viernes, 16 de junio de 2023

ALyC no se beneficia se las exenciones y descuentos en APC ofrecidas por las editoriales

Publicado en The Scholarly Kitchen
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/03/09/guest-post-article-processing-charges-are-a-heavy-burden-for-middle-income-countries/?informz=1&nbd=567d61ec-36ea-4197-85eb-43e2bd36d175&nbd_source=informz 


Guest Post - Los gastos de tramitación de los artículos son una pesada carga para los países de renta media


Por Alicia J. Kowaltowski, José R. F. Arruda, Paulo A. Nussenzveig, Ariel Mariano Silber9 de marzo de 2023


Nota del editor: El artículo de hoy es obra de Alicia J. Kowaltowski, José R. F. Arruda, Paulo A. Nussenzveig y Ariel M. Silber. Alicia es Profesora Titular de Bioquímica en la Universidad de São Paulo. José es Profesor Titular de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Campinas. Paulo es Catedrático de Física y Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de São Paulo. Ariel es Profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo.


Muchos científicos de todo el mundo han adoptado la idea de que las publicaciones de investigación deben ser de libre acceso, sin muros de pago. Es correcto, ya que la investigación académica se financia principalmente con fondos públicos y contribuye al progreso de la sociedad. De hecho, la búsqueda de publicaciones abiertas ha dado lugar a muchas iniciativas innovadoras, como la creación de nuevas revistas y editoriales de acceso abierto (OA) que pagan los autores, la expansión de repositorios públicos de preprints y postprints, y la creación de Sci-Hub, un repositorio abierto radical de publicaciones científicas, a menudo obtenidas ilegalmente. Pero persisten las publicaciones por suscripción, así como la resistencia a depositar los preprints, lo que ha dado lugar a iniciativas más recientes para acelerar la transición universal al OA en las publicaciones científicas. En particular, un mandato reciente estableció que las agencias federales de los Estados Unidos deben crear políticas para garantizar que todas las publicaciones revisadas por pares sean accesibles al público para fines de 2025. Esto sigue al Plan S, lanzado en 2018 por un consorcio de organizaciones de financiación y ejecución de la investigación, en su mayoría europeas, que exige que todas las publicaciones a partir de 2021 sean OA. Un mandato adicional dentro del Plan S es que los modelos híbridos de publicación, en los que los autores pueden pagar para publicar artículos OA en revistas que también publican bajo modelos de suscripción, son aceptables sólo bajo ciertas circunstancias, y solo hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto significa que las principales revistas de suscripción que deseen publicar trabajos de autores con financiación del Plan S tendrán que hacer la transición a sólo AA antes de 2025.


El Plan S cubre las publicaciones revisadas por pares, por lo que depositar un preprint en una plataforma de archivo pública y abierta (OA verde a través de preprints) no es suficiente para el cumplimiento, aunque se fomenta esta práctica. Publicar en una revista de suscripción y poner la versión aceptada del manuscrito inmediatamente a disposición abierta en un repositorio público (OA verde a través de postprints) es conforme con el Plan S, pero indeseable para muchos editores. Aunque se han llevado a cabo acciones concertadas que promueven la creación de modelos de publicación alternativos que son a la vez de lectura abierta y de publicación gratuita (conocidos como OA diamante o platino), éstos son todavía escasos o poco publicitados en la mayoría de las áreas científicas. Las revistas de AA diamante suelen ser el resultado de esfuerzos personales en pequeños grupos de científicos y necesitarán tiempo para alcanzar modelos adecuados de financiación, calidad, visibilidad, reputación e indexación, mientras que los repositorios creados por grandes organizaciones, como Open Research Europe (Comisión Europea), tienen una visibilidad limitada en la comunidad científica. En consecuencia, los autores de artículos científicos que deseen dar a conocer su investigación de forma equitativa podrían tener pocas opciones fuera de las revistas basadas en el sistema de tasas por tratamiento de artículos (APC) a partir de 2025. En este escenario, el coste de publicar en AA se está convirtiendo rápidamente en un nuevo muro de pago en la ciencia, sustituyendo la dificultad de leer artículos por la incapacidad de mostrar resultados en revistas consideradas reputadas, debido a la barrera financiera de las APC.


Tal vez reconociendo que los costes de publicación podrían ser un obstáculo para la publicación inclusiva, el Plan S incluye una disposición según la cual la revista/plataforma debe ofrecer exenciones de APC a los autores de economías de renta baja y descuentos a los autores de economías de renta media-baja. Esta política se basa en las clasificaciones del Banco Mundial de las economías nacionales y es adoptada por empresas como Springer Nature (incluidas las revistas Nature Portfolio y BMC) y Taylor & Francis. En principio suena bien, pero en la práctica es muy limitada: el mapa de la izquierda muestra en rojo los países que, según esta definición económica, pueden acogerse a la exención total del pago del APC, mientras que los que pueden beneficiarse de descuentos (normalmente del 50%) aparecen en amarillo. Es fácil ver que muchos (si no la mayoría) de los países ampliamente reconocidos como en vías de desarrollo, en los que las inversiones en investigación son significativamente inferiores a las de EE.UU. o la mayor parte de Europa, no están incluidos en esta recomendación de exención y descuento. De hecho, ningún país latinoamericano reúne los requisitos para la exención total del APC, ya que todos son técnicamente economías de renta media-baja; sólo unos pocos reúnen los requisitos para descuentos parciales.


Otras editoriales, entre ellas Wiley, PLOS, Elsevier, SAGE y AAAS siguen las recomendaciones de Research4Life, una asociación para ofrecer publicación gratuita o a bajo coste en sus títulos de AA. El mapa de la derecha muestra la cobertura de exenciones (rojo) y descuentos (amarillo) dentro de este programa. Aunque es bastante más exhaustivo que las definiciones del Banco Mundial, sigue sin incluir grandes países con conocidas limitaciones económicas para la financiación de la investigación, como Argentina, Brasil, India, México y Sudáfrica.




Países y territorios que pueden acogerse a exenciones (rojo) o descuentos (amarillo) según las definiciones económicas del Banco Mundial (izquierda; recomendado por Plan S y adoptado por Springer-Nature y Taylor & Francis), o Research4Life ( derecha; adoptado por Wiley, PLOS, Elsevier, SAGE y las revistas de la familia Science).


Teníamos curiosidad por ver el impacto de las políticas de exención y descuento, así que sondeamos la base de datos Scopus para conocer el número de artículos publicados en los últimos 10 años con autores de cada país/territorio de origen que figura en la lista del Banco Mundial. Descubrimos que los autores que pueden acogerse a las exenciones de APC corresponden a un porcentaje ínfimo del total de orígenes de publicación: sólo el 0,35% de los orígenes de publicación son economías de renta baja, por lo que pueden acogerse a exenciones completas en las revistas que adoptan las clasificaciones del Banco Mundial. Las economías de renta media-baja, que tienen derecho a descuentos, corresponden al 1,32%. Cuando se utilizan las clasificaciones de Research4Life, el 1,12% de los orígenes pertenecen al Grupo A, que da derecho a exenciones completas, y el 4,05% al Grupo B, que recibe descuentos del 50%. Esto demuestra que incluso la política actual de exenciones y descuentos, más completa, sólo cubre una ínfima proporción de los artículos indexados en esta base de datos.




Las políticas de exención y descuento afectan a una pequeña proporción de los trabajos publicados y excluyen a la mayoría de las presentaciones de países de renta media. Las publicaciones (2012-2021) procedentes de países/territorios incluidos en las políticas de descuentos o exenciones se muestran en proporción al total.


También nos preguntamos si la situación económica y la posibilidad de acogerse a exenciones afectaban a la tendencia a publicar en OA. La base de datos Scopus identifica las publicaciones OA tanto cuando implican acceso completo al texto en el sitio de la revista (OA oro, híbrido o bronce) como cuando el texto completo está disponible como preprint o postprint en un repositorio abierto (OA verde) identificado por Unpaywall, una organización que localiza versiones legales de texto completo de artículos. Cuantificamos las publicaciones de OA según los grupos de países de Research4Life y descubrimos que, aunque las naciones que reciben exenciones totales de las APC contribuyen a un porcentaje muy pequeño de las publicaciones totales, una gran parte de ellas son de OA: el 52%, incluidos los artículos que se pueden leer en los sitios web de las revistas (45%) y en repositorios (40%). Esto puede verse facilitado por las exenciones de APC que ofrecen la mayoría de las editoriales a los autores de estos países. De hecho, el porcentaje de publicaciones OA fue más bajo en las economías de renta media, que están excluidas de los grupos de exención y descuento de Research4Life: 32% en total, con un 27% disponible en los sitios web de las revistas y un 31% en repositorios. Estos países de renta media suelen tener presupuestos de investigación mucho más reducidos que las economías de renta alta y, sin embargo, se espera que paguen las APC completas, lo que puede llevar a evitar la publicación en OA. Aunque las economías de renta alta publican con más frecuencia en revistas de OA que los países de renta media, un 45% de las publicaciones en total (31% en sitios web de revistas y 36% en repositorios), la proporción es inferior a la de los países del Grupo A de Research4Life que cumplen los requisitos para la exención. En general, esto sugiere que los autores de países de ingresos medios que no están incluidos en Research4Life ya publican menos en revistas de OA, lo que sugiere que pueden estar económicamente excluidos de esta opción en la actualidad, antes de la transición completa proyectada a un panorama de publicación sólo de OA en 2025.


Es cierto que la mayoría de las editoriales también tienen en cuenta las solicitudes individuales de descuentos o exenciones, además de las que reúnen los requisitos debido a su origen nacional. De hecho, algunas editoriales (como Frontiers y MDPI) sólo tienen en cuenta las solicitudes individuales de exención y descuento. Sin embargo, las solicitudes personales de exenciones individuales presentan varios inconvenientes, entre ellos un menor poder de negociación, ya que implican esfuerzos personales. Las solicitudes individuales también pueden resultar onerosas y a menudo se deniegan, alegando habitualmente las clasificaciones del Banco Mundial o Research4Life como criterios de calificación. Además, los acuerdos colectivos con las editoriales para cubrir las APC a nivel institucional, que se han hecho comunes en el Norte Global, son poco frecuentes en los países en desarrollo, en los que las instituciones de financiación e investigación son más pequeñas, menos estables políticamente y están menos preparadas para negociar con editoriales muy rentables.


El acceso abierto no sólo es deseable, sino necesario para garantizar que todos los beneficios de la investigación se traduzcan en beneficios para la sociedad. De hecho, la UNESCO reconoce que la igualdad de acceso a la producción científica es esencial para el desarrollo humano y fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Teniendo esto en cuenta, la transición al acceso abierto debe implicar un cuidado especial para evitar la exclusión de los autores debido a la carga financiera de las APC. Teniendo en cuenta el alcance muy limitado de las actuales políticas de exención y descuento, creemos que la ampliación de las políticas de exención total para incluir a todos los países de renta baja y media baja, así como la aplicación de descuentos del 50% a todas las economías de renta media alta, sería una política de exención y descuento mucho más razonable, y reflejaría mejor las enormes diferencias en la riqueza mundial. En la práctica, esto implicaría conceder exenciones completas a aproximadamente el 2% de los autores y descuentos a aproximadamente el 25%, lo que podría ser fácilmente absorbido por la mayoría de los editores, ya que este sector es conocido por sus márgenes de beneficio inusualmente altos. La adopción de una política de exenciones y descuentos más integradora garantizaría que la transición a un modelo de publicación totalmente en OA tuviera más posibilidades de ofrecer a todos los autores, incluidos los de economías de renta media, la posibilidad no sólo de leer artículos, sino también de publicar equitativamente los resultados de sus investigaciones.


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Guest Post — Article Processing Charges are a Heavy Burden for Middle-Income Countries


    By Alicia J. Kowaltowski, José R. F. Arruda, Paulo A. Nussenzveig, Ariel Mariano SilberMar 9, 2023


Editor’s Note: Today’s post is by Alicia J. Kowaltowski, José R. F. Arruda, Paulo A. Nussenzveig, and Ariel M. Silber. Alicia is a Full Professor of Biochemistry at the University of São Paulo. José is Full Professor of Mechanical Engineering at the University of Campinas. Paulo is Professor of Physics and Provost for Research and Innovation at the University of São Paulo. Ariel is a Professor at the Institute of Biomedical Sciences at the University of São Paulo.

Many scientists worldwide have embraced the idea that research publications should be openly accessible to read, without paywalls. Rightfully so, as academic research is mostly supported by public funds, and contributes toward societal progress. Indeed, the quest for open publications has led to many groundbreaking initiatives, including the creation of new author-pays open access (OA) journals and publishers, the expansion of public preprint and postprint repositories, and the establishment of Sci-Hub, a radical open repository of scientific publications, often obtained illegally. But subscription publications persist, as well as resistance toward depositing preprints, leading to more recent initiatives to accelerate the universal transition to OA in scientific publications. Notably, a recent mandate established that US federal agencies must create policies to ensure all peer-reviewed publications are made publicly accessible by the end of 2025. This follows Plan S, launched in 2018 by a consortium of mostly European research funding and performing organizations, which requires that all publications from 2021 on must be OA. An additional mandate within Plan S is that hybrid models of publishing, in which authors can pay to publish OA papers in journals that also publish under subscription models, are acceptable only under certain circumstances, and only until December 31st, 2024. This means that major subscription journals wishing to publish work by authors with Plan S funding will need to transition to OA-only by 2025.

Plan S covers peer-reviewed publications, so depositing a preprint in a public and open archive platform (green OA through preprints) is not sufficient for compliance, although the practice is encouraged. Publishing in a subscription journal and making the accepted version of the manuscript immediately openly available in a public repository (green OA through postprints) is compliant with Plan S, but undesirable for many publishers. Although there have been concerted actions promoting the creation of alternative publishing models that are both open to read and free to publish (known as diamond or platinum OA), these are still rare or poorly publicized in most scientific areas. Diamond OA journals are often the result of personal efforts within small groups of scientists and will need time to reach adequate funding models, quality, visibility, reputation, and indexing, while repositories created by large organizations, such as Open Research Europe (European Commission), have limited visibility in the scientific community. As a result, authors of scientific papers who wish to equitably showcase their research may have limited choices outside of article processing charge (APC)-based journals as soon as 2025. In this scenario, the cost to publish OA is quickly becoming a new paywall in science, substituting the difficulty to read papers with the inability to showcase results in journals seen as reputable, due to the financial barrier of APCs. 

Perhaps recognizing that publication costs could be a barrier toward inclusive publishing, Plan S includes a provision that the journal/platform must provide APC waivers for authors from low-income economies and discounts for authors from lower middle-income economies. This policy is based on World Bank classifications of national economies and is adopted by companies such as Springer Nature (including Nature Portfolio and BMC journals) and Taylor & Francis. It sounds good in principle, but in practice is very limited: the leftmost map below shows countries eligible for full APC waivers according to this economic definition in red, while those qualifying for discounts (typically 50%) are shown in yellow. It is easy to see that many (if not most) countries widely recognized as developing, in which research investments are significantly lower than in the US or most of Europe, are not included by this waiver and discount recommendation. Indeed, no Latin American country qualifies for full APC waivers, since all are technically at least lower middle-income economies; only a handful qualify for partial discounts.

Other publishers, including Wiley, PLOS, Elsevier, SAGE, and AAAS follow the recommendations of Research4Life, a partnership to provide free or low-cost publication in their OA titles. The map on the right below shows waiver (red) and discount (yellow) coverage within this program. While it is significantly more comprehensive than World Bank definitions, it still does not include large countries with known economic constraints for research funding such as Argentina, Brazil, India, Mexico, and South Africa. 

Map showing countries that qualify under waiver schemesCountries and territories that qualify for waivers (red) or discounts (yellow) according to World Bank economic definitions (left; recommended by Plan S, and adopted by Springer-Nature and Taylor & Francis), or Research4Life (right; adopted by Wiley, PLOS, Elsevier, SAGE, and Science family journals).

We were curious to see the impact of waiver and discount policies, so we probed the Scopus database for the number of papers published over the last 10 years with authors from each country/territory of origin listed by the World Bank. We found that authors who qualify for APC waivers correspond to a minute percentage of total publication origins: only 0.35% of publication origins are low-income economies, thus qualifying for full waivers in journals that adopt World Bank classifications. Lower middle-income economies, qualifying for discounts, correspond to 1.32%. When using Research4Life classifications, 1.12% of origins were from Group A, which qualifies for full waivers, and 4.05% from Group B, which receives 50% discounts. This demonstrates that even the more comprehensive current waiver and discount policy covers only a minute proportion of papers indexed in this database. 

Pie charts showing proportions of papers affected by waiver policiesWaiver and discount policies affect a small proportion of published papers and exclude most middle-income submissions. Publications (2012-2021) originating from countries/territories included in discount or waiver policies are shown in proportion to the total

We also wondered if economic status and qualifying for waivers affected the tendency to publish OA. The Scopus database identifies OA publications both when they involve full access to the text at the journal site (gold, hybrid, or bronze OA) and when the full text is available as a preprint or postprint in an open repository (green OA) identified by Unpaywall, an organization that locates legal full-text versions of papers. We quantified OA publications according to the Research4Life country groups, and found that, while nations receiving full APC waivers contribute toward a very small percentage of total publications, a large fraction of these are OA: 52%, including papers that are open to read at journal websites (45%) and in repositories (40%). This may be facilitated by APC waivers offered by most publishers to authors from these nations. Indeed, the percentage of OA publications was lowest in middle-income economies which are excluded from Research4Life´s waiver and discount groups: 32% in total, with 27% available at journal websites and 31% in repositories. These middle-income countries typically have much smaller research budgets than high-income economies, yet are expected to pay full APCs, which may lead to an avoidance of OA publishing. While high-income economies publish more often in OA journals relative to middle-income nations, 45% of publications in total (31% at journal websites and 36% in repositories), the proportion is lower than waiver-qualifying Research4Life Group A nations. Overall, this suggests authors from middle-income countries which aren´t included in Research4Life already publish less in OA journals, suggesting they may be economically excluded from this option currently, prior to the projected full transition to an OA-only publication landscape in 2025. 

Admittedly, most publishers also consider individual requests for discounts or waivers, in addition to those qualifying due to their national origin. Indeed, some publishers (such as Frontiers and MDPI) only consider individual waiver and discount requests. However, personal requests for individual waivers present several disadvantages, including reduced bargaining power, as they involve personal endeavors. Individual requests may also be burdensome, and are often denied, habitually citing World Bank or Research4Life classifications as qualifying criteria. Furthermore, collective agreements with publishers to cover APCs at an institutional level, which have become common in the Global North, are rare in developing nations, in which funding and research institutions are smaller, less politically stable, and less prepared to negotiate with highly profitable publishers.

Open access is not only desirable, but necessary to ensure that the full benefits of research can translate into societal gains. Indeed, equal access to scientific output is recognized by UNESCO as essential for human development and critical for achievement of the Sustainable Development Goals. With this in mind, the transition to open access should involve special care to avoid exclusion of authors owing to the financial burden of APCs. Considering the very limited extent of current waiver and discount policies, we believe that expanding full waiver policies to include all low and lower middle-income countries, as well as applying 50% discounts to all upper middle-income economies, would be a much more reasonable waiver and discount policy, and better reflect the enormous differences in global wealth. In practice, this would involve giving full waivers to approximately 2% of authors and discounts to approximately 25%, which could easily be absorbed by most publishers, as this sector is known for its unusually high profit margins. Adopting a more inclusive waiver and discount policy would ensure that the transition to a fully OA publishing model has a better chance of providing all authors, including those from middle-income economies, the ability not only to read papers, but also equitably publish their research findings.

Alicia J. Kowaltowski

Alicia J. Kowaltowski is an MD/PhD (State University of Campinas - Unicamp) and Full Professor of Biochemistry at the University of São Paulo, Brazil, where she heads the Energy Metabolism Lab. She is interested in scientific dissemination, responsible research assessment, and, above all, everything related to mitochondria.

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José R. F. Arruda

José R. F. Arruda is a Full Professor of Mechanical Engineering with the University of Campinas. He holds a Doctoral degree from UPMC, Paris. He is currently an advisor for scientific collaboration and Open Science of the São Paulo State Foundation (Fapesp). He is Associate Editor of Acta Acustica. His research involves structural dynamics and elastic metamaterials.

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jueves, 15 de junio de 2023

LIBRO: Introducción a la Bibliometría Práctica

Descargar en: http://eprints.rclis.org/44155/1/LIBRO%20DEFINITIVO%20DE%20BIBLIOMETRIA.pdf




Introducción a la Bibliometría Práctica
          

Matos Uribe, Fausto Francisco and Contreras Contreras, Fortunato and Olaya Guerrero, Julio César . Introducción a la Bibliometría Práctica., 2023 Asociación de Bibliotecólogos del Perú. [Book]


Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.
Download (2MB) | Preview
    English abstract:  Bibliometrics book that deals with the panoramic vision of the bibliometric laws with their respective exercises to be developed in a practical way.

    Date deposited: 
    10 Jun 2023
    Last modified: 
    10 Jun 2023 

    Introducción a la Bibliometría Práctica
    Autores:
    ©Fausto Francisco Matos Uribe
    ©Julio César Olaya Guerrero
    ©Fortunato Contreras Contreras
    Editado por
    ©Asociación de Bibliotecólogos del Perú
    Calle Hipólito Bernardette Nº 106 – Barranco
    Telef. 997684606
    contacto@abp.org.pe
    Lima − Perú
    Primera edición, marzo 2023
    Tiraje: 100 ejemplares
    Hecho en depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº.°2023-01866
    ISBN: 978-612-48342-4-0
    Se terminó de imprimir en marzo del 2023 en:
    Oscar Ricardo Retamozo Ramos
    Avenida Ignacio Merino Nº 1738 - Lince













    UNIÓN EUROPEA emite primera ley integral sobre IA en el mundo

     [ información cortesía de F. Turnbull ]


    Enmiendas a la propuesta de Ley de Inteligencia Artificial (IA) presentada por la Comisión Europea


    Por 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, el Parlamento Europeo adoptó el jueves el conjunto de Enmiendas en abril de 2021, la primera ley integral sobre IA del mundo.

    Tras este paso procedimental, seguirán las negociaciones sobre la forma final de la Ley de IA con los Estados miembros representados en el Consejo de la UE, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales de este año.

    De acuerdo con el comunicado de prensa del Parlamento, la Ley de AI fija obligaciones específicas para los proveedores y los que despliegan herramientas basadas en IA en función de su nivel de riesgo. Se contemplan cuatro niveles:

    1.       Riesgo mínimo: Libre utilización de aplicaciones tales como videojuegos basados en la IA o filtros de correo no deseado. La gran mayoría de los sistemas de IA pertenece a esta categoría, en la que las nuevas normas no serán de aplicación porque solo representan un riesgo mínimo para los derechos o la seguridad de los ciudadanos, o ningún riesgo en absoluto.

    2.       Riesgo reducido: Los sistemas de IA como los robots conversacionales están sujetos a unas obligaciones mínimas de transparencia, para que quienes interactúen con los contenidos tomen decisiones con conocimiento de causa. El usuario puede entonces decidir si quiere continuar o dejar de utilizar la aplicación.

    3.       Riesgo alto:

    1.       Las infraestructuras críticas (por ejemplo, el transporte) que puedan poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos.

    2.       La educación y formación profesionales que puedan determinar el acceso a la educación y la trayectoria profesional de una persona (por ejemplo, la calificación de exámenes).

    3.       Los componentes de seguridad de los productos (por ejemplo, la aplicación de la IA en la cirugía asistida por robots).

    4.       El empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo (por ejemplo, el software para la clasificación de los currículos en los procesos de selección de personal).

    5.       Los servicios públicos y privados esenciales (por ejemplo, las calificaciones crediticias que denieguen a los ciudadanos la oportunidad de obtener un préstamo).

    6.       Los asuntos relacionados con la aplicación del Derecho que puedan interferir en los derechos humanos fundamentales (por ejemplo, la evaluación de la fiabilidad de las pruebas).

    7.       La gestión de la migración, el asilo y el control fronterizo (por ejemplo, la verificación de la autenticidad de los documentos de viaje).

    8.       La administración de justicia y los procesos democráticos (por ejemplo, la aplicación del Derecho a un conjunto concreto de hechos).

    9.       Riesgo inaceptable: se prohibirá todo lo que se considere una amenaza clara para los ciudadanos de la UE: desde la clasificación social por parte de los gobiernos a los juguetes que utilicen un asistente de voz que incentive comportamientos peligrosos en los niños. Los eurodiputados añadieron a esta categoría prohibiciones que se refieren a los usos intrusivos y discriminatorios de la IA, como por ejemplo:

    10.         los sistemas de identificación biométrica remota, en tiempo real, en espacios públicos;

    11.         los sistemas de identificación biométrica remota, a posteriori, con la única excepción de usos policiales en investigaciones por delitos graves y con autorización judicial;

    12.         los sistemas de categorización biométrica que utilicen ciertas características identitarias (por ejemplo el género, la raza, la etnia, el estatus de ciudadanía, la religión o la orientación política);

    13.         los sistemas policiales predictivos (basados en la elaboración de perfiles, la ubicación o el historial delictivo);

    14.         los sistemas de reconocimiento de emociones por las fuerzas de seguridad, en la gestión de fronteras, los lugares de trabajo o las instituciones de enseñanza; y

    15.         el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial (que violan los derechos humanos y el derecho a la intimidad).

     

    Los Eurodiputados añadieron también a la lista de riesgos los sistemas de IA utilizados para influir en los votantes y el resultado de las elecciones y en los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas de redes sociales que cuenten con más de 45 millones de usuarios.

    Los sistemas de IA generativa basados en modelos fundacionales, como ChatGPT, tendrán que cumplir unos requisitos adicionales de transparencia y estar diseñados de forma que no puedan generar contenido ilegal.

    Para impulsar la innovación en IA y apoyar a las PYMEs del sector, se contemplan como excepciones los proyectos de investigación y los componentes de IA suministrados con licencias de código abierto. La nueva Ley promueve los llamados “espacios controlados de pruebas”, o entornos reales en los que las empresas pueden probar la inteligencia artificial bajo la supervisión de las autoridades públicas antes de salir al mercado.

    Por último, la Ley prevé facilitar a los ciudadanos la presentación de quejas y reclamaciones sobre estos sistemas, y reforma el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que se encargaría de supervisar la forma en que se aplica el código normativo sobre IA.


    Fuentes:

    https://artificialintelligenceact.eu/

    https://foreignpolicy.com/2023/06/14/eu-ai-act-european-union-chatgpt-regulations-transparency-privacy/

    https://es.cointelegraph.com/news/european-union-ai-act-passes-in-parliament




    MÉXICO: El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ IV

    Publicado en CAMPUS. Suplemento sobre Educación Superior
    https://suplementocampus.com/el-gobierno-de-la-ciencia-en-mexico-una-retrospectiva-iv/




    El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ IV
    15 junio, 2023 por 
    Después de cancelado el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica y sus funciones fueron, en gran parte, retomadas por la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica

    Parte I
    Parte II
    Parte III

    Al término del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se cancelaron las actividades del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC) establecido por el Ejecutivo en 1935. El relevo gubernamental, encabezado por Manuel Ávila Camacho (1940-1946), reorientó la política de fomento a la ciencia y la tecnología mediante varias disposiciones relevantes. En primer lugar, como parte de la restructura de la SEP, se dispuso a organización de una Dirección General de la Educación Superior y la Investigación Científica, dentro de la cual un Departamento de Investigación Científica (DIC). Dentro de esta estructura, en operación a partir de 1941, se cumplirían las funciones de planeación, programación y presupuesto para el fomento de la educación superior pública y el desarrollo científico y tecnológico nacional. Al frente de la nueva dirección fue designado el profesor Jesús Díaz Barriga, lo que establecía un hilo de continuidad con el proyecto cardenista; no obstante, Díaz Barriga fue reemplazado por el biólogo Isaac Ochoterena a finales del mismo año.

    Desde el DIC se proyectó la creación de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), cuyo decreto de creación fue promulgado el último día de 1942 y duraría en ejercicio toda la década de los años cuarenta. De su naturaleza e importancia nos ocuparemos más adelante.

    La política de Ávila Camacho se redondeó con un importante impulso a las universidades públicas, con la restauración del vínculo político con la Universidad Nacional y mediante la creación de nuevas instituciones, que buscaban atraer a la órbita del Estado a intelectuales marginados por los gobiernos revolucionarios, así como a una nueva generación de científicos. En este aspecto resalta la creación, en 1943 de El Colegio Nacional, cuya nómina original incluía los siguientes nombres: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Enrique González, Ezequiel Chávez, Antonio y Alfonso Caso, Isaac Ochoterena, Mariano Azuela, Ignacio Chávez, Manuel Sandoval Vallarta, Manuel Uribe, Ezequiel Ordóñez, Carlos Antonio de Padua, Diego Rivera y José Clemente Orozco. También en la gestión de Ávila Camacho la Casa de España en México se convirtió en El Colegio de México y gradualmente fue cobrando el perfil de institución dedicada a la docencia e investigación en humanidades y ciencias sociales.

    En cuanto a la CICIC cabe apuntar que su norma fundacional replicaba varias de las disposiciones presentes en el acuerdo de creación de la CNESIC, como fungir de órgano consultivo del Ejecutivo Federal, procurar la coordinación de las instituciones de investigación científica y promover la investigación orientada a la solución de problemas nacionales. No obstante, también estableció entre las competencias del órgano la colaboración con la iniciativa privada (empresas industriales y agrícolas), la fundación de nuevos laboratorios de investigación científica “para el estudio de los problemas de la industria y la agricultura”, así como el establecimiento y sostenimiento de “laboratorios e instituciones de investigación en las ciencias puras, que se consideren de importancia para el desarrollo científico del país”.

    Del mismo modo, la ley del CICIC contemplaba el fomento a las publicaciones de carácter científico, la integración de bibliotecas especializadas en diferentes disciplinas, así como la provisión de becas para la preparación de especialistas en ciencias y humanidades. En cuanto a los derechos por las patentes que se autorizaran, en dicha ley se estableció la opción de copropiedad entre el CICIC y las instituciones en que se hubieran generado las invenciones objeto de registro.

    Se menciona en el libro Construyendo el Diálogo entre los Actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 2013 (Rosalba Casas, et al), que “la CICIC se organizó en cinco campos de investigación científica, cada uno coordinado por destacados científicos que participaban en ella o en otros organismos. Tal era el caso del doctor José Zozaya, quien coordinó hasta 1948 el campo de la Biología; el doctor Manuel Sandoval Vallarta, al frente del área Físico-Matemáticas; el ingeniero Monges López dirigiría el área de Geología; el doctor Fernando Orozco, primero, y después el químico Rafael Illescas Frisbie coordinarían el área de Química; posteriormente el ingeniero León Ávalos Vez sería responsable del área de Ciencias Aplicadas” (pág. 38).

    Cada año la CICIC publicó un anuario que contenía reportes sobre el avance de los proyectos auspiciados, artículos de investigación, así como resultados de los desarrollos tecnológicos en proceso. Bajo su iniciativa, se creó en 1946 el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT) y en 1948 los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI). Las actividades de investigación que se desarrollaban, aun de manera incipiente, en la Universidad Nacional recibieron el respaldo del régimen —tanto en el periodo de Ávila Camacho como durante el régimen de Miguel Alemán— y la máxima casa de estudios fue un componente efectivo para el despliegue de la política científica. En la Ley Orgánica de la UNAM, aprobada en 1944, además de recuperar el título de “nacional” escamoteado en la autonomía de 1933, se establecieron varias disposiciones relacionadas con la práctica de investigación. Una de las más importantes, la “libertad de cátedra e investigación” como parte de los principios universitarios; también la creación de dos consejos de investigación, uno para ciencias y otro para humanidades. Con base en esa estructura básica, la Universidad organizaría sus tareas de investigación, potenciadas, poco después, con la creación de la Ciudad Universitaria en 1953.

    El ciclo del CICIC se cierra en 1950, será sustituido por el Instituto Nacional de Investigación Científica, antecedente inmediato del Conacyt.







    miércoles, 14 de junio de 2023

    Datos abiertos e interoperabilidad en contexto de tensión geopolítica

    Publicado en Science|Business
    https://sciencebusiness.net/news/Data/open-data-initiative-plough-global-agenda-amid-geopolitical-tensions


    La iniciativa de datos abiertos seguirá adelante con su programa mundial en medio de tensiones geopolíticas


    06 Jun 2023 | Noticias


    La Research Data Alliance lleva diez años trabajando para crear una infraestructura mundial que permita a investigadores e innovadores compartir datos abiertamente. Su directora, Hilary Hanahoe, explica a Science|Business sus planes de futuro en un mundo en rápida transformación.


    Por Florin Zubașcu


    En los próximos cinco años, la Research Data Alliance (RDA) dejará de centrarse en el establecimiento de normas técnicas que permitan la interoperabilidad de los sistemas informáticos para dedicarse a la elaboración de normas que permitan compartir a escala mundial los datos de investigación almacenados en estos sistemas, en un contexto de tensiones geopolíticas que están perturbando la cooperación científica abierta con China, Rusia y otras partes del mundo.


    El director de la RDA, Hilary Hanahoe, afirma que en los diez años transcurridos desde su formación, la RDA ha avanzado mucho en materia de normas técnicas y que, aunque este esfuerzo continuará, se centrará en establecer normas interoperables para los datos de investigación. "Ya estamos en una posición bastante buena para ayudar a apoyar las normas", declaró a Science|Business.


    La pandemia de COVID-19 dio a muchas organizaciones de investigación de todo el mundo un impulso adicional para compartir datos, ya que los científicos necesitaban acceder a bases de datos que abarcaban desde bibliotecas químicas, genómica viral en evolución y estudios epidemiológicos de seguimiento de la propagación de COVID-19, hasta encuestas sociológicas sobre el impacto de la pandemia, para acelerar el desarrollo de fármacos y vacunas y garantizar que las decisiones de salud pública se basaran en los datos más recientes.


    Ello puso de relieve el valor de la misión de la RDA de permitir el intercambio y la reutilización de datos entre tecnologías, disciplinas y países.


    Durante la pandemia, la Comisión Europea pidió a RDA que ayudara a definir directrices y recomendaciones para investigadores y financiadores. Casi 600 personas se inscribieron para trabajar en un documento que proporcionaba directrices para los datos clínicos y de ciencias sociales, pero también áreas horizontales en torno a la ética y el impacto en las comunidades. "Esto demostró la voluntad, la apertura y el poder de esta comunidad de voluntarios", afirmó Hanahoe.


    Como ejemplo pospandémico, la RDA cuenta con un grupo de trabajo sobre agricultura que intenta establecer directrices de interoperabilidad para los datos sobre trigo y arroz, y Hanahoe afirma que la alianza podría ir más allá.


    La RDA fue creada en 2013 por la Comisión Europea, la Fundación Nacional de la Ciencia de EE.UU. y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, junto con el Departamento de Innovación de Australia, con el fin de crear la infraestructura necesaria para compartir abiertamente datos de investigación en todo el mundo.


    Ámbito de ampliación


    La alianza sigue el modelo de Internet Engineering Taskforce, una organización voluntaria de informáticos, operadores de redes e ingenieros responsables de las normas técnicas necesarias para mantener y mejorar la usabilidad e interoperabilidad de Internet. Este modelo ofrece a la RDA la posibilidad de ampliar su labor en materia de normas para datos de investigación. "Necesitamos establecer una estructura abierta y correcta para ello", dijo Hanahoe.


    Hace unos años, la Comisión presentó una propuesta para la Nube Europea de la Ciencia Abierta (EOSC), destinada a dar a la UE un liderazgo mundial en la gestión y el acceso a los datos de investigación. A continuación, en diciembre del año pasado, la Comisión publicó un anuncio de licitación para construir la infraestructura y los servicios de la EOSC con el fin de dar a los científicos acceso a una rica cartera de datos interoperables y reutilizables.


    Según una declaración firmada en 2017, la EOSC trabajará en "normas globales mínimas y rigurosas" para los datos abiertos de investigación, y esas normas serán definidas conjuntamente por las comunidades investigadoras.


    Hanahoe afirmó que la EOSC tendrá éxito si es asumida por los usuarios y demuestra que sus servicios y herramientas son interoperables y multidisciplinares. RDA podría contribuir a ese proceso de establecimiento de normas, dijo. "En mi opinión, el éxito de [EOSC] y de otros en todo el mundo girará en torno a la interoperabilidad y las normas, y vemos un papel para RDA en el apoyo a la creación de normas". "


    Hanahoe también cree que la cooperación científica internacional y el intercambio abierto de datos de investigación no deben verse obstaculizados por los desafíos geopolíticos. Dijo que la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones entre Occidente y China no son un obstáculo para avanzar en los objetivos de RDA. Sin embargo, estos retos deben abordarse "de forma muy cuidadosa, delicada y diplomática", dijo, y añadió: "Las tensiones geopolíticas siempre existirán. Hoy es el [conflicto] chino por los semiconductores o lo que sea, y mañana será otra cosa".


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    Open data initiative to plough on with global agenda amid geopolitical tensions

    06 Jun 2023 | News


    The Research Data Alliance has been working for ten years to build a global infrastructure allowing researchers and innovators to openly share data. Its director Hilary Hanahoe tells Science|Business about plans for the future in a rapidly changing world

    By Florin Zubașcu


    The Research Data Alliance (RDA) is to widen its focus from setting the technical standards that allow IT systems to interoperate, to work on standards for sharing the research data held in these systems globally over the next five years, amid geopolitical tensions that are disrupting open science cooperation with China, Russia and other parts of the world.

    The director of RDA Hilary Hanahoe says that in the ten years since its formation, RDA has made good progress on technical standards and while this effort will continue there will be a focus on setting interoperable standards for research data. “We are already in a fairly good position to help support standards,” she told Science|Business.

    The COVID-19 pandemic gave many research organisations around the world with an additional impetus to share data, with scientists needing access to databases ranging from chemical libraries, evolving viral genomics and epidemiology studies tracking the spread of COVID-19, to sociological surveys on the impact of the pandemic, to speed up the development of drugs and vaccines and to ensure public health decisions were based on the latest facts. 

    That highlighted the value in RDA’s mission of enabling sharing and re-use data across technologies, disciplines, and countries.

    During the pandemic, the European Commission asked RDA to help define guidelines and recommendations for researchers and funders. Nearly 600 people signed up to work on a document providing guidelines for clinical and social sciences data, but also horizontal areas around ethics and the impact on communities. “It just showed the willingness and the openness and the power of this volunteer community,” said Hanahoe.

    As a post-pandemic example, RDA has an agriculture working group that is trying to set interoperability guidelines for wheat and rice data, and Hanahoe says the alliance could go beyond that.

    RDA was established in 2013 by the European Commission, and the US National Science Foundation and the National Institute of Standards and Technology, along with Australia’s department of innovation, to build the infrastructure needed for sharing research data openly around the world. 

    Scope to expand

    The alliance is modelled on the Internet Engineering Taskforce, a volunteer organisation of computer scientists, network operators and engineers who are responsible for the technical standards needed to maintain and improve the usability and interoperability of the internet. That model gives RDA the scope to expand its work on standards for research data. “We need to set up an open and correct structure for that,” Hanahoe said.

    A few years back, the Commission put forward a proposal for the European Open Science Cloud (EOSC), aimed at giving the EU a global lead in research data management and access. Following this, in December last year, the Commission launched a contract notice for building the infrastructure and services for EOSC to give scientists access to a rich portfolio of interoperable and reusable data. 

    According to a declaration signed in 2017, EOSC will work on “minimal and rigorous global standards” for open research data, with those standards being defined jointly by research communities.

    Hanahoe said EOSC will be successful if it is taken up by the users and demonstrates its services and tools are interoperable and multidisciplinary. RDA could contribute to that standards-setting process, she said. “To my mind, the success of [EOSC] and others across the world will be around interoperability and standards and we see a role for RDA in supporting the creation of standards.”

    Hanahoe also believes international scientific cooperation and open research data sharing should not be hindered by geopolitical challenges. She said the war in Ukraine and rising tensions between the West and China are not an obstacle to advancing RDA’s goals. However, such challenges need to be dealt with “in a very careful, delicate way, and diplomatic way,” she said, adding, “Geopolitical tensions will always exist. Today it's the Chinese [conflict] over semiconductors or whatever, and tomorrow it will be something else.” 


    martes, 13 de junio de 2023

    AUDIO: ¿Cómo funciona el mundo de las publicaciones científicas? [ entrevista a Eva Méndez y Emilio Delgado]

     AUDIO de la entrevista disponible en ondacero.es




    ENTREVISTA

    ¿Cómo funciona el mundo de las publicaciones científicas?
    La profesora de la Universidad Carlos III, Eva Méndez, y el catedrático de la Universidad de Granada, Emilio Delgado, explican cómo funciona el mundo de los artículos científicos o 'papers'. Quien quiera ser reconocido en la ciencia tiene que publicar artículos en revistas de prestigio, y en España, desde 1989, se estableció esta práctica como incentivo para mejorar la productividad de los investigadores. Algo que se convirtió en un elemento que establecía la jerarquización de los profesores en las universidades españolas.

    ondacero.es

    Madrid|12.06.2023 

    Recompensas, incentivos y/o reconocimientos para los investigadores que practican la Ciencia Abierta

    Publicado en blog  Universo abierto https://universoabierto.org/2019/10/14/recompensas-incentivos-y-o-reconocimientos-para-los-investigadore...