Francia: 13 recomendaciones para promover la ciencia abierta en las universidades

Publicado en Blok de Bid
https://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1198

Francia: 13 recomendaciones para promover la ciencia abierta en las universidades

Cristina Azorín
Mié, 04/05/2022 

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• Cristina Azorín
  

Unitat Tècnica i de Projectes
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Letrouit, Carole; Cachard, Pierre-Yves; Dupuis, Monique; Froment, Bernard (2021). La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte. [Paris]: Inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR). 66 p. Disponible en: <https://www.ouvrirlascience.fr/la-place-des-bibliotheques-universitaires-dans-le-developpement-de-la-science-ouverte/>. [Consulta: 04/04/2022].1 

El primer Plan Nacional de Ciencia Abierta de Francia 2018-2021 planteó dudas sobre el papel de las bibliotecas y los centros de documentación y la hoja de ruta a seguir para adaptarlo a la realidad de la investigación. En febrero de 2021, cuatro responsables generales en educación, deporte e investigación elaboraron un informe dirigido a Frédérique Vidal, ministra francesa de Enseñanza superior, de la Investigación y de la Innovación.2 

Las reflexiones de este informe están basadas en entrevistas y encuestas, con tres objetivos principales:

• ¿Cuál es el papel de las bibliotecas universitarias después del Plan Nacional?
   
• ¿Qué aportan las bibliotecas a la ciencia abierta en términos de sensibilización, formación, coordinación y logros concretos?
   
• ¿Qué efectos tendrá la aplicación del Plan por lo que se refiere a organización, puestos de trabajo, competencias, proyectos y sinergias?

El primer apartado del informe presenta una definición y un estado de la cuestión de la ciencia abierta. Dentro del repaso de los conceptos cabe destacar un cuadro resumen de un posible plan de actuaciones, con recomendaciones y ámbitos implicados (pág. 14), basado en el informe de la Open Science Policy Platform, escrito por un grupo de expertos por encargo de la Comisión Europea.

El segundo y tercer apartados aportan la visión teórica genérica a las acciones concretas que se están llevando a cabo en las universidades francesas y ofrecen un catálogo que puede servir de modelo al resto. La encuesta, realizada a 70 instituciones (bibliotecas universitarias o centros de documentación), pone de manifiesto que las bibliotecas participan en la elaboración de las políticas y mandatos de ciencia abierta, aunque esta participación es muy desigual y no está muy definida. 

Sensibilización y formación
En el caso de las actividades que se realizan, está claro que la ciencia abierta amplia el campo de intervención de las bibliotecas y moviliza nuevas competencias. Sensibilización y formación son los dos puntos fuertes de las bibliotecas universitarias que toman valor. En la encuesta, sorprende que hay bibliotecas que responden que no hacen ninguna acción en este sentido, ni ofrecen ningún tipo de guía o material a sus usuarios.

Se recomienda ampliar la capacitación en la gestión de los datos de investigación, no solo el depósito de los datos en abierto en los repositorios, y ofrecer formación por distintos canales además del formato presencial.3 Es muy importante que antes de pedir al personal investigador abrir sus datos de investigación podamos convencerlos de las ventajas de realizar una gestión eficiente.

Observemos una situación parecido en la española en cuanto a dedicación de esfuerzos en la formación del personal, en previsión de tener que atender cada vez más consultas y actuaciones sobre ciencia abierta.

Destacaría el cuadro de dedicación (FTE) del personal a servicios de apoyo a la investigación, un 21 % de los centros dedica entorno a un 10 % del su personal. Aseguraría que veremos cómo esta cifra se va incrementando a lo largo de los próximos años. También se pone de manifiesto que muchas organizaciones se encuentran en un momento de reestructuración, o replanteamiento de perfiles y funciones.

El informe concluye con una sugerencia muy clara en relación a la necesidad de mejorar el déficit en recursos humanos y competencias técnicas.

En los momentos de cambio radical los profesionales valoramos saber qué están haciendo otras instituciones, algunos dirían que para reflejarnos, pero yo diría que claramente para copiar e intentar mejorar el modelo, la hoja de ruta, la actuación... que más se adapte a nuestra cultura institucional. 

Competencias profesionales
El texto menciona de manera general las competencias profesionales que debemos ampliar los profesionales de las bibliotecas:

• Conocimientos del ecosistema de la comunicación científica: especialmente de las plataformas para publicar y para depositar. Control del «pago por leer». Se prevé aumentar las competencias en materia de identificación, descripción y gestión de los datos de investigación.
   
• Competencias documentales: metadatos, formatos, estándares, identificadores...
   
• Competencias jurídicas: propiedad intelectual, licencias...
   
• Competencias informáticas y técnicas: estadísticas, bases de datos, repositorios, API...

 

 Recomendaciones

Finalmente, llegamos a la parte más interesante del informe. La página 7 recoge un resumen de las diferentes recomendaciones, que además están intercaladas en el texto, donde se explican y justifican en función de la dinámica observada en otros países, de la encuesta realizada o de lo que los autores han analizado en las diferentes visitas y entrevistas a las instituciones.

Para las autoridades nacionales

1. Desarrollar un plan nacional de formación en ciencia abierta para el personal investigador, el personal de las bibliotecas y los doctorandos, tras recoger las necesidades de bibliotecas e instituciones. Establecer rutas diferentes adaptadas a los diferentes niveles. Tener en cuenta un acceso amplio ofreciendo enfoques híbridos, presenciales y remotos, y fórmulas mixtas, combinando público investigador y bibliotecario.

2. Encargar a la Agencia Bibliográfica de Educación Superior la tarea de impulsar el desarrollo y coordinar la implementación de un plan nacional para el desarrollo de identificadores.

En mi opinión, sería importante que cada país elaborara un análisis de cuáles son los principales identificadores de la ciencia abierta en cada ámbito (publicaciones, datos, organizaciones, personas...) e incentivara su uso.

Para las organizaciones

3. Repensar la función del apoyo a la investigación tanto en las bibliotecas como en el resto de la institución para conseguir claridad desde el punto de vista del investigador y eficiencia en el uso de los recursos humanos. Desarrollar el apoyo a la ciencia abierta mediante la inclusión en los planes estratégicos de la organización y aumentar los puestos de trabajo fijos asignados a esta misión dentro de las bibliotecas.

El informe trata de las diferentes estructuras de servicios de apoyo a la investigación, de la ciencia ciudadana en relación con las bibliotecas y també de los recursos educativos en abierto.

4. Organizar el apoyo a los investigadores para la ciencia abierta en una ventanilla única. El servicio, que incluirá miembros de diferentes ámbitos, debería estar coordinado por la biblioteca.

5. Desarrollar una estrategia institucional para la gestión de los datos de la investigación a partir de una oferta de servicios básicos constituida por la sensibilización y formación de estudiantes de doctorado y del personal investigador en gestión de datos, con independencia de la disciplina. Incluir un aumento progresivo de recursos y servicios de acuerdo con los objetivos marcados por la institución.

6. Agrupar recursos y fomentar la colaboración entre los diferentes actores de la edición científica, incluidas bibliotecas y servicios de publicaciones de las universidades.

7. Reforzar y aplicar sistemas de incentivos para el depósito en los repositorios del texto completo (no las referencias bibliográficas).

8. Fomentar que el personal investigador y el personal bibliotecario colabore en los proyectos de investigación desde el primer momento, para conocerse mejor y ganar eficiencia, especialmente en la cuestión de gestión de los datos de investigación. 

En este caso el texto habla de la figura de los data stewards, como un sistema ideal de apoyo, pero poco definido por el momento y con un coste demasiado elevado para los servicios bibliotecarios de las universidades francesas, relacionado con la recomendación 5.

Para las bibliotecas universitarias

9. Realizar una encuesta a los investigadores de la institución con el objetivo de identificar las prácticas y habilidades en la gestión de los datos de investigación. Sensibilizar a los órganos políticos sobre la gestión de datos, animarlos a extender la política de ciencia abierta a los datos de investigación.

10. Apoyar a las publicaciones de acceso abierto con una política documental dedicando recursos crecientes a los gastos que supone este tipo de publicaciones (suscripción, APC...). Poner en marcha un método de seguimiento y consolidación de los gastos de publicación.

11. Mayor implicación de las bibliotecas en la publicación de revistas y sobre todo experimentar y dar mayor apoyo a la creación de revistas editadas por los estudiantes (especialmente de doctorado) como acompañamiento a la formación activa en publicación científica. Detectar y promover la publicación de revistas de datos y formar y ayudar al personal investigador en la redacción de artículos de datos de investigación (data papers).

12. Sensibilizar y formar doctorandos y personal investigador sobre identificadores (personales, pero también para las publicaciones y los datos) y ayudarles a obtenerlos de los órganos competentes. Formarlos en la gestión de su identidad digital.

Conceptos ya mencionados en la recomendación número 2. Hay que tener en cuenta que, por decreto, en Francia, la formación de los doctorandos en ética e integridad de la investigación es obligatoria.

13. Revisión de indicadores y métricas específicas del acceso abierto y, en general, de la ciencia abierta. En concordancia con las prácticas emergentes para la evaluación de la investigación. Adoptar definiciones y procedimientos que puedan extenderse a todos los centros. Formar al personal sobre estas nuevas métricas.

El informe establece que la bibliometría es una competencia poco desarrollada en las universidades y que hay que estimular.

Valoración
Sugiero la lectura si se quiere trabajar en una encuesta parecida en las bibliotecas españolas o si se quieren aplicar medidas de impulso a la ciencia abierta dentro de las bibliotecas universitarias. En cualquier caso, está claro que una política, en el ámbito nacional o institucional, no soluciona ni impulsa por sí sola la renovación de los procesos, las competencias del personal, ni las sinergias y colaboraciones claves dentro y fuera de la universidad o el centro de investigación; en todos los casos hay que acompañarla de actuaciones concretas.4

© Imagen inicial de MORE ON en Pixabay

1 Encontraréis el documento disponible desde la web del Ministerio, pero quería destacar el portal Ouvrir la science, porque contiene otros documentos interesantes específicos sobre el tema que nos ocupa.

2 El informe está a caballo entre el primer y el segundo Plan nacional de ciencia abierta de Francia. Muy bien explicados por Ciro Llueca.

3 El informe fue redactado en plena pandemia de la COVID-19, donde la formación virtual tuvo más relevancia que nunca, y es por ello que la valoran tan positivamente.

4 Hay que valorar el esfuerzo para iniciar un camino de análisis que conduzca a la imprescindible renovación del sistema de investigación científica. Otros documentos importantes con recomendaciones, todos del 2018, serían: 
- Open Science and its role in universities: a roadmap for cultural change. LERU.
- LIBER Open Science Roadmap.
- Open Content Activities in Libraries: Same Direction, Diferent Trajectories. OCLC.

[Ciencia y geopolítica] RUSIA voltea a ver a la INDIA después de la ruptura con OCCIDENTE

Publicado en THE Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/news/russia-seeks-india-ties-western-sanctions-hit-universities?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=editorial-daily&mc_cid=f7d999584e&mc_eid=d622713526 

Rusia busca vínculos con la India mientras las sanciones occidentales afectan a las universidades

El impulso del Kremlin a la soberanía tecnológica es recibido con escepticismo mientras Occidente rehúye las alianzas por la guerra de Ucrania

2 de mayo de 2022

Pola Lem

Twitter: @PolaLem

Los movimientos de Rusia para reforzar la capacidad científica nacional y fortalecer las colaboraciones de investigación con la India contradicen una situación cada vez peor en el frente interno, han dicho los académicos.

Aislado por las instituciones occidentales por la guerra de Ucrania, el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia ha promovido el fortalecimiento de la capacidad nacional y las alianzas en Asia.

En un reciente discurso, el ministro ruso de Ciencia, Valery Falkov, afirmó que las sanciones occidentales "no sólo suponen restricciones, sino también nuevas oportunidades" para la ciencia y la tecnología nacionales.

Pero para muchos, el optimismo sonó vacío. Los académicos se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que Rusia consiga impulsar el sector, prácticamente aislado del mundo exterior desde que comenzó la guerra del Kremlin contra Ucrania hace casi tres meses.

"El estatus semiperiférico de Rusia en materia de ciencia y educación superior está pasando a ser periférico, con asociaciones terminadas o en declive, con la fuga de cerebros en aumento y la adquisición por parte del Estado de una imagen de país paria o terrorista", dijo Anatoly Oleksiyenko, profesor asociado de educación superior en la Universidad de Hong Kong y experto en educación superior postsoviética. 

Incluso una inversión considerable en ciencia y tecnología no haría mella en la "creciente apatía, corrupción y frustración entre los académicos de élite que solían colaborar con los mejores cerebros en el extranjero", dijo.

Moscú parece estar mirando hacia el este en busca de una recepción más amistosa. A mediados de abril, Alexander Sergeev, presidente de la Academia Rusa de Ciencias, reveló que el grupo anunciaría pronto nuevos proyectos conjuntos con la India, alabando al país como un "ejemplo positivo" de cooperación internacional.

"India mantiene una estrecha relación con Rusia desde hace muchas décadas... así que esperar que India se aleje de la colaboración rusa no es muy realista", dijo Debjani Sengupta, profesor asociado de inglés en la Universidad de Delhi.

"Sin embargo, la guerra de Ucrania ha puesto una nueva dimensión sobre la mesa y creo que algunas instituciones educativas de la India se sentirán incómodas ante la continuación de una estrecha investigación científica con Rusia".

Si las instituciones indias tienen reparos éticos sobre la implicación con Rusia, parece que se los están tragando hasta ahora.

El 25 de abril, la Universidad de Chandigarh, una institución privada de la provincia de Punjab, anunció que había firmado un memorando de entendimiento con la Universidad Estatal de San Petersburgo. Pocos días después, la Universidad Jawaharlal Nehru, una de las instituciones públicas más importantes de la India, declaró que sus administradores se habían reunido con una delegación de investigadores rusos para discutir una "mayor colaboración académica".

Para los expertos externos, estos movimientos parecen ser más una necesidad que una elección.

"Un pivote hacia China o India se convierte en el último recurso de Moscú después de que todos los demás desprecien sus políticas agresivas y erráticas", dijo Leonid Petrov, profesor de la Universidad Nacional de Australia y especialista en estudios comunistas y postcomunistas, que resumió la postura de Rusia como "autoengaño y farol". 

Dijo que el énfasis en impulsar la capacidad de investigación local era "coherente" con la promesa de Vladimir Putin de encontrar sustitutos de desarrollo propio para los productos suministrados por las empresas multinacionales que se han ido debido a las sanciones. Pero también se mostró escéptica sobre la posibilidad de que el Kremlin pueda impulsar la ciencia nacional.

"Esto es más fácil de decir que de hacer... sobre todo porque la oposición al régimen de Putin es proporcionalmente mayor entre los trabajadores del sector de la alta tecnología y muchos han emigrado o planean hacerlo".

El profesor Petrov también cree que Rusia socavará sus propios esfuerzos.  

"Tanto si se trata de explorar el océano Ártico como de aterrizar en la Luna, los rusos acaban construyendo otra aldea Potemkin y malversan los ilimitados fondos estatales".

pola.lem@timeshighereducation.com

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Russia seeks India ties as Western sanctions hit universities

Kremlin’s push on technological sovereignty met with scepticism as West shuns partnerships over Ukraine war

May 2, 2022

Pola Lem

Twitter: @PolaLem

Russia’s moves to reinforce national science capacity and strengthen research collaborations with India belie an increasingly worsening situation on the home front, academics have said.

Isolated by Western institutions over the war on Ukraine, Russia’s Ministry of Science and Higher Education has promoted strengthened domestic capacity and alliances in Asia.

In a recent speech, Russian science minister Valery Falkov said Western sanctions were “not only restrictions, but also fundamentally new opportunities” for homegrown science and technology.

But to many, the optimism rang hollow. Academics were sceptical that Russia would manage to boost the sector, which has been practically cut off from the outside world since the Kremlin’s war on Ukraine began nearly three months ago.

“The Russian semi-peripheral status in science and higher education is now changing to peripheral, with partnerships terminated or in decline, with brain drain increasing and the state acquiring a pariah or terrorist-country image,” said Anatoly Oleksiyenko, associate professor in higher education at the University of Hong Kong and an expert on post-Soviet higher education. 

Even a sizable investment in science and technology would not put a dent in the “growing apathy, corruption, and frustration amidst elite scholars who used to collaborate with top minds abroad”, he said.

Moscow appears to be looking eastward for a friendlier reception. In mid-April, Alexander Sergeev, president of the Russian Academy of Sciences, revealed the group would soon announce new joint projects with India, praising the country as a “positive example” of international cooperation.

“India has had a close relationship with Russia for many decades now…so to expect that India would move away from Russian collaboration is not very realistic,” said Debjani Sengupta, associate professor of English at Delhi University.

“However, the Ukraine war has brought a new dimension on the table and I would think that some educational institutions in India would feel uneasy about continued close scientific research with Russia.”

If Indian institutions have ethical qualms over involvement with Russia, they appear to be swallowing them so far.

On 25 April, Chandigarh University, a private institution in Punjab province, announced it had signed a memorandum of understanding with Saint Petersburg State University. Just days later, Jawaharlal Nehru University – one of India’s top public institutions – said that administrators had met with a delegation of researchers from Russia to discuss “enhanced academic collaboration”.

To outside experts, the moves appeared driven out of necessity rather than choice.

“A pivot to China or India becomes the last resort for Moscow after everyone else snubs its aggressive and erratic policies,” said Leonid Petrov, a professor at the Australian National University and specialist in communist and post-communist studies, who summed up Russia’s stance as “self-deception and bluffing”. 

“Russia has no choice but to try to pivot in terms of research development,” agreed Maria Popova, associate professor of political science at McGill University.

She said that the emphasis on boosting local research capacity was “consistent” with Vladimir Putin’s pledge to find homegrown replacements for products supplied by multinational companies that have left due to sanctions. But she too was sceptical that the Kremlin could jump-start national science.

“This is easier said than done…especially because opposition to Putin’s regime is proportionally higher among high-tech sector workers and many have emigrated or may plan to emigrate.”

Professor Petrov also believed that Russia would undermine its own efforts.  

“Whether it’s about exploring the Arctic Ocean or landing on the Moon, the Russians end up building another Potemkin village and embezzle the limitless state funds.”

pola.lem@timeshighereducation.com

Sobre los orígenes de la mercantilización en nuestras universidades públicas

Publicado en blog Universídad. Una conversación pública sobre la universidad

https://www.universidadsi.es/sobre-los-origenes-de-la-mercantilizacion-en-nuestras-universidades-publicas/

Sobre los orígenes de la mercantilización en nuestras universidades públicas

Albert Corominas y Vera Sacristán

03/05/2022

La mercantilización aqueja a una multiplicidad de instituciones en todo el mundo y, en particular a los sistemas universitarios. En el de España, proliferan las universidades privadas con ánimo de lucro y las residencias estudiantiles planteadas como muy rentables negocios de potentes fondos de inversión. Y unas y otras son objeto a veces de millonarias operaciones de compra-venta. El aumento de los precios públicos en algunas comunidades autónomas, a raíz de la reforma legal de 2012, también fue y aún es un factor de mercantilización del sistema.

Pero la mercantilización ha conseguido asimismo hacerse unos cuantos huecos en el seno de nuestras universidades públicas y a ello nos referimos en lo que sigue de esta entrada, sin perjuicio de que algunas de las hipótesis explicativas de este fenómeno puedan ser útiles para entender las causas de la mercantilización del sistema en su conjunto.

Cosas que pasan que no deberían pasar

Los medios de comunicación se hacen eco, de vez en cuando, de prácticas anómalas en algunas universidades públicas españolas o en relación con ellas: plagios, aprobados y títulos otorgados en condiciones dudosas, cursos de pseudociencias, uso indebido de nombres y denominaciones universitarias, complementos retributivos no justificados, fondos de procedencia pública asignados a fines privados o profesores a tiempo completo que trabajan como directivos en empresas privadas a las que, además, hacen pedidos sustanciosos con cargo a fondos de proyectos subvencionados, así como otras transgresiones del régimen de incompatibilidades.

Asimismo, las auditorías públicas han puesto de manifiesto en no pocas ocasiones prácticas irregulares en instituciones que podemos denominar parauniversitarias, es decir, pertenecientes a una universidad pública, pero con personalidad jurídica propia.

Se trata sin duda de actividades inapropiadas, reprobables y en ciertos casos, sin entrar en su calificación jurídica, graves y susceptibles de sanciones académicas y administrativas. Epifenómenos de procesos de mercantilización que aquejan a la mayoría de universidades de los países capitalistas.

Nuestras universidades públicas no son, desde luego, focos de corrupción. Generalmente no pasa de ser una reducida minoría el personal involucrado en prácticas como las mencionadas, pero estas son preocupantes, tanto por sí mismas y sus consecuencias como por las escasas o inexistentes reacciones que suscitan en las instituciones en que tienen lugar y en el conjunto del sistema universitario público.

Cuando hace unos cinco años estallaron diversos escándalos en torno a una universidad pública de la Comunidad de Madrid, las otras universidades decidieron básicamente mirar hacia otro lado, invocando a veces, para justificar esta actitud, la autonomía universitaria, como si lo que ocurre en una universidad pública no concerniera a las otras.

Tal parece que la comunidad universitaria, que muy mayoritariamente no practica actividades irregulares y no las aprueba, se haya habituado a convivir con ellas como si irremediablemente formaran parte del paisaje.

Esta resignación creemos que solo puede explicarse a partir del análisis del ambiente intelectual y cultural en que se produce.

¿Cuándo y cómo empezó todo esto?

La clave para responder a esta pregunta se encuentra en los primeros años 80, en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y el ambiente económico, social y moral de los años en que esta se aprueba y se implanta.

Muerto Franco en 1975 y aprobada la Constitución en 1978, la universidad tuvo que esperar hasta 1983 su LRU. Cuando esta entró en vigor, las universidades se encontraban en general en situaciones académicas, económicas y patrimoniales lamentables. Las retribuciones de su personal eran insatisfactorias o irrisorias, muy por debajo de las de otros sectores de la Administración.

El crucial artículo 11 de la LRU vino entonces como agua de mayo al abrir la posibilidad de desarrollar actividades generadoras de ingresos para la institución y su personal docente e investigador (PDI) y de crear entidades para gestionarlas: “Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización”.

Son años de auge del neoliberalismo, con Thatcher y Reagan al frente de sus gobiernos, asesorados por Milton Friedman, elevado a los altares de la ciencia económica. Son años en que los Chicago Boys actúan a sus anchas en Chile, bajo la capa protectora de Pinochet. En 1985 Felipe González aprendió de Deng Xiaoping que lo que importa de un gato es que cace ratones, pero no que sea blanco o negro.

Se va imponiendo en España la cultura del pelotazo. “España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa y quizá del mundo”, proclama el ministro Solchaga en 1988 en una reunión de más de mil empresarios, que le ovacionan entusiasmados. El mismo Solchaga al que se suele atribuir el eslogan “la mejor política industrial es la que no existe” que hizo fortuna por aquel entonces, en la línea de “el Gobierno es el problema”, de Ronald Reagan.

Así pues, procuremos que las regulaciones se limiten a las inevitables y usemos la imaginación para flexibilizar en lo posible los condicionamientos que nos impongan.

En este contexto y al amparo, en parte implícito, de la LRU, las universidades ponen en marcha órganos y mecanismos para fomentar los contratos y los cursos de especialización y regulan la afectación de los ingresos obtenidos. Algunas, en su afán por incentivar al PDI para que impulse estas nuevas actividades, retienen para la propia universidad apenas lo necesario, o incluso menos de lo necesario, para que esta se resarza de los costes generados por el desarrollo del contrato o la realización del curso.

Al abrirse estas oportunidades, y como quizás hubiera predicho Adam Smith, aparece un PDI de nuevo tipo: emprendedor, empresario, generador de ingresos, muy valorado por su universidad (nos consta que en alguna es conocido coloquialmente como PDI pata negra) y con considerable influencia en sus políticas, pese a que, como hemos apuntado, la universidad no suele beneficiarse significativamente de los ingresos generados.

Poderoso caballero

Se estableció, pues, una nueva relación de las universidades con el dinero, que tendría consecuencias nada triviales. No en vano Robert Hutchins, que fue presidente y canciller de la Universidad de Chicago, ya había detectado “el amor al dinero en el fondo de la desintegración de la universidad estadounidense”, como escribió en La universidad de Utopía, en 1953.

No se trata de cantidades menores. Una gran universidad pública puede facturar cada año millones de euros en contratos y cursos de especialización, lo que deriva en ingresos adicionales significativos para algunos miembros del PDI.

El PDI permanente a tiempo completo de nuestras universidades públicas percibe ahora salarios razonables, hasta el punto de que hace décadas que no se ha planteado ninguna reivindicación sindical relevante al respecto. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones públicas o en universidades de algunos otros países, el PDI puede devengar retribuciones por su participación en contratos y cursos durante su jornada laboral, por la que ya percibe el salario que le corresponde como personal funcionario o contratado.

Los emolumentos adicionales derivados de los contratos pueden alcanzar, en cómputo anual, el 150 % del salario máximo posible de un miembro del PDI de una universidad pública. El valor de estas retribuciones adicionales, aunque no ha sido interpretado de un mismo modo en todas las universidades y comunidades autónomas es, según nuestros cálculos, superior a 160.000 €/año.

Por añadidura, el PDI que, junto a otros méritos, acredite una actividad suficiente en el marco de contratos con entidades externas puede, desde 2018, solicitar un complemento retributivo consolidado en concepto de “sexenio de transferencia”.

Las disposiciones del artículo 11 de la LRU se recogieron y ampliaron en los artículos 83 y 84 de la vigente LOU (Ley Orgánica de Universidades) donde se explicita que la celebración de contratos para la realización de trabajos o cursos se podrá efectuar también a través de “los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad” y que las universidades “podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas”. Asimismo, el artículo 83 prevé excedencias temporales de hasta cinco años, con reserva de plaza, para el profesorado permanente que se incorpore a una empresa de base tecnológica relacionada con proyectos de investigación en que haya participado.

Las personas que, movidas por estos incentivos, dan preferencia en su actividad universitaria a la transferencia o a organizar o impartir enseñanzas no regladas, no solo tienen todo el derecho a hacerlo, sino que contribuyen al logro de los objetivos de política universitaria que inspiran la legislación vigente. Pero se pueden objetar, por sus posibles consecuencias negativas, los objetivos, la política y los mecanismos para implantarla. Y, más allá, se debe plantear si la transferencia ha de ser la actividad más incentivada y que proporcione más dividendos y más reconocimiento que la investigación y la docencia.

Esta ya no nueva relación de las universidades con el dinero y los mercados presenta tres aspectos que merecen comentarios específicos: los contratos, los cursos y las entidades parauniversitarias.

La transferencia, ¿tercera misión?

Según la vigente LOU (artículo 1-1) “La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio” (en la LRU el orden era distinto “la docencia, el estudio y la investigación”).  En todo caso, en ninguno de estos enunciados, que vienen a ser el frontispicio de las leyes respectivas, se menciona la transferencia como una de las actividades necesarias para que las universidades cumplan su función de realizar el servicio público de la educación superior.

Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que se haya otorgado cada vez mayor importancia a la denominada transferencia, hasta el punto de que se ha hecho lugar común referirse a ella como la tercera misión de la universidad. Y hasta el punto de que el artículo 1 de los borradores de la LOSU que circularon en 2021 incluía, junto a las actividades de docencia e investigación, las de “transferencia del conocimiento e innovación”, a la vez que desaparecía la referencia al servicio público de la educación superior.

A partir de la LRU, las universidades crearon sus OTRIs (Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación), llamadas así pese a que nada en la ley ni en la práctica obliga a que los contratos se refieran a los resultados de la investigación y, de hecho, con frecuencia atañen a asesorías, ensayos en laboratorios especializados, uso de software, proyectos de artefactos o de edificios y otros servicios.

No obstante, en los años 80 y 90 hubo alguna universidad que medía en pesetas el volumen de su actividad investigadora (en realidad se sumaban peras con manzanas: subvenciones a proyectos de investigación de planes nacionales e internacionales competitivos, con ingresos por contratos; es decir, se daba implícitamente por hecho que las actividades llevadas a cabo en el marco de los contratos eran actividades de investigación).

En este marco, se generan a veces relaciones estables exclusivas de grupos de investigación con entidades privadas, hasta el punto de que hay grupos que vienen a ser una especie de departamento de I+D+i, o de D+i, de determinadas empresas. Por otra parte, el hecho de que los costes fijos de personal y equipamiento estén cubiertos por el presupuesto de la universidad permite, desde el punto de vista estrictamente económico, que los precios facturados por los servicios se fijen sobre la base de los costes variables, lo que ha originado suspicacias en algunos consejos sociales, en particular cuando la oferta de servicios de un grupo universitario competía con la de empresas vinculadas a miembros del Consejo.

Visto el fervor ideológico, normativo y organizativo por la transferencia, parece que debería tenerse en cuenta que la universidad no es una navaja suiza (multiusos)[1] y que la innovación correspondiente a la i minúscula de I+D+i se materializa en productos y procesos productivos, que se obtienen y se llevan a cabo fuera de la universidad. Y considerar atentamente las reflexiones que al respecto publicó[2] Bruegel (un laboratorio de ideas especializado en economía y vinculado a la UE):

“Si por ser emprendedoras se quiere decir que las universidades deben estar en sintonía con su entorno, tanto social como económico, y reactivas a él, entonces estamos de acuerdo. Pero si eso significa que las universidades deberían convertirse en agentes muy activos en el mercado de la ‘innovación’ y que deberían esforzarse por obtener una cantidad significativa de financiación por esta vía, entonces somos más reacios. Puede haber instituciones mejor diseñadas para esto, por ejemplo, centros tecnológicos y parques tecnológicos ubicados cerca de las universidades (incluso con la participación de estas últimas en su gestión). Recaudar dinero a través de actividades empresariales directas puede resultar tentador (gran parte del equipo y los recursos humanos necesarios ya están disponibles y, tal vez, se han pagado), pero es fácil que la importancia cuantitativa de estos fondos sea sobreestimada. La universidad tiene una misión central que no es empresarial. Es la educación y la investigación lo que solo las universidades y los centros de investigación pueden lograr: lo que ahora se denomina comúnmente ‘investigación de frontera’. La investigación universitaria está fuertemente subvencionada porque es, o debería ser, de una variedad de alto riesgo a largo plazo que no podría desarrollarse en el mercado”.

¿Cuántos másteres tienes?

En los mismos años de la LRU aparecen personajes públicos con títulos de máster de prestigiosas, o no, universidades estadounidenses. En España existían los MBA, pero se situaban en un ámbito distinto del de los títulos universitarios. Mas a partir de aquellos momentos se empezó a extender la idea de que, si quienes eran alguien tenían un máster, nadie eras si no lo tenías, lo que generó una demanda de formación y de títulos y puso en marcha la conocida mano invisible que dirige los mercados.

En este caso, a través de entidades parauniversitarias o meramente privadas, que actuaban por cuenta propia o en colaboración con las parauniversitarias. Todo ello en ausencia de regulación relativa al uso de la denominación “máster”, a los contenidos y procesos de evaluación de los correspondientes programas de estudios y a sus precios.

Ello dio lugar a títulos de máster, no oficiales, de lo más variopinto en cuanto a duración, calidad, precio y características de las instalaciones y del profesorado. Hubo másteres de ofimática impartidos en algún piso del ensanche barcelonés; hubo y ha habido hasta hace muy poco másteres de homeopatía amparados por universidades. Todo esto ha movido y sigue moviendo mucho dinero y ha generado muchos intereses creados.

En la última reforma estructural del sistema de títulos universitarios oficiales se dio en llamar máster al segundo de los tres ciclos (grado, máster, doctorado). Y aunque la ley prevé que no se puedan utilizar denominaciones coincidentes con las que establece la propia ley o que puedan inducir a confusión con ellas, lo cierto es que el término máster se sigue utilizando sin cortapisas, por lo cual se ha tenido que añadir el adjetivo “universitario” a los másteres oficiales, para distinguirlos de los que no lo son.

Por consiguiente, las universidades ofrecen títulos oficiales de máster (másteres universitarios) y suelen ofrecer, normalmente a través de entidades parauniversitarias, o al alimón con entidades privadas, títulos propios de máster (que no son másteres universitarios).

También puede darse el caso de que un máster no universitario de una institución privada no universitaria obtenga algún tipo de reconocimiento por parte de una universidad pública, posiblemente a través de alguna fundación o instituto parauniversitario (que no debe confundirse con un instituto universitario de investigación). Estas titulaciones conviven con los llamados másteres, no oficiales, previos a la reforma del sistema de títulos.

Además, junto a los másteres de todas clases existe una amplia oferta de programas con denominaciones diversas, tales como diplomas de posgrado, de especialización o de experto.

Coronas parauniversitarias

Las universidades suelen estar rodeadas de una corona de entidades parauniversitarias que impulsan y gestionan actividades docentes o de transferencia. Tales entidades no están sujetas a las normas que regulan las universidades públicas y se sitúan muchas veces en el ámbito del derecho privado, por lo que su control por parte de los órganos colegiados de la universidad es problemático.  Precisamente, el supuesto argumento con el que se pretende justificar su necesidad es la flexibilidad de la que gozarían frente a la rigidez que sería propia de lo público.

Dichas entidades dependen de la universidad, pero su estructura jurídica permite que en sus órganos de dirección (el patronato de una fundación, por ejemplo) estén presentes otros intereses, generalmente de grandes empresas privadas. Por su parte, pueden crear otras entidades que dependen de ellas (y, claro está, cada vez más indirectamente, de la universidad correspondiente) o establecer convenios con centros de formación privados, para dar una pátina de prestigio a las actividades de formación de estos últimos.

Es cierto que en el seno de estas instituciones hay más grados de libertad que en la universidad misma. Por ejemplo, en cuanto a la contratación y a las retribuciones de su personal o del profesorado que imparte la docencia, en su caso. Aunque dependen de una universidad y tal vez el nombre de dicha universidad figure o se sugiera en su propio nombre, no forman parte de la universidad propietaria, lo que hace posible que impartan cursos incluso sin intervención alguna del profesorado universitario.

Hay entidades parauniversitarias con un volumen de facturación considerable, que puede ser de varios millones de euros, y del que no siempre se beneficia significativamente la universidad.

Todo ello ha dado pie a que algunas hayan ido adquiriendo una dinámica propia, en cuanto a objetivos y procedimientos. Un estilo propio que puede llegar a ser bastante distinto del que se supone como típicamente universitario.

Así, hace unos años se publicó que unos profesores habían gastado, entre 2009 y 2014, a través de una fundación de su universidad pública, unos 800.000 € en viajes, restaurantes y en otros conceptos, sin aparente relación alguna con la actividad académica. Y que la misma fundación había incurrido en gastos inmódicos, que incluían el alquiler de un velero para celebrar en él fiestas de inicio y de final de curso para el personal. Lo más aleccionador de las noticias al respecto era, por una parte, que la máxima responsable ejecutiva de la fundación justificaba el alquiler de la embarcación porque ella sabía cómo gestionar el personal de una empresa como la que dirigía, tan distinta de la universidad. Y, por otra, que la universidad tomó medidas significativas para enderezar el rumbo de aquella entidad parauniversitaria.

¿Quién puede poner un cascabel a este gato?

Cuando un gobierno se disponga a proponer una ley que mejore el sistema público universitario deberá abordar las cuestiones que hemos comentado: funciones de la universidad, regulación del contenido de los contratos y de la asignación de los correspondientes ingresos, enseñanzas no oficiales, creación y control de las entidades parauniversitarias, transparencia.

Claro está que una cosa es promulgar leyes y otra, hacer que se cumplan. Y una tercera, ganar batallas relativas a culturas y comportamientos arraigados en las instituciones. No es fácil ni rápido, pero no es imposible si concurren administraciones públicas, consejos sociales, rectorados y organizaciones estudiantiles y del personal universitario.

Al fin y al cabo, solo se trata de que las universidades se centren en los objetivos que les son propios y de que el público tenga garantías de que no le dan gato por liebre.

 

[1] Rivero Ortega, R. (2021) El futuro de la Universidad. Ediciones Uiversidad de Salamanca.

[2] Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas-Colell, A., Sapir, A. (2008) Higher aspirations: An agenda for reforming European universities. Bruegel.

 

Guía de evaluación para la conservación de datos de investigación

Publicado en blog Universo abierto
https://universoabierto.org/2022/04/12/guia-de-evaluacion-para-la-conservacion-de-datos-de-investigacion/

Descargar guía en: https://zenodo.org/record/5942236/files/Appraisal_Guidance_for_Preservation_EN.pdf?download=1

Guía de evaluación para la conservación de datos de investigación

Jonathan Dorey, Grant Hurley, & Beth Knazook. Appraisal Guidance for the Preservation of Research Data. Otaswa. Digital Research Alliuance, 2022

Texto completo

La evaluación y la selección son actividades clave necesarias para la gestión responsable de los datos de investigación. No todos los datos tienen valor para la investigación a largo plazo, y el creciente volumen de datos producidos y publicados para satisfacer necesidades a corto y medio plazo supone una carga tanto para los repositorios que almacenan y mantienen el acceso a los recursos como para los investigadores que buscan datos de calidad. Las prácticas de valoración de los repositorios, que a menudo se llevan a cabo como parte del proceso de curación en el momento del depósito para optimizar los datos para su intercambio y reutilización, deben abordar mejor la sostenibilidad a largo plazo de las prácticas de datos FAIR. Esta guía ha sido diseñada para ser utilizada junto con las políticas de adquisición, desarrollo de la colección, preservación y retirada del repositorio y otros documentos de estrategia institucional de alto nivel para ayudar a los conservadores a trabajar con los investigadores y los especialistas en preservación para evaluar los datos de investigación para su preservación a largo plazo.

ARTÍCULO: Retrasos en el proceso editorial de las publicaciones académicas incluidas en SciELO México

Publicado en Revista Interamericana de Bibliotecología (udea.edu.co)https://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/344044

Retrasos en el proceso editorial de las publicaciones académicas incluidas en SciELO México 

Publicar en revistas de ciencia y tecnología toma generalmente mucho tiempo, lo que puede tener efectos negativos en las carreras académicas (obtención de becas, de plazas y promociones) y en la reputación de las propias publicaciones seriadas. También es una variable relevante que los autores toman en cuenta para decidir dónde publicar. A pesar de los efectos de estos retrasos, existen muy pocos estudios sistemáticos en México sobre el tiempo que le toma a las revistas dar a conocer los textos recibidos. Este trata de cubrir esa laguna de información. 

Disponible en: 

https://bit.ly/3KFY768

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Retrasos en el proceso editorial de las publicaciones académicas incluidas en SciELO México

Autores/as 

• Raúl Marcó del Pont LalliInstituto de Geografía, UNAM
• Raúl Martínez NavarroInstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

DOI: https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n2e344044

RESUMEN

Publicar en revistas de ciencia y tecnología toma generalmente mucho tiempo, lo que puede tener efectos negativos en las carreras académicas (obtención de becas, de plazas y promociones) y en la reputación de las propias publicaciones seriadas. También es una variable relevante que los autores toman en cuenta para decidir dónde publicar. A pesar de los efectos de estos retrasos, existen muy pocos estudios sistemáticos en México sobre el tiempo que le toma a las revistas dar a conocer los textos recibidos. Para cubrir esa ausencia, se analizó este aspecto editorial, a partir de los datos abiertos de SciELO México, y los tiempos que les toma a 196 revistas mexicanas dar a conocer sus artículos, así como las diferencias notables entre publicaciones seriadas de un mismo campo de conocimiento. Se compararon los tiempos resultantes con estudios similares sobre los journals anglosajones, los megajournals y las revistas depredadoras, para ubicar con mayor claridad los procesos editoriales en un entorno global, y vislumbrar las posibilidades de una gestión editorial más eficiente.

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