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Históricamente México ha invertido poco y mal en CTI. Para el 2022 la inversión pública federal propuesta para CTI es 35% menor a lo aprobado en el 2015…
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La anhelada soberanía científica sólo se logrará, obviamente, formando a más científicas y científicos mexicanos, brindándoles oportunidades y seguridad laboral para desarrollar sus investigaciones y, de paso, siendo mejor pagados. De modo que, si la meta nacional es lograr la soberanía científica, no vamos por buen camino.
El número de investigadores por millón de habitantes en México es de los más bajos en América Latina: apenas 315. La media de la región es de 514 investigadores, Argentina tiene 1,211; Brasil, 887; y Uruguay, 696 (UNESCO). Si ya hablamos de países desarrollados, EE.UU. tiene 4,400 y Corea 7,900 investigadores por millón de habitantes. Nótese que este país asiático, en los años 80, tenía un nivel de desarrollo similar al nuestro y ahora es una potencia científica que registra 14 veces más patentes que México: 218,975 versus 15,941, respectivamente. Además, el 92% de las patentes registradas en nuestro país son para extranjeros(as). Como la 16° economía mundial, México no merece ese rezago.
Para acercarnos a los niveles de “capital científico” de Brasil y Uruguay, requeriríamos alrededor de 40 mil nuevos investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Probablemente hacia allá apunte el aumento presupuestal para el SNI, de 26% en términos reales, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF, 2022); el mayor incremento en por lo menos los últimos 10 años. Es una buena señal, pero no será suficiente si no se complementa con otras políticas, principalmente para el impulso al posgrado en México.
La matrícula de educación superior prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años en México, llegando a 5 millones de estudiantes; no obstante, la participación del posgrado sigue siendo muy baja. Sólo ocho de cada 100 estudiantes universitarios están en posgrado y sólo uno de cada 100 está cursando un doctorado. Esta relación se ha mantenido sin cambios durante la última década. En ese sentido, no es de extrañar que, por ejemplo, Brasil gradúe a más del doble de doctores que México, o que en comparación con EE.UU. la relación sea de 7 a 1 (OCDE).
Formamos pocos investigadores y a quienes formamos se concentran en áreas “tradicionales”. Fortalecer las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) continúa siendo uno de nuestros grandes retos. Si bien el 29% de los investigadores vigentes en el SNI están en áreas STEM, apenas el 12% de los estudiantes de posgrado están en estas disciplinas; porcentaje muy bajo para un país que aspira a la soberanía científica y la innovación tecnológica. En contraste, en países como Corea el porcentaje de estudiantes en STEM es de 24% y en Francia, 28% (OCDE).
Las universidades son actores clave para fortalecer la capacidad de producir conocimiento y tecnología propios. En México, las instituciones de educación superior públicas aportan alrededor del 50% del gasto total en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) (UNESCO). Sin embargo, la política presupuestal de los últimos años ha acentuado el rezago y la desinversión en este importante sector estratégico. La gráfica 1 muestra cómo, en los últimos seis años, el peso y la relevancia de la educación siguen cayendo respecto al PIB nacional; no parece ser una prioridad nacional.
Gráfico 1. Gasto Federal en Educación, Educación Superior y CTI como porcentaje del PIB
El peso relativo de la educación superior, la ciencia y la tecnología es cada vez menor respecto al total del presupuesto disponible (gasto programable). Otras áreas ganan terreno mientras que la educación y la ciencia se rezagan. De cada 100 pesos disponibles en el ejercicio fiscal 2022, se destinará apenas 16.8 a la función educativa. De estos, 2.9 pesos serán para educación superior y posgrado, y apenas un peso para CTI (véase gráfico 2).
Gráfico 2. Gasto en Educación, Educación Superior y CTI como porcentaje del Gasto Programable Neto de los PEF
Además, en el PPEF 2022 el subsidio para las instituciones de educación superior públicas apenas supera la inflación estimada. No obstante, el conjunto de universidades públicas estatales acumula una pérdida de más de 27 mil millones de pesos desde el 2015 (unos 1,350 mdd). A esto hay que agregarle que prácticamente han desaparecido todos los fondos extraordinarios de concurso, al acumular, desde 2016, un recorte del 99%.
Un elemento problemático adicional dada la incertidumbre que atraviesan las universidades públicas en México, son las posibles externalidades del mandato constitucional de “obligatoriedad” y “gratuidad” en la educación superior. Siendo ambas metas loables, si no hay mecanismos resarcitorios eficaces por parte del Estado, que compensen la caída en los ingresos propios de las instituciones educativas, éstas podrían reducir su oferta de posgrados –sobre todo de programas STEM– para concentrarse en el pregrado, de menor costo y con mayor presión social para que aumenten los espacios. Toda política tiene consecuencias, no siempre son las deseadas.
Es impostergable una gran reforma al posgrado en México, de la mano de las universidades, que al menos lleve a duplicar el número de estudiantes y futuros científicos, sobre todo en áreas STEM. Necesitamos ajustar el rumbo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, a partir de una visión largo aliento, donde haya más inversión y certidumbre presupuestal. Si no damos pasos claros, la soberanía científica será una mera utopía.
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