Publicado en THE Times Higher Education
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¿Provocará una reacción en cadena la masacre científica perpetrada por Argentina?
El envalentonado presidente argentino Javier Milei declaró en Davos que «el renacimiento de las ideas de libertad» en América se estaba extendiendo por todo el mundo. Con los votantes chilenos dando un giro similar hacia la extrema derecha y los brasileños amenazando con hacer lo mismo, ¿hasta qué punto podría empeorar la situación para las universidades? Informa Helen Packer.
Publicado el 5 de febrero de 2026.
Helen Packer
Twitter: @Helen_Packer
El mes pasado, el presidente argentino Javier Milei subió al escenario en Davos para defender con vehemencia el capitalismo.
«Hoy demostraré que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que también es el único sistema justo», declaró el populista de extrema derecha ante la conferencia de líderes mundiales y empresarios, antes de pasar a atacar la intervención estatal, la regulación y el «wokeismo».
El discurso fue el de un líder recién envalentonado después de que su plan de recortar el gasto público y la regulación en Argentina —como «terapia de choque» para hacer frente a la elevada inflación y al déficit presupuestario del país— se viera respaldado por una inesperada victoria en las elecciones de mitad de mandato celebradas en octubre.
Desde que arrasó en las elecciones presidenciales de 2023, famoso por empuñar una motosierra como símbolo de sus intenciones, el profesor de macroeconomía convertido en comentarista televisivo se había visto obligado a lidiar con el apoyo minoritario en ambas cámaras del Congreso Nacional. Y, tras dos años de presidencia, los votantes parecían estar cansándose de sus medidas de austeridad, y su reputación se vio aún más dañada por un escándalo de soborno relacionado con su hermana.
Sin embargo, en las elecciones de mitad de mandato, su partido obtuvo casi el 41 % de los votos, consiguiendo 64 de los 127 escaños de la Cámara Baja en liza y 13 de los 24 escaños del Senado: un enorme aumento. La clave de su éxito fue la promesa de apoyo económico por parte de los Estados Unidos de Donald Trump, principalmente en forma de un intercambio de divisas por valor de 20,000 millones de dólares (15,000 millones de libras esterlinas), que solo se garantizaba si el partido de Milei ganaba las elecciones.
Para las universidades públicas argentinas, que ya sufrían años de congelación presupuestaria y alta inflación, este fue el peor resultado posible. El partido de Milei, La Libertad Avanza, no solo aumentó considerablemente su poder, sino que también comenzó a atraer a políticos de otros partidos para que votaran con él.
«En Argentina existe una larga tradición de los llamados legisladores oportunistas: es decir, legisladores cuyas posiciones no son profundamente ideológicas y tienden a alinearse con quien parece estar ganando», dijo Valeria Edelsztein, profesora de química analítica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. «Tras la victoria de Milei en las elecciones de mitad de mandato, muchos de estos legisladores dejaron de actuar como contrapeso y, en cambio, pasaron a apoyar su agenda».
Esto hace que «al gobierno le resulte mucho más fácil aprobar medidas que antes habrían encontrado al menos cierta resistencia, incluido un presupuesto de austeridad extremadamente duro», aprobado en diciembre, afirmó. «Estas políticas se presentaron como inevitables o «responsables», y el Congreso aceptó en gran medida ese planteamiento».
Esto contrasta con el comportamiento del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando trató de proteger a las universidades de los excesos de Milei con su motosierra. Marcelo Rabossi, profesor de política y gestión de la educación superior en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, declaró en septiembre en el podcast World of Higher Education que la financiación de las universidades públicas argentinas se redujo en torno a un 30 % en términos reales en 2024 y que, en 2025, el presupuesto universitario era aproximadamente un 35 % inferior al de 2023. Esto provocó una caída similar en los salarios de los trabajadores universitarios, que reaccionaron con una huelga el año pasado, en medio de estimaciones de un sindicato de que hasta el 70 % de ellos tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
Los recortes universitarios provocaron protestas en Buenos Aires en abril de 2024 que fueron tan grandes que algunas encuestas informaron de que hasta una cuarta parte de la población de la ciudad afirmó haber participado, en medio de las advertencias de los rectores universitarios de que se enfrentaban a una «situación crítica». Se produjeron más protestas.
Finalmente, la preocupación pública llevó al Congreso a aprobar en agosto pasado una Ley de Financiación Universitaria que buscaba garantizar una financiación estable y a largo plazo para las universidades públicas, garantizando aumentos de la financiación vinculados a la inflación para los presupuestos universitarios y los salarios del personal. Sin embargo, la legislación no obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto presidencial que Milei ejerció al mes siguiente, una decisión que desencadenó otra ola de protestas en Buenos Aires.
Tras un largo tira y afloja, el Congreso pasó por alto el veto antes de las elecciones de octubre, superando esta vez el umbral requerido de dos tercios. Los oponentes de Milei atacaron el argumento del Gobierno de que era necesario ahorrar dinero, señalando las exenciones fiscales concedidas a los exportadores de cereales, que costaban mucho más que la financiación de las universidades. Sin embargo, Milei siguió negándose a aplicar la ley e intentó derogarla como parte del presupuesto de 2026. En medio de la oposición a esa medida, el presupuesto del país se aprobó finalmente en diciembre sin derogar la ley.
Pero aún está por ver si Milei aceptará la derrota y promulgará la ley. «En lugar de estabilizar el apoyo al sector universitario tras la agitación anterior, el impulso político se ha traducido en una sensación de derecho dentro del ejecutivo para impulsar nuevos recortes y revertir las garantías de financiación consagradas en la ley», afirmó Diego Golombek, profesor de biología de la Universidad Nacional de Quilmes.
Y el presupuesto tampoco supuso una victoria para las universidades en otros aspectos. Eliminó el requisito legal de destinar al menos el 6 % del PIB a la educación, redujo la inversión en ciencia y tecnología y eliminó casi por completo un fondo específico para la educación técnica y profesional.
Por lo tanto, los académicos argentinos se preparan para un empeoramiento de su situación, tanto a nivel personal como institucional. Según Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, ya es «prácticamente imposible» para los académicos sobrevivir con sus salarios cada vez más reducidos, y otros académicos han declarado a Times Higher Education que cada vez es más habitual que los académicos complementen sus ingresos trabajando como conductores de Uber.
Más allá de los salarios, «el resto del presupuesto universitario también ha sufrido recortes drásticos», añadió Levi. «Este presupuesto se destina a todo, desde pagar las facturas de electricidad hasta comprar reactivos para los laboratorios docentes, [pero] el Gobierno no lo reajusta en función de la inflación y, por lo tanto, nuestros recursos se reducen cada mes. Tenemos la sensación de estar retrocediendo en el tiempo, perdiendo progresivamente nuestra capacidad docente y los altos estándares que alguna vez tuvimos».
Las estadísticas sobre el gasto en ciencia también confirman ése sombrío pronóstico. Desde principios de 2024, el gasto público de Argentina en ciencia y tecnología ha caído casi un 44 % en términos reales, y el presupuesto del principal organismo de financiación científica, el Conicet, se ha reducido casi un 31 % durante ese periodo, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). Mientras tanto, los salarios en los institutos del Conicet han caído un 38,5 % en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que los salarios universitarios han bajado un 33,4 %, según ha calculado el CIICTI. Se han perdido cerca de 4,500 puestos de trabajo en organismos públicos de ciencia y tecnología, incluidos casi 2,000 en el Conicet, mientras que a 850 investigadores noveles, cuya contratación fue aprobada por el Gobierno anterior, se les retiraron las ofertas de becas, lo que ha suscitado el temor a una fuga de cerebros.
Los políticos del partido de Milei han sugerido que el coste de la investigación debería correr a cargo de las empresas privadas. De hecho, el propio Milei declaró en una conferencia de la derecha que, si los académicos «piensan que su investigación es tan valiosa, les invito a salir al mercado como cualquier persona corriente, publicar un libro y ver si la gente está interesada, en lugar de esconderse cobardemente tras el poder coercitivo del Estado».
Esta actitud «revela una preocupante falta de comprensión» de cómo funciona la ciencia, advirtió Rabossi. «En ningún país del mundo se deja la ciencia básica en manos privadas porque sus costes no se traducen en beneficios privados, sino sociales. Sin ciencia básica no hay ciencia aplicada; es la base».
Claudio Cormick, investigador del Conicet, advirtió de las consecuencias de ello: «El trabajo sobre enfermedades desatendidas —como la enfermedad de Chagas, que afecta principalmente a las poblaciones pobres, o la investigación sobre cuestiones sociales como el embarazo adolescente— se irá perdiendo poco a poco, con consecuencias tangibles para la calidad de vida de la población».
Edelsztein llegó a afirmar que «lo que se está perdiendo no es solo financiación, sino un modelo de educación y ciencia como bien público».
Una vez más, ha habido rechazo. En marzo de 2024, por ejemplo, 68 premios Nobel escribieron una carta abierta a Milei advirtiendo de que el sistema científico argentino se acercaba a un «precipicio peligroso» y que devaluar o cancelar la investigación sería un grave error. Sin embargo, al parecer esto no causó ninguna impresión en Milei, a pesar del orgullo de Argentina por ser el único país de América Latina que ha ganado tres premios Nobel en el ámbito de la ciencia —un hecho que destacaron varios de los entrevistados para este artículo—.
Ese orgullo se extiende al sistema universitario público que formó a esos galardonados: «De hecho, nuestros cinco premios Nobel [dos de ellos del Premio Nobel de la Paz]… se formaron en universidades públicas», afirmó Cormick.
También existe preocupación por lo que el deterioro del sistema universitario público supone para el tejido social de Argentina. «Las universidades públicas de Argentina han sido históricamente uno de los motores más potentes de la movilidad social del país, al ofrecer educación superior gratuita y de alta calidad independientemente del origen social», señaló Edelsztein. «A medida que las universidades públicas se debilitan, la desigualdad crece».
De hecho, la propia madre de Cormick se benefició de las oportunidades que brindaban las universidades públicas argentinas gratuitas. Era «una campesina con trece hermanos, criada al borde de la pobreza», pero, ya de adulta, «obtuvo una licenciatura en sociología de forma gratuita en la Universidad de Buenos Aires y recibió clases de los mejores sociólogos del país». Cada vez es menos probable que se repita este tipo de oportunidad: día tras día, vemos cómo excelentes profesores e investigadores trasladan su docencia y sus equipos a universidades de pago».
Pero pocos consideran que las universidades privadas sean refugios seguros para la cultura y el prestigio académicos de Argentina. Aunque este tipo de instituciones se han consolidado en gran parte de América Latina, Dan Levy, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Nueva York, afirmó que la educación superior privada en Argentina «siempre ha ido a la zaga» del resto del continente, y podría tener reservas a la hora de expandirse dada la postura negativa del gobierno populista respecto a la educación superior. «Los rectores de las principales universidades privadas, que no son tan grandes en Argentina, básicamente no quieren que se agite el barco», dijo Levy.
Por supuesto, el ataque de los populistas de derecha contra la ciencia y las universidades no es nada nuevo. En Brasil, el país vecino al este de Argentina, Jair Bolsonaro causó una destrucción similar durante sus cuatro años como presidente, de la que el país aún se está recuperando. Bolsonaro, en el poder entre 2019 y 2023, recortó el presupuesto federal para ciencia en un 90 %, interfirió en la gestión de las universidades e intentó limitar la libertad académica.
Brasil celebrará sus próximas elecciones presidenciales en octubre y, aunque Bolsonaro se encuentra ahora en prisión por planear un golpe de Estado militar, su hijo mayor, Flávio, sigue llevando la antorcha del «bolsonarismo» y se prevé que sea el principal rival del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Y aunque Lula sigue liderando las encuestas de opinión, el resultado probable de una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro es, por el momento, demasiado reñido como para pronosticar un ganador.
El modelo a seguir tanto para Bolsonaro como para Milei es, por supuesto, Donald Trump, quien, en su segundo mandato, ha intentado recortar drásticamente la financiación destinada a la investigación y retirar los fondos al Departamento de Educación, ha cancelado proyectos en curso que no le gustan —como los relacionados con la diversidad y el cambio climático— y ha tratado de coaccionar a las principales universidades para que acepten promover ideas conservadoras en el campus a cambio de financiación gubernamental. Sin embargo, en Estados Unidos, las universidades, los tribunales y el Congreso han plantado cara, al menos en cierta medida, limitando el daño. Por ejemplo, la propuesta de Trump de recortar el presupuesto de la Fundación Nacional para la Ciencia en más de un 50 % fue revocada en un proyecto de ley presupuestaria firmado por Trump el mes pasado. El Senado aprobó el viernes pasado un proyecto de ley de asignaciones que defiende el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud de recortes igualmente enormes.
Por su parte, Milei no llegó a cumplir su promesa electoral de abolir por completo el Conicet y, aunque ha criticado a los «supuestos científicos e intelectuales» y los ha identificado con una «casta» maligna supuestamente responsable de los males económicos de Argentina, no ha tratado activamente de suprimir su libertad de expresión. Aun así, la libertad académica en Argentina está en peligro, argumentó Levi, porque «solo se puede tener libertad académica si tu país ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera académica… En Argentina, esta posibilidad parece inexistente en la actualidad. Si tu salario no alcanza para cubrir los gastos básicos, no tienes acceso a becas y estás constantemente bajo ataque, pierdes la posibilidad de seguir una carrera académica y, en consecuencia, la propia libertad académica».
Chile, el vecino occidental de Argentina, siguió recientemente sus pasos políticos al elegir en diciembre a un presidente de extrema derecha, José Antonio Kast. Esto ha suscitado el temor entre los académicos ante la posibilidad de recortes presupuestarios al estilo de Milei. Y Milei concluyó su discurso en Davos exaltando el papel del hemisferio occidental a la hora de influir en el orden mundial.
«El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está sucediendo en las Américas, con el renacimiento de las ideas de libertad», afirmó Milei.
Golombek, de la Universidad Nacional de Quilmes, coincidió en que su continente se estaba desplazando hacia la derecha, aunque tiene una opinión contraria sobre si eso es algo positivo. «Si bien el contexto de cada país es diferente, la tendencia a restar prioridad a la infraestructura pública del conocimiento en favor de narrativas fiscales a corto plazo supone un riesgo real para la trayectoria de desarrollo colectivo de América Latina», señaló.
Pero las universidades no deberían aceptar sin más las presiones de las grandes fuerzas políticas. En su lugar, deberían «comunicar de forma clara y sistemática al público en general los vínculos que existen entre la educación superior y los resultados sociales», opina.
«En resumen: debemos defender la misión pública de las universidades sin hacer la vista gorda ante las realidades fiscales y políticas».
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Will Argentina’s chainsaw massacre of science spark a chain reaction?
Argentina’s emboldened president Javier Milei declared in Davos that ‘the rebirth of the ideas of liberty’ in the Americas was spreading globally. With Chilean voters taking a similarly hard-right turn and Brazilians threatening to do likewise, how bad might it get for universities? Helen Packer reports
Published on February 5, 2026
Last updated February 5, 2026
Helen Packer
Twitter: @Helen_Packer
Last month, Argentinian president Javier Milei took to the stage at Davos to mount an ardent defence of capitalism.
“Today, I will demonstrate that free enterprise capitalism is not only more productive, but also that it’s the only just system,” the far-right populist told the conference of world leaders and business people, before going on to attack state intervention, regulation and “wokeism”.
The speech was that of a leader newly emboldened after his plan to slash public spending and regulation in Argentina – as “shock therapy” to address the country’s high inflation and budget deficit – was shored up by an unlikely midterm election victory in October.
Since sweeping to victory in 2023’s presidential election, famously wielding a chainsaw as a symbol of his intentions, the macroeconomics professor-turned-television pundit had been forced to contend with minority support in both houses of the National Congress. And two years into his presidency, voters appeared to be growing tired of his austerity measures, and his reputation was further damaged by a bribery scandal linked to his sister.
In the midterms, however, his party won nearly 41 per cent of the vote, claiming 64 of the 127 lower house seats up for election and 13 of the 24 senate seats: a huge increase. Key to his success was the promise of economic support from Donald Trump’s US, principally in the form of a $20 billion (£15 billion) currency swap, that was guaranteed only if Milei’s party won the elections.
For Argentina’s public universities, already suffering under years of frozen budgets and high inflation, this was the worst possible outcome. Not only did Milei’s own party, La Libertad Avanza party (Liberty Advances), greatly increase its own power, it has also begun to attract politicians from other parties to vote with it.
“In Argentina, there is a long tradition of so-called opportunistic legislators: that is, lawmakers whose positions are not deeply ideological and tend to align themselves with whoever appears to be winning,” said Valeria Edelsztein, professor of analytical chemistry at Buenos Aires Institute of Technology. “After Milei’s midterm victory, many of these legislators stopped acting as a counterweight and instead shifted toward supporting his agenda.”
That makes it “much easier for the government to pass measures that would previously have faced at least some resistance, including an extremely harsh austerity budget”, passed in December, she said. “These policies were presented as unavoidable or ‘responsible’, and Congress largely went along with that framing.”
That contrasts with Congress’ behaviour prior to the midterms, when it sought to protect universities from Milei’s excesses with his chainsaw. Marcelo Rabossi, professor of higher education policy and management at Torcuato Di Tella University in Buenos Aires, told the World of Higher Education podcast in September that funding for Argentina’s public universities fell by around 30 per cent in real terms in 2024 and that, by 2025, the university budget was about 35 per cent lower than it had been in 2023. This resulted in a similar fall in the salaries of university workers, who reacted by going on strike last year amid estimates from one union that up to 70 per cent of them have incomes below the poverty line.
The university cuts provoked protests in Buenos Aires in April 2024 that were so large that some surveys reported that up to a quarter of the city’s population claimed to have taken part, amid warnings from university rectors that they faced a “critical situation”. Further protests followed.
Ultimately, the public concern prompted Congress to pass a University Funding Law last August that sought to ensure stable, long-term funding for public universities by guaranteeing inflation-linked funding rises for university budgets and staff wages. However, the legislation did not receive the two-thirds majority needed to override the presidential veto that Milei exercised the following month – a decision that sparked another wave of protests in Buenos Aires.
In a lengthy tug of war, Congress went on to override the veto before October’s election, this time surpassing the required two-thirds threshold. Milei’s opponents attacked the government’s argument that it needed to save money, pointing to tax exemptions made to grain exporters that cost far more than the funding for universities would have. Yet Milei still refused to implement the law, attempting to repeal it as part of the 2026 budget. Amid opposition to that move, the country’s budget was eventually passed in December without repealing the law.
But whether Milei accepts the defeat and enacts the law remains to be seen. “Rather than stabilising support for the university sector after the earlier turmoil, the political momentum has translated into a sense of entitlement within the executive to push further cuts and to roll back funding guarantees enshrined in law,” said Diego Golombek, a biology professor at the National University of Quilmes.
And the budget was hardly a win for universities in other ways either. It removed the legal requirement to allocate at least 6 per cent of GDP to education, reduced investment in science and technology and almost entirely eliminated a dedicated fund for technical and vocational education.
Hence, Argentina’s academics are braced for a worsening of their situation, both personally and institutionally. It is already becoming “practically impossible” for academics to survive on their dwindling salaries, according to Valeria Levi, vice-dean of the Faculty of Natural Sciences at the University of Buenos Aires – and other academics told Times Higher Education that it is increasingly common for academics to supplement their income by working as Uber drivers.
Beyond salaries, “the rest of the university budget has also been severely cut,” Levi added. “This budget is used for everything from paying electricity bills to purchasing reagents for teaching laboratories [but] the government is not readjusting [it] in line with inflation, and, thus, our resources become more limited every month. We feel like we are going backwards in time, progressively losing our teaching capabilities and the high standards we once had.”
The statistics on science spending also bear out that bleak prognosis. Since the beginning of 2024, Argentina’s public spending on science and technology has fallen by nearly 44 per cent in real terms, with the budget for the main science funder, Conicet, decreasing by nearly 31 per cent over that period, according to the Ibero-American Center for Research in Science, Technology and Innovation (CIICTI). Meanwhile, salaries at Conicet institutes have fallen by 38.5 per cent in real terms since November 2023, while university salaries have fallen by 33.4 per cent, CIICTI has calculated. Nearly 4,500 jobs have been lost in public science and technology agencies, including nearly 2,000 at Conicet – while 850 early-career researchers whose hiring was approved by the previous government saw their fellowship offers withdrawn, prompting fears of a brain drain.
Politicians in Milei’s party have suggested that the bill for research should instead be picked up by private companies. Indeed, Milei himself told a right-wing conference that if academics “think their research is so valuable, I invite them to go out into the market like any ordinary person, publish a book and see if people are interested, instead of cowardly hiding behind the coercive power of the state”.
This attitude “reveals a worrying lack of understanding” of how science works, Rabossi warned. “In no country in the world is basic science left to private hands because its costs do not translate into private benefits but into social ones. Without basic science, there is no applied science; it is the foundation.”
Claudio Cormick, a researcher at Conicet, warned of the consequences of that: “Work on neglected diseases – such as Chagas disease, which mainly affects poor populations, or research on social issues such as teenage pregnancy – will gradually be lost, with measurable consequences for the quality of life of the population.”
Edelsztein went so far as to say that “what is being lost is not only funding, but a model of education and science as a public good”.
Again, there has been pushback. In March 2024, for instance, 68 Nobel laureates wrote an open letter to Milei warning that the Argentinian scientific system was approaching a “dangerous precipice” and that devaluing or cancelling research would be a grave mistake. Yet it apparently made no impression on Milei, despite Argentina’s pride in its status as the only country in Latin America to have won three Nobel prizes in science – a fact multiple interviewees for this article emphasised.
That pride extends to the public university system that trained those laureates: “In fact, all our five Nobel prizewinners [two of them being recipients of the peace prize]…were trained in public universities,” said Cormick.
There are also worries about what the deterioration of the public university system means for Argentina’s social fabric. “Argentina’s public universities have historically been one of the country’s most powerful engines of social mobility, offering free, high-quality higher education regardless of social background,” said Edelsztein. “As public universities weaken, inequality grows.”
Indeed, Cormick’s own mother was a beneficiary of the opportunities opened up by Argentina’s fee-free public universities. She was “a peasant woman with 13 siblings, raised on the brink of poverty”, but, as an adult, “obtained a degree in sociology free of charge at the University of Buenos Aires and was taught by the best sociologists in the country. This kind of possibility is increasingly unlikely to be repeated: day after day, we see excellent professors and researchers moving their teaching and their teams to fee-paying universities.”
But few consider private universities to be save havens for Argentina’s academic culture and prowess. While such institutions have become well established in much of Latin America, Dan Levy, a professor in the School of Education at the State University of New York, said private higher education in Argentina has “always lagged” the rest of the continent, and may have reservations about expanding given the populist administration’s negative stance on higher education. “The heads of the top private universities, which aren’t that large in Argentina, basically don’t want the ship rocked,” Levy said.
An assault on science and universities by right-wing populists is hardly unique, of course. In Argentina’s eastern neighbour, Brazil, Javier Bolsonaro wreaked similar destruction during his four years as president, from which the country is still recovering. Bolsonaro, in power between 2019 and 2023, slashed the federal science budget by 90 per cent, interfered in university governance and tried to limit academic freedom.
Brazil will hold its next presidential election in October, and while Bolsonaro is now in prison for plotting a military coup, his eldest son, Flávio, continues to carry the torch for “Bolsonarismo” and is forecast to be the incumbent president Luiz Inácio Lula da Silva’s main challenger. And while Lula continues to lead in opinion polls, the likely result of a second-round run-off between Lula and Bolsonaro is currently too close to call.
The model for both Bolsonaro and Milei, of course, is Donald Trump – who, in his second term, has attempted to slash research funding and defund the Department of Education, cancelled ongoing projects he doesn’t like, such as diversity and climate change, and tried to coerce top universities into agreeing to advance conservative ideas on campus in exchange for government funding. However, in the US, universities, the courts and Congress have pushed back, at least to some extent, limiting the damage. For instance, Trump’s proposal to slash the budget of the National Science Foundation by more than 50 per cent were overturned in a budget bill signed by Trump last month. An appropriations bill defending the budget of the National Institutes of Health from similarly huge cuts was passed by the Senate last Friday.
For his part, Milei stopped short of a campaign promise to abolish Conicet entirely, and while he has criticised “so-called scientists and intellectuals” and identified them with a malign “caste” supposedly responsible for Argentina’s economic woes, he has not actively sought to suppress their freedom of speech. Still, academic freedom in Argentina is at risk, argued Levi, because “you can only have academic freedom if your country provides the possibility of building an academic career…In Argentina, this possibility currently seems non-existent. If your salary is not enough to cover basic expenses, you have no access to grants, and you are constantly under attack, you lose the possibility of pursuing an academic career and, consequently, academic freedom itself.”
Argentina’s western neighbour, Chile, recently followed in its political footsteps, electing a far-right president, José Antonio Kast, in December. That left academics fearful of Milei-style budget cuts. And Milei ended his speech at Davos by exalting the role of the western hemisphere in influencing the global order.
“The world has begun to awaken. The best proof of this is what is happening in the Americas, with the rebirth of the ideas of liberty,” Milei said.
The National University of Quilmes’ Golombek agreed that his continent was heading in a rightward direction – though he takes the opposite view on whether that is a good thing. “While each country’s context is different, the trend toward deprioritising public knowledge infrastructure in favour of short-term fiscal narratives poses a real risk for Latin America’s collective development trajectory,” he said.
But universities should not quietly acquiesce to wider political forces. Instead, they should “communicate clearly and systematically to the broader public the links between higher education and societal outcomes”, he believes.
“In short: we must defend the public mission of universities without burying our heads in the sand about fiscal and political realities.”
