Publicado en CAMPUS
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El pasado viernes 8, el gobierno federal, por conducto del secretario de Hacienda, presentó ante el Congreso el llamado Paquete Económico para el próximo año. El Paquete se integra por tres documentos principales: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Éste, materia principal de las presentes líneas, asciende a 9,022 billones de pesos, representando un incremento real (una vez descontada la inflación) de 4.3 por ciento. En su alocución, el secretario Ramírez de la O destacó los tres ejes fundamentales de ese documento: a) “el fortalecimiento de la red de protección social a favor de grupos de la población desatendidos y en condición de pobreza”; b) las reformas de orden laboral y las políticas salariales implementadas; c) el impulso a la infraestructura del país, principalmente la correspondiente a la región sur-sureste.
Los tres ejes, según el funcionario, han permitido a lo largo del quinquenio enfrentar las condiciones de pobreza de la población, reducir la desigualdad, así como impulsar proyectos de infraestructura a la zona del país “que estuvo al margen del desarrollo nacional por décadas”.
A manera de resumen, algunos datos del documento permiten describir el contexto en el cual puedan observarse, con mayor detalle, algunos aspectos relacionados con los sectores de educación, ciencia y tecnología. Entre los principales (todos ellos referidos a 2024) se cuentan los siguientes:
• El Producto Interno Bruto debiera crecer a una tasa media de 2.5 por ciento, un poco menor a la estimada por la SHCP para el presente año. La inflación se reduciría de 4.5 al 3.8 por ciento. El tipo de cambio respecto al dólar se situaría en $17.60. La tasa de interés se estacionaría en 9.5 por ciento y el barril de petróleo se vendería a $56.70 dólares, casi 10 dólares menos que en este 2022. En términos generales, aún los analistas críticos a la política económica gubernamental han estimado positivo lo presentado al Congreso.
• El PEF tiene, empero, varias presiones que explican la razón para que algunos programas y proyectos no tengan las asignaciones adecuadas para un desarrollo eficaz, o para que no se cumpla con compromisos asumidos desde cinco años atrás. Entre esas presiones se encuentran: a) el gasto en pensiones (las contributivas, como IMSS; y las distributivas, como adultos mayores) asciende a 1.99 billones, una quinta parte del PEF y tendría un crecimiento muy dinámico (y peligroso de no realizarse una reforma fiscal, agrego yo) de 4.2 por ciento para cada año venidero, como lo advierte la SHCP (“Supuestos de finanzas públicas de mediano plazo”); b) los Requerimientos Financieros del Sector Público (lo que hay que pagar de intereses y servicio por la deuda gubernamental) ascendería en 2024 a 1.6 billones de pesos, casi un 12 por ciento más que en este año. En lo que va del sexenio la deuda total del sector público ha pasado de 11 billones, en 2019, a 14.2 en julio de este año; c) la transferencia a las entidades federativas ascienden a 2.56 billones, casi un 13 por ciento más que en el presente año.
• Los llamados programas y proyectos prioritarios (estelares, o del Presidente) significan, en el caso de los primeros para el próximo año, alrededor de 800 mil millones, y el de los segundos, 220 mil, un total superior al billón de pesos. Entre ellos destaca la Pensión para Adultos Mayores, con 465 mil millones, siete por ciento más que en 2023. Dentro de estos programas están cuatro del sector educativo, entre ellos: Becas (88 mil millones), la Escuela es Nuestra (28 mil), Jóvenes Construyendo el Futuro (24 mil), Universidades para el Bienestar (1,600); un total de 142 mil millones.
En ese contexto presupuestal varios sectores del gasto se alejan del promedio del crecimiento que el PEF tendría para 2024 (4.3 por ciento). Así, por lo que toca al sector educativo, éste tiene una asignación de 425 mil millones. En términos reales, un crecimiento de un uno por ciento, el cual no alcanza a compensar las pérdidas de 2020, ocasionadas por la pandemia. De acuerdo con la SHCP, y utilizando las clasificaciones administrativas del gasto y la funcional del mismo, aplicado al periodo 2017-2023, el sector habría tenido una reducción de 3.4 y 6.1, respectivamente.
Entre esas “presiones” incluí el salto enorme que representan los gastos correspondientes a: a) las pensiones, contributivas y distributivas, de casi dos billones de pesos; b) el crecimiento de la deuda pública neta (interna y externa) del sector público, de 11 billones en 2018 a 14.2 billones en julio de este año; c) el costo financiero de esa deuda, 1.6 billones (lo que hay que pagar cada año por los intereses y servicios correspondientes); d) el déficit público en que se incurre para igualar ingresos con egresos para 2024, 5.4 por ciento del PIB, alrededor de 2 billones, el más alto desde 1987 (aquél año en que la inflación alcanzó un 159 por ciento, contrastante con el 4.5 por ciento en que, se estima, cerrará en este 2023).
Estos cuatro factores, principalmente, han abierto una polémica enorme entre analistas de distintas tendencias, acompañadas por las explicaciones del propio secretario de Hacienda. En este polarizado México en materia ideológica, el presupuesto no se salva (no tendría por qué). De tal modo que los juicios van desde un “presupuesto razonable y congruente”, hasta el de quien califica a ese instrumento como el causante de “un desastre para el país”.
El principal debate se sitúa en esos casi dos billones en que se endeudará la Hacienda pública para equilibrar ingresos con egresos y que significa 5.4 puntos del PIB. Los críticos arguyen que eso compromete seriamente las finanzas públicas para los próximos años. Por el contrario, analistas destacados por su objetividad difieren de esas visiones. Así, por ejemplo, se dice que: “no se ve en el escenario una crisis en el 2024, al menos derivada del mayor déficit fiscal… se está lejos de ser un desastre” (Enrique Quintana, El Financiero, 20 de septiembre y 3 de octubre). O, quien califica al presupuesto 2024 con las notas muy positivas de: “realista, responsable y revelador” (Gabriel Casillas, El Financiero, 19 de septiembre).
La SHCP, por conducto del secretario Ramírez de la O y el subsecretario Yorio, han argumentado que ese 5.4 por ciento se debe a: a) al incremento de las tasas de interés; b) al índice de inflación; c) al hecho que no se recibieron remanentes por parte del Banco de México. Simultáneamente se explica que ese “déficit fiscal mayor” no es un tema preocupante, toda vez que: a) la deuda total, que ascenderá al 48.8 por ciento del PIB para 2024, “será menor del pico que alcanzó en 2020”. Este nivel de deuda es bajo “y tiene mucho margen y mucha flexibilidad”; b) “el déficit es de una sola vez… no es un déficit permanente y esto prácticamente no desvía a México de su senda de sostenibilidad fiscal”; c) se contará con las coberturas petroleras que cada año se contratan; d) el Fondo Monetario Internacional tiene abierta una línea de crédito contingente por 47 mil millones de dólares; e) el Banco de México tiene como reservas 204 mil millones de dólares.
Con relación a estas explicaciones, varios analistas discrepan de que esa especie de “medicina amarga, pero leve” de 2024 sea suficiente para aliviar las presiones de los años subsiguientes. El propio Quintana (El Financiero, 3 de octubre) indica: “las presiones derivadas de los mayores pagos por pensiones, así como del programa para adultos mayores, hacen insostenible dejar sin cambios la estructura fiscal en el país para el futuro próximo… la oportunidad para realizar ese cambio vendrá en el curso de 2025”.
Pero no todo es déficit fiscal. La polémica se extiende a un tema jurídico-político adicional, muy delicado. Legisladores de la oposición y algunos analistas han expresado que existe una violación constitucional porque parte del déficit en que se incurrirá para 2024 se utilizará en financiar lo que se denomina gasto corriente, cuando debía estar destinado exclusivamente a inversión pública. El asunto podría llevar a una controversia constitucional que sería resuelta en la Suprema Corte de Justicia. Esta, desde la época del presidente Fox, ya hizo un pronunciamiento, aunque ambiguo, que tendría impacto como un importante precedente.
