UU. confirman que compran datos personales de estadounidenses

Un informe recién desclasificado afirma que la controvertida práctica plantea "problemas significativos" para las libertades civiles de los estadounidenses

Zack Whittaker@zackwhittaker -13 de junio de 2023

Un informe gubernamental recientemente desclasificado confirma por primera vez que las agencias de inteligencia y espionaje de Estados Unidos compran grandes cantidades de información comercial sobre los estadounidenses, incluidos datos de vehículos conectados, datos de navegación web y teléfonos inteligentes.

Según admite el propio gobierno estadounidense, los datos que adquiere "aportan claramente un valor de inteligencia", pero también "plantean importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las libertades civiles".

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) desclasificó y publicó el viernes el informe, fechado en enero de 2022, a raíz de una petición del senador demócrata Ron Wyden para que se revelara cómo utiliza la comunidad de inteligencia los datos disponibles comercialmente. Este tipo de datos se generan a partir de dispositivos conectados a Internet y son puestos a disposición por intermediarios de datos para su compra, como aplicaciones telefónicas y vehículos que recopilan datos de localización granular y datos de navegación web que rastrean a los usuarios mientras navegan por Internet.

El informe desclasificado es la primera revelación pública del gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos asociados a los datos comerciales de los estadounidenses que pueden ser adquiridos fácilmente por cualquiera, incluidos adversarios y naciones hostiles. Estados Unidos carece de una ley de privacidad o protección de datos que regule el intercambio o la venta de información privada de los estadounidenses.

"De una manera que muchos menos estadounidenses parecen entender, y aún menos de ellos pueden evitar, [la información disponible comercialmente] incluye información sobre casi todo el mundo que es de un tipo y nivel de sensibilidad que históricamente podría haber sido obtenida" por otras capacidades de recopilación de inteligencia, tales como órdenes de registro, escuchas telefónicas y vigilancia, dice el informe.

En una declaración tras la publicación del informe, Wyden afirmó: "Esta revisión muestra que las políticas actuales del gobierno no han proporcionado las salvaguardias esenciales para la privacidad de los estadounidenses, ni la supervisión de cómo las agencias compran y utilizan los datos personales".

"Según este informe, la ODNI ni siquiera sabe qué agencias federales de inteligencia están comprando los datos personales de los estadounidenses", añadió Wyden.

El informe corrobora una serie de informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las cuales las agencias gubernamentales de Estados Unidos estaban comprando enormes conjuntos de datos sobre los estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos compró el acceso a una enorme base de datos que almacenaba la ubicación de millones de teléfonos estadounidenses para tratar de atrapar a los defraudadores fiscales, mientras que la Seguridad Nacional utilizó datos similares de localización de teléfonos para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Normalmente, las agencias gubernamentales deben obtener una orden judicial para obtener datos privados de los estadounidenses directamente de una compañía telefónica o tecnológica, como los mensajes privados. Pero el informe del ODNI afirma que en los casos en que la información de los estadounidenses -como los datos de localización- está abiertamente a la venta al público en general, las agencias de inteligencia estadounidenses pueden comprarla. (Aunque, esta teoría todavía tiene que ser examinada en un tribunal federal).

Aunque estos datos suelen venderse a granel -a menudo millones de puntos de datos a la vez-, el informe del ODNI advierte de que los datos disponibles comercialmente pueden desanonimizarse fácilmente para identificar a personas, incluidos estadounidenses. Los datos de localización, por ejemplo, pueden utilizarse para deducir dónde viven y trabajan las personas, basándose en dónde se encuentran sus teléfonos y vehículos a determinadas horas del día.

La información disponible comercialmente también puede revelar "los movimientos y asociaciones detallados de individuos y grupos, revelando actividades políticas, religiosas, de viajes y discursos", dice el informe, como cuando se utiliza para "identificar a cada persona que asistió a una protesta o manifestación basándose en la ubicación de su teléfono inteligente o en los registros de seguimiento de anuncios".

"En las manos equivocadas, la información sensible obtenida a través de [información disponible comercialmente] podría facilitar el chantaje, el acecho, el acoso y la vergüenza pública", dice el informe. El informe señalaba que en 2021, los datos de localización disponibles comercialmente recogidos de una aplicación de citas gay se utilizaron para denunciar a un sacerdote católico, que posteriormente dimitió. El informe también hace referencia a la recopilación y venta de datos de localización de una aplicación de oración musulmana al ejército estadounidense.

Wyden hizo un llamamiento al Congreso para que apruebe una legislación que "ponga barreras a las compras del gobierno, para frenar a las empresas privadas que recopilan y venden estos datos, y mantener la información personal de los estadounidenses fuera del alcance de nuestros adversarios".

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US intelligence confirms it buys Americans’ personal dataA newly declassified report says the controversial practice raises "significant issues" for Americans' civil liberties

Zack Whittaker@zackwhittaker •June 13, 2023

A newly declassified government report confirms for the first time that U.S. intelligence and spy agencies purchase vast amounts of commercially available information on Americans, including data from connected vehicles, web browsing data, and smartphones.

By the U.S. government’s own admission, the data it purchases “clearly provides intelligence value,” but also “raises significant issues related to privacy and civil liberties.”

The Office of the Director of National Intelligence (ODNI) declassified and released the January 2022-dated report on Friday, following a request by Sen. Ron Wyden (D-OR) to disclose how the intelligence community uses commercially available data. This kind of data is generated from internet-connected devices and made available by data brokers for purchase, such as phone apps and vehicles that collect granular location data and web browsing data that tracks users as they browse the internet.

The declassified report is the U.S. government’s first public disclosure revealing the risks associated with commercially available data of Americans that can be readily purchased by anyone, including adversaries and hostile nations. The United States does not have a privacy or data protection law governing the sharing or selling of Americans’ private information. 

“In a way that far fewer Americans seem to understand, and even fewer of them can avoid, [commercially available information] includes information on nearly everyone that is of a type and level of sensitivity that historically could have been obtained” by other intelligence gathering capabilities, such as search warrants, wiretaps and surveillance, the report says.

In a statement following the report’s publication, Wyden said: “This review shows the government’s existing policies have failed to provide essential safeguards for Americans’ privacy, or oversight of how agencies buy and use personal data.”

“According to this report, the ODNI does not even know which federal intelligence agencies are buying Americans’ personal data,” Wyden added.

The report corroborates a stream of media reports that found U.S. government agencies were buying huge datasets on Americans. The Internal Revenue Service bought access to a huge database storing the location data of millions of Americans’ phones to try to catch tax cheats, while similar phone location data was used by Homeland Security for immigration enforcement.

Government agencies must typically secure a court-approved warrant to obtain Americans’ private data directly from a phone or tech company, such as private messages. But the ODNI’s report states that in the cases where Americans’ information — like location data — is openly for sale to the general public, U.S. intelligence agencies can purchase it. (Though, this theory has yet to be scrutinized in federal court.)

Although this data is generally sold in bulk — often millions of data points at a time — the ODNI’s report warns that commercially available data can be easily deanonymized to identify individuals, including Americans. Location data, for example, can be used to infer where people live and work, based on where their phones and vehicles are at certain times of the day.

Commercially available information can also reveal “the detailed movements and associations of individuals and groups, revealing political, religious, travel, and speech activities,” the report says, such as being used to “identify every person who attended a protest or rally based on their smartphone location or ad-tracking records.”

“In the wrong hands, sensitive insights gained through [commercially available information] could facilitate blackmail, stalking, harassment, and public shaming,” the report said. The report noted that in 2021, commercially available location data collected from a gay dating app was used to out a Catholic priest, who later resigned. The report also referenced the collection and sale of location data from a Muslim prayer app to the U.S. military.

Wyden called for Congress to pass legislation to “put guardrails around government purchases, to rein in private companies that collect and sell this data, and keep Americans’ personal information out of the hands of our adversaries.”

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MÉXICO: El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ VI

Publicado en CAMPUS. Suplemento sobre Educación Superior
https://suplementocampus.com/el-gobierno-de-la-ciencia-en-mexico-una-retrospectiva-vi/

El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ VI

29 junio, 2023 por Roberto Rodríguez Gómez

Durante el sexenio de Adolfo López Mateos se incrementaron las universidades, hubo una reestructuración del INIC y se creó del Cinvestav, entre otros sucesos importantes

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V

El sexenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) es reconocido por haber atendido, con alta prioridad, al sector educativo nacional. La SEP, encabezada de nuevo por Jaime Torres Bodet, llevó a cabo un amplio conjunto de reformas, que comprendieron desde la infraestructura escolar hasta la capacitación del magisterio, pasando por la reforma de planes de estudio en todos los niveles de enseñanza y por la producción de los primeros libros de texto gratuitos. El Plan Nacional de Enseñanza Primaria, más conocido como “Plan de once años”, fue sin duda el programa emblemático del sexenio, aunque también resalta el apoyo otorgado a la educación tecnológica, al sector universitario y a las actividades de ciencia y tecnología.

Los datos de la inversión pública en el campo educativo son elocuentes. Según cifras oficiales, el gasto federal educativo se incrementó 161.2 por ciento en el sexenio, lapso en que la inflación no superó el diez por ciento acumulado. Este crecimiento tuvo reflejo en la proporción del presupuesto educativo en el gasto federal total, al pasar de 13.7 por ciento en 1958 a 25.1 por ciento al final del sexenio. Como proporción del producto nacional bruto, el gasto educativo total pasó de 1.5 por ciento a 2.7 por ciento en el periodo.

A diferencia de otros sexenios, en que se enfatizó la educación superior tecnológica (Cárdenas) o bien la opción universitaria (Alemán y Ávila Camacho), durante la administración de López Mateos se consiguió un importante equilibrio. Para el Politécnico Nacional se construyó la Unidad Profesional de Zacatenco, en que se ubicaron las nuevas instalaciones para la Esime, la ESIA (1959), la Esiqie y la ESFM (1961), así como la ESIT (1963). Se creó la Vocacional Única de Ingeniería (1959) y se inauguró la Vocacional número 7 (1964). Con ello, el IPN superó en el periodo la cifra de cincuenta mil inscritos en los niveles de bachillerato y educación superior. Además, se crearon dos nuevos institutos tecnológicos regionales (Mérida y Zacatepec).

Para el conjunto de IES públicas (39 en total) el subsidio gubernamental tuvo un incremento acumulado de 288 por ciento, al pasar de 92 a 357 millones de pesos. El subsidio a la UNAM fue asimismo creciente, alcanzando la cifra de 259 millones de pesos en 1964, es decir más del 70 por ciento del gasto federal universitario. El apoyo financiero a la UNAM permitió la conclusión de obras y equipamiento en la Ciudad Universitaria, así como la construcción de tres nuevas preparatorias. Al final del sexenio, la institución contaba con una matrícula total superior a 72 mil inscritos, de los cuales casi dos terceras partes en licenciatura o posgrado.

Para “satisfacer las necesidades nacionales de carácter científico y pedagógico (…) y preparar investigadores científicos, profesores especializados y expertos que se dediquen a promover la constante superación de la enseñanza y a realizar investigaciones científicas y tecnológicas” se decretó la creación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (DOF 6 de mayo de 1961). De acuerdo al informe presidencial de 1963, la nueva institución fue inaugurada hasta julio de ese año, indicándose, además, que uno de sus propósitos fundamentales era que “los industriales pueden recurrir (al Cinvestav) para que se les resuelvan problemas técnicos, dentro de la mayor seriedad científica” (López Mateos, Quinto informe presidencial).

Como antecedente del Cinvestav se reconoce la labor Manuel Cerrillo Valdivia, director de la Esime (1935-1939) y del IPN (1939-1940), por su insistencia en desarrollar en el Politécnico áreas de investigación y estudios de posgrado. La idea fue recuperada por Eugenio Méndez Docurro (director del IPN en 1959-1962) y apoyada por Víctor Bravo Ahuja, subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior. Para encabezar la institución, Méndez Docurrió recomendó el nombre de Cerrillo quien, en ese momento, fungía como investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts; al no aceptar este la invitación, fue designado el prestigiado fisiólogo Arturo Rosenblueth Stearns, a quien se debe, en definitiva, el diseño del Cinvestav. Rosenblueth condicionó su aceptación a la integración de una estructura departamental de carácter disciplinario, así como a mantener independencia del IPN sobre las decisiones de planes y programas. De ese modo, el Cinvestav fue decretado como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en SEP. La relación con el IPN se fijaría, según el decreto de 1961, en el órgano de gobierno, en que el director del Politécnico participaría como vicepresidente del patronato, órgano encargado de “la organización y el control de actividades del centro”. El Cinvestav inició actividades en los departamentos de Física, Fisiología, Matemáticas e Ingeniería Eléctrica, en 1965 se añadió el de Química.

Además de las realizaciones en favor de la educación superior y la investigación científica reseñadas, en el sexenio de López Mateos se restructuró el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), a partir de las recomendaciones elaboradas por la Academia de la Investigación Científica (AIC). La nueva regulación fue publicada el último día de 1961 y prioriza las funciones de distribución de becas “a estudiantes distinguidos con el propósito de que perfecciones sus conocimientos en algún centro docente o de investigación”, así como el respaldo financiero a “las instituciones dedicadas a la formación de investigadores o a la investigación científica” y a aquellos “investigadores distinguidos a fin de que realicen en plazos determinados investigaciones concretas dentro y fuera del país”. Esas serían las principales acciones del INIC en los años sesenta. Hacia el final de la década, en coadyuvancia con la AIC, el instituto llevaría a cabo un amplio ejercicio de diagnóstico y propuestas que derivó, al inicio del periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) en la creación del Conacyt.