jueves, 25 de mayo de 2023

El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ II

Publicado en CAMPUS. Suplemento sobre educación superior

https://suplementocampus.com/el-gobierno-de-la-ciencia-en-mexico-una-retrospectiva-ii/



El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva/ II

25 mayo, 2023 por 
En los años 30 comienza un periodo de distanciamiento político entre
el gobierno y la Universidad Nacional, al conseguir ésta su categoría
de autónoma.

En 1910, en el marco de las celebraciones del centenario de la Independencia y por iniciativa del entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, se autorizó la creación de la Escuela Nacional de Altos Estudios (7 de abril) y la fundación de la Universidad Nacional de México (31 de mayo). Según lo proyectado, en ambas instituciones se procuraría articular las tareas de formación de profesionales, las de investigación, así como las de extensión y difusión cultural.

La Universidad Nacional coordinaría “la reunión de las Escuelas Nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes (en lo concerniente a la enseñanza de la arquitectura) y de Altos Estudios (Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, artículo 2). Para la Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE) estaba prevista la formación de posgrado en tres áreas de conocimiento: humanidades, ciencias exactas, físicas y naturales y ciencias sociales, jurídicas y políticas. También se consideraba una forma de interacción entre la formación de posgrado y las prácticas de investigación científica. En el artículo sexto de la ley constitutiva de la ENAE se disponía al respecto que: “Los institutos que dependen del Gobierno Federal, los laboratorios y estaciones que se establezcan en el Distrito u otras partes del territorio mexicano, formarán parte de la Escuela Nacional de Altos Estudios, en cuanto sea indispensable para realizar los fines de la misma, y se mantendrán en el resto de sus funciones en la dependencia reglamentaria de los Ministerios que los organicen y sostengan”.

Los cambios en el escenario político de la primera década del siglo XX impidieron la concreción del proyecto de Sierra en el sentido de articular en torno a la Universidad Nacional las actividades de investigación que se realizaban en distintas instituciones públicas. Esta posibilidad sería vuelta a legislar, con otro enfoque, casi al concluir el periodo de Victoriano Huerta. El 17 de abril de 1914 se decretó una “Ley de la Universidad Nacional” en que se establecía que la institución “estará constituida por la reunión de las facultades establecidas en las escuelas nacionales de Jurisprudencia, de Medicina, Odontológica, de Ingenieros, de Bellas Artes y de Altos Estudios; por los institutos Médico, Patológico y Bacteriológico nacionales y por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Nacional.” La norma no entró en efecto porque los gobiernos emanados de la Revolución desconocieron la legislación aprobada durante el régimen golpista.

El 22 de julio de 1929 fue promulgada la primera ley que concedía autonomía a la Universidad, es decir la titulada “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma”. En esta se precisan varias disposiciones que conciernen al tema. En la exposición de motivos se incluye, en calidad de considerando de la norma que “para cumplir los propósitos de elaboración científica, la Universidad Nacional debe ser dotada de aquellas oficinas o institutos que dentro del gobierno puedan tener funciones de investigación científica y que, por otra parte, el gobierno debe poder contar siempre, de una manera fácil y eficaz, con la colaboración de la Universidad para los servicios de investigación y de otra índole que pudiera necesitar” (noveno considerando).

La ley del 29 traduce el propósito de vincular la tarea docente universitaria con la función académica de investigación desde el primer artículo de la norma: “La Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas la cultura nacional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano”. Además precisa que “el Gobierno Federal podrá poner bajo la dependencia de la Universidad otros establecimientos de enseñanza o de investigación científica; y dependerán también de la misma Universidad los que ésta funde con sus recursos propios, aquellos cuya incorporación acepte y los que provengan de fundaciones o de donaciones particulares aceptadas también por la propia Universidad” (artículo 1).

En otro artículo de la misma ley se enumeran los institutos de investigación que formarán parte de la Universidad: la Biblioteca Nacional, el Instituto de Biología, el de Geología, así como el Observatorio Astronómico. En los transitorios de la norma se precisa que “el Instituto de Biología quedará formado por la actual Dirección de Estudios Biológicos, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, excepción hecha de la parte relativa al Parque Zoológico y al Jardín Botánico; y el Instituto de Geología quedará formado por el actual Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

La década de los años treinta marca un periodo de gran distanciamiento político entre el gobierno y la Universidad Nacional. La autonomía impuesta en 1933, que buscaba separar a la institución de la esfera gubernamental, tendría efectos sobre la organización académica de la institución. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se verificó un doble proceso: por un lado, la intención gubernamental de tomar control sobre la producción científica nacional, lo que se plasmaría en la instauración del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, aprobado por ley del Congreso el 25 de octubre de 1935. Por otro lado, el conjunto de medidas y proyectos de la Universidad Nacional enfocados al establecimiento de relaciones colaborativas con la administración federal para recuperar el acceso al subsidio público.

El proceso de reconciliación entre el Estado y la Universidad en esa etapa fue gradual y se apoyó en la elección de autoridades universitarias relativamente afines al proyecto gubernamental: los rectores Luis Chico Goerne (1935-1938), Gustavo Baz Prada (1938-1940) y Mario de la Cueva (1940-1942). Además de integrar al Estatuto General de la Universidad de 1936 la perspectiva nacionalista sostenida por el régimen, la institución apoyó el proyecto de establecer el servicio social como requisito obligatorio para la obtención del título profesional, respaldó la expropiación petrolera y brindó facilidades para incorporar académicos de la diáspora intelectual española.

En la próxima entrega nos ocuparemos del proyecto cardenista de coordinación de la investigación científica así como de la subsiguiente iniciativa del presidente Ávila Camacho plasmada en la Ley de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (1942).

martes, 23 de mayo de 2023

DORA: 10 años por el cambio en la evaluación científica

Publicado en Investiga. Monográficos sobre investigación no. 42 (2023) - Biblioteca de la Universidad de Sevilla


DORA: 10 años por el cambio en la evaluación científica

Introducción

En diciembre de 2012, durante la Reunión Anual de la American Society for Cell Biology en San Francisco, se planteó la necesidad de cambiar el mal uso que desde diferentes sectores relacionados con la investigación se estaba dando al Factor de Impacto como métrica de evaluación de la investigación. Seis meses después, en mayo de 2013, esa discusión se plasmaba en una declaración que instaba a agencias de financiación, instituciones, editores, organizaciones que suministran métricas e investigadores a realizar cambios en la evaluación de la investigación mediante una serie de recomendaciones y mejores prácticas: la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (Declaration on Research Assessment - - DORA).

Este mes de mayo se cumplen 10 años desde su lanzamiento, en un momento en el que la reforma de la evaluación de la ciencia está de plena actualidad y se suceden las iniciativas en este sentido. En este monográfico haremos un repaso de la Declaración y veremos en qué medida se están planteando sus principios.   

Cambios en los modelos de evaluación de la investigación: ¿una necesidad apremiante?  

La evaluación de la calidad de la investigación es fundamental a la hora de la financiación de la misma, la promoción académica de los investigadores y es la base de todo el sistema de incentivos y recompensas en el mundo académico. Sobre esta base, es evidente que la forma en que se ha estado llevando a cabo ha influido poderosamente en los hábitos de publicación y producción de la investigación.

Evaluar el desempeño del personal investigador mediante el uso exclusivo de ciertos indicadores bibliométricos y el imperio absoluto del IF (JCR) como indicador estrella de la calidad de la investigación, unido al mayor peso de la dimensión investigadora dentro de la carrera académica, ha provocado una adaptación por parte del personal investigador a la hora de seleccionar el medio de difundir los resultados de su trabajo, el formato en que va a publicar (artículo), e incluso, el enfoque del mismo en detrimento de investigaciones más locales de difícil encaje en las grandes revistas internacionales.

Por otro lado, esta creciente necesidad de publicar ha resultado una magnífica oportunidad de negocio para la industria editorial que, facilitada por la transformación digital, no deja de ofrecer oportunidades de publicar cada vez más rápidamente y con “impacto” garantizado.

En estas circunstancias, publicar se ha convertido en un fin en sí mismo y cada vez se hacen más evidentes las consecuencias que provoca en la ciencia la forma en la que se evalúa y se recompensa.

La necesidad de una reforma en la evaluación de la investigación viene de lejos y han sido muchas las voces alertando de lo inadecuado de los sistemas imperantes, no sólo en España, sino en el resto de Europa. La transformación digital, el surgimiento de un concepto de la ciencia más abierto y colaborativo, más multidisciplinar y diversa en sus resultados ha dado el impulso final a las instituciones europeas y nacionales para trabajar en esta dirección.

DORA: 10 años por el cambio en la evaluación científica  

 El punto de partida de DORA es que es urgente cambiar la forma en que se evalúa la investigación científica, ya que los parámetros utilizados para esta evaluación a menudo no son precisos y no se ajustan a los productos que se evalúan. 

Así, considera que, con frecuencia, la evaluación científica se realiza teniendo en cuenta indicadores basados en la calidad de las revistas, sobre todo el Factor de Impacto que, como hemos visto en el apartado anterior, presenta serias limitaciones para medir la calidad científica de la investigación, de un artículo o de los méritos de un investigador. 

Por otra parte, aunque considera que en la actualidad existe una amplia diversidad de productos que muestran resultados de los procesos de la investigación -datos, reactivos, software, propiedad intelectual, etc.- y que algunos de ellos están ganando en importancia, reconoce que el artículo evaluado por pares seguirá siendo fundamental a la hora de evaluar la investigación. 

Ante esto, urge a todos los actores implicados en la evaluación de la investigación a mejorar la forma en la que se evalúa la investigación y ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas. 

Como recomendación general y, quizás, más importante, indica que el contenido científico de los artículos es mucho más importante que las métricas que analizan las publicaciones o revistas en las que fue publicada la investigación, por lo que pide a todos los agentes implicados en la investigación que no sustituyan la evaluación de la calidad del artículo individuales por métricas basadas en revistas, como el FI.

  “No utilice métricas basadas en revistas, como el factor de impacto, como una medida sustituta de la calidad de los artículos de investigación individuales, para evaluar las contribuciones de un científico individual, o en las decisiones de contratación, promoción o financiación.”  

 DORA considera que es necesario establecer un conjunto de métricas a nivel de artículo que permitan conocer la verdadera aportación de esa investigación, además de evaluar el contenido del artículo en sí mismo. Para ello, además de la recomendación anterior, ofrece una serie de recomendaciones específicas para cada uno de los agentes que intervienen en la evaluación científica. De esas recomendaciones, destacamos las siguientes:   

- A las agencias de financiación y a las instituciones de investigación, les recomienda que consideren el valor de otros productos relacionados con la investigación, como los conjuntos de datos o el software, además de los artículos revisados por pares.

- A las editoriales les recomienda reducir el énfasis en el factor de impacto como herramienta promocional o que lo utilicen dentro de una variedad de métricas, tanto basadas en revistas -tales como SJR, EigenFactor o índice H, como otras métricas a nivel de artículo -tales como el Article Influence Score u otras alternativas. Además, les insta a especificar la responsabilidad de cada coautoría en el artículo -como la propuesta CReDIT. 

- Al personal investigador le recomienda que se basen en el contenido científico, y no en las métricas de publicación y a utilizar diferentes métricas como evidencia del impacto de la investigación.   
 Otras recomendaciones van en la línea de eliminar las limitaciones del número de referencias en los artículos, utilizar en la medida de lo posible investigaciones primarias, fomentar la transparencia y promover prácticas que se centren en el valor y la influencia de los resultados de investigación específicos. 

El modelo de evaluación que propone DORA, por lo tanto, se podría resumir en lo siguiente:  

1. No utilizar las métricas basadas en revistas -especialmente el JIF- cómo única o principal medida a la hora de evaluar un artículo o un investigador.

2. Valorar la calidad del contenido científico de las propias aportaciones.

3. Establecer criterios bien fundamentados y respaldados académicamente para evaluar la investigación. 

4. Utilizar un conjunto de indicadores, instando a desarrollar métricas para una mejor evaluación. 

5. DORA ofrece recomendaciones y buenas prácticas sobre evaluación de la investigación, para que cada agente busque la mejor manera de aplicarlas.   

En conmemoración de los 10 años de la declaración, se ha realizado un llamamiento internacional para impulsar estos principios mediante la realización de eventos en los que se analice el impacto de DORA en la reforma de la evaluación científica y de los desafíos que aún quedan por enfrentar  

 Otras iniciativas sobre evaluación científica

La Declaración de San Francisco fue uno de los primeros manifiestos públicos en promover la urgencia de realizar cambios en la evaluación de la investigación, pero no fue el primero. En 2010 había aparecido el Manifiesto Almetrics, que ya apuntaba que el FI no era una medida adecuada para evaluar la calidad de un artículo, apuntaba a otros productos de investigación y apostaba por métricas basadas en el que denominaban “impacto social” (altmetrics).

 Uno de los que más peso ha tenido en Europa, junto con DORA, es el Manifiesto de Leiden (2014) que, con 10 puntos, coincide con DORA en que la valoración de la calidad la investigación debe basarse en la investigación misma, apoyada por un conjunto de métricas que la complementen y siempre a nivel de lo que se está evaluando. Estos 10 puntos son:   

1. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos.
2. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la institución, grupo o investigador.
3. La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida.
4. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes y simples.
5. Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados.
6. Las diferencias en las prácticas de publicación y citación entre campos científicos deben tenerse en cuenta.
7. La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio de investigación.
8. Debe evitarse la concreción improcedente y la falsa precisión.
9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores.
10. Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente.   

Desde entonces, se han producido diferentes llamamientos desde diferentes órganos a cambios en la evaluación científica, especialmente la Comisión Europea, aunque pocos han llegado a concretarse y a tener una aplicación real. Por ello, con la intención de dar pasos concretos hacia la reforma de la evaluación científica europea, en 2021 se inició un procedimiento de consulta en el que participaron más de 350 organizaciones de más de 40 países y que dio como resultado la publicación del Acuerdo europeo sobre la reforma de la evaluación de la investigación en julio de 2022. El acuerdo incluye los principios, los compromisos y el calendario para las reformas, y establece los principios para una alianza de organizaciones, Coalición por la Evaluación de la Investigación Avanzada (CoARA) que quieran trabajar juntas en la aplicación de los cambios. Estos compromisos son:  

1. Reconocer la diversidad de las contribuciones según la naturaleza de la investigación.
2. Basar la evaluación en elementos cualitativos apoyados en el uso responsable de las métricas.
3. Abandonar el uso inapropiado de métricas de revistas como el JCR.
4. Evitar el uso de rankings de instituciones para la evaluar la investigación.
5. Destinar los recursos necesarios para reformar la evaluación.
6. Revisar y desarrollar criterios de evaluación, herramientas y procesos.
7. Aumentar la concienciación sobre la necesidad de reformar la evaluación y proporcionar transparencia, guía, formación sobre criterios y procesos de evaluación.  

Los firmantes se comprometen a basar la evaluación de la investigación principalmente en un juicio cualitativo en el que la revisión por pares es primordial y queda respaldado por un uso responsable de indicadores cuantitativos. Este compromiso supone iniciar el proceso de revisión o desarrollo de criterios y herramientas alineados con el acuerdo durante 2023 y tenerlo desarrollado completamente a finales de 2027.   

La reforma de la evaluación de la investigación en España  

 En España no han faltado voces reclamando reformas en los procesos de evaluación siguiendo la línea establecida por DORA o Leiden. No obstante, es ahora cuando estamos empezando a vislumbrar una voluntad real por parte de las autoridades y llega determinada por el impulso de la Comisión Europea. 

DORA ha sido firmada por 176 instituciones, entre las que se encuentran la Agencia Estatal de Investigación y la propia Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En el caso de esta última, su reciente adhesión -el pasado mes de abril de 2023- supone un replanteamiento de la evaluación de la investigación en España, que a día de hoy sigue muy condicionada por el Factor de Impacto, a pesar de que ANECA ya había firmado el Acuerdo de Leiden en 2021 y de que en los Principios y directrices para la actualización de criterios de evaluación de la investigación que publicó ese mismo año ya se comprometía a "complementar el índice de impacto de las revistas como único indicador de calidad con otros indicadores bibliométricos y/o cualitativos”. No obstante, aunque con buena voluntad, estas medidas no reflejaban con decisión los principios de Leiden y, mucho menos, de DORA.   

Hay que recordar también que el Tribunal Supremo, en las sentencias de 16 de julio de 2020, recurso de casación núm. 2719/2018, y de 12 de junio de 2018, recurso de casación núm. 1281/2017, en relación a las aportaciones presentadas a evaluación ya afirmaba que “es el trabajo –la aportación– no la publicación” lo que debe valorarse.

Estos principios se han ido plasmando en la actualización y reforma del marco legislativo español. La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, en su artículo 69, especifica además que la acreditación a los cuerpos docentes debe garantizar una a evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos e incluso menciona de forma específica que esa evaluación deberá realizarse “con una amplia gama de indicadores de relevancia científica e impacto social”. De hecho, en el borrador del nuevo Real Decreto por el que se regulará la acreditación se establece la necesidad de integrar las orientaciones del movimiento internacional de reforma de la evaluación de la investigación en Europa promovida por la Comisión Europea y materializada en COARA, estableciendo el reconocimiento de una mayor pluralidad de contribuciones y carreras investigadoras, así como que los criterios de evaluación se centrarán en valorar la calidad de la investigación mediante el “empleo de métodos cualitativos, con el apoyo de un uso responsable de indicadores cuantitativos”.  

 Y en esta misma línea se muestra la recién publicada Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA), que en la línea D3, “Adecuación de los procesos de evaluación del mérito docente, investigador y de transferencia a los parámetros de la ciencia abierta” se especifica que "se disminuirá de forma progresiva el uso de indicadores bibliométricos cuantitativos relacionados con el impacto de las revistas […] en la evaluación de méritos curriculares del personal investigador, incorporándose paulatinamente indicadores cualitativos” y que “se promoverá el uso de criterios de mérito basados en la importancia de las aportaciones científico-técnicas y su contenido”. 

Finalmente, el pasado 12 de mayo ANECA, CRUE y CSIC presentaron una propuesta conjunta de participación en COARA, con el objetivo de crear un espacio colaborativo propio (Spanish Chapter) en el que intercambiar ideas y desarrollar debates y consensos que ayuden a la reforma y mejora de la evaluación en el contexto español. Esperemos que la propuesta tenga éxito y suponga un decidido avance en la reforma de la evaluación de la ciencia en nuestro país.   

jueves, 18 de mayo de 2023

MÉXICO [debate nueva ley de CyT 5] Nueva ley de ciencia en México confronta a científicos y gobierno

 Publicado en SciDevNet


08/05/23
Nueva ley de ciencia en México confronta a científicos y gobierno
De un vistazo
  • Según científicos, la ley resta participación de académicos en el órgano de gobierno del Conacyt
  • Pero una de sus ventajas es priorizar el compromiso social de la ciencia
  • Sin embargo, irregularidades en el proceso legislativo opacan los contenidos de la ley




[CIUDAD DE MÉXICO] La primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) ha aumentado la confrontación entre el gobierno y la comunidad científica en México.

Aprobada de manera intempestiva el pasado 29 de abril, la ley convertirá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Pese al cambio de nombre, en lo fundamental seguirá siendo la institución de gobierno encargada de diseñar las estrategias para el desarrollo científico en México, además de establecer las agendas de investigación prioritaria.

Pero lo que ha sido fuente de críticas es que la agenda en HCTI estará dictada por el Conahcyt a través de una Junta de Gobierno con más funcionarios que científicos: de los 23 representantes que formarán parte de este órgano, solo ocho serán representantes de la comunidad científica mientras que 14 serán representantes del gobierno.

“La Junta de Gobierno pasará a ser el organismo más importante que defina el futuro del sector de ciencia, tecnología e innovación”, explica a SciDev.Net la economista Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México.

Dada la importancia de esa Junta de Gobierno, se vuelve crucial saber cómo estará integrada. Y lo que ha causado inquietud en algunos sectores de la comunidad científica es que la ley no menciona a las principales universidades o centros públicos de investigación del país ni a academias o asociaciones científicas como parte de ese órgano, pero sí a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

En un contexto donde el presidente ha incrementado la presencia de la Sedena en distintos ámbitos, este hecho ha provocado acusaciones de militarización del sector científico.

En respuesta a este tipo de críticas que se venían dando antes de la aprobación de la ley, el Conacyt publicó un comunicado del 11 de abril en el que afirma que la ley “no contempla ningún particular como representante de la comunidad científica” para facilitar que la comunidad participe sin mediaciones.

La participación sin mediaciones “implica poner las instituciones públicas al alcance de la población en general y no sólo de unas cuantas personas u organismos que se arroguen representaciones ficticias”, dice el comunicado.

Además, prosigue el documento, “es falso que se militarice la política pública de HTCI” y aclara que si incluye a la Sedena y la Semar en la Junta de Gobierno es porque “ambas dependencias ejercen recursos del presupuesto federal destinado a actividades de HCTI. Además, existe una estrecha colaboración institucional con el Conacyt orientada a la atención de problemáticas nacionales, como el arribo masivo de sargazo a las playas mexicanas, entre otras”.

Para Dutrénit, no hay razones para hablar de militarización, pero sí de ausencia de voces diversas, específicamente de representantes de las entidades federativas del país. “La ley atenta contra el federalismo” ya que carece de vías para integrar las necesidades particulares de las entidades, señala.

Pero el Conacyt afirma en el comunicado que “ni las entidades federativas ni los municipios han estado representados en la Junta de Gobierno del Conacyt, así como el Conacyt tampoco lo está en los órganos de gobierno de las entidades federativas, en pleno respeto a los respectivos ámbitos de competencia”.

Distintos grupos de científicos han rechazado la ley porque al no mencionar explícitamente la meta de llegar al 1 por ciento del PIB para la ciencia y tecnología, disminuyen las posibilidades de que éste y futuros gobiernos lo cumplan.

Otra parte de la ley que ha provocado controversia es la referente a los temas que serán prioritarios para el nuevo Conahcyt, y que forman parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Estos incluyen temas que promuevan una ciencia con un mayor compromiso social, como la investigación en inmunoterapias o problemas como la vivienda o migración.

Algunos ven en estos temas una mayor democratización del conocimiento. La investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Liliana López, dice a SciDev.Net que la nueva ley visibiliza el derecho humano a la ciencia, el cual implica “la participación, goce y beneficio de las personas que no son parte de la comunidad científica”.

Pero, otros, como la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), dicen que puede limitar el apoyo a otras áreas de investigación. “Esto limita la libertad de cátedra y a la ciencia básica, al canalizar recursos, becas y demás apoyos solo a aquellos temas considerados como parte de los PRONACES. Además, la ley obliga a las universidades a realizar ciencia básica y de frontera, pero sin claridad en la ley ni garantizando que la autonomía universitaria será respetada”, dice la ACMor en un pronunciamiento.

“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”.
Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México

Dutrénit celebra que la legislación hable de una ciencia más comprometida con la sociedad, pero advierte que puede afectar a la ciencia básica.

“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”, asevera.

En contraste, Liliana López observa varios aspectos beneficiosos de la ley, por ejemplo, que contempla el acceso abierto de las publicaciones científicas realizadas con apoyo del Estado o que se garantice el acceso a becas para estudiantes de posgrado en universidades del sector público.

El hecho de que no se mencione a los estudiantes de las universidades privadas ha sido criticado como “discriminatorio”. Liliana López argumenta que es necesario promover la igualdad en términos de “acciones para evitar que se constituyan grupos sometidos”. Es decir, apoyar a personas en posición de desventaja para que estén en igualdad de condiciones.

A pesar de que difieren en su visión de la ley, Liliana López coincide con Dutrénit en que el proceso legislativo por el cual se aprobó fue desafortunado.

La discusión de una ley para el sector data de hace cinco años, lapso en el que legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos presentaron diversas propuestas de ley. Sin embargo, la aprobada se basa en una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2022 y para su aprobación se omitieron los espacios de debate que se tenían programados. El 25 de abril la iniciativa fue sometida a votación en la Cámara de Diputados sin haber cumplido los siete parlamentos abiertos en los que se iban a discutir sus contenidos.

Cuatro días después, sin haberse revisado por las comisiones correspondientes, la Cámara de Senadores aprobó la ley tras 14 minutos de debate y en una sesión de 10 horas en la que se aprobaron más de una decena de leyes promovidas por el presidente, sin la presencia de los legisladores de oposición.

Para el diputado del Partido Acción Nacional, agrupación política opuesta al gobierno, Juan Carlos Romero Hicks, quien promovió una ley distinta en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación desde el 2018, el resultado de las irregularidades en el proceso legislativo “es una redacción que va a ser muy vulnerable a litigios por violaciones de proceso, por violaciones de constitucionalidad”.

Para que sea efectiva, la nueva ley debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación*, cosa que aún no ha sucedido. Romero Hicks dice que se están gestando intenciones de impugnación en tribunales: “Lo iremos conociendo en las próximas semanas. Todavía no se promulga. Seguramente habrá una gran cantidad de amparos, posibles acciones de inconstitucionalidad y otras”, asegura.

*Actualización: La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net


MÉXICO [debate nueva ley de CyT 4] El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva /I

Publicado en CAMPUS. Suplemento sobre Educación Superior
https://suplementocampus.com/el-gobierno-de-la-ciencia-en-mexico-una-retrospectiva-i/



El gobierno de la ciencia en México. Una retrospectiva /I
18 mayo, 2023 por 

Ante la nueva legislación en el rubro, vale la pena hacer un recorrido sobre las políticas oficiales a lo largo de la historia nacional

En las postrimerías del siglo XVIII, en el marco de las reformas implantadas en el virreinato por la monarquía borbónica, se establecieron varias instituciones orientadas al cultivo de la investigación. En orden cronológico: la Real Cátedra de Cirugía (1768), el Real Hospital de San Andrés (1770), el Real Seminario de Minería (1779), la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos (1784), el Real Jardín Botánico, la Real Cátedra de Botánica (1787) y el Real Gabinete de Historia Natural (1790-1802). El carácter laico e ilustrado de tales establecimientos brindó una alternativa al trabajo académico e intelectual desarrollado por la antigua Universidad, así como la posibilidad de aplicar desarrollos científicos y técnicos al sector productivo (véase: Azuela Bernal, Luz Fernanda; Vega y Ortega Baez, Rodrigo Antonio Ciencia y público en la ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, 2015).

Luego de la independencia y en el curso del siglo XIX, se experimentaron diversas fórmulas de auspicio a las actividades de ciencia y tecnología. Además de la permanencia, con algunos cambios, de las instituciones borbónicas, tanto los gobiernos liberales como los conservadores promovieron nuevas instituciones dedicadas a la investigación, así como sociedades científicas, museos e instituciones de educación superior.

En 1825, Guadalupe Victoria ordenó la integración de un museo nacional, proyecto que lograría materializarse, en una primera etapa, en las instalaciones de la Universidad. En continuidad de esa iniciativa, en 1865, durante el régimen de Maximiliano de Habsburgo, se estableció el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia con sede en la Casa de Moneda. También por iniciativa de gobierno de Guadalupe Victoria se fundó, en 1826, el Instituto Nacional de Ciencias, Literatura y Artes, que convocó a medio centenar de científicos e intelectuales, aunque, por limitaciones económicas, no consiguió persistir.

A la década de los años treinta del siglo XIX corresponde el establecimiento del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (1833), institución de primera importancia en la relación entre desarrollo científico y políticas públicas. Dicho instituto tendría, desde su origen, la forma de una sociedad integrada por especialistas en ciencias de la tierra, físicos, astrónomos, matemáticos y académicos de ciencias sociales. Como primer encargo, la formación de una carta general geográfica del país, así como la planeación de la estadística nacional en diversas materias, ente otras: población, economía, comercio, salud y educación. En 1855 el instituto se transformó en Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con secciones dedicadas a geografía, estadística, observaciones (geográficas, astronómicas y meteorológicas) y adquisición de materiales (Ortiz Arellano, Edgar, México y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística: fundación y contexto, 2015).

En cuanto a la formación de profesionales, en el período inicial de la vida independiente hay una suerte de convivencia entre la tradición universitaria de corte eclesiástico y los intentos modernizadores que buscaban la renovación de la enseñanza superior a través de la ciencia y el humanismo laico. La Universidad permaneció en funciones hasta 1833, en que por primera vez se decretó su suspensión. El proyecto era reemplazar la antigua Universidad mediante seis establecimientos: estudios preparatorios, estudios ideológicos y humanidades, estudios físicos y matemáticos, estudios médicos, estudios de jurisprudencia y estudios sagrados. No obstante, un año después Santa Anna restituyó las facultades a la Universidad y los colegios, y suspendió la fundación de los nuevos planteles, entre los cuales sólo el Establecimiento de Ciencias Médicas pudo sobrevivir. Luego de varios eventos de cierre y reapertura de la institución, en 1865 Maximiliano decretó la supresión definitiva de la Universidad, de manera que la enseñanza superior quedaría concentrada, en la segunda mitad del siglo xix, en las escuelas profesionales de la capital de la República y los institutos científicos y literarios de los estados.

En 1867, al restablecer la República, el presidente Juárez se dio a la tarea de recuperar el control de parte del Estado sobre la organización educativa en su totalidad. En ese año se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal, en la cual, además de las normas correspondientes a la enseñanza elemental y la educación media y normal, se decretó la instauración de los siguientes centros de enseñanza superior: Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia, Escuela Especial de Ingenieros, Escuela de Agricultura y Veterinaria, Escuela de Naturalistas. Del mismo modo, se establecieron la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico y fueron reorganizados el Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional.

En la larga presidencia de Porfirio Díaz se apoyaron las actividades de investigación científica a través del establecimiento de institutos, sociedades y comisiones de estudio en diferentes campos de ciencia aplicada, como geología, astronomía, medicina, química, agricultura, geografía y estadística, entre otros. Al ocaso del porfiriato, la refundación de la Universidad Nacional (1910) abrió un nuevo capítulo.


MÉXICO [debate nueva ley de CyT 3] Amable, pero severa respuesta a algunos colegas universitarios

Publicado en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2023/05/14/opinion/015a1pol



Amable, pero severa respuesta a algunos colegas universitarios

José Raúl García Barrios*

Un grupo de investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde laboro desde hace más de 25 años, me invitaron a firmar una carta pública de desacuerdo con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Son parte de un grupo mayor de académicos que lamentan su aprobación. Respeto a estos apreciados compañeros pumas y comparto con ellos dos valores: el necesario avance del conocimiento y la autonomía del proceso. Aún así, difiero de ellos en los cuatro puntos que desaprueban, y aquí les doy una respuesta. Su oposición se debe a:

1. La forma en que fue aprobada, incumpliendo el compromiso de realizar siete foros consultivos en la materia, llevándose a cabo solo dos.

Mi opinión: Hubo más de 100 foros legislativos previos y en los dos foros consultivos sólo se reciclaron los argumentos expuestos. De hecho, todo lo señalado por mis colegas ya fue discutido en esos foros. La mayoría de los legisladores, con la legitimidad que les da una elección realmente democrática, aprobaron la Ley después de considerar que el tema estaba suficientemente discutido. Tras ello, la carta es de facto una petición de último recurso a la corte de la magistrada Piña, quien no representa el sentir popular y juega un papel reaccionario. ¡Un triste papel para los universitarios!

2. La inclusión de representantes de las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que crea la nueva ley en sustitución del Conacyt, y la reducción en el mismo órgano de la representación de los académicos.

Mi opinión: La Ley fortalece las humanidades y la pluralidad de ciencias y tecnologías, refuerza el interés público y también la representación académica auténtica, a la par que deja en plena libertad al sector académico privado y público autónomo para desarrollarse según sus principios e intereses. Más a fondo, libera al Estado de su captura y elimina muchas fuentes de corrupción sistémica en las instituciones académicas (intenta separar el poder político del económico, como se separó el Estado de la Iglesia). Así, la Ley enmarca la política de Estado dedicada a proveer el derecho humano a la ciencia, avanzar la frontera del conocimiento y resolver los grandes problemas nacionales y, en el ámbito estricto que corresponde a esta política, no está mal que: a) se incluya a las fuerzas armadas para formular la agenda nacional, por su interés directo en el desarrollo científico y tecnológico en materia de seguridad nacional y pública, y porque hoy es posible una relación entre el sector militar y el académico que fortalezca el diálogo de saberes y la confianza mutua, y b) se democratice la decisión del sector académico, plural y diverso por naturaleza, frente al predominio de los sectores científicos ligados con el interés privado. La Ley establece, para quienes deban o decidan participar en el ámbito de competencia del Consejo Nacional, la obligación de reconocer, respetar y proteger el derecho humano a la ciencia y motivar el avance del conocimiento humanístico y científico al servicio de la humanidad y el pueblo de México.

3. La pérdida del objetivo de escalar el financiamiento a la investigación científica y humanística a un porcentaje concreto del producto interno bruto (PIB).

Mi opinión: El objetivo es demagogia. En realidad, el Estado no controla al PIB ni cuenta con los instrumentos para perseguirlo. El financiamiento a la investigación tiene un componente público y uno privado, y se espera que la contribución del segundo sea casi tres veces mayor que la del primero. En México la relación está invertida y corresponde al sector privado ponerse al día. A él debería ser enviada la demanda. En cuanto a la contribución pública, la Ley General establece que el Estado debe asignar recursos progresivos para lograr los tres objetivos mencionados. Incluye por primera vez mecanismos que impiden suspender el presupuesto para la investigación de frontera y obligan a becar a todos los estudiantes de posgrado de las entidades públicas. La Ley también establece que el gobierno federal fomentará la corresponsabilidad del sector académico privado y público autónomo en términos de la agenda nacional, pero respeta su libertad inherente o conquistada para decidir su participación. Si estos sectores toman las decisiones incorrectas, serán el mercado o la nación, según corresponda, quien juzgue y condene.

4. La posibilidad de exclusión, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los académicos de universidades privadas que realizan investigación científica y humanística, ya que también contribuyen al avance del conocimiento.

Mi opinión: Contribuir al avance del conocimiento es necesario, pero no suficiente para recibir una beca del Estado. El SNI es ahora una entidad de un gobierno elegido por el pueblo, y es legítimo que sus incentivos se dirijan a fortalecer la nueva política de investigación-incidencia del Consejo Nacional. La pregunta es si las entidades privadas están dispuestas a participar con recursos abundantes o, por el contrario, su intención es aprovechar las becas del Estado para reducir el salario que pagan a sus investigadores. Con excepciones importantes, lo segundo parece ser el caso, y no se dan señales claras de desear contribuir a lo primero.

Reitero mi total respeto a mis colegas y sus valores, pero sé que estos mismos valores han sido violentados en nuestra universidad desde hace décadas, sin demasiada resistencia. Dejando en nuestras garras pumas nuestro propio destino, el ahora (felizmente) Conahcyt hace todo lo que puede para construir instituciones plenamente comprometidas con el avance del conocimiento de frontera humanístico y científico y la solución de los grandes problemas nacionales, entre los que está la captura de las instituciones académicas públicas, que ha sido apoyada y aprovechada por una élite.

Dedicado al movimiento estudiantil consciente: ayer, hoy y siempre

* Integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

lunes, 8 de mayo de 2023

El 'efecto cobra', o por qué la obsesión por los rankings y las métricas genera corrupción

Publicado en El Mundo
https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/working-progress/2023/04/30/644d3fcefc6c8301178b456f.html


El 'efecto cobra', o por qué la obsesión por los rankings y las métricas genera corrupción

  • JUANJO BECERRA
  • ULISES CULEBRO (ILUSTRACIÓN)
Actualizado Martes, 2 mayo 2023

El soborno a investigadores españoles para escalar en los rankings universitarios usando su impacto científico es el último ejemplo de cómo la obsesión por medirlo todo para optimizar las decisiones políticas y económicas suele provocar el efecto contrario.

Suele decirse que lo que no se evalúa, se devalúa. Que lo que no se mide, acaba por tener una desmedida tendencia a empobrecerse. Pero no habla de eso este reportaje, sino de lo contrario: de cómo la obsesión actual por reducir la realidad a métricas, rankings y parámetros no solo propicia igualmente la mediocridad, sino que acaba por corromper la realidad que se pretende medir.

El último ejemplo de ello es la revelación de que Arabia Saudí ha estado pagando a científicos españoles de alto impacto para que firmaran sus artículos como si trabajaran en ese país en lugar de los centros españoles en los que están contratados. Todo ello, como forma de subir en los rankings internacionales de universidades.

Lo cierto es que la tiranía de los escalafones y las métricas impera en la vida universitaria desde que se consagró hace un par de décadas la cultura de la evaluación de la calidad, la financiación y los incentivos por méritos académicos.

De repente, había que medirlo todo: la satisfacción de los estudiantes, la productividad de los investigadores, el prestigio de las facultades... Se consideraba la mejor manera de promover la excelencia, aunque al final ha provocado, en muchos casos, el efecto contrario.

LAS MÉTRICAS Y EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

«Con los rankings está pasando algo parecido al principio de incertidumbre de Heisenberg, que habla de cómo la observación de la realidad interfiere con las partículas que pretendes observar y las modifica», plantea Manuel Febrero Bande, catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela.

«Cuando eres consciente de que estás siendo evaluado con un modelo que es una simplificación de la realidad, acabas dedicando más esfuerzos a mejorar en ese modelo que a tu labor como científico, por ejemplo», completa.

Algo similar plantea Carlos Elías, también catedrático, aunque en este caso de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): «La excelencia científica jamás la medirán las citas o rankings, sino la historia de la ciencia: teoremas, teorías, nuevas moléculas relevantes, leyes físicas nuevas que salgan de esa universidad o ese país... y eso sólo puede decirlo el tiempo y los historiadores de cada disciplina».

SOBORNAR A LOS CLIENTES PARA RECIBIR CINCO ESTRELLAS

Hace apenas unas semanas, Elías concurrió a las elecciones al Rectorado de la UC3M denunciando la inversión de prioridades que se está produciendo en los campus. «En mi programa, que pronto publicaré como libro, denunciaba cómo políticas como los grados en inglés o la segregación por notas altas se adoptan sólo para estar mejor posicionados en los rankings, olvidando la función social de una universidad pública», subraya.

Pero lo cierto es que los campus o la ciencia no son los únicos que están gravemente enfermos de métricas, sino que es un fenómeno cada vez más generalizado en el mundo digital. Basta con hacer un repaso rápido de las decisiones que usted mismo toma en el día a día para darse cuenta de que muchas de ellas están influidas (¿intoxicadas?) por todo tipo de mediciones, escalafones o parámetros.

¿No suele comparar el número de estrellas de los market places antes de decidir qué producto compra? ¿No busca en Internet listas de los mejores restaurantes de la ciudad? ¿No fía al número de retuits de una persona en redes sociales la decisión de si es relevante? Todos lo hacemos. Y, sin embargo, muchas empresas de consumo sobornan a los clientes para garantizarles a sus productos las deseadas cinco estrellas; la influencia en redes está inflada a menudo por legiones de bots; y se han denunciado varios casos de restaurantes ficticios que, con muy poco, engañaron al algoritmo de webs como Tripadvisor para convertirse en los mejores de su municipio.

«Las métricas, y más aún con el big data, que es el nuevo petróleo, dominan la sociedad e incluso se pueden manipular sentimientos, opiniones, rankings...», sostiene Irene Marroquín, profesora de Inteligencia de Negocios en la Universidad CEU-San Pablo. Y esa es la paradoja: ponerle número a todo nos hace creer que vivimos en un mundo medido y bajo control, cuando en realidad se trata de una ficción paralela. A menudo, manipulada. ¿Por qué? Por diversos motivos.

El primero tiene que ver con ese principio de incertidumbre al que aludía Febrero Bande y que en sociología se conoce como Ley de Goodhart, Ley de Campbell o efecto cobra. Este último nombre se debe a una anécdota de la India colonial, donde se intentó reducir las poblaciones de este tipo de serpiente venenosa premiando su aniquilación. Se consiguió justo lo contrario, ya que muchos cazarrecompensas las criaban para matarlas y cobrar. Así, cuando se eliminaron los incentivos por cada cobra muerta, esos criadores liberaron a las que tenían y aumentó su población.

¿SE PUEDE MEDIR TODO?

La segunda explicación es que estamos obsesionados en medir incluso aquello que no es fácil de traducir en parámetros con rigor. «Más que una hipermedición, hay una hipersimplificación de la realidad», matiza Febrero Bande. «Yo no creo que haya cuestiones imposibles de cuantificar, sino que a veces resulta muy caro y se opta por modelos ultra simples para medir de forma rápida la calidad pese a dejar muchas zonas oscuras», añade.

Sin embargo, este es un punto en el que los académicos no se ponen de acuerdo entre sí. «Las ciencias sociales, incluida la economía, jamás serán como las naturales, porque no pueden hacer predicciones, sino profecías, que son puntos de vista con sesgos políticos», plantea Elías. «Eso no es malo en absoluto, peor es creer que es una verdad objetiva y que no lo sea», precisa.

El tercer peligro de las métricas es que a menudo se convierten en objetivos en sí mismas más que en herramientas para calcular cómo de cerca o de lejos estás de tus verdaderos objetivos. «Eso es muy peligroso a nivel empresa y en todos los sectores, pero cuando lo haces desde los gobiernos acabas corrompiendo políticamente el sistema», argumenta Marroquín.

La ficción ha dado buena cuenta de ello. Por ejemplo, The Wire, una de las mejores series de la historia, donde la Policía acaba ocultando cadáveres para maquillar las estadísticas sobre homicidios y no perjudicar las ambiciones del alcalde Carcetti.

Tampoco en el mundo real faltan ejemplos. Uno de ellos es la llamada falacia de McNamara. El secretario de Defensa de EEUU definió una serie de indicadores que garantizarían la victoria. Entre ellos, infligir un determinado número de bajas enemigas, lo que animó a los soldados a contabilizar cadáveres de campesinos. La consecuencia: se alcanzaron todos los objetivos numéricos de Robert McNamara, pero se perdió la guerra.

Basta con extrapolar este ejemplo a otros terrenos para darse cuenta de los enormes riesgos que conlleva convertir las métricas en religión. «Introducir KPIs (indicadores clave de rendimiento, por sus siglas en inglés) en la medicina puede llevar a que un médico no quiera asumir un caso muy grave porque si se le muere el paciente durante la operación empeoran sus KPIs y su valoración profesional», sugiere Marroquín. ¿Querrían que un cirujano estuviera pensando en su productividad o su tasa de éxito mientras les opera?

Pero, pese a todos estos peligros y a la sensación de que las métricas nos construyen un mundo de mentira, los expertos consultados las consideran una herramienta insustituible para tomar decisiones. La clave, como en tantas otras cosas, es la educación. Que todos seamos conscientes al utilizarlas, de sus limitaciones, sus perversiones y sus riesgos.


ESPAÑA: profesores de la Complutense llevan más de 300 firmas al Rectorado para que corte relaciones con empresas y academias cercanas a ISRAEL

Publicado en El País https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-10/los-maestros-de-la-complutense-llevan-mas-de-300-firmas-al-rectorado-para-...