GROELANDIA reduce colaboración científica con ESTADOS UNIDOS por desconfianza. Se afectan los estudios sobre cambio climático

Publicado en Science|Business
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Las instituciones de investigación de Groenlandia suspenden nuevas colaboraciones con Estados Unidos alegando desconfianza

27 de agosto de 2026

Los recortes a la investigación sobre cambio climático de la NSF también podrían reducir la presencia investigadora de Estados Unidos en Groenlandia.

Por Ole Ellekrog

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue albergando ambiciones de apoderarse de Groenlandia, sus acciones parecen haber tenido el efecto contrario para los investigadores estadounidenses. Durante el verano, las dos instituciones de investigación más importantes de Groenlandia, el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia y la Universidad de Groenlandia, anunciaron políticas para no iniciar nuevos proyectos de investigación con investigadores estadounidenses.

Ambas instituciones señalan la desconfianza hacia Estados Unidos como una de las razones de esta decisión. En la Universidad de Groenlandia, el cambio de política ya ha provocado el rechazo de propuestas específicas para nuevas colaboraciones, declaró a Science|Business la rectora Mari Kleist.

«La razón es el cambio en la situación política entre Estados Unidos y Kalaallit Nunaat [Groenlandia], así como la incertidumbre que ha generado el interés estadounidense en Kalaallit Nunaat», afirmó.

En el caso del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, una institución de investigación ambiental financiada parcialmente por el Estado, la decisión también estuvo motivada por la falta de confianza en las intenciones estadounidenses. En una entrevista concedida en julio a la emisora local KNR, su directora, Josephine Nymand, mencionó preocupaciones relacionadas con la propiedad de los datos, los «agentes de influencia» estadounidenses y la vigilancia de las redes sociales de los investigadores que ingresan a Estados Unidos.

El Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia mantiene desde hace mucho tiempo colaboraciones con la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos. El cambio de política no afectará estas colaboraciones existentes, pero sí se aplicará a las colaboraciones con nuevos socios «desconocidos», señaló Nymand. En la Universidad de Groenlandia, la política es la misma.

Estos cambios se producen en medio de propuestas de fuertes recortes a la NSF, que probablemente también reducirían la presencia investigadora estadounidense en Groenlandia. A pesar de ello, cuando se le preguntó sobre el cambio de política de las instituciones groenlandesas, la NSF se mostró optimista respecto de la continuidad de su presencia en Groenlandia.

«Estamos agradecidos con nuestros socios en Groenlandia por su colaboración para avanzar en el conocimiento científico y formar a la próxima generación de investigadores. La NSF mantiene su compromiso con las colaboraciones de largo plazo con Groenlandia que hacen posible la investigación científica cerca de las comunidades y sobre la capa de hielo de Groenlandia», declaró un portavoz de la NSF a Science|Business.

Menos investigadores estadounidenses en Groenlandia

La mayor parte de la investigación publicada sobre Groenlandia se centra en temas de ciencias naturales, como la criosfera, la dinámica del hielo, el permafrost y el cambio climático. En los últimos años, los investigadores estadounidenses han sido quienes más publicaciones han producido sobre Groenlandia.

La presencia investigadora estadounidense en Groenlandia se extiende mucho más allá de la capital, Nuuk, donde se encuentran las dos instituciones de investigación. Incluye la Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, diversos proyectos en asentamientos y estaciones de investigación situados a lo largo de la costa, así como estaciones de investigación ubicadas en la propia capa de hielo de Groenlandia.

La mayor de estas instalaciones, Summit Station, está situada en el punto más elevado de la capa de hielo de Groenlandia, aproximadamente a 3,200 metros sobre el nivel del mar, y desde la década de 1980 se utiliza para extraer núcleos de hielo. Estos núcleos proporcionan información valiosa sobre el clima mundial que se remonta al menos 100,000 años.

A unos 30 kilómetros de Summit Station, el Greenland Ice-core Project (GRIP), dirigido por Dinamarca y financiado por el Consejo Europeo de Investigación, también realiza perforaciones para obtener núcleos de hielo. Aunque inicialmente competían entre sí, la relación entre los dos equipos de investigación «desde hace mucho tiempo ha sido cordial», declaró a Science|Business Jørgen Peder Steffensen, investigador danés que ha formado parte de GRIP durante más de 40 años.

Sin embargo, desde que Trump asumió el cargo a principios de 2025, Steffensen ha observado una reducción de la investigación estadounidense en el país.

«Varios de nuestros socios estadounidenses no pudieron realizar trabajo de campo este año. Sus temporadas de campo fueron canceladas porque carecían de presupuesto», señaló.

Steffensen atribuyó parte de la reducción del número de investigadores estadounidenses a las obras de renovación de Summit Station.

«Una proporción muy importante de los fondos de la NSF se ha destinado a renovar la estación. Se ha retirado dinero de la investigación para asignarlo a su reconstrucción», afirmó.

Un informe publicado en agosto por Arctic Hub confirma las observaciones de Steffensen sobre la disminución del número de investigadores estadounidenses. El informe muestra que las publicaciones estadounidenses sobre Groenlandia disminuyeron hacia el final del periodo comprendido entre 2015 y 2024. En 2024, antes de que Trump asumiera el cargo, el número de publicaciones había descendido desde un promedio de aproximadamente 250 artículos anuales hasta solo 164, quedando por detrás de Canadá, que registró 169.

Los datos del proveedor logístico de la NSF, Battelle, también muestran una reducción de la presencia investigadora estadounidense en Groenlandia durante los últimos años. En 2023, Battelle contabilizó 48 proyectos distribuidos en 78 lugares, pero para 2025 la cifra había descendido a 40 proyectos en 38 lugares.

Y aunque las relaciones con el personal estadounidense en Groenlandia han seguido siendo sólidas, han surgido algunas tensiones desde que Trump asumió el cargo.

«En el ámbito personal, no hay ningún problema. Pero está en el ambiente. Está ahí, aunque nadie lo diga», señaló Steffensen.

Romper por completo los vínculos con los investigadores estadounidenses tendría un costo mayor para los investigadores de núcleos de hielo que para las instituciones con sede en Nuuk. Para transportar carga hacia y desde sus bases, tanto GRIP como Summit Station dependen de los singulares aviones Hercules LC-130 equipados con esquís, operados por la Guardia Nacional Aérea de Nueva York. Sin estos aviones, mantener una base de investigación sobre la capa de hielo de Groenlandia no sería viable con los presupuestos actuales, explicó Steffensen.

«[Si los aviones Hercules no estuvieran disponibles], tendríamos que buscar soluciones alternativas. Tendríamos que utilizar aviones más pequeños y construir una base más cerca de la costa. Pero permanecer en nuestra ubicación actual sería demasiado costoso y generaría una enorme huella de carbono», afirmó.

Personas sospechosas en Nuuk

Al explicar la interrupción de nuevos vínculos con Estados Unidos, la directora del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, Josephine Nymand, comparó la decisión con situaciones anteriores en las que el instituto tuvo que romper vínculos con China y Rusia; en el caso de esta última, debido a la invasión a gran escala de Ucrania iniciada por Rusia en 2022.

Aunque la situación actual es menos grave, la comparación refleja la seriedad con la que Nuuk percibe las amenazas estadounidenses.

«Desde la perspectiva de Groenlandia, Estados Unidos quizá no parezca tan diferente de Rusia en este momento: una potencia vecina mucho mayor que amenaza con invadir», declaró a Science|Business Lin Alexandra Mortensgaard, investigadora de política internacional en el Ártico del Instituto Danés de Estudios Internacionales.

«Desde una perspectiva europea, no se trata de una situación comparable, porque estamos vinculados con Estados Unidos en todos los frentes posibles y no queremos destruir más de lo que sea absolutamente necesario. Pero, desde la perspectiva de Groenlandia, bien puede existir la necesidad de enviar una señal clara a Estados Unidos», añadió.

Las sospechas se han visto alimentadas por casos de personas vinculadas a Trump que han estado en Groenlandia tratando de persuadir a ciudadanos groenlandeses para que apoyen una toma de control por parte de Estados Unidos. El más destacado entre ellos es Tom Dans, antiguo inversionista de capital de riesgo y productor de nueces pecanas, quien fue designado por Trump como presidente de la United States Arctic Research Commission. Algunos observadores temen que ahora esté utilizando la investigación para promover una toma de control estadounidense.

«Groenlandia es una sociedad pequeña con una población reducida, de modo que cuando estadounidenses con afiliaciones poco claras deambulan por el territorio intentando entablar relaciones amistosas con la gente, y no se sabe qué pretenden, eso genera desconfianza. Probablemente esto influyó en que las instituciones de investigación adoptaran medidas tan drásticas», señaló Mortensgaard.

Y aunque la población de Groenlandia es pequeña, de apenas 57,000 habitantes, para Mortensgaard constituye un microcosmos de la situación geopolítica en su conjunto: las potencias mundiales luchan por sus propios intereses en detrimento del interés común.

La investigación en el Ártico ya se vio perjudicada cuando las colaboraciones con Rusia se interrumpieron en 2022, señaló, por lo que una ruptura con Estados Unidos supondría un duro golpe para la ciencia del clima.

«El sistema climático del Ártico no respeta fronteras ni divisiones geopolíticas. Cuando la colaboración a través de esas líneas se vuelve repentinamente imposible, se convierte en un enorme problema para la producción de conocimiento», afirmó.

¿Alternativas europeas?

El Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia se financia parcialmente mediante subvenciones para investigación procedentes de fuentes externas como la NSF. Para sustituir el financiamiento estadounidense, el instituto tendrá que buscar fuentes alternativas de ingresos, y Nymand señaló que está mirando hacia Europa para encontrarlas. Además de Dinamarca, de la que Groenlandia forma parte oficialmente, destacó también el creciente interés por establecer colaboraciones de investigación procedente del Reino Unido, Francia y Suiza.

Kleist, de la Universidad de Groenlandia, declaró a Science|Business que todavía era demasiado pronto para determinar si la interrupción de nuevos vínculos con Estados Unidos conduciría a un aumento de las colaboraciones con Europa. Mientras tanto, Mortensgaard consideró que las tensiones en la investigación del Ártico podrían abrir espacio para establecer asociaciones europeas más estrechas o fortalecer los vínculos con Canadá.

«Hablé con investigadores canadienses que mantenían relaciones de larga duración con colegas estadounidenses y que colaboraban con la Marina de Estados Unidos, pero que comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que sus datos sobre el hielo marino pudieran utilizarse si Trump decidía repentinamente llevar a cabo sus amenazas de invadir», señaló.

«Al igual que Canadá, creo que Groenlandia está considerando establecer vínculos más estrechos con Europa, y pienso que las capitales europeas estarán abiertas a ello», concluyó.

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Greenland research institutions halt new US collaborations citing mistrust

27 Aug 2026 

Cuts to NSF climate change research could also see US research presence in Greenland reduced

By Ole Ellekrog

Although US President Donald Trump still harbours ambitions to take over Greenland, for US researchers his actions seem to have had the opposite effect. Over the summer, Greenland’s two largest research institutions, the Greenland Institute of Natural Resources and the University of Greenland, both announced policies of not starting new research projects with US researchers.

Both institutions cite a mistrust of the US as a motivation for the decision. At the University of Greenland, the change of policy has already led to the rejection of specific proposals for new collaborations, rector Mari Kleist told Science|Business. 

“The reason is the changed political situation between the US and Kalaallit Nunaat [Greenland], and the uncertainty that the American interest in Kalaallit Nunaat has created,” she said.

For the Greenland Institute of Natural Resources, a partially state-funded environmental research institution, the decision was also prompted by a lack of trust in US intentions. In a July interview with local broadcaster KNR, director Josephine Nymand cited concerns about data ownership, US “influence operatives” and social media monitoring of researchers entering the US.

The Greenland Institute of Natural Resources has long collaborated with the US National Science Foundation (NSF). The policy change will not affect these existing partnerships but will apply to collaborations with new, “unknown” partners, Nymand said. At the University of Greenland, the policy is the same.

The changes come amid proposals of severe cuts to the NSF, which would likely also see the US research presence in Greenland reduced. In spite of this, when asked about the Greenlandic policy change, the NSF remained optimistic of its continued presence in Greenland.

“We are grateful to our partners in Greenland for their collaboration in advancing scientific knowledge and training the next generation of researchers. NSF remains committed to the long-term collaborations with Greenland that enable scientific research near communities and on Greenland’s ice sheet,” an NSF spokesperson told Science|Business.

Fewer US researchers in Greenland

Most research published on Greenland is on natural science topics such as the cryosphere, ice dynamics, permafrost and climate change. In recent years, US researchers have been the most prolific publishers on Greenland.

The US research presence in Greenland goes far beyond the capital of Nuuk, where the two research institutions are located. It includes the Pituffik Space Base in northwest Greenland, various projects in settlements and research stations along the coast, as well as research stations on the Greenland ice sheet itself.

The largest of these sites, Summit Station, is located at the highest point of the Greenland ice sheet, about 3,200 metres above sea level, and since the 1980s it has been used for drilling cores out of the ice sheet. These ice cores provide valuable information on the global climate going back at least 100,000 years. 

About 30 kilometres from Summit Station, the Danish-led Greenland Ice-core Project (Grip), funded by the European Research Council, is also drilling ice cores. Although they initially competed, the relationship between the two research teams has “long been amiable,” Jørgen Peder Steffensen, a Danish researcher who has been part of Grip for more than 40 years, told Science|Business.

However, since Trump took office in early 2025, Steffensen has noticed a reduction in US research in the country. “Several of our American partners did not make it into the field this year. Their field seasons were cancelled because they lacked the budget,” he said.

He ascribed part of the reduction in US researchers to a renovation of Summit Station. “A very large share of NSF funding has gone into renewing the station. Money has been taken from research and allocated to rebuilding it,” he said.

A report published in August by Arctic Hub confirms Steffensen's observations of fewer US researchers. It shows that US research publications on Greenland took a dip towards the end of the period spanning 2015 to 2024. In 2024, before Trump took office, the number of publications had fallen from an average of about 250 articles a year, to just 164, second behind Canada at 169.

Data from the NSF logistics provider Battelle also shows a reduction in US research presence in Greenland in recent years. In 2023, Battelle counted 48 projects across 78 locations, but in 2025 that number had fallen to 40 projects across 38 locations.  

And while relations with US personnel in Greenland have remained strong, some tensions have arisen since Trump took office. “On a personal level, there is nothing. But it’s hanging in the air. It hangs unspoken,” Steffensen said.

Cutting ties with US researchers entirely would come at a higher cost for the ice core researchers than the Nuuk-based institutions. To get cargo to and from their bases, both Grip and Summit Station rely on unique, ski-equipped Hercules LC-130 aircraft operated by the New York Air National Guard. Without these, maintaining a research base on the Greenland ice sheet would not be viable on current budgets, Steffensen said. 

“[If the Hercules planes were not available], we would have to think outside of the box. We would have to use smaller planes, and we would have to build a base closer to the coast. But staying in our current location would be too expensive and it would create a huge carbon footprint,” he said.

Suspicious people in Nuuk

In her explanation of the severed US ties, Greenland Institute of Natural Resources director Josephine Nymand compared the decision to past situations when the institute had to cut ties with China and Russia, the latter due to Russia’s full-scale invasion of Ukraine in 2022. 

And although the current situation is less severe, the comparison reflects the seriousness with which Nuuk sees the US threats. “From Greenland’s perspective, the US may not look so different from Russia right now: a much larger neighbouring power threatening to invade,” Lin Alexandra Mortensgaard, a researcher of international politics in the Arctic at the Danish Institute for International Studies, told Science|Business.  

“From a European perspective, it is not a comparable situation, because we are entangled with the US on all possible fronts and do not want to destroy more than is absolutely necessary. But from Greenland’s side, there may well be a need to send a clear signal to the US,” she went on.  

Suspicions have been fuelled by instances of Trump-affiliated people in Greenland trying to persuade Greenlandic citizens to support a US takeover. The most prolific among them is Tom Dans, a former venture capitalist and pecan farmer who was appointed by Trump as the chair of the United States Arctic Research Commission. Observers fear that he is now using research to achieve a US takeover.

“Greenland is a small society with a small population, so when Americans with unclear affiliations wander around, trying to be good friends with people, and you don't know what they want, that creates mistrust. This probably played into the research institutions taking these drastic steps,” Mortensgaard said.

And although Greenland’s population is small at just 57,000, for Mortensgaard, it serves as a microcosm for the geopolitical situation as a whole: global powers fighting for their interests to the detriment of the common interest. 

Arctic research already suffered when collaborations with Russia broke down in 2022, she said, so a split with the US would be a serious hit to climate science.

“The Arctic climate system does not respect borders or geopolitical divides. When collaboration across those lines suddenly becomes impossible, it is a huge problem for knowledge production,” she said. 

European alternatives?

The Greenland Institute of Natural Resources is funded partly by research grants from external sources like the NSF. To replace the US funding, the institute will have to look for alternative revenue sources, and Nymand said that she is looking to Europe for those. Aside from Denmark, of which Greenland is formally a part, she also noted increased interest in research collaborations from the UK, France and Switzerland. 

Kleist of the University of Greenland told Science|Business that it was too early to say if the severed US ties would lead to more collaborations with Europe. Meanwhile, Mortensgaard believed that the tensions in Arctic research could well leave room for closer European partnerships, or stronger links with Canada. 

“I spoke to Canadian researchers who had long-standing relationships with American colleagues and who collaborated with the US Navy, but who had gotten worried that their data on sea ice could be used if Trump suddenly decided to follow through on his threats of invading,” she said. 

“Like Canada, I think Greenland is considering creating closer ties to Europe and I think European capitals will be open to this,” she said.

U.S.A.: profesores se manifiestan contra la política de "extorsión" aplicada a las universidades

Publicado en American Association of University Professors - AAUP
https://www.aaup.org/news/new-report-extorted-compliance-charges-massive-extortion-racket-against-higher-ed

Nuevo informe denuncia una “red masiva de extorsión” contra la educación superior

Hoy publicamos un importante nuevo informe titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), en el que se expone cómo la administración de Donald Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de “pagar para obtener beneficios” (pay-to-play). Desde la Universidad de Columbia hasta la Universidad de Cornell y la Universidad de Brown, el informe muestra que los colegios y universidades están siendo obligados a pagar millones de dólares para recibir fondos federales destinados a investigación que, en realidad, ya les corresponden.

El informe constituye el primer análisis exhaustivo de cómo la administración ha aplicado a las universidades estadounidenses la misma estrategia que ha utilizado con despachos jurídicos y gobiernos extranjeros, presionando a las instituciones para que acepten los llamados acuerdos de cumplimiento (compliance agreements), los cuales las despojan del control sobre aspectos fundamentales como la admisión de estudiantes, la contratación de personal, los planes de estudio y la disciplina en los campus.

Asimismo, el informe destaca el denominado "Compact for Academic Excellence in Higher Education" (Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior), ofrecido inicialmente a nueve universidades seleccionadas y posteriormente al conjunto de las instituciones de educación superior del país. El documento sostiene que este pacto «puede considerarse un resumen del programa de Trump para la educación superior».

Las conclusiones del informe son contundentes:

«En la práctica, la educación superior estadounidense se ha convertido en el objetivo de una enorme red de extorsión.»

El informe fue elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia (Tenure) y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la American Association of University Professors (AAUP).

Además, concluye que, en decenas de casos, quienes debían impedir este tipo de extralimitación del gobierno federal —los consejos directivos universitarios y las administraciones institucionales— no lograron proteger la independencia académica.

Tras examinar la respuesta de instituciones como Columbia, Harvard, la Universidad de Virginia y Northwestern, el informe concluye que la mayoría de los fideicomisarios y administradores «en el mejor de los casos fueron tomados por sorpresa y reaccionaron sin preparación, y algunos incluso parecen haber recibido con agrado la intromisión del gobierno».

Como ilustran casos como el conflicto aún vigente entre las autoridades universitarias y estudiantes y profesores de Yale, la disposición de algunos administradores a aceptar estas exigencias de obediencia continúa siendo una pieza clave de la estrategia del gobierno federal para imponer sus condiciones a las universidades.

Henry Reichman, integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades y del subcomité conjunto responsable del informe, declaró:

«Estos hallazgos ponen de relieve la enorme amplitud con la que la administración Trump está intentando extorsionar a las instituciones de educación superior. Lo que este informe deja claro es que los esfuerzos de la administración Trump por transformar radicalmente las instituciones de educación superior se apoyan en una serie más amplia de ataques promovidos por comités del Congreso, gobiernos estatales, consejos directivos ineficaces y donantes privilegiados. La estrategia de la administración consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, estos diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida.»

El informe atribuye los únicos logros reales no a quienes dirigen las universidades, sino al profesorado.

Como señala el documento:

«Si ha existido algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»

Las acciones judiciales encabezadas por el capítulo de la AAUP en la Universidad de Harvard obligaron a la propia universidad a sumarse a una demanda que permitió restablecer miles de millones de dólares en fondos federales que habían sido congelados.

Paralelamente, una iniciativa impulsada por la AAUP, el Council of University of California Faculty Associations y diversos sindicatos universitarios llevó a un juez federal a prohibir que el gobierno condicionara la entrega de nuevos recursos federales a la realización de pagos adicionales.

Como concluye el informe:

«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»

El informe completo puede consultarse aquí.

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Publicado en ACADEME BLOG. The blog of Academe magazine
https://academeblog.org/2026/07/22/read-the-aaups-report-on-extorted-compliance/ 

Lea el informe de la AAUP sobre el “Cumplimiento bajo extorsión”

Por Hank Reichman

Hoy la American Association of University Professors (AAUP) publicó un importante nuevo informe (major new report) titulado "Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance" (Cumplimiento bajo extorsión: una amenaza para la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida), elaborado por un subcomité conjunto del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia y del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades.

El informe expone cómo la administración Trump ha extendido a la educación superior su modelo de gobernanza basado en el principio de «pagar para obtener beneficios» (pay-to-play).

Con motivo de su presentación se celebró hoy una conferencia de prensa virtual en la que participaron el presidente de la AAUP, Todd Wolfson; la presidenta del Comité A, Rana Jaleel; y la presidenta del Comité sobre Gobernanza, Afshan Jafar. Como integrante tanto del Comité sobre Gobernanza como del subcomité responsable del informe, y además como uno de sus coautores, también intervine en la conferencia. Lo que sigue corresponde a mis comentarios iniciales durante dicha presentación, ligeramente editados.

Comenzaré explicando brevemente cómo el subcomité especial elaboró este informe.

Nuestro modelo inicial fue el informe publicado por la AAUP en 1956 sobre las violaciones a la libertad académica durante la Red Scare (la campaña anticomunista de la posguerra). Ese informe examinó la imposición de juramentos de lealtad, listas negras y el despido indebido de profesores en dieciocho colegios y universidades. En un principio pensamos realizar un trabajo similar: analizar cada institución por separado y, posteriormente, establecer paralelismos y extraer conclusiones generales.

Sin embargo, rápidamente quedó claro que la situación actual —la campaña de cumplimiento bajo extorsión impulsada por Trump— era diferente. Aunque en ocasiones pudiera parecer que avanzaba institución por institución, en realidad constituye un ataque gubernamental centralmente coordinado y sin precedentes, dirigido no solo contra las universidades seleccionadas como objetivo, sino contra el sistema de educación superior en su conjunto.

Por ello, necesitábamos ofrecer un relato mucho más amplio de cómo se ha desarrollado y continúa desarrollándose este ataque, uno que reconociera que solo puede comprenderse adecuadamente si, además de considerar las experiencias particulares de cada institución, se identifican y describen los elementos comunes que las atraviesan.

Asimismo, era necesario situar esta campaña dentro de un contexto más amplio de lo que el informe describe como «un ataque sin precedentes, destructivo y sostenido contra la educación superior y contra el profesorado, elemento central de su misión», procedente de múltiples frentes y que, a su vez, forma parte de una ofensiva más amplia contra la gobernanza democrática, la sociedad civil y el conocimiento mismo.

Por ello, el informe describe con cierto detalle cómo, para el momento en que Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia, «el sistema estadounidense de educación superior ya se encontraba profundamente afectado por una serie creciente de ataques externos, provenientes tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales». Posteriormente demuestra cómo la campaña de extorsión impulsada por Trump «consolida e intensifica, en una única campaña coordinada, los diversos ataques contra la autonomía institucional, la libertad académica y la gobernanza compartida» que ya venían produciéndose.

Al considerar estos acontecimientos como una sola campaña de alcance nacional —creo que por primera vez— este informe ofrece un registro detallado y vívido de un momento crucial no solo en la historia de la educación superior estadounidense, sino también en la historia de la democracia en Estados Unidos.

Naturalmente, se trata de un momento que aún continúa, como lo demuestran, por ejemplo, los acontecimientos recientes ocurridos en Yale.

El informe relata los esfuerzos del gobierno, con demasiada frecuencia exitosos, por someter a prestigiosas instituciones académicas, prestando especial atención a Columbia, «el primer objetivo de la administración y la institución donde el acuerdo alcanzado resultó más gravoso».

También analiza los esfuerzos de Harvard y de la Universidad de California por resistir al gobierno en los tribunales, acciones que solo fueron posibles gracias a la movilización del profesorado y al liderazgo de la AAUP.

Asimismo, los acontecimientos ocurridos en universidades públicas de Virginia y en la Northwestern University ocupan un lugar destacado en el informe.

El documento examina igualmente el intento —hasta ahora infructuoso— de la administración por imponer su denominado «Compact for Academic Excellence» (Pacto para la Excelencia Académica).

El informe también formula importantes reflexiones acerca de las fortalezas y debilidades de la respuesta ofrecida por la educación superior frente a este ataque.

Tras examinar las acciones —y también las omisiones— de los consejos directivos y de las administraciones universitarias, el informe concluye que:

«La crisis planteada por la segunda administración Trump ha sido respondida con demasiada frecuencia mediante el silencio cuando era necesario alzar la voz, mediante la timidez cuando se requería valentía e incluso con entusiasmo por parte de quienes aprovecharon algunas de las exigencias gubernamentales como una oportunidad para imponer formas de gestión más autoritarias.»

Por otra parte, también constatamos que:

«Si existe algún aspecto positivo dentro de la campaña de cumplimiento impulsada por Trump, ha sido la movilización del profesorado.»

Las organizaciones del profesorado han promovido todas las acciones judiciales emprendidas contra la campaña de extorsión de la administración Trump, con excepción de una sola.

Aunque el informe hace un llamado a «toda la comunidad de la educación superior —consejos directivos, administradores, profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados— para unirse frente al ataque actual», también concluye que:

«Esa unidad solo podrá alcanzarse si se abordan con mayor determinación los problemas reales que han surgido en las últimas décadas y —quiero subrayarlo— únicamente si el profesorado ocupa un lugar central en ese esfuerzo.»

De hecho, concluimos que:

«La resistencia ha sido, y seguirá siendo, más eficaz —de hecho, quizá solo pueda ser eficaz— cuando el profesorado se moviliza y actúa de manera independiente.»

Al concluir el informe retomamos aquel documento de la AAUP de 1956 sobre la Red Scare, en el que se reconocía:

«No podemos censurar el legítimo interés público por los colegios y universidades ni ignorar la enorme dificultad que enfrentan las administraciones académicas… Sin embargo, ceder un poco implica correr el riesgo de terminar sacrificándolo todo.»

A continuación, el informe de 1956 añadía:

«Consideramos que es deber de todos los integrantes de la comunidad académica mantenerse firmes en su posición, al mismo tiempo que procuran, con comprensión y paciencia, ampliar y profundizar el entendimiento público sobre la naturaleza de las instituciones académicas y sobre la dependencia de la sociedad respecto de una libertad intelectual plenamente preservada.»

Queda claro que una de las principales enseñanzas tanto del informe publicado hoy como del ataque burdo y descarado de la administración Trump contra la democracia y el conocimiento es que ese deber continúa vigente, aunque —como reconoce el propio informe—:

«El peligro actual es mucho mayor que en el pasado, porque el poder del Estado ha sido desplegado de manera implacable hasta un grado sin precedentes.»

Puede leer y descargar el informe completo Extorted Compliance aquí.

Hank Reichman es profesor emérito de Historia en la California State University, East Bay; exvicepresidente de la AAUP y expresidente de la AAUP Foundation; y fue presidente del Comité A sobre Libertad Académica y Permanencia de la AAUP entre 2012 y 2021. Su libro The Future of Academic Freedom, basado en parte en artículos publicados en este blog, apareció en 2019. Su obra Understanding Academic Freedom fue publicada en octubre de 2021, y una segunda edición apareció en marzo de 2025. Actualmente es integrante del Comité sobre Gobernanza de Colegios y Universidades de la AAUP y presidente del At-Large Chapter de la asociación.

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New Report Charges “Massive Extortion Racket” Against Higher Ed

Today we are releasing a major new report—"Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance"—exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education. From Columbia University to Cornell University to Brown University, the report shows that colleges and universities are being forced to pay millions for federal research funding they are already owed.

The report is the first comprehensive account of how the administration has taken the same playbook it's used on law firms and foreign governments and turned it on American universities—pressuring institutions into so-called compliance agreements that strip them of control over admissions, hiring, curriculum, and campus discipline. It also highlights the administration's "Compact for Academic Excellence in Higher Education," offered first to nine hand-picked universities and then to every college in the country, which the report calls a document that "can be said to summarize the Trump program for higher education."

The findings are blunt: "US higher education has, in effect, become a target of a massive extortion racket."

Prepared by a joint subcommittee of the AAUP's Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance, the report also finds that in dozens of cases, the people who were supposed to stop this type of federal overreach—university boards and administrations—have failed to protect academic independence. Examining the response at Columbia, Harvard, the University of Virginia, and Northwestern, the report finds that most trustees and administrators "have at best been caught flat-footed, and some appear even to have welcomed governmental intrusion." As cases such as the continued fight between administrators and students and faculty at Yale illustrate, the compliance of administrators in these demands for obedience remains a key part of the federal administration’s strategy in forcing universities’ hands.  

"These findings spotlight the enormous breadth with which the Trump administration is trying to shake down institutions of higher education," said Henry Reichman, member of the Committee on College and University Governance and the joint subcommittee who prepared the report. "What’s made clear in this report is that the Trump administration's efforts to upend higher education institutions builds upon a larger series of assaults on higher education by congressional committees, state governments, and feckless trustees and entitled donors. The administration’s effort consolidates and intensifies in a single coordinated campaign these disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom, and shared governance."

It's the faculty, not the people running these institutions, that the report credits with the only real wins. "If there has been a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign," the report emphasizes, "it has been the mobilization of the faculty." Litigation led by AAUP's own Harvard University chapter forced Harvard itself to join a suit that restored billions in frozen funding. A parallel effort by the AAUP, the Council of University of California Faculty Associations, and campus unions led a federal judge to bar the government from conditioning further support on new payments. As the report concludes, "Resistance has been, and will be, most effective—indeed, it may only be effective—when faculty members mobilize and take independent action."

Read the full report here.

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Read the AAUP’s Report on “Extorted Compliance”

Hank Reichman

BY HANK REICHMAN

Today the AAUP released a major new report—”Extorted Compliance: A Threat to Institutional Autonomy, Academic Freedom, and Shared Governance”—prepared by a joint subcommittee of Committee A on Academic Freedom and Tenure and the Committee on College and University Governance exposing how the Trump administration has extended its pay-to-play approach to governance into higher education.  An online press conference today featured AAUP President Todd Wolfson, Committee A chair Rana Jaleel, and governance committee chair Afshan Jafar.  As a member of both the governance committee and the subcommittee and a co-author of the report, I also spoke.  The following are my opening remarks at the presser, slightly edited.  

I’ll begin by briefly describing how the special committee developed this report.  Our initial model was the AAUP’s 1956 report on violations of academic freedom during the postwar Red Scare. That report examined the imposition of loyalty oaths and blacklists, and the improper dismissal of faculty members at 18 different colleges and universities.  We at first thought we might do something similar: treat each institution separately and then draw a number of parallels and conclusions.

But it quickly became clear that the current situation, the Trump extorted compliance campaign, is different. The Trump campaign, while it may have appeared at times to proceed institution by institution, is in fact a centrally coordinated and unprecedented governmental assault not only on the universities directly targeted, but on higher education itself.

We therefore needed to provide a more comprehensive account of how this assault has been and is unfolding, one that recognized that it is best understood by acknowledging not only the specific experiences of individual institutions but by uncovering and recounting common threads.

Moreover, we needed to situate the campaign in a broader context of what the report calls “an unprecedented, destructive, and sustained attack on higher education and the faculty central to its mission” from multiple sources, which is in turn part of a broader assault on democratic governance, civil society, and knowledge itself.  Hence the report describes in some detail how by the time Donald Trump took office for a second time “the US higher education system was already reeling from . . . an intensifying series of external assaults, including by both the federal and state governments.”  The report then demonstrates how the Trump extortion campaign “consolidates and intensifies in a single coordinated campaign the disparate assaults on institutional autonomy, academic freedom and shared governance” that preceded it.

By treating these events as a single national campaign – I believe for the first time – this report provides a vivid and detailed record of a crucial moment in the history not only of US higher education but of American democracy.  It is, of course, a moment that continues, as recent developments at Yale, for one, illustrate.  The report recounts the government’s too frequently successful efforts to bring prestigious institutions to heel, with special attention to Columbia, “the administration’s initial target and the institution where the agreement reached was most onerous.”  We consider too efforts at Harvard and the University of California to resist the government in court, efforts led and made possible only by faculty action and AAUP leadership.  Events at public universities in Virginia and at Northwestern University also play prominent roles.  The report also examines the administration’s so far unsuccessful effort to impose its so-called “Compact for Academic Excellence.”

The report additionally makes important arguments about the strengths and weaknesses of higher ed’s response to this assault.  Based on our examination of the actions – and inactions — of trustees and administrators, the report concludes that “the crisis posed by the second Trump administration has too often been met by silence when there is a need to speak out, by timidity when boldness is called for, and even by enthusiasm on the part of those who have seized on some of the government’s demands as an opportunity to impose more autocratic management.”

On the other hand, we also find that “if there is a silver lining to the cloud that is the Trump compliance campaign, it has been the mobilization of the faculty.”  Faculty organizations have initiated all but one of the legal actions against the Trump administration’s extortion.  While the report calls on “the entire higher education community – trustees, administrators, faculty members, staff, students, and alumni – to unite against the current assault,” we also conclude that “such unity will be won only if the real problems that have emerged in recent decades are more resolutely addressed and” – here I must stress – “only if the faculty is central to that effort.” In fact, we conclude, “Resistance has been, and will be, most effective – indeed, it may only be effective – when faculty members mobilize and take independent action. “

In closing our report, we returned to that 1956 AAUP report on the Red Scare, which acknowledged, “We cannot censure the justified public interest in colleges and universities or be unmindful of the extremely difficult task confronting academic administrations . . . Yet, to yield a little is . . . to run the risk of sacrificing all.”

The 1956 report went on, “We deem it to be the duty of all elements in the academic community . . . to stand their ground firmly, even while they seek, with patient understanding, to enlarge and deepen popular comprehension of the nature of academic institutions and of society’s dependence upon unimpaired intellectual freedom.” Clearly, a lesson of the report released today and of the Trump administration’s crass and brazen assault on democracy and knowledge is that this duty endures, even if, as the report acknowledges, “the danger today is much greater than in the past because the power of the state has been ruthlessly unleashed to an unprecedented degree.”

Read and download the full “Extorted Compliance” report here.

Contributing editor Hank Reichman is professor emeritus of history at California State University, East Bay; former AAUP vice-president and chair of the AAUP Foundation; and from 2012-2021 Chair of AAUP’s Committee A on Academic Freedom and Tenure. His book, The Future of Academic Freedom, based in part on posts to this blog, was published in 2019.  His Understanding Academic Freedom was published in October, 2021; a second edition came out in March 2025.  He is a member of AAUP’s Committee on College and University Governance and President of the At-Large Chapter.